CE - Sentencia 11001031500020250232300
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250232300
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, trece (13) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-02323-00
Demandante: JOEL PADILLA RENTERÍA
Demandado: COMISIÓN ESCRUTADORA DE ANTIOQUIA Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA FALLO DE TUTELA QUE
DEJÓ SIN EFECTOS UN AUTO QUE ORDENÓ
INSCRIPCIÓN DE CANDIDATO Y CONTRA ACTO
ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE ESA
PROVIDENCIA QUE CALIFICÓ UNOS VOTOS COMO NO
MARCADOS. ELECCIONES ATÍPICAS.
Síntesis del caso : el demandante consideró que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales con ocasión de una resolución que declaró como “no marcado” su voto y la de otros ciudadanos, en el marco de las elecciones atípicas celebradas en el municipio de Apartadó , por cuanto, a su juicio, se sustentó en una providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que se profirió después de que el Consejo Nacional Electoral había validado la inscripción del candidato Héctor Rangel Palacio . La Sala declarará la falta de legitimación por activa de quien funge como parte tutelante.
La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela1 presentado por el señor Joel
validado la inscripción del candidato Héctor Rangel Palacio . La Sala declarará la falta de legitimación por activa de quien funge como parte tutelante.
La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela1 presentado por el señor Joel Padilla Rentería en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Comisión Escrutadora de Antioquia para la protección de sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido y al voto , consagrado s en los artículos 40 y 258 de la Carta Política , presuntamente vulnerados con ocasión de la resolución que declaró “como no marcados” los sufragios obtenidos por el ciudadano Héctor Rangel Palacios Rodríguez en las elecciones atípicas celebradas en el municipio de Apartadó (Antioquia).
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1 La acción de tutela fue presentada el 15 de abril de 2025.2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02323-00
Demandante: Joel Padilla Rentería Acción de tutela
- El señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez fue elegido alcalde Municipal de Apartadó para el periodo 2023 -2027, elección que fue declarada nula mediante sentencia del 20 de mayo de 2024, confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado a través de fallo del 26 de septiembre de 20242.
- Como consecuencia de lo anterior, el gobernador de Antioquia estipuló como fecha de elecciones atípicas el 6 de abril de 2025, por lo cual, la Registraduría Nacional del
fallo del 26 de septiembre de 20242.
- Como consecuencia de lo anterior, el gobernador de Antioquia estipuló como fecha de elecciones atípicas el 6 de abril de 2025, por lo cual, la Registraduría Nacional del Estado Civil adoptó la Resolución no. 1409 del 7 de febrero de 2025, en la cual estableció el calendario electoral y fijó como fecha de cierre para el cambio de candidatos hasta el 22 de marzo de 2025.
- Dentro de los candidatos inscritos se encontraba el señor Eliecer Arteaga Vargas por la Coalición Unidos por la Vida, inscripción que fue revocada mediante la Resolución no. 01229 de 2025 proferida por el Consejo Nacional Electoral, contra la cual se interpuso recurso de reposición, mismo que fue resuelto por medio de la Resolución no. 01369 del 27 de marzo de 2025, pero en fecha posterior al cierre del límite para el cambio de candidatos.
- El 22 de marzo de 2025, la Coalición Unidos por la Vida solicitó cambiar al candidato Eliecer Arteaga Vargas por el señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez, fecha en la cual aún estaba vigente la inscripción de Eliecer Arteaga Vargas, debido a que no se había resuelto el recurso de reposición referido.
- El señor Juan Aquilino Cabrera Miranda presentó acción de nulidad en contra de la Resolución no. 01229 de 2025, que ordenó la revocatoria de la inscripción del candidato Eliecer Arteaga Vargas ; sin embargo, el 27 de marzo de 2025 se aceptó la renuncia irrevocable de este , lo cual significó que la Coalición Unidos por la Vida quedó sin candidato.
Eliecer Arteaga Vargas ; sin embargo, el 27 de marzo de 2025 se aceptó la renuncia irrevocable de este , lo cual significó que la Coalición Unidos por la Vida quedó sin candidato.
- Mediante auto del 28 de marzo de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Turbo decretó medida cautelar de urgencia dentro del proceso de nulidad con radicación no. 05837-33-33-002-2025-00041-003, en la cual dispuso realizar
2 Proceso de nulidad electoral con radicación no. 05001-23-33-000-2024-00004-00/01. 3 Mediante auto del 7 de abril de 2025, el juzgado declaró su falta de competencia funcional para conocer la demanda de nulidad simple, declar ó la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que la admitió y, además, ordenó el envío de inmediato del expediente al Consejo de Estado, remisión que se hizo el 8 de abril de 2025, proceso al cual se le asignó el número de radicación 11001-03-28-000-2025-00054-00.3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02323-00
Demandante: Joel Padilla Rentería Acción de tutela
la inscripción del señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez como candidato a la Alcaldía de Apartadó para los comicios del 6 de abril de 2025.
- En audiencia transmitida el 4 de abril del presente año, el Consejo Nacional Electoral validó públicamente la inscripción del señor Héctor Rangel Palacio Rodríguez como candidato a la Alcaldía de Apartadó.
- En audiencia transmitida el 4 de abril del presente año, el Consejo Nacional Electoral validó públicamente la inscripción del señor Héctor Rangel Palacio Rodríguez como candidato a la Alcaldía de Apartadó.
- El 8 de abril del año en curso, el Tribunal Administrativo de Antioquia 4 profirió sentencia en la cual tuteló los derechos de los señores Roberto de Jesús Herrera Orozco y Adolfo David Romero Benítez 5, en consecuencia, dejó sin efectos el auto no. 199 del 28 de marzo de 2025 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Turbo, que ordenó como medida provisional la inscripción del señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez en las elecciones atípicas celebradas el 6 de abril de 2025, decisión contra la cual se presentó impugnación ante el Consejo de Estado, la cual, a la fecha de presentación de la tutela, se encuentra pendiente de resolver.
En cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de tutela de primera instancia, la Comisión Escrutadora Departamental de Antioquia expidió la Resolución no. 01 del 9 de abril de 2025, mediante la cual declaró “como no marcados ” los sufragios obtenidos por el ciudadano Héctor Rangel Palacios Rodríguez, en el marco de las elecciones atípicas celebradas en el municipio de Apartadó.
2. El fundamento de la vulneración
El demandante señaló que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido y al voto, con ocasión de una resolución que declaró como votos “no marcados ” los obtenidos por el señor Héctor Rangel Palacios en las
El demandante señaló que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido y al voto, con ocasión de una resolución que declaró como votos “no marcados ” los obtenidos por el señor Héctor Rangel Palacios en las elecciones atípicas celebradas en el municipio de Apartadó , con base en un fallo manifiestamente contrario a derecho.
Por auto del 23 de abril del año en curso la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó la demanda, por cuanto recaía sobre un acto que no era susceptible de control judicial. 4 Proceso acumulado de acción de tutela con radicación no. 05001-23-33-000-2025-00396-00 y 05001-2333-000-2025-00392-00, promovido por el señor Roberto de Jesús Herrera Orozco y otros 5 Candidatos inscritos a las elecciones atípicas del 6 de abril de 2025 en el municipio de Apartadó, quienes solicitaron la protección de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados con ocasión del auto del 28 de marzo de 2025, que ordenó la inscripción de la candidatura del señor Héctor Rangel Palacios.4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02323-00
Demandante: Joel Padilla Rentería Acción de tutela
La Comisión Departamental expidió la Resolución no. 01 del 9 de abril de 2025, mediante la cual declaró como no marcados los sufragios obtenidos por el ciudadano Palacios Rodríguez, en el marco de las elecciones atípicas celebradas en el municipio de Apartadó, con base en la sentencia no. 105 del Tribunal Administrativo de Antioquia
la cual declaró como no marcados los sufragios obtenidos por el ciudadano Palacios Rodríguez, en el marco de las elecciones atípicas celebradas en el municipio de Apartadó, con base en la sentencia no. 105 del Tribunal Administrativo de Antioquia proferida el 8 de abril del año en curso , es decir, dos días después de las elecciones, pese a que el Consejo Nacional Electoral ya había validado en audiencia pública la inscripción de ese candidato.
La decisión del tribunal constituye una clara transgresión de la voluntad popular consagrada en el artículo 3 de la Constitución Política, pues, interfirió de forma indebida en el ejercicio del derecho fundamental al voto y en la manifestación legítima de la soberanía ciudadana.
Por otra parte, sostuvo que la Comisión Escrutadora de Antioquia no podía declarar como no marcados esos votos, en atención a que era necesario para el efecto que, previamente, existiera una sentencia proferida por el Consejo Nacional Electoral que indicara que el candidato Héctor Rangel Palacio no podía ser inscrito, decisión que nunca fue emitida, lo cual significaba que estaba en firme su inscripción.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes súplicas:
“Solicito que se deje sin efectos, de manera inmediata, la Resolución No. 01 del 9 de abril de 2025, proferida por la Comisión Escrutadora General de Antioquia, por ser manifiestamente contraria a la Constitución, la ley y la jurisprudencia vigente, y por a fectar directamente mi derecho fundamental a elegir. Esta solicitud se basa en la garantía de los derechos consagrados en
Antioquia, por ser manifiestamente contraria a la Constitución, la ley y la jurisprudencia vigente, y por a fectar directamente mi derecho fundamental a elegir. Esta solicitud se basa en la garantía de los derechos consagrados en los artículos 3 y 40 de la Constitución Política que aseguran a todos los ciudadanos el derecho fundamental de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.
Solicito respetuosamente el amparo de mis derechos constitucionales y legales, los cuales, al unirse a los de más de 20.000 ciudadanos que ejercimos libremente nuestro derecho al voto, constituyen la legítima voz del pueblo. Es evidente que la expresión de esa voluntad popular, representada en los 20.100 votos, ha sido injustamente desconocida, invisibilizada y discriminada por una autoridad administrativa que carece de competencia para tal acción. Esta violación se agrava aún más al constatar que la decisi ón de la Comisión Escrutadora de Antioquia se basó en una norma de inferior jerarquía, como lo es una circular, lo que constituye una flagrante vulneración del principio de supremacía constitucional y del marco legal vigente.
Finalmente, solicito que se considere la validez de una presunta decisión en firme dictada por una autoridad administrativa que contraviene la Constitución5
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02323-00
Demandante: Joel Padilla Rentería Acción de tutela
y la ley, lo cual sacrifica los derechos constitucionales de los ciudadanos colombianos y vulnera flagrantemente la voluntad popular y el principio de soberanía, que radica en la voz del pueblo. Permitir que decisiones de esta naturaleza sean aceptadas es avalar prácticas autoritarias, completamente
colombianos y vulnera flagrantemente la voluntad popular y el principio de soberanía, que radica en la voz del pueblo. Permitir que decisiones de esta naturaleza sean aceptadas es avalar prácticas autoritarias, completamente incompatibles con un Estado Social y Democrático de Derecho, donde las instituciones deben estar al servicio de la ciudadanía y no por encima de ella.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI, índice 2).
4. Actuación procesal
Mediante auto de 25 de abril de 20256 se avocó el conocimiento del proceso7, se admitió la acción de tutela y se ordenó la notificación del presidente y de los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Antioquia, los secretarios de la Comisión Escrutadora de Antioquia , el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Especial de Apartadó (Antioquia), el titular del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Turbo, el señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez, quien participó en las elecciones atípicas de la alcaldía de A partadó, y el señor Juan Aquilino Cabrera Miranda, quien pres entó la solicitud de nulidad en contra del acto administrativo que revocó la inscripción de un candidato, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
5. Actuación de las autoridades demandadas
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Antioquia 8 manifestó que no se cumple con el requisito subsidiariedad, debido a que la acción de tutela mediante la cual se dejó sin efectos el auto que ordenó la inscripción del señor Palacios Rodríguez se encuentra en trámite, puesto que se impugnó ante el Consejo de Estado el fallo proferido
se dejó sin efectos el auto que ordenó la inscripción del señor Palacios Rodríguez se encuentra en trámite, puesto que se impugnó ante el Consejo de Estado el fallo proferido el 8 de abril de 2025, recurso que a la fecha no ha sido resuelto.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Turbo 9 sostuvo que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva, en la medida que no tiene conocimiento e injerencia sobre lo dispuesto por la Comisión Escrutadora General de Antioquia en la resolución atacada y tampoco sobre los acontecimientos relacionados con las elecciones atípicas realizadas el pasado 6 de abril de 2025 en el municipio de Apartadó.
6 Índice 4 SAMAI. 7 La acción de tutela fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia, quien por auto del 22 de abril de 2025 la remitió por competencia a esta Corporación. 8 Índice 8 SAMAI 9 Índice 13 SAMAI6
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02323-00
Demandante: Joel Padilla Rentería Acción de tutela
Asimismo, señaló que si bien conoció del proceso de nulidad con radicación no. 0583733-33-002-2025-00041-00, que se presentó para discutir la legalidad de la Resolución no. 1409 de 7 de febrero de 2025, la cual fijó el calendario de las elecciones atípicas en el municipio de Apartadó, lo cierto es que en ese medio de control se declaró la nulidad de todo lo actuado y se ordenó el envío del expediente al Consejo de Estado, Corporación que rechazó la demanda.
el municipio de Apartadó, lo cierto es que en ese medio de control se declaró la nulidad de todo lo actuado y se ordenó el envío del expediente al Consejo de Estado, Corporación que rechazó la demanda.
El Consejo Nacional Electoral 10 manifestó que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, en atención a que el demandante tuvo la oportunidad de presentar la demanda de nulidad electoral para atacar la legalidad del acta de declaración de elección expedida el 10 de abril del año en curso, mediante la cual se declaró alcalde al señor Adolfo David Romero Benítez para el periodo 2024-2027.
El señor Juan Aquilino Cabrera Miranda 11 afirmó que en la sentencia no. 105 del 8 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia intervino de manera directa en el ámbito de los derechos políticos fundamentales de elegir y ser elegido y omitió las garantías esenciales de imparcialidad y equidad procesal; además, desconoció la autoridad constitucional del Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano encargado de decidir sobre la validez de las inscripciones en materia electoral.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
10 Índice 14 SAMAI 11 Índice 20 SAMAI7
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02323-00
Demandante: Joel Padilla Rentería Acción de tutela
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al Tribunal Administrativo de Antioquia y a la Comisión Escrutadora de Antioquia con el fin de que se proteja n sus derechos fundamentales antes referidos presuntamente vulnerados con ocasión de una providencia manifiestamente contraria a derecho y la resolución que declaró como votos “no marcados” los obtenidos por el señor Héctor
de que se proteja n sus derechos fundamentales antes referidos presuntamente vulnerados con ocasión de una providencia manifiestamente contraria a derecho y la resolución que declaró como votos “no marcados” los obtenidos por el señor Héctor Rangel Palacios en las elecciones atípicas celebradas en el municipio de Apartadó, la cual se expidió en cumplimiento de ese fallo de tutela.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Turbo solicitó que se le desvinculara de la acción de tutela, debido a que no le asiste responsabilidad alguna por la presunta vulneración de los derechos invocados por el demandante pues , se declaró la nulidad de todas las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y se remitió el expediente a la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a la solicitud de desvinculación en consideración a que dicha autoridad fue vinculada como tercero con interés, debido a que en el presente asunto se cuestiona una decisión que dejó sin efectos un auto que fue proferido por ese despacho judicial el 28 de marzo de 2025, que ordenó como medida provisional la inscripción del señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez en las elecciones atípicas celebradas el 6 de abril de 2025.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará la falta de legitimación por activa de quien funge como demandante , por las razones que procederán a exponerse:8
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02323-00
Demandante: Joel Padilla Rentería Acción de tutela
2.1 Sobre los actos administrativos de ejecución
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02323-00
Demandante: Joel Padilla Rentería Acción de tutela
2.1 Sobre los actos administrativos de ejecución
El artículo 74 del CPACA prevé que, por regla general, los recursos administrativos solo proceden contra los actos administrativos que pongan fin a las actuaciones administrativas, es decir, contra actos definitivos, entendidos como aquellos que “ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla”.
A su vez, según el artículo 75 del CPACA12, estos actos no pueden ser controvertidos a través de la interposición de recursos ante la administración, ni por medio de los mecanismos judiciales dispuestos ante los jueces administrativos.
En esa medida, se advierte que los únicos actos definitivos son aquellos que contienen la voluntad unilateral de la administración y que crean, modifican o extinguen alguna situación jurídica13, razón por la que cuentan con los mecanismos judiciales dispuestos en la ley para ser controvertidos, al tanto que los actos de ejecución se limitan , única y exclusivamente, a dar cumplimiento a las providencias expedidas por las autoridades judiciales y, en consecuencia, no crean, modifican o extinguen una situación jurídica ni reflejan en modo alguno la voluntad de la entidad correspondiente, pues, se reitera, se reducen al cumplimiento de una decisión judicial.
La Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela contra actos de ejecución, por regla general, resulta improcedente, debido a que no crean, modifican o extinguen
reducen al cumplimiento de una decisión judicial.
La Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela contra actos de ejecución, por regla general, resulta improcedente, debido a que no crean, modifican o extinguen una situación jurídica, sino que se restringen a un debate judicial ya concluido y que se encuentra protegido por la institución de la cosa juzgada, del que, prima facie, no resulta procedente reabrir la discusión en el momento de su ejecución14.
En ese orden, solamente pueden ser controvertidos judicialmente los actos de ejecución cuando esté acreditado que la administración profiere la decisión apartándose del alcance de la providencia y, en lugar de obedecer el efecto de cosa juzgada, adopta una
12 “Artículo 75. Improcedencia. No habrá recurso contra los actos de carácter general, ni contra los de trámite, preparatorios, o de ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa”. 13 Corte Constitucional. Sentencia T-177 de 2019. 14 Corte Constitucional. Sentencia T-177 de 2019.9
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02323-00
Demandante: Joel Padilla Rentería Acción de tutela
decisión de fondo que desborda el mandato, en la medida en que la inadecuada aplicación de la sentencia podría implicar la vulneración de derechos fundamentales15.
En conclusión, los actos de ejecución podrán ser enjuiciados siempre y cuando creen, extingan o modifiquen determinada situación jurídica que dé lugar a la existencia de un acto susceptible de ser estudiado por esta jurisdicción.
2.2 La legitimación en la causa por activa para presentar acciones de tutela
extingan o modifiquen determinada situación jurídica que dé lugar a la existencia de un acto susceptible de ser estudiado por esta jurisdicción.
2.2 La legitimación en la causa por activa para presentar acciones de tutela
Los artículos 86 de la Constitución Política y 1 del Decreto 2591 de 1992 establecen que toda persona puede acudir a la acción de tutela “ para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vul nerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública ” o de los particulares en los casos señalados por el referido decreto.
En el mismo sentido, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone lo siguiente:
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”.
En similares términos, la Corte Constitucional se ha pronunciado para indicar que “ la acción de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las
municipales.”.
En similares términos, la Corte Constitucional se ha pronunciado para indicar que “ la acción de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las personas y que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada, quien podrá ejercerla directamente o por quien actúe en su nombre16”.
15 Ibidem. 16 En Sentencia T-1020 de 2003.10
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02323-00
Demandante: Joel Padilla Rentería Acción de tutela
A su vez, en la sentencia T-552 de 2006 la misma Corporación se refirió a la necesidad de acreditar el interés de quien acude en procura de la protección de los derechos fundamentales y señaló que “ la legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados”.
Ahora bien, no puede desconocerse que el mecanismo de amparo diseñado en la Constitución Política de 1991 como un medio de defensa de los derechos fundamentales presenta entre sus características especiales la informalidad, lo cual implica que no tiene mayores formalismos o requisitos rigurosos de procedibilidad.
Sin embargo, atendiendo a su propia naturaleza jurídica y sin obviar dicho carácter informal, la Corte Constitucional ha precisado que el ejercicio de la acción de tutela está sometido al cumplimiento de unos requisitos mínimos de procedibilidad, entre los cuales se destaca el relacionado con la legitimación por activa o titularidad para promoverla.
En este sentido, analizado el alcance de los artículos 86 de la Constitución Política y 10
sometido al cumplimiento de unos requisitos mínimos de procedibilidad, entre los cuales se destaca el relacionado con la legitimación por activa o titularidad para promoverla.
En este sentido, analizado el alcance de los artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia ha sostenido que son titulares de la acción las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados, p or cuanto son estas quienes se encuentran habilitadas para solicitar el amparo constitucional en forma directa o por intermedio de su representante o apoderado.
Igualmente, en el caso de que los titulares de los derechos violados no estén en condiciones de promover su propia defensa, como se analizó, la ley autoriza la agencia oficiosa de derechos ajenos; no obstante, para ello el agente debe manifestar expresamente dicha circunstancia ante la autoridad judicial que tiene a su cargo el conocimiento de la acción.
En suma, de lo hasta aquí explicado es posible concluir que la acción de tutela se puede presentar i) por la persona que estima vulnerados sus derechos fundamentales, esto es, por el directamente afectado, ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; iii) a través de un agente oficioso; y, iv) por intermedio de un abogado debidamente facultado.11
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02323-00
Demandante: Joel Padilla Rentería Acción de tutela
2.3 La falta de legitimación en la causa por activa del demandante para controvertir
Expediente: 11001-03-15-000-2025-02323-00
Demandante: Joel Padilla Rentería Acción de tutela
2.3 La falta de legitimación en la causa por activa del demandante para controvertir el fallo de tutela y, por ende, la Resolución no. 01 del 9 de abril de 2025
- Ahora, en lo que se refiere al caso concreto se recuerda que , a través del fallo de tutela del 8 de abril del presente año 17, el Tribunal Administrativo de Antioquia dejó sin efectos el auto no. 199 del 28 de marzo de 2025 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Turbo, el cual ordenó como medida provisional la inscripción del señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez en las elecciones atípicas celebradas el 6 de abril de 2025.
- En cumplimiento de lo dispuesto en esa sentencia, la Comisión Escrutadora Departamental de Antioquia expidió la Resolución no. 01 del 9 de abril de 2025, mediante la cual declaró “como no marcados” los sufragios obtenidos por el ciudadano Héctor Rangel Palacios Rodríguez, en el marco de las elecciones atípicas celebradas en el municipio de Apartadó.
- En la presente acción de tutela, el demandante cuestionó tanto la resolución que declaró como votos “no marcados” los obtenidos por el señor Héctor Rangel Palacios en las elecciones atípicas celebradas en el municipio de Apartadó, como el fallo de tutela proferido el 8 de abril del año en curso por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por considerar que la Comisión Escrutadora se extralimitó en sus funciones pues, a su juicio,
proferido el 8 de abril del año en curso por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por considerar que la Comisión Escrutadora se extralimitó en sus funciones pues, a su juicio, era necesario que, previamente, existiera una sentencia del Consejo Nacional Electoral que indicara que el candidato no podía ser inscrito; además, porque la sentencia de tutela desconoció que la autoridad electoral ya había validado en audiencia pública la inscripción de ese ciudadano en los comicios.
- En esa medida, la Sal
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