CE - Sentencia 11001031500020250246400

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250246400
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02464-00

Demandantes: José Alberto Tejada Tabares y otros

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-02464-00

Demandantes: JOSÉ ALBERTO TEJADA TABARES Y OTROS

Demandado: CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Tema: Derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de petición, de acceso a la información pública y a la participación ciudadana .

Consulta popular. Improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por José Alberto Tejada Tabares, Harold Adolfo Ortiz Calero y Alberto Ramos Garbiras contra el presidente del Congreso de la República.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 29 de abril de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, los señores José Alberto Tejada Tabares, Harold Adolfo Ortiz Calero y Alberto Ramos Garbiras pidieron la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de petición, de acceso a la información pública y a la participación ciudadana.

José Alberto Tejada Tabares, Harold Adolfo Ortiz Calero y Alberto Ramos Garbiras pidieron la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de petición, de acceso a la información pública y a la participación ciudadana.

A juicio de los demandantes, la vulneración de dichas garantías superiores se derivaba de la presunta renuencia del presidente del Senado de la República 2 (Efraín Cepeda Sarabia) en tramitar la consulta popular que anunció el presidente de la República, luego de que el 18 de marzo de 2025 la Comisión Séptima de esa Corporación archivara el proyecto de reforma laboral que promovió el Gobierno Nacional.

2. Pretensiones

Los tutelantes formularon las siguientes pretensiones:

1. TUTELE los derechos fundamentales a la participación democrática, al ejercicio y control del poder político, a la igualdad, al debido proceso, de petición, a la información pública y a la efectividad de los principios constitucionales, que han sido vuln erados por el señor Efraín Cepeda Sarabia, presidente del Senado de la República, al obstaculizar deliberadamente el trámite de la consulta popular.

2. DECLARE que el Presidente del Senado ha incurrido en una vulneración grave y sistemática de los derechos fundamentales a la participación democrática y a la soberanía popular (Art. 40 de la Constitución) al omitir dar trámite oportuno y efectivo a la consulta popular.

3. ORDENE que el señor Efraín Cepeda Sarabia se declare impedido y que, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, el respectivo senador ad hoc convoque a sesión plenaria del Senado para iniciar el trámite legislativo de la consulta popular.

mayor a cinco (5) días hábiles, el respectivo senador ad hoc convoque a sesión plenaria del Senado para iniciar el trámite legislativo de la consulta popular.

4. ESTABLEZCA que se adopte un cronograma público, detallado y vinculante para el trámite legislativo completo de la consulta popular, priorizando su desarrollo dentro de la presente

1 Índice 1 de Samai. 2 Quien también ostenta la condición de presidente del Congreso de la República, conforme al artículo 19 de la Ley 5ª de 1992, que prevé: «El Presidente del Senado es el Presidente del Congreso […]».Radicado: 11001-03-15-000-2025-02464-00

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legislatura y garantizando que se lleve a cabo de manera expedita y transparente.

5. GARANTICE que el Presidente del Senado y cualquier senador ad hoc se abstengan de realizar acciones u omisiones que obstaculicen el trámite de la consulta popular, incluyendo: a) Evitar la programación de las sesiones necesarias para su debate. b) Asignar tiempos insuficientes para su discusión. c) Priorizar otros proyectos de menor relevancia. d) Ejercer presiones indebidas para bloquear el trámite.

6. ORDENE que durante el trámite legislativo se realicen audiencias públicas en todas las regiones del país, asegurando la participación de la sociedad civil, organizaciones sociales, sectores académicos, comunidades étnicas, feministas, ambientalistas, jó venes y demás sectores relevantes.

del país, asegurando la participación de la sociedad civil, organizaciones sociales, sectores académicos, comunidades étnicas, feministas, ambientalistas, jó venes y demás sectores relevantes.

7. ORDENE que el Consejo de Estado supervise el cumplimiento de las órdenes impartidas mediante un mecanismo directo y periódico, designando un Magistrado encargado de reportar el avance de las acciones relacionadas con la consulta popular.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 24 de agosto de 2023, el Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley con el siguiente título: « Por medio de la cual se adopta una reforma laboral para el Trabajo digno y decente en Colombia y se modifican parcialmente el Código Sustantivo del trabajo, ley 50 de 1990, la ley 789 de 2002 y otras normas laborales», el cual fue archivado el 18 de marzo de 2025 por la Comisión Séptima del Senado de la República.

Ante la mencionada decisión, el presidente de la República anunció la realización de una consulta popular , con el fin de formularle algunas preguntas a la ciudadanía sobre aspectos previstos en el referido proyecto de ley (las cuales dio a conocer el 22 de abril de 2025), que presentaría ante el Senado de la República, en aras de obtener el concepto favorable señalado en los artículos 1043 de la Constitución Política, 504 de la Ley 134 de 1994 y 31 (letra b5) de la Ley 1757 de 2015.

4. Fundamentos de la tutela

Los accionantes afirmaron que el artículo 40 de la Constitución Política preveía que todo ciudadano contaba con la prerrogativa de intervenir en las decisiones que l o afectaban,

4. Fundamentos de la tutela

Los accionantes afirmaron que el artículo 40 de la Constitución Política preveía que todo ciudadano contaba con la prerrogativa de intervenir en las decisiones que l o afectaban, lo que comprendía la posibilidad de participar en consultas populares realizadas con el fin de preguntar sobre diversas cuestiones de interés , prerrogativa propia del Estado Social del Derecho que vulneró la autoridad accionada al oponerse públicamente a la iniciativa promovida por el presidente de la República de preguntarle a la gente sobre aspectos de la reforma laboral archivada por la Comisión Séptima del Senado de la República.

Que el demandado desatendió sus deberes previstos de los artículos 138 al 149 de la Constitución Política, ya que se opuso d e manera injustificada a la aludida consulta popular, así como a las reformas promovidas por el Gobierno Nacional , en desconocimiento de los procedimientos establecidos en la Ley 4ª de 1992, lo que también comportaba «un patrón sistemático de obstrucción que imp [edía] el normal desarrollo del proceso legislativo», el cual se acreditaba con las manifestaciones públicas que realizó en

3 «El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria […]». 4 «El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo una decisión de trascendencia nacional. No se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación a la Constitución Política».

4 «El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo una decisión de trascendencia nacional. No se podrán realizar consultas sobre temas que impliquen modificación a la Constitución Política». 5 «Antes de iniciar el trámite ante corporaciones públicas de cada mecanismo de participación ciudadana se requiere. […] b). Para la Consulta popular nacional. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo una decisión de trascendencia nacional […]».Radicado: 11001-03-15-000-2025-02464-00

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algunos noticieros6 en contra de esa consulta y que configuraban causal de impedimento prevista de acuerdo con la Ley 5ª de 1992.

Sostuvieron que el demandado ha obstaculizado de manera deliberada los proyectos de ley presentado por el Gobierno Nacional, tal como lo d emostraba «la dilación injustificada en la agenda legislativa, asignación de tiempos insuficientes para el debate de estas iniciativas, y priorización selectiva de otros proyectos menos relevantes para el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho ». Además, había obstaculizado trámites legislativos, como lo demuestra el archivo por parte de la Comisión Séptima del Senado de la República de la reforma laboral, lo que comportaba extralimitación en el cumplimiento de sus funciones.

Estado Social de Derecho ». Además, había obstaculizado trámites legislativos, como lo demuestra el archivo por parte de la Comisión Séptima del Senado de la República de la reforma laboral, lo que comportaba extralimitación en el cumplimiento de sus funciones.

Que la tutela era el único mecanismo adecuado para « proteger de manera urgente » las garantías superiores invocada s, ya que si bien podían demandarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa «algunas de las actuaciones del Presidente del Senado », en ese escenario no era factible obtener una pronta decisión, la cual resultaba indispensable para asegurar el debido trámite de la consulta popular objeto de controversia y evitar un perjuicio irremediable.

5. Trámite procesal

Por auto del 30 de abril de 2025, el Despacho sustanciador admitió la acción de la referencia, denegó las solicitudes de medidas provisionales7 y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y, como tercero con inter és, a la Presidencia de la República.

En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría General del Consejo de Estado practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 30 de abril de 2025.

6. Intervenciones

El presidente del Senado de la República , por conducto de apoderado, pidió que se declarara improcedente la tutela de la referencia, al considerar que la aprobación de la consulta popular a la que hacían alusión los demandantes era un aspecto que le correspondía tramitar a esa Corporación por mandato constitucional, en consecuencia, no era dable que una autoridad judicial se inmiscuyera en ese trámite en aras de

consulta popular a la que hacían alusión los demandantes era un aspecto que le correspondía tramitar a esa Corporación por mandato constitucional, en consecuencia, no era dable que una autoridad judicial se inmiscuyera en ese trámite en aras de preservar el precepto superior de separación de poderes , máxime cuando no se evidenciaba afectación de derechos fundamentales y ese « mecanismo de participación ciudadana no es un derecho absoluto que esté preestablecido y regulado completamente para ser ejercido de manera directa».

Sostuvo que los demandantes pretend ían influenciar de maner a indebida en el trámite legislativo de la consulta popular radicada por el Gobierno Nacional «a efectos de figurar públicamente y hacer ruido ante los medios de comunicación» e incidir en la intención de voto de los senadores, lo que contrariaba los preceptos democráticos que aseguraban que los congresistas ejercieran sus actividades sin ningún tipo de intimidación y que también lo habilitaban para disentir públicamente sobre las iniciativas del Gobierno Nacional , máxime cuando ello lo protegía la Corte Europea de Derechos Humanos 8, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos9, el Tribunal Europeo de Justicia10 y la Ley 1909 de 2018 (estatuto de oposición política).

6 https://x.com/RedMasNoticias/status/191475742192005 1481), https://www.infobae.com/colombia/2025/04/04/efraincepeda-lanzo-dura-sentencia-a-petro-vamos-a-seguir-hundiendo-las-reformas-lesivas/, 7 Consistente en ( i) declarar el impedimento del presidente del Congreso de la República para conocer, tramitar y

cepeda-lanzo-dura-sentencia-a-petro-vamos-a-seguir-hundiendo-las-reformas-lesivas/, 7 Consistente en ( i) declarar el impedimento del presidente del Congreso de la República para conocer, tramitar y gestionar la consulta popular convocada por el presidente de la República, (ii) ordenarle que se abstuviera de obstaculizarla, (iii) disponer que esta se discuta «en la próxima sesión plenaria del Senado» y se tramite con «celeridad, transparencia y respeto a los plazos establecidos en la ley », y (iv) requerir un informe sobre « el estado actual del trámite de la propuesta de la consulta popular y las acciones que se adelantarán para garantizar su adecuado curso en el Senado». 8 caso Karácsony y otros v. Hungría (2016). 9 Informe Anual 2019. 10 Pascual García v. Parlamento Europeo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02464-00

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Que resultaba censurable que los demandantes promovieran la acción de la referencia antes de que el Gobierno Nacional presentara la consulta popular , lo que denotaba un uso indebido de la tutela, pues para aquel momento no era posible que las supuestas irregularidades hubieren acontecido, de allí que se impusiera declarar improcedente la tutela.

La Presidencia de la República adujo qu e los demandantes no le atribuy eron vulneración de derecho fundamental alguno, sino que reprocha ban las presuntas

tutela.

La Presidencia de la República adujo qu e los demandantes no le atribuy eron vulneración de derecho fundamental alguno, sino que reprocha ban las presuntas irregularidades de la autoridad demandada en el trámite legislativo que adelantaría frente a la consulta popular derivada del archivo del proyecto de reforma laboral . También dijo que realizaría el trámite de ese mecanismo de participación ciudadana en atención al ordenamiento jurídico y «espera[ba]» que el legislativo se pronunciara sobre el particular oportunamente.

II. CONSIDERACIONES

1. Insistencia de los demandantes en las medidas provisionales

Como se advirtió en precedencia, en la acción de tutela los demandantes formularon como medidas provisionales: (i) declarar el impedimento del presidente del Senado de la República para conocer, tramitar y gestionar la consulta popular convocada por el presidente de la República, (ii) ordenarle que se abstuviera de obstaculizarla, (iii) disponer que esta se discut iera «en la próxima sesión plenaria del Senado » y se tramit ara con «celeridad, transparencia y respeto a los plazos establecidos en la ley », y (iv) requerir un informe sobre «el estado actual del trámite de la propuesta de la consulta popular y las acciones que se adelantarán para garantizar su adecuado curso en el Senado».

No obstante, en el auto admisorio de la acción de tutela se denegaron las precitada s medidas, pues no se advertía que existieran circunstancias que demostraran la violación o amenaza seria y real de los derechos fundamentales invocados por los actores, máxime cuando el presidente de la República aún no había presentado ante el Senado de la

medidas, pues no se advertía que existieran circunstancias que demostraran la violación o amenaza seria y real de los derechos fundamentales invocados por los actores, máxime cuando el presidente de la República aún no había presentado ante el Senado de la República la consulta popular a la que hacían alusión los accionantes.

Pese a lo decidido, los accionantes allegaron memoriales el 5, 6 y 15 de mayo de 2025 , en los que insistían en las medidas provisionales que, a su juicio, resultaban necesarias para salvaguardar sus derechos fundamentales, sin embargo, la Sala estima innecesario pronunciarse sobre el particular, toda vez que aquellas tienen como finalidad salvaguardar las garant ías superiores hasta que se decida de fondo la tutela y ello acontece con la presente providencia, de manera que han quedado sin objeto.

2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si la tutela presentada por los señores José Alberto Tejada Tabares, Harold Adolfo Ortiz Calero y Alberto Ramos Garbiras es procedente para amparar sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de petición, de acceso a la información pública y a la participación ciudadana, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en el trámite de la consulta popular promovida por el presidente de la República , con ocasión del archivo del proyecto de reforma laboral acontecido el 18 de marzo de 2025 en la Comisión Séptima del Senado de la República, y el supuesto entorpecimiento del trámite de ese mecanismo de participación ciudadana.

La Sala anticipa que declarará improcedente la tutela de la referencia, comoquiera (i) que fue presentada antes de que el presidente de la República presentara la mencionada

y el supuesto entorpecimiento del trámite de ese mecanismo de participación ciudadana.

La Sala anticipa que declarará improcedente la tutela de la referencia, comoquiera (i) que fue presentada antes de que el presidente de la República presentara la mencionada consulta popular al Senado de la República y (ii) que acontece una carencia actual de objeto, habida cuenta que el 14 de mayo de 2025 se dispuso seguir adelante con el trámite de la mencionada reforma en el Congreso de la República.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02464-00

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Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) las generalidades de la acción de tutela, (ii) la carencia actual de objeto, (iii) la naturaleza de la consulta popular y su finalidad y, por último, (iv) analizará el caso concreto.

3. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que

vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundament al vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que proponga el demandante.

4. La carencia actual de objeto

El artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 señala que: «Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes».

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer que la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se torne inocua. Es decir, que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales.

En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto puede presentarse a partir de tres eventos que sugieren consecuencias distintas: el hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente 11. En lo que aquí interesa, el hecho superado se configura cuando se pone fin a la situación que generaba la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.

distintas: el hecho superado, el daño consumado y el hecho sobreviniente 11. En lo que aquí interesa, el hecho superado se configura cuando se pone fin a la situación que generaba la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.

5. Naturaleza de la consulta popular y su finalidad

El artículo 40 12 de la Constitución Política prevé prerrogativa s orientadas a que los ciudadanos intervengan en la conformación del pode r político, como las de elegir y ser elegido y participar en la toma de decisiones que los afecten o incidan en sus proyectos de vida , con las cuales se salvaguardan los preceptos intrínsecos de la democracia participativa13 de pluralismo, igualdad, etc., y se materializan los artículos 3º14 superior y 2115 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros.

11 Ver, entre otras, las sentencias: T -988 de 2007 y T -585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada. 12 «Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido.

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. […]». 13 Corte Constitucional, sentencia T-637 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa: « El concepto de democracia participativa es más moderno y amplio que el de la democracia representativa. Abarca el traslado de los principios democráticos a esferas diferentes de la electoral, lo cual está expresamente plasmado en el artículo 2° de la Carta. Es

participativa es más moderno y amplio que el de la democracia representativa. Abarca el traslado de los principios democráticos a esferas diferentes de la electoral, lo cual está expresamente plasmado en el artículo 2° de la Carta. Es una extensión del concepto de ciudadanía y un replanteamiento de su papel en una esfera pública que rebasa lo meramente electoral y estatal. El ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios que incidirán en el rumbo de su vida». 14 Que prevé que la «soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público». 15 Que señala que la «voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público».Radicado: 11001-03-15-000-2025-02464-00

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En aras de proteger las mencionadas garantías y asegurar su ejercicio, el ordenamiento jurídico contempla los mecanismos de participación ciudadana , que constituyen instrumentos orientados a facilitar la intervención de los ciudadanos en las decisiones que les atañen, los cuales están previstos en el artículo 10316 de la Constitución Política, dentro de los que se destaca la consulta popular, definida por el artículo 8º de la Ley 134 de 1994, así:

La consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, segú n el caso, a consideración del pueblo para que éste se

de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, segú n el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto.

En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria.

Cuando la consulta se refiera a la conveniencia de convocar una asamblea constituyente, las preguntas serán sometidas a consideración popular mediante ley aprobada por el Congreso de la República.

Ahora bien, en el evento en que la consulta popular la promuev a el presidente de la República se debe adelantar el trámite previsto en los artículos 53 17 de la Ley 134 de 1994 y 31 (literal b)18 de la Ley 1757 de 2015, que inicia con la presentación del texto por parte de esa autoridad ante el presidente del Senado de la República, que debe discutirlo y emitir el concepto previsto en los artículos 104 de la Constitución Política y 50 de la Ley 134 de 1994 dentro de los 30 días siguientes (prorrogables por 10 días más).

En caso de que el Congreso de la República emita concepto favorable o se haya agotado el precitado término , el presidente de la República deberá realizar la consulta popular dentro de los 3 meses siguientes , conforme al artículo 33 (literal d) 19 de la Ley 1757 de 2015, y si entiende aprobada si alcanza « el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral »20. Ese procedimiento está sujeto a control de constitucionalidad posterior por parte de la Corte Constitucional, de acuerdo

sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral »20. Ese procedimiento está sujeto a control de constitucionalidad posterior por parte de la Corte Constitucional, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 24121 de la Constitución Política.

Es de anotar que la finalidad de la consulta popular no es obtener la aprobación de textos normativos, pues ello lo prohíbe de manera expresa el artículo 3822, literal b de la Ley 1757 de 2015 , sino lograr un pronunciamiento de la ciudadanía sobre determinados temas que se le preguntan , que de alcanzar los umbrales previstos en el literal d del artículo 33 23 ibidem impondría al Congreso de la República la obligación de adoptar

16 «Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato […]». 17 «En la consulta popular de carácter nacional, el texto que se someterá a la decisión del pueblo, acompañado de una justificación de la consulta y de un informe sobre la fecha de su realización, será enviado por el Presidente de la República al Senado para que, dentro de los veinte días siguientes, emita concepto favorable. Por decisión de mayoría de sus miembros, el Senado podrá prorrogar este plazo en diez días más». 18 «Antes de iniciar el trámite ante corporaciones públicas de cada mecanismo de participación ciudadana se requiere. […] b) Para la Consulta popular nacional. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo una decisión de trascendencia nacional. Los

[…] b) Para la Consulta popular nacional. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá consultar al pueblo una decisión de trascendencia nacional. Los ciudadanos podrán convocar una consulta popular con el cinco (5%) de apoyos de los ciudadanos que conforman el censo electoral nacional […]». 19 «La Consulta Popular se realizará dentro de los tres meses siguientes a la fecha del concepto previo de la corporación pública respectiva o del vencimiento del plazo indicado para ello». 20 literal c del artículo 41 ibidem. 21 «A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos sólo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización». 22 «No podrán ser objeto de consulta popular o plebiscito proyectos de articulado y las preguntas que se formulen al pueblo estarán redactadas en forma clara, de tal manera que puedan contestarse con un sí o un no». 23 «Los mecanismos de participación ciudadana, que, habiendo cumplido los requisitos contemplados en el artículo anterior, hayan sido aprobados tienen las siguientes consecuencias: […] c). Cuando el pueblo haya adoptado una decisión obligatoria en una consulta popular, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02464-00

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deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02464-00

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medidas para hacer efectivas las preguntas, so pena de que lo haga el presidente de la República. Sobre el particular, la Corte Constitucional24 precisó:

7.3. Igualmente, considerando su naturaleza, la consulta popular no puede tener por objeto que el pueblo se pronuncie respecto de proyectos de articulado de leyes, ordenanzas, acuerdos o resoluciones -art. 38-. Lo que no obsta para que pueda versar sobre materias y contenidos normativos, susceptibles de ser expresados y desarrollados a través de normas jurídicas en actuaciones posteriores de autoridades y órganos competentes.

[…] 7.5. La decisión del pueblo será obligatoria cuando la pregunta sometida al pueblo obtenga la mitad más uno d

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