CE - Sentencia 11001031500020250325101

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250325101
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03251-01

Referencia: Acción de tutela

ACTOR: CARLOS PÁEZ MARTÍN

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN IMPUGNADA QUE DECLARÓ

IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIR EL REQUISITO

GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR

EL ACTOR ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO

DISCIPLINARIO Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA TERCERA

INSTANCIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de 25 de julio de 202 5, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO 1 declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1 En adelante Sección Tercera.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03251-01

Actor: CARLOS PÁEZ MARTÍN

1 En adelante Sección Tercera.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-03251-01

Actor: CARLOS PÁEZ MARTÍN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.1.- La Solicitud

El señor CARLOS PÁEZ MARTÍN , actuando en nombre propio , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de la justicia, los cuales, a su juicio, le fue ron vulnerados por la

COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE

BOGOTÁ2 y la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL3 al haber proferido, respectivamente, las providencias de 24 de enero de 2025; 30 de abril y 20 de mayo de este año, dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 2020-01790-01.

I.2.- Hechos

Adujo que la señora MARÍA CONS UELO PAREJA SIERRA , en calidad de representante legal suplente de la sociedad FEDCO S.A., presentó queja disciplinaria en su contra, por el presunto

2 En adelante COMISIÓN SECCIONAL. 3 En adelante COMISIÓN NACIONAL.3

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Actor: CARLOS PÁEZ MARTÍN

3 En adelante COMISIÓN NACIONAL.3

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incumplimiento del contrato de prestación de s ervicios que habían suscrito para realizar el proceso de reorganización laboral dentro de la empresa.

Indicó que en febrero de 2021 la COMISIÓN SE CCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ 4, lo notificó d el proceso disciplinario adelantado en su contra identificado con el número único de radicación 2020-01790-00, dentro del cual, mediante providencia 27 de septiembre de 2024, fue declarado disciplinariamente responsable con una sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 3 años.

Señaló que contra dicha decisión, el 21 de enero de 2025 presentó solicitud de adición y aclaración, así como recurso de apelación, por cuanto se omitió resolver la nulidad allí propuesta y no se valoraron las pruebas aportadas al proceso.

Manifestó que mediante providencia de 24 de enero de 2025, el despacho sustanciador rechazó la solicitud de adición y aclaración y, posteriormente, concedió el recurso de apelación.

4 En adelante Comisión Seccional4

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Actor: CARLOS PÁEZ MARTÍN

posteriormente, concedió el recurso de apelación.

4 En adelante Comisión Seccional4

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Actor: CARLOS PÁEZ MARTÍN

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Aseguró que el 27 de enero de este año presentó un escrito complementando el recurso de apelación, no obstante, no fue tenido en cuenta por la COMISIÓN NACIONAL por extemporáneo.

Señaló que mediante fallo de 30 de abril de 2025, la COMISIÓN NACIONAL, entre otros, modificó la providencia recurrida en el sentido de reducirle la sanción impuesta a un año de suspensión en el ejercicio de la profesión y negó la solicitud de nulidad de todo lo actuado.

Arguyó que dentro de la oportunidad procesal solicitó aclaración de la sentencia de segunda instancia, no obstante, mediante auto de 20 de mayo de 2025, la COMISIÓN NACIONAL la rechazó.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor , la parte demandada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por cuanto: i) resolvió desfavorablemente la nulidad formulada y rechazó las solicitudes de aclaración propuestas contra las sentencias de primer y segundo grado ; ii) no tuvo en cuenta la complementación del recurso de apelación presentado5

formulada y rechazó las solicitudes de aclaración propuestas contra las sentencias de primer y segundo grado ; ii) no tuvo en cuenta la complementación del recurso de apelación presentado5

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oportunamente; iii) incurrió en defecto sustantivo, pues la sentencia de segunda instancia solo tiene la firma del magistrado ponente, sin la de los demás integrantes de la Sala.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia: “[…] Segundo: ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, proceda a declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso disciplinario radicado bajo el No. 11001110200020200179000 desde el 27 de enero de 2024, inclusive, y conmine a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá D.C. para que se pronuncie en Sala de Decisión sobre la s solicitudes de adición y aclaración que oportunamente se pres entaron y asimismo garantice la interposición del recurso de apelación a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 302 del Código General del Proceso, norma aplicable por remisión del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007.

interposición del recurso de apelación a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 302 del Código General del Proceso, norma aplicable por remisión del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007.

Tercero: En subsidio de la petición anterior, ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, proceda a declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso disciplinario radicado bajo el No. 11001110200020200179000 a partir del 30 de abril de 2025, inclusive, y profiera una nueva sentencia en la que se pronuncie sobre el recurso de apelación oportunamente presentado contra la sentencia de fecha 27 de septie mbre de 2024 y el auto de fecha 24 de enero de 2025, teniendo en cuenta que el recurso6

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se presentó en tiempo de acuerdo con lo establecido en el artículo 302 del Código General del Proceso, norma aplicable por remisión del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007.

Cuarto: En subsidio de lo anterior, ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, proceda a declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso

Cuarto: En subsidio de lo anterior, ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, proceda a declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso disciplinario radicado bajo el No. 11001110200020200179000 desde el 20 de mayo de 2025, inclusive, y se pronuncie en Sala de la Corporación sobre la solicitud de aclaración que oportunamente se presentó teniendo en cuenta los motivos expuestos en el recurso de apelación oportunamente presentado

[…]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La COMISIÓN NACIONAL indicó que contrario a lo advertido por el actor, no existió vulneración de sus derechos fundamentales dentro del proceso disciplinario censurado.

Solicitó declarar improcedente la ac ción de tutela de la referencia, por cuanto lo pretendido por el actor es reabrir una situación jurídica ya resuelta; además, no demostró la configuración de ninguno de los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

I.5.2.- La COMISIÓN SECCIONAL, a pesar de ser notificad a en debida forma, guardó silencio.7

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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 25 de julio de 2025, declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia al considerar que no se cumplió con el requisito general de la relevancia constitucional, en la medida en que lo pretendido por el actor es controvertir una decisión ya zanjada y crear una instancia adicional.

Advirtió que de las inconformidades propuestas por el demandante no se indicó ninguna que permita analizar el alcance de los derechos fundamentales invocados como violados de cara a la decisión judicial cuestionada, pues de lo manifestado en el escrito de tutela no ofrece razones al respecto.

Indicó que el accionante contaba con otros medios idóneos y eficaces dentro del proceso disciplinario cuestionado frente a las presuntas omisiones e ilegalidades en los autos que despacharon desfavorablemente sus solicitudes.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN TERCERA, en los siguientes términos:8

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Que el trámite de aclaración y adición de una sentencia se encuentra

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Que el trámite de aclaración y adición de una sentencia se encuentra debidamente regulada en la Ley, de tal forma que, con la omisión de la parte demandada de exponer los motivos para resolverla s desfavorablemente, se incurrió en violación directa de la Constitución Política, asimismo, frente a la solicitud de nulidad.

Refirió que la presente solicitud de ampar o es el único mecanismo ordinario para la protección de sus derechos fundamentales.

Así las cosas, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 20219

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y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

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y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de de rechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin10

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un

fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la11

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jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos

los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las

constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.12

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

  1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)13

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declaró improcedente la solicitud de amparo por relevancia constitucional.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida en primera instancia, para lo cual afirmó que el asunto s í reviste verdadera relevancia constitucional, por lo que se deben analizar de fondo las inconformidades expuestas en el escrito de tutela, así mismo, las omisiones e irregularidades en que incurrieron las autoridades judiciales accionadas en resolver desfavorablemente las solicitudes de nulidad y aclaraciones de las sentencias de primera y segunda instancia.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que debe resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, en primer lugar, se debe estudiar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la parte demandada vulneró los derechos deprecados por el actor e incurrió en el defecto alegado.15

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Así las cosas , la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

5 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.16

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examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [9].

jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [9].

6 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez. [8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”17

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Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una

[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso” ) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su

artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su apl icación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”18

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discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de

relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, tam

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