CE - Sentencia 11001031500020250372501

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250372501
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03725-01

Demandante: María Clelia Castillo y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-03725-01

Demandante: María Clelia Castillo y otros

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección A

Temas:

Acción de tutela contra providencia judicial – reparación directa – desplazamiento forzado. Defecto sustantivo. Defecto fáctico. Desconocimiento del precedente judicial. Violación directa de la Constitución Política.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la providencia de 15 de julio de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que resolvió:

«Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de María Clelia Castillo, José Angelino Aldana Tovar, Dilsa Lorena Aldana Jiménez y José Norbey Aldana Castillo, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de

«Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de María Clelia Castillo, José Angelino Aldana Tovar, Dilsa Lorena Aldana Jiménez y José Norbey Aldana Castillo, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 13 de junio de 2025, el apoderado de María Clelia Castillo, José Angelino Aldana Tovar, Dilsa Lorena Aldana Jiménez y José Norbey Aldana Castillo , interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a la administración de justicia . En consecuencia , formuló las siguientes pretensiones:

«Por los argumentos fácticos, probatorios, jurídicos y jurisprudenciales expuestos, respetuosamente solicito al Juez Constitucional acceda a la protección de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso efectivo a la administración de justicia y, consecuencialmente, se deje sin efectos la providencia proferida el 12 de diciembre de 2024 por la Sección Tercera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y le sea ordenado que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela respectivo, emita decisión siguiendo los lineamientos del juez constitucional, tendiente a revocar la providencia del A quo y, en su lugar se profiera sentencia siguiendo los parámetros establecido por la jurisprudencia.».Radicado: 11001-03-15-000-2025-03725-01

juez constitucional, tendiente a revocar la providencia del A quo y, en su lugar se profiera sentencia siguiendo los parámetros establecido por la jurisprudencia.».Radicado: 11001-03-15-000-2025-03725-01

Demandante: María Clelia Castillo y otros

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2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

Los señores María Clelia Castillo, José Angelino Aldana Tovar, Dilsa Lorena Aldana Jiménez y José Norbey Aldana Castillo, mediante apoderado judicial, instauraron demanda de reparación directa contra la Nación , Ministerio de Defensa Nacional , Ejército Nacional y Policía Nacional, el municipio de Mesetas, el departamento del Meta y el Departamento para la Prosperidad Social.

El propósito de la acción judicial era obtener la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial de dichas entidades por los daños y perjuicios que, según alegaron, les fueron causados por amenazas de muerte, riesgo de reclutamiento forzado de menores y un subsecuente desplazamiento forzado, eventos que situaron fácticamente el 5 de julio de 1998 en la Vereda Los Alpes, jurisdicción de Mesetas (Meta).

Como fundamento fáctico de sus súplicas, los demandantes señalaron que para la época de los hechos habitaban en la mencionada vereda, padeciendo un contexto de violencia generalizada en la región. Narraron que, a finales de junio de 1998,

época de los hechos habitaban en la mencionada vereda, padeciendo un contexto de violencia generalizada en la región. Narraron que, a finales de junio de 1998, miembros grupos al margen de la ley irrumpieron armados en su residencia, profiriendo amenazas de muerte contra el núcleo familiar y advirtiendo que, de no abandonar el territorio, reclutarían forzosamente a los menores de edad, José Norbey y Dilsa Lorena.

Adicionalmente, indicaron que, durante esa incursión, la señora María Clelia Castillo fue agredida físicamente por uno de los miembros del grupo armado, quien la golpeó en el pecho con un fusil. Subrayaron que estos actos delictivos no fueron denunciados de manera inmediata ante las au toridades, debido al temor fundado de represalias y a la ausencia de presencia permanente de la Fuerza Pública en la zona que pudiera garantizar su seguridad.

Señalaron que, como consecuencia directa de esta situación, el grupo familiar se vio obligado a huir en la madrugada del 5 de julio de 1998, configurándose un desplazamiento forzado hacia la ciudad de Bogotá D.C. Afirmaron también que, producto del impacto emocional, el señor José Angelino Aldana Tovar sufrió episodios de pérdida de memoria y desorientación.

Expresaron que, a raíz de estos hechos, fueron incluidos como víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV).

El 23 de febrero de 2022, el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:

Único de Víctimas (RUV).

El 23 de febrero de 2022, el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes argumentos:

Reconoció que el hecho mismo del desplazamiento forzado padecido por los demandantes se encontraba acreditado. Para ello, valoró la declaración rendida por la señora María Clelia Castillo ante la Personería de Bogotá el 9 de julio de 1998 y las certificaciones de la UARIV que confirmaban la inclusión de todo el núcleo familiar en el Registro Único de Víctimas (RUV) por ese hecho victimizante.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03725-01

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No obstante, sostuvo que los demandantes no lograron demostrar los supuestos fácticos que configurarían la imputación de responsabilidad a las entidades demandadas. En primer lugar, señaló que las pruebas testimoniales (declaraciones de María Eudosia Lozano y Ferney Calderón) eran de oídas, pues los testigos manifestaron saber de los hechos únicamente por lo que la propia demandante les comentó, sin que les constara directamente el constreñimiento o las agresiones.

En segundo lugar, restó credibilidad a la ocurrencia de la agresión física (el golpe con fusil a la señora María Castillo) y a la amenaza de reclutamiento forzado de los

En segundo lugar, restó credibilidad a la ocurrencia de la agresión física (el golpe con fusil a la señora María Castillo) y a la amenaza de reclutamiento forzado de los menores, al contrastar la demanda con la declaración inicial de 1998 (rendida ante la Personería de Bogotá); pues observó que en dicha declaración, rendida días después de los hechos, la señora María Castillo solo mencionó las amenazas genéricas del grupo armado y la orden de huir, pero omitió por completo cualquier referencia a la agresión física o al intento de reclutamiento.

Concluyó que no se demostró la falla del servicio por omisión, máxime si se tenía en cuenta que, de conformidad con el artículo 167 CGP, le correspondía la carga de la prueba de demostrar que las autoridades demandadas (Policía, Ejército, Alcaldía o Gobernación) hubiesen tenido conocimiento previo de la situación de coerción o de las amenazas específicas. Por el contrario, resaltó que la propia demandante reconoció no haber denunciado ante las autoridades competentes , y los oficios remitidos por todas las entidades demandadas confirmaron la inexistencia de solicitudes de protección, quejas o informes sobre el riesgo que corría la familia.

Finalmente, precisó que la inscripción en el RUV, si bien prueba la condición de víctima para efectos administrativos, no constituye prueba plena de la imputación o de la responsabilidad del Estado en sede judicial.

La parte demandante interpuso recurso de apelación , c omo sustento de su inconformidad, alegó que:

(i) El a quo erró al concluir que no se acreditaron las circunstancias que rodearon el

La parte demandante interpuso recurso de apelación , c omo sustento de su inconformidad, alegó que:

(i) El a quo erró al concluir que no se acreditaron las circunstancias que rodearon el desplazamiento, pues le restó valor a la declaración de 1998 rendida ante la Personería de Bogotá por no incluir la agresión física y el reclutamiento, y exigió pruebas irrazonables como panfletos o amenazas escritas.

Afirmó que en el expediente obraba la resolución de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la cual incluyó al grupo familiar en el Registro Único de Víctimas (RUV) no solo por desplazamiento, sino explícitamente por «Amenazas de Muerte y de Reclutamiento Forzado de Menores ». Alegó que dicha prueba demostraba los hechos y contextualizaba que las amenazas fueron directas y no escritas.

(ii) El juez ignoró la «posición de garante » que la Constitución impone al Estado. Sostuvo que, en el contexto de la época en Mesetas (Meta), era un hecho notorio la presencia y los combates de grupos armados (FARC y AUC), y que en la demanda se afirmó, sin que fuera controvertido, que «en la zona no había presencia permanente de la Policía Nacional ni del Ejército Nacional».

Por lo tanto, argumentó que resultaba desproporcionado exigir a los demandantes una denuncia formal o una solicitud de protección, cuando precisamente no laRadicado: 11001-03-15-000-2025-03725-01

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una denuncia formal o una solicitud de protección, cuando precisamente no laRadicado: 11001-03-15-000-2025-03725-01

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interpusieron por el temor fundado y la desprotección que sentían. Alegó que la falla del servicio se configuraba por la omisión de las fuerzas públicas de cumplir su deber constitucional de proteger a la población en una zona de alto riesgo.

El 12 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A confirmó la sentencia de primera instancia.

En primer lugar, reconoció que el daño antijurídico, consistente en el desplazamiento forzado, se encontraba plenamente acreditado , circunstancia acreditada en la inclusión de los demandantes en el Registro Único de Víctimas (RUV) y la declaración de la señora María Clelia de 1998 rendida ante la Personería de Bogotá. Al respecto, afirmó que la inscripción en el RUV «es suficiente para acreditar el daño antijurídico del desplazamiento», dado que la UARIV debió verificar los hechos.

Sin embargo, y a pesar de tener por probado el daño, descartó la imputación de responsabilidad a las entidades demandadas , pues no se demostró la configuración de una falla en el servicio por omisión en el deber de protección (posición de garante).

Explicó que había una ausencia de prueba sobre el conocimiento que debían tener

responsabilidad a las entidades demandadas , pues no se demostró la configuración de una falla en el servicio por omisión en el deber de protección (posición de garante).

Explicó que había una ausencia de prueba sobre el conocimiento que debían tener las entidades demandadas sobre el riesgo específico que enfrentaban los demandantes o sobre la situación de orden público de la vereda. Resaltó que los propios demandantes admitieron en la demanda no haber presentado denuncias o solicitudes de protección.

Además, que la falta de aviso fue corroborada por las respuestas oficiales allegadas al proceso por la Gobernación del Meta, el municipio de Mesetas, la Policía y la Unidad Nacional de Protección, las cuales certificaron la inexistencia de quejas, solicitudes o informes de riesgo relacionados con la familia actora.

Asimismo, dijo que, a unque el Ejército Nacional reportó 13 operaciones militares en Mesetas en 1998, el informe no precisaba fechas ni contexto (si ocurrieron antes, durante o después del desplazamiento), impidiendo concluir que la Fuerza Pública conociera la situación de ries go de la población. Además, ese mismo informe militar indicó que no se encontró información «con relación a los hechos victimizantes a los que se vio sometida la parte actora».

De igual manera, manifestó que en el expediente no se aportó la resolución de la UARIV que reconociera el hecho del «reclutamiento forzado de menores », pues los oficios y actas presentes solo mencionaban la inclusión en el RUV por «desplazamiento forzado».

Finalmente, reiteró la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la posición de garante, indicando que la responsabilidad por omisión solo se activa cuando la entidad

forzado».

Finalmente, reiteró la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la posición de garante, indicando que la responsabilidad por omisión solo se activa cuando la entidad conocía el riesgo (ya sea por solicitud expresa o por ser un hecho evidente) y que, en este caso, ninguno de los dos supuestos se acreditó. Al no probarse la falla en el servicio, la Sala concluyó que el daño no era atribuible al Estado y confirmó la negativa de las pretensiones.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03725-01

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3. Argumentos de la acción de tutela

La parte accionante alega que la sentencia del 12 de diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, vulneró los derechos fundamentales al incurrir en las siguientes causales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial:

Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico al no aplicar un análisis probatorio flexible, como lo exige la jurisprudencia para casos de víctimas de desplazamiento forzado.

Argumentó que el Tribunal erró al imponer un estándar probatorio ordinario, fundamentado en el artículo 167 del CGP, por lo que exigió a los demandantes (sujetos de especial protección) la prueba de dos supuestos, a saber: (i) que hubieran

Argumentó que el Tribunal erró al imponer un estándar probatorio ordinario, fundamentado en el artículo 167 del CGP, por lo que exigió a los demandantes (sujetos de especial protección) la prueba de dos supuestos, a saber: (i) que hubieran solicitado de manera puntual protección a la Fuerza Pública; y (ii) que las autoridades tuvieran conocimiento específico de las amenazas sufridas por el grupo familiar.

A juicio de los accionantes , esa exigencia desconoció el valor probatorio de la inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV). Sostiene que este registro no es una mera formalidad, sino el resultado de un trámite administrativo que verifica el hecho victimizante (el desplazamiento) y sus circunstancias de tiempo, modo y lugar.

Aunado a lo anterior, resaltó que era un hecho notorio el contexto de violencia en el municipio de Mesetas (Meta) para 1998. Al respecto, alegó que al expediente fue allegada respuesta del Batallón de Infantería No. 21 del Ejército , que reportó operativos ofensivos y de control en la zona ese año, demostraba que el riesgo era conocido por las autoridades.

Reiteró que la declaración ante la Personería, el RUV y las declaraciones testimoniales conformaban indicios suficientes del daño y la omisión estatal.

Anotó que el fallo cuestionado incurrió en desconocimiento del precedente judicial , porque:

(i) se ignoró la jurisprudencia de la Corte Constitucional , específicamente, las sentencias SU-035 de 2018, SU-648 de 2017 y SU-254 de 2013, que tratan sobre

porque:

(i) se ignoró la jurisprudencia de la Corte Constitucional , específicamente, las sentencias SU-035 de 2018, SU-648 de 2017 y SU-254 de 2013, que tratan sobre la flexibilización de la carga probatoria, el principio in dubio pro víctima y la presunción del daño moral en casos de desplazamiento.

(ii) No se tuvo en cuenta la línea jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por ejemplo, el e xp. 32.988 de 2014 , que ordena al juez administrativo «acudir a criterios flexibles» y valorar «medios de prueba indirectos e inferencias lógicas» ante la imposibilidad fáctica de las víctimas para probar los hechos.

(iii) La autoridad judicial accionada se apartó injustificadamente de un fallo de la Subsección B del mismo Tribunal (Sentencia del 9 de octubre de 2020, expediente num. 2015-00577-01), en la que según cita, se estableció que «no es necesario que la víctima del desplazamiento forzado hubiera presentado una denuncia formal o solicitud de protección, sino que por las circunstancias que rodearon los hechos y el contexto del territorio era imperioso que las autoridades estatales conocieran de la amenaza».Radicado: 11001-03-15-000-2025-03725-01

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Consideró que se configuró defecto sustantivo y violación directa de la

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Consideró que se configuró defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, al inaplicar las normas constitucionales que regulan la responsabilidad del Estado, pues se desconoció la posición de garante que la Constitución impone al Estado y a la Fuerza Pública para proteger a la población.

Explicó que , al ser el riesgo cognoscible y previsible dada la presencia notoria de grupos armados en la zona, surgía un deber reforzado de protección. De modo que, el Tribunal, erró al considerar que las operaciones militares generales eran suficientes para eximir de responsabilidad al Estado, cuando lo que se configuró fue una omisión en el deber de evitar el resultado dañoso, en este caso, el desplazamiento.

4. Trámite previo

El 19 de junio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial accionada. Además, vinculó como terce ros con interés al Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército y a la Policía Nacional

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A se opuso a las pretensiones y solicitó negar el amparo, con base en los siguientes argumentos:

Manifestó que la acción de tutela es improcedente, porque carece de relevancia constitucional. A su juicio, el accionante pretende utilizar la tutela como una instancia adicional, al reiterar los mismos argumentos fácticos y jurídicos que ya fueron

Manifestó que la acción de tutela es improcedente, porque carece de relevancia constitucional. A su juicio, el accionante pretende utilizar la tutela como una instancia adicional, al reiterar los mismos argumentos fácticos y jurídicos que ya fueron expuestos en el recurso de apelación y debidamente resueltos en el proceso ordinario.

Afirmó que no incurrió en defecto fáctico, porque sí valoró de forma integral el acervo probatorio, incluyendo la condición de víctimas de los demandantes, acreditada con el Registro Único de Víctimas (RUV).

No obstante, la parte actora no cumplió con la carga mínima de probar los elementos de la responsabilidad estatal . Específicamente: (i) no se acreditó el conocimiento de las entidades demandadas sobre amenazas concretas o advertencias previas contra los accionantes; (ii) no se demostró un contexto de alteración del orden público en el municipio de Mesetas para la fecha específica del desplazamiento (8 de junio de 1998); (iii) si bien se allegaron informes militares, el demandante no probó las fechas exactas de dichos eventos, impidiendo establecer una relación directa, concreta y verificable entre las acciones militares y el daño alegado.

Manifestó que en la sentencia controvertida sí se aplicó el principio de flexibilización probatoria. Sin embargo, el demandante se limitó a afirmar el hecho del desplazamiento «sin ofrecer (...) elementos probatorios que permitieran establecer la configuración de una falla en el servicio».

En cuanto al presunto desconocimiento del precedente horizontal indicó que dicha

probatoria. Sin embargo, el demandante se limitó a afirmar el hecho del desplazamiento «sin ofrecer (...) elementos probatorios que permitieran establecer la configuración de una falla en el servicio».

En cuanto al presunto desconocimiento del precedente horizontal indicó que dicha providencia no resulta vinculante, porque: (i) no fue allegada como prueba al procesoRadicado: 11001-03-15-000-2025-03725-01

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ordinario; y (ii) no fue dictada por el superior funcional ni constituye una sentencia de unificación. Finalmente, señaló que no se configuró defecto sustantivo , porque la tesis del accionante de la posición de garante parte de una hipótesis fáctica que no logró ser acreditada, esto es, la notoria presencia de actores armados ilegales en la vereda Los Alpes, municipio de Mesetas (Meta), en la fecha de los hechos.

Aclaró que, si bien puede existir una presencia de grupos ilegales, en el caso concreto no se aportaron pruebas suficientes que demostraran que las autoridades tuvieran conocimiento efectivo o debieran tenerlo sobre un riesgo específico que comprometiera a los demandantes. Por ello, mencionó que la sola manifestación del desplazamiento es insuficiente si no se demuestra una omisión frente a una situación conocida, previsible o prevenible, lo cual no ocurrió en este caso

6. Terceros con interés

El Juzgado Treinta y Ocho Administrativo de Bogotá se limitó a compartir el enlace

conocida, previsible o prevenible, lo cual no ocurrió en este caso

6. Terceros con interés

El Juzgado Treinta y Ocho Administrativo de Bogotá se limitó a compartir el enlace del expediente digital correspondiente al proceso de reparación directa con radicación No. 11001333603820150052700.

Los demás terceros con interés guardaron silencio.

7. Sentencia de primera instancia

El 15 de julio de 2025 , el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B negó las pretensiones de amparo de los accionantes.

En primer lugar, tras la lectura del expediente, evidenció que la decisión cuestionada presenta una motivación suficiente y coherente que justifica su sentido.

Destacó que la responsabilidad del Estado en casos como el presente asunto no es automática, sino que necesita de la prueba del conocimiento de dichos actos ante las autoridades, lo cual no se probó.

En ese contexto , concluyó que no se configuró defecto fáctico, porque el tribunal demandado valoró el material probatorio aportado al expediente y tuvo en cuenta la calidad de víctimas del conflicto armado reconocida a los demandantes.

Sin embargo, el tribunal demandado advirtió que no se acreditó el conocimiento por parte del Estado sobre la existencia de amenazas concretas por grupos armados ilegales. Tampoco se demostró un contexto de alteración del orden público en el municipio de Mesetas para la fecha específica en que ocurrió el desplazamiento, esto es, el 8 de junio de 1998.

Además, que, s i bien se allegaron informes militares sobre enfrentamientos, los interesados no cumplieron con la carga mínima de probar la fecha en que ocurrieron,

es, el 8 de junio de 1998.

Además, que, s i bien se allegaron informes militares sobre enfrentamientos, los interesados no cumplieron con la carga mínima de probar la fecha en que ocurrieron, sin que fuera posible establecer una relación directa entre tales eventos y el daño alegado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03725-01

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En cuanto al defecto sustantivo, expresó que los accionantes parten de una hipótesis que no se acreditó dentro del proceso judicial , esto es, l a existencia de una notoria presencia de actores armados ilegales en la zona (vereda Los Alpes) y fecha de ocurrencia de los hechos.

Sobre el anterior punto, explicó que, s i bien en contextos de conflicto armado puede existir una «presencia intermitente» de grupos al margen de la ley, en el caso particular no se allegaron elementos suficientes, pertinentes y conducentes que permitieran establecer, con un grado de certeza razonable, que al momento del desplazamiento las autoridades estatales tuvieran conocimiento efectivo o debieran tenerlo so bre un riesgo específico que comprometiera los derechos de los demandantes.

Respecto al desconocimiento del precedente, indicó que e n la providencia acusada se evidenciaba que se efectuó el estudio del asunto bajo la línea jurisprudencial del Consejo de Estado y lo resuelto por la Corte Constitucional en las sentencias citadas

Respecto al desconocimiento del precedente, indicó que e n la providencia acusada se evidenciaba que se efectuó el estudio del asunto bajo la línea jurisprudencial del Consejo de Estado y lo resuelto por la Corte Constitucional en las sentencias citadas en el escrito inicial (que tratan sobre la flexibilización probatoria en materia de responsabilidad del Estado frente al desplazamiento forzado), pues no se negaron las pretensiones por un rigorismo, sino ante la falta de prueba de la falla en el servicio y el nexo causal.

Respecto a la sentencia proferida el 9 de octubre de 2020 por la Subsección B del mismo Tribunal, precisó que esta no tenía la calidad de precedente obligatorio, porque no constituye una sentencia de unificación ni fue proferida por el superior jerárquico.

8. Impugnación

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia con fundamento en que erró al considerar plausibles y razonables los argumentos del Tribunal Administrativo accionado. Afirma que el fallo impugnado, lejos de corregir la vulneración, la ratificó, incurriendo en los mismos vicios que se le endilgaban a la sentencia ordinaria.

Insistió en que no es válida la conclusión del Tribunal de que los accionantes debían: (i) probar que habían presentado una denuncia previa al desplazamiento; y (ii) demostrar las fechas exactas en que ocurrieron los operativos militares en 1998. A juicio del impugnante, esto desconoce la flexibilidad probatoria exigida para víctimas.

Reiteró que el riesgo en el municipio de Mesetas (Meta) en 1998 era un hecho notorio, como se demostró con el propio oficio del Ejército que reportó 13 operativos.

Reiteró que el riesgo en el municipio de Mesetas (Meta) en 1998 era un hecho notorio, como se demostró con el propio oficio del Ejército que reportó 13 operativos.

Aunado a lo anterior debía tenerse en cuenta que la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencias previas sobre hechos de violencia en esa misma zona en 1994 y 1997, específicamente citó:

(i) Sentencia de fecha 12 de febrero de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección C, con radicado núm.. 50 001 23 31 000 2000 00001 01 (26013) C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en la cual se estudiaron los hechos ocurrido el 15 de diciembre de 1997 en el municipio de Mesetas y se encontró probado que un grupo un grupo guerrillero, ingresó al municipio y atacó al puesto de policía de manera indiscriminada, con el objeto de destruirlo y matar a quienes lo custodiaban.Radicado: 11001-03-15-000-2025-03725-01

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(ii) Sentencia de 26 de junio de 2014, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicado num. 50 001 23 31 000 2000 00001 01 (26013), C.P. Jaime Orlando Santofimio Además, debía tenerse en cuenta que en 1998 inicio del proceso de paz y la creación

Tercera, Subsección C, radicado num. 50 001 23 31 000 2000 00001 01 (26013), C.P. Jaime Orlando Santofimio Además, debía tenerse en cuenta que en 1998 inicio del proceso de paz y la creación de la zona de disten sión, como constaba en el informe denominado Pueblos Arrasados del Centro de Memoria Histórica.

Señaló que el juez de tutela de primera instancia efectuó un tratamiento general de los precedentes constitucional, vertical y horizontal invocados , pues no realizó el proceso de subsunción de los hechos del caso a las reglas fijadas en la jurisprudencia citada, pues, d e haberlo hecho, habría concluido que, aunque el Ejército realizara acciones, estas no fueron suficientes para proteger a las víctimas.

Manifestó que el a quo no se pronunció sobre el argumento relativo al daño moral , máxime si se tenía en cuenta que la Corte Constitucional en las sentencias SU-254 de 2013 y el propio Consejo de Estado ha establecido que el daño moral en casos de desplazamiento es un hecho notorio , que no es necesario acreditar y que la sola inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) es suficiente para considerar acreditado un daño antijurídico.

Finalmente, dijo que el fallo de tutela impugnado ratificó la violación directa de la Constitución Política, porque desconoció el verdadero alcance de la posición de garante la cual, ante un hecho notorio de posible materialización del riesgo, exigía al Estado «reforzar y adelantar más acciones que

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