CE - Sentencia 11001031500020250438601

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250438601
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04386-01

Demandante: Betsy Sánchez Morón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-04386-01

Demandante: BETSY SÁNCHEZ MORÓN

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la señora Betsy Sánchez Morón no satisfacen la carga argumentativa requerida para calificar el asunto como constitucionalmente relevante.

La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 25 de septiembre de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 16 de julio de 20252, la señora Betsy Sánchez Morón instauró acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado , con el objeto de proteger sus derechos

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 16 de julio de 20252, la señora Betsy Sánchez Morón instauró acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado , con el objeto de proteger sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia , al debido proceso y a la igualdad, con ocasión de la sentencia del 8 de mayo de 2025, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado 20001-23-33-000-202500075-01. Formuló las siguientes pretensiones:

Primero PRETENDO CON ESTA ACCION DE TUTELA como mecanismo excepcional y definitivo QUE LA SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO DEJE SIN EFECTO Y SIN VALOR LA SENTENCIA DE ACCION DE CUMPLIMIENTO , Y EN SUS LUGAR CONFIRMAR LA SENTENCIA EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL A DMINISTRATIVO DEL CESAR Y ASI GARANTIZAR la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante de la sentencias C1194-01,SU 386 -23, C -638-00, C -157-98, SU077 18,C -319-13,T-353-14,T-17399, C -173-99,C-151100,C-1511-00,C-893-99,C-651-03,C-010-01, C 1931 Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 29 de octubre de 2025, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04386-01

Demandante: Betsy Sánchez Morón

para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04386-01

Demandante: Betsy Sánchez Morón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 98,C651-03 , T -461-21, QUE HAN REITERADO la procedencia de la acción de cumplimiento ,por violación al presente y por interpretación errónea de la norma como causal de procedibilidad para que el juez constitucional tutela mis derecho fundamental acceder a la administración de justicia, al debido proceso , derecho a la igualdad , principio de la buena fe confianza legitima , principio de seguridad jurídica y revoque la sentencia de acción de cumplimiento en segunda instancia por medio de la cual el tribunal administrativo del cesar concedió la acción de cumplimiento, por ser una clara via de hecho , desconocimiento del precedente judicial, falsa motivación violación directa de la Constitución Defecto fáctico, Error inducido, La obligación de las autoridades a dministrativas de aplicar la Constitución y la ley y de tener en cuenta el precedente judicial para todas sus actuaciones, deben acatar el precedente judicial, esto es, están en la obligación de aplicar e interpretar las normas, en el sentido dictado por l a autoridad judicial, el deber de acatamiento del precedente judicial que de conformidad con el articulo

10 de la ley 1437 del 2011 , es obligacion hacerla extensivas SU -380/21, T022/19), SU354/17,SU113/18,C-539/11. T-441/18, C-621/15, C-836/01, T-775/14, SU-611/17, SU -069/18, T 656/11, 309/15, SU406/16, T -081/23, SU060/21, SU048/22, SU068/18, C-634/11, SU-072/18, SU 041/22, T-048/129, C099/22, SU635/15.

SEGUNDO QUE la sala plena del consejo de estado haga la diferencia entre la ley 1755 del 2015 y la ley 393 de 1997.

Tercero que la sala plena ordene al ministerio de transporte a darle cumplimiento artículo 158ª de la ley 769 del 2002 y anule las sanciones impuestas por el municipio de Valledupar atraves de la secretaria de transito debido que no contaban con la autoriz ación de la superintendencia de transporte para operar dispositivo electrónico.

2. De la demanda de tutela y de los medios probatorios obrantes en el expediente , se extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:

3. La Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar impuso comparendo identificado con radicado «20001000000045553854» del 30 de octubre de 2024 y «20001000000045554379» del 12 de noviembre de 2024 a la señora Sánchez Morón, por haber estacionado su vehículo en un sitio prohibido.

4. El 30 de diciembre de 2024, la señora Sánchez Morón solicitó ante la

Morón, por haber estacionado su vehículo en un sitio prohibido.

4. El 30 de diciembre de 2024, la señora Sánchez Morón solicitó ante la Superintendencia de Puertos y Transporte, l a Agencia Nacional de Seguridad Vial y el municipio de Valledupar el cumplimiento de las siguientes normas: el artículo 18 de la Ley 2251 de 20223; los artículos 1 al 4, 10, 13 y 14 de la Ley 1843 de 20174; los artículos 127, 129 y 135 de la Ley 769 de 2002, y los artículos 1 ° al 14 de la Resolución «20203040011245» de 20205, emitida por el Ministerio de Transporte.

3 «Por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones». 4 «Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras disposiciones». 5 «Por la cual se establecen los criterios técnicos de seguridad vial para la instalación y operación de los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito y se dictan otras disposiciones».Radicado: 11001-03-15-000-2025-04386-01

Demandante: Betsy Sánchez Morón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

5. Asimismo, pidió que (i) se reti rara los vehículos de fotomulta disp uestos en el

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5. Asimismo, pidió que (i) se reti rara los vehículos de fotomulta disp uestos en el municipio de Valledupar; (ii) se abstuvieran de seguir imponiendo multas a través de dicho sistema y (iii) que se agotara el debido procedimiento administrativo al momento de retirar vehículos mal estacionados en el espacio público.

6. Surtido el trámite tendiente a la constitución en renuencia, se promovió el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos ante el Tribunal Administrativo de Cesar, el que, en fallo del 13 de marzo de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Como consecuencia, (i) le ordenó a la Secretaría de Tránsito y Transporte de l municipio de Valledupar el cumplimiento del inciso primero del artículo 135 del Código Nacional de Tránsito Terrestre; (ii) declaró la falta de legitimación e n la causa por pasiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y (iii) rechazó la solicitud de cumplimiento del artículos 5 del Decreto 2409 de 2018.

7. En sentencia del 8 de mayo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado revocó la decisi ón de primera instancia y, en su lugar, rechazó la solicitud de cumplimiento respecto de la Superintendencia de Puertos y Transporte , y de los artículos 4 y 5 del Decreto 2409 de 2018, y 134, 136 y 137 de la Ley 769 de 2002, por no haber superado el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.

Decreto 2409 de 2018, y 134, 136 y 137 de la Ley 769 de 2002, por no haber superado el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.

8. Frente a la pretensión encaminada a lograr que se anularan l os comparendos impuestos a la demandante, dijo que no era procedente, pues no superó el requisito de subsidiaridad, debido a que la accionante contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

9. También negó las pretensiones relacionadas con el cumplimiento del artículo 4 del Decreto 2409 de 2018, 134 de la Ley 769 de 2002, 14 de la Ley 1843 de 2017 y los artículos 1, 2, 4 y 9 al 14 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte, bajo el argumento de que no «contiene un mandato imperativo e inobjetable cuyo acatamiento sea susceptible de solicitarse a través del mecanismo constitucional de la referencia».

10. Finalmente, declaró la existencia de cosa juzgada frente a las pretensiones relacionadas con los artículos 18 de la Ley 2251 de 2022; 3 y 13 de la Ley 1843 de 2017; 127, 129 y 135 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los artículos 5 al 8 de la Resolución «20203040011245» de 2020, pues este asunto tiene indentidad de objeto, causa y partes con un caso previamente resuelto por esa Sección, a través de la sentencia del 10 de abril de 2025, dentro del medio de control de

indentidad de objeto, causa y partes con un caso previamente resuelto por esa Sección, a través de la sentencia del 10 de abril de 2025, dentro del medio de control de cumplimiento con radicado 20001-23-33-000-2025-00029-01.

11. La señora Sánchez Morón indicó que la sentencia del 8 de mayo de 2025 incurrió en un defecto sustantivo, en desconocimiento del precedente y falta de motivación 6 y, por ende, trasngredió sus derechos fundamentales.

6 La parte accionante únicamente mencionó que la autoridad judicial también incurrió en los defectos fácticos y violación directa a la Constitución, sin desarrollo alguno.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04386-01

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12. En defecto sustantivo, porque la Sección Quinta interpretó erróneamente la Ley 1755 de 2015 y la Ley 393 de 1997, pues, entre otras, resaltó que no está «accionando derecho de petición con fundamento en la ley 1755 del 2015 , estoy accionando es un requerimiento de cumplimiento que se fundamenta por la ley 393 de 1997».

13. Agregó que la cosa juzgada no se había configurado en su caso, porque la sentencia cuestionada revocó el fallo de primera instancia por «falta de pruebas».

14. Sostuvo que la autoridad judical accionada desconoció las reglas fijadas en las

cuestionada revocó el fallo de primera instancia por «falta de pruebas».

14. Sostuvo que la autoridad judical accionada desconoció las reglas fijadas en las sentencias C-1194 y C-010 de 2001, SU-386 de 2023, C-638 y C-1511 de 2000, C-157, C-193 de 1998, SU-077 de 2018, C-319 de 2013, T-353 de 2014, T-173 y C-893 de 1999, C-651 de 2003 y T-461 de 2021.

15. Concluyó que también carece de motivación, debido a que no se planteó de forma adecuada el problema jurídico.

B. Trámite impartido e intervenciones

16. Mediante auto del 22 de julio de 20257, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Cesar, así como a la ministra de Transporte, al superintendente de Puertos y Transporte, a la directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al alcalde y al secretario de Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar.

17. En auto del 15 de agosto de 20258, el despacho sustanciador ordenó vincular, como terceros con interés, a Yenis Rodríguez y otros9.

18. La Agencia Nacional de Seguridad Vial10 pidió que se le desvinculara del proceso de tutela, porque sus actuaciones u omisiones no fueron reprochadas en los supuestos facticos de la demanda, sino que dichas inconformidades recaen sobre las autoridades de tránsito que impusieron las infracciones de tránsito.

de tutela, porque sus actuaciones u omisiones no fueron reprochadas en los supuestos facticos de la demanda, sino que dichas inconformidades recaen sobre las autoridades de tránsito que impusieron las infracciones de tránsito.

7 Samai, índice 5. 8 Samai, índice 12. 9 8Tomás Eduardo Quiroz, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle, Nelson Contrera, Gustavo Rueda, Guillermo Augusto Arias, Jaime Santiago Perea, Antonio José Jiménez, Wilmer Enrique Díaz, Greys José Cuello, Oseas Tomás Arias, Miriam Jiménez, Nelly Orozco, María Cecilia Rincones, Carlos Andrés Carreño, Henry Fabián Arévalo, Alber Suárez Mendoza, Carmen Rosa Quintero, Jaime Alonzo Mantilla, Jeancarlos García, Elías Guillermo Ochoa Daza, Carmen Cecilia Rivera, Carmen Carmona, Eliana Sanguino, Rosa María Yacur, Holger Posada, Ladis Leonor Padilla, Favio José Jiménez, Lilibeth Hinojosa, Elisa Cote, Jhon Usuga, Erneys Alfonso Zuleta, Uriel Montero, Manuel Juliam Sandoval, Eliam Portillo, Gustavo Calderón, José Emilio Molina, Juan José Ca staño, Álvaro Camargo, Jaider Napoleón Rosado, Miguel Londoño, Andrés Leonardo Quintero, Yani Ospino, William Elías Castro, Luis González, Jesús Coronado, Eudes Antonio Rodríguez, Gabriel Arias, Nayeth Ríos Rangel, Jorge Viloria, Quintana Cruz Duarte, Maricruz Donado, Eudes Hernández, María Eufemia Uribe, Miguel Francisco Rodríguez, Héctor Grimaldo, Antonio Rafael Dangond, José Zuleta, Orlando De Je sús Martínez, Roger Viloria Mendoza,

Duarte, Maricruz Donado, Eudes Hernández, María Eufemia Uribe, Miguel Francisco Rodríguez, Héctor Grimaldo, Antonio Rafael Dangond, José Zuleta, Orlando De Je sús Martínez, Roger Viloria Mendoza, Germán Ortiz, Rosa María Yacub Trizo, Luis Alcides Serrano, Wilson Mora, Imera Sarmiento, Luis Ernesto Tamayo, Luis Enrique Madrid Navarro, Rosario De Jesús Blanco Ospino, Melkis Kammerer, Adriana Oñate, Yenis Rodríguez, Tomás Eduardo Quiroz, Ciro Alberto Fuentes, Martha Cecilia Lara Palmera, Indira Valle, Nelson Contreras y Gustavo Rueda. 10 Samai, índice 10.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04386-01

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19. Los demás sujetos procesales guardaron silencio , pese a que fueron debidamente notificados del auto admisorio de la solicitud de amparo.

C. Fallo impugnado11

20. En sentencia del 25 de septiembre de 2025, la Sección Cuarta de esta Corporación declaró improcedente la solicitud de amparo, dado que, al examinar la solicitud de amparo, concluyó que la demandante no cumplió con la carga argumentativa requerida.

Simplemente trascribió fragmentos de la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado, Sección Quinta. En consecuencia, sus planteamientos no identifican ni desarrollan las causales generales o específicas de procedencia de la tutela contra

Simplemente trascribió fragmentos de la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado, Sección Quinta. En consecuencia, sus planteamientos no identifican ni desarrollan las causales generales o específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, omitiendo explicar por qué la decisión impugnada incurrió en los defectos constitucionales que se le atribuyen.

D. Impugnación12

21. Inconforme con la decisión, la parte actora presentó impugnación. Señaló que sí desarrolló los defectos en los que incurrió la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la sentencia del 8 de mayo de 2025, dentro del proceso con radicado 20001-23-33-0002025-00075-01.

22. Precisó que la providencia censurada incurrió en una vía de hecho, por cuanto avaló las sanciones impuestas por la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar, contrariando el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022 y el artículo 158 de la Ley 769 de

2002.

23. Aclaró que se desconoció los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de confianza legítima, así como se transgredió el derecho fundamental al debido proceso, dado que validó «las decisiones administrativas carentes de competencia legal y soporte constitucional».

24. Concluyó lo siguiente:

[L]a Sala incurrió en un defecto procedimental por indebida valoración del cumplimiento de los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, y desconoció los elementos fácticos y jurídicos que estructuran la petición de amparo.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

cumplimiento de los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, y desconoció los elementos fácticos y jurídicos que estructuran la petición de amparo.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

25. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en

11 Samai, índice 21. 12 En auto del 16 de octubre de 2025, el despacho sustanciador concedió la impugnación. Ver índice 30 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04386-01

Demandante: Betsy Sánchez Morón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

F. Cuestión previa: impedimento del magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez

26. Por escrito del 20 de noviembre de 2025, el consejero Fernando Alexei Pardo Flórez manifestó que desde hace ya varios años sostiene una amistad estrecha con el también consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, quien suscribió la sentencia que aquí se cuestiona. Para ello, puso de presente su relación cercana, lo que incluye visitas a sus respectivas familias, y el acompañamiento mutuo y permanente « en momentos

consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, quien suscribió la sentencia que aquí se cuestiona. Para ello, puso de presente su relación cercana, lo que incluye visitas a sus respectivas familias, y el acompañamiento mutuo y permanente « en momentos significativos de [sus] vidas (logros e infortunios personales)». Que, por consiguiente, se encuentra incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal: «que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial».

27. Pues bien, en materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales del Código de Procedimiento Penal, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del

Decreto 2591 de 1991:

Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El jue z que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el caso.

28. De esa norma se desprende que el juez que conozca de una acción de tutela deberá declararse impedido cuando concurra alguna de las causales previstas en el Código de Procedimiento Penal (CPP). Así, se constata que el numeral 5 del artículo 56 del CPP,

dispone:

ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: (…)

Procedimiento Penal (CPP). Así, se constata que el numeral 5 del artículo 56 del CPP, dispone:

ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: (…)

5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.

29. Dado que las circunstancias fácticas descritas en el escrito analizado dan cuenta de una amistad estrecha y prolongada, al punto que se ha mantenido durante más de ocho años, periodo en el cual han compartido innumerables espacios académicos y personales, es claro que se enmarcan en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Por tanto, a fin de garantizar la imparcialidad e independencia que se requieren para conocer y tramitar la acción de tutela, se declarará fundado el impedimento manifestado por el mencionado consejero de Estado , y, como consecuencia, quedará separado del conocimiento del presente asunto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04386-01

Demandante: Betsy Sánchez Morón

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G. Problema jurídico

30. Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido el 25 de septiembre de 2025, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio del cual se declaró improcedente la acción de tutela. Para el efecto, primero se

proferido el 25 de septiembre de 2025, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio del cual se declaró improcedente la acción de tutela. Para el efecto, primero se establecerá si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial.

H. Alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

31. Mediante sentencia del 5 de agosto de 2014 13, la Sala Plena de esta Corporación estableció que el mencionado requisito tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial, y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos cuya resolución corresponde a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo tiene relevanci a constitucional, sea necesario examinar dos

elementos:

32. Primero, que el actor cumpla una carga argumentativa mínima y justifique con suficiencia la vulneración de los derechos fundamentales. Es decir, no basta simplemente con invocar los derechos, sino que es necesario que se ofrezcan serias y amplias razones en clave constitucional que le permitan al juez de tutela adentrarse en el estudio de las causales específicas de procedibilidad que han sido invocadas y debidamente sustentadas.

33. Segundo, que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional del proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, pues ese valioso mecanismo de estirpe constitucional —la acción de tutela — fue creado para proteger derechos fundamentales, no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

34. En resumen, el requisito de relevancia constitucional no se agota con señalar los

fundamentales, no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

34. En resumen, el requisito de relevancia constitucional no se agota con señalar los derechos fundamentales vulnerados e identificar los defectos de la providencia. Por el contrario, se requiere que la solicitud de amparo (i) contenga una carga argumentativa mínima y (ii) no sea utilizada como una instancia adicional a las establecidas por el legislador.

35. La tesis expuesta se ajusta al precedente de la Corte Constitucional, la cual, de manera consistente y consolidada, ha sostenido que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad o de índole patrimonial, o la interpretación propia de los jueces naturales. Por consiguiente, aquella es inidónea si lo pretendido es que el juez constitucional se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de int erpretación propios de las especialidades de cada jurisdicción.

13 Proceso identificado con el radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) (MP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).Radicado: 11001-03-15-000-2025-04386-01

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36. Igualmente, la Corte14 ha establecido que, si la acción de tutela de dirige contra una providencia de una alta corte, además de satisfacer las exigencias expuestas en

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36. Igualmente, la Corte14 ha establecido que, si la acción de tutela de dirige contra una providencia de una alta corte, además de satisfacer las exigencias expuestas en precedencia, debe evidenciar, a primera vista, una afectación desproporcionada de derechos fundamentales, derivada de una actuación judicial arbitraria.

I. Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

37. En el caso bajo estudio, la parte actora pidió que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, vulnerados con ocasión de la sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en virtud de la cual revocó la sentencia del 13 de marzo de 2025 , dictada por el Tribunal Administrativo de Cesar, que accedió parcialmente a las pretensiones de la solicitud de cumplimiento.

38. En el breve escrito de tutela, la accionante afirmó que la sentencia de segunda instancia, proferida el 8 de mayo de 2025, por la Sección Quinta del Consejo de Estado, incurrió en los defectos sustantivo, desconocimiento del precedente y falta de motivación, por las siguientes razones (transcripción literal, incluso con posibles errores):

Que es obligación constitucional que SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO me garanticen la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante de la sentencias C-1194-01,SU 386-23, C-638-00, C-157-98, SU077 18,C-319-13,T-353garanticen la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante de la sentencias C-1194-01,SU 386-23, C-638-00, C-157-98, SU077 18,C-319-13,T-35314,T-173-99, C-173-99,C-1511-00,C-1511-00,C-893-99,C-651 03,C-010-01, C-19398,C651-03 , T -461-21, QUE HAN REITERADO la procedencia de la acción de cumplimiento ,por violación al presente y por defecto sustantivos o material por la interpretación errónea de la norma donde hay una imprecisión entre la ley 1755 del 2015 , y la ley 393 de 1997, debido que no estoy accionando un derecho de petición con fundamento en la ley 1755 del 2015 , estoy accionando es un requerimiento de cumplimiento que se fundamenta por la ley 393 de 1997,En e se sentido, cuando en una providencia judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada.

(…)

SEXTO SEÑORES SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO, NO EXISTE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA COSA JUZGADA, DEBIDO QUE ESTA SENTECIA FUE REVOCADA POR FALTA DE PRUEBA , POR SE MOTIVO EL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL CESAR EN MAS DE 60 ACCIONES DE CUMPLIMIENTO

FALALDA CONTRA EL MUNICIPIO DE VALLEDUAPR Y SECRETARIA DE

TRANSITO CAMBIARON DICHAS POSTURA FUERON 4 MAGIS TRADO

CONVIRTIENDOSE EN UNA JURISPRUDENCIA, PERO EESTA SALA QUINTA NO

FALLO EN DERECHO , SI NO VIA DE HECHO.

TRANSITO CAMBIARON DICHAS POSTURA FUERON 4 MAGIS TRADO

CONVIRTIENDOSE EN UNA JURISPRUDENCIA, PERO EESTA SALA QUINTA NO

FALLO EN DERECHO , SI NO VIA DE HECHO.

(…)

DECIMO PRIMERO SEÑORES SALA PLENA DEL CONSEJO DE ESTADO EL ESTA SALA QUINTA INCURRIÓ EN VÍA DE HECHO, POR falta motivación, debido, a que no se había planteado adecuadamente el problema jurídico , planteado , pues según el tribunal administrativo del cesar avalo , la realización, de comparendo a través de vehículos en movimiento , donde estos vehículos que son tres , tienen vidrios oscuros , donde no se sabe , quien están dentro de estos vehículos tomando

14 Sentencia de unificación 215 de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04386-01

Demandante: Betsy Sánchez Morón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 fotos , si hay funcionarios de tránsito o son funcionario de la concepción de tránsito debido que ellos.

39. Sin embargo, de entrada, tal como lo advirtió el fallador de primer grado , la Sala observa que la demanda carece de una carga argumentativa mínima, que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, le permita al juez de tutela examinar la posible configuración de los defectos endilgados a la providencia censurada.

40. En efecto, recientemente, la Corte Constitucional15, recordó que la acción de tutela

configuración de los defectos endilgados a la providencia censurada.

40. En efecto, recientemente, la Corte Constitucional15, recordó que la acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, únicamente cuando se acredite la concurrencia de los requisitos generales de procedencia 16 -entre los que se encuentra la relevancia constitucionaly al menos uno de los requisitos específicos que vicien la validez constitucional de la decisión cuestionada.

41. Así, respecto de la relevancia constitucional , el alto tribunal constitucional17 sostuvo que para que se cumpla tal requisito, se exige a la parte actora una carga argumentativa mínima, que le permita al juez del amparo abordar el análisis del cargo planteado en la demanda. Puntualmente, en los casos en los que se pretenda el amparo p or defecto fáctico, la esta Corporación18 ha indicado que la carga argumentativa consiste en que i) se identifiquen los elementos de convicción, supuestamente desconocidos o valorados indebidamente, ii) que se argumente que el yerro valorativo pudo variar o alterar el sentido de la decisión y iii) que la indebida omisión o apreciación constituye una actuación arbitraria e irrazonable, que podría comprometer efectivamente el goce efectivo de los derechos de los accionantes.

42. Sin embargo, como se vio, la parte accionante se limitó a mencionar cada uno de los defectos, sin profundización alguna, como pasa a explicarse.

43. Sobre el defecto sustantivo, la Sala entiende que la parte accionante está inconforme porque, en su criterio, la autoridad judic

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