CE - Sentencia 11001031500020250454601
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250454601
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04546-01
Demandante: Juan Carlos Arboleda Betancur
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C, seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-04546-01
Demandante: Juan Carlos Arboleda Betancur
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión
Tema: Tutela contra providencia judicial, proceso de reparación directa .
Falta de cumplimiento de requisitos generales de procedencia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia de tutela del 18 de septiembre de 2025 , Consejo de Estado, Sección Quinta, que resolvió:
«PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Juan Carlos Arboleda Betancur. (…)».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 22 de julio de 2025, el señor Juan Carlos Arboleda Betancur, mediante apoderado, interpuso acción de tutela , al considerar que se vulneró su derecho fundamental al
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 22 de julio de 2025, el señor Juan Carlos Arboleda Betancur, mediante apoderado, interpuso acción de tutela , al considerar que se vulneró su derecho fundamental al debido proceso con las sentencias del 29 de noviembre de 2021 y 7 de febrero de 2025, proferida s por el Juzgado Veintinueve Administrativo Oral de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, respectivamente en un proceso de reparación directa. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
« 1. Solicito se tutelen los Derechos Fundamental al debido proceso, amparo en el artículo 29 de la Constitución Política y en el artículo 8.1 de la ley 16 de 1972, en consecuencia se revoque la sentencia proferida el 7 de febrero de 2025 notificado por en l a misma fecha, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia denegó las pretensiones de la demanda, sin la valoración plena de los elementos de prueba obrantes en el proceso y sin consideración del reglamento técnico aplicable.
2. Como consecuencia de lo anterior ruego que ordene dejar sin efectos la decisión de segunda instancia proferida por Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso radicado número 05001333302920160059901 y se ordene la valoración integral de la prueba y la aplicación de las normas técnicas procedentes».
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela , se advierten como hechos relevantes los siguientes:Radicado: 11001-03-15-000-2025-04546-01
Demandante: Juan Carlos Arboleda Betancur
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De la lectura del expediente de tutela , se advierten como hechos relevantes los siguientes:Radicado: 11001-03-15-000-2025-04546-01
Demandante: Juan Carlos Arboleda Betancur
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Actuaciones que dieron origen al proceso de reparación directa
En la vereda del Pajarito en jurisdicción del municipio de Angostura, Antioquia, cerca de la casa de la familia Arboleda Betancur se encontraba una línea de alta tensión que alimenta un transformador, ambos de propiedad de Empresas Públicas de Medellín ESP, de donde se provee el servicio de energía a la vivienda y a otro vecino del sector.
El 20 de julio de 2014, una rama cayó sobre la línea y gener ó la ruptura de las protecciones de esa línea, lo que , al parecer, ocasionó una descarga en la red eléctrica; ese mismo día, la familia Arboleda Betancur se reunió en la finca Pajarito , ubicada en la vereda del mismo nombre, donde el señor Ramiro de Jesús Arboleda y su cónyuge María Luz Celi Betancur , lugar al que llegó la señora Martha Luceli Betancur con su familia.
Las señoras María Luz Celi Betancur y Martha Luceli Arboleda Betancur iniciaron la preparación del almuerzo y en el desarrollo de dicha actividad ambas recibieron un fuerte corrientazo que las derribó al lado de la puerta de la cocina . La señora Martha
preparación del almuerzo y en el desarrollo de dicha actividad ambas recibieron un fuerte corrientazo que las derribó al lado de la puerta de la cocina . La señora Martha Luceli Arboleda Betancur sufrió quemaduras en el quinto dedo de su mano izquierda y en su pierna derecha, mientras que la señora María Luz Celi Betancur permaneció tendida en el suelo y perdió el sentido hasta fallecer.
Meses después falleció el señor Ramiro de Jesús Arboleda, al parecer “por la congoja” que le generó la muerte de su esposa María Luz Celi Betancur.
Proceso de reparación directa
La señora Martha Lucelly Arboleda Betancur y otros 1 ejercieron demanda de reparación directa a fin de que se declarara patrimonialmente responsable a Empresas Públicas de Medellín EPM por los perjuicios causados con ocasión de la muerte de María Luz Celi Betancur de Arbolea y las lesiones padecidas por Martha Luceli Arboleda Betancur.
El Juzgado Veintinueve Administrativo Oral de Medellín , en sentencia del 29 de noviembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante, porque dentro de la ejecución de una función legal, como es la prestación del servicio de energía por parte de EPM, no se logró acreditar una falla que diera lugar a los hecho s, ni a la configuración de riesgo excepcional, pues aun cuando los hechos ocurrieron en el marco del desarrollo de una actividad peligrosa como es la conducción de energía, no se probó el nexo causal y menos aún se presentó un daño especial, por cuanto el daño alegado no se produjo como
cuando los hechos ocurrieron en el marco del desarrollo de una actividad peligrosa como es la conducción de energía, no se probó el nexo causal y menos aún se presentó un daño especial, por cuanto el daño alegado no se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas.
Consideró que el incidente de la caída del copo del árbol de eucalipto en el transformador que distribuía energía a la casa de los hoy demandantes y el accidente eléctrico ocurrieron el 20 de julio de 2014, pese a ello, no enc ontró un nexo causal entre los dos eventos que pudiera dar lugar a declarar la responsabilidad de EPM, ni
1 Jesús Humberto Lopera Calle, Mauricio Andrés Calle Arboleda, Sandra Milena Arboleda Betancur, Juan Carlos Arboleda Betancur en nombre propio y en representación de sus hijos JMAR y AFAR; Ramiro Humberto Arboleda Betancur, Luis Fernando Arboleda Betancur, Dora Elena Arango Hernández, Johan Esteban Lopera Arboleda, Guillermo Andrés Arboleda Betancur, Patricia Estella Arroyave Calle, Juan Guillermo Arboleda Arroyave, William Alonso Arboleda Betancur, John Fernando Arboleda Jaramillo, William Esteban Arboleda Jaramillo, María Tulia Arboleda Betancur, Gabriel Alonso Yepes Jaramillo, Yuliana Andrea Yepes Arboleda, Jonathan Yepes Arboleda y Johana Yepes Arboleda.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04546-01
Demandante: Juan Carlos Arboleda Betancur
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por falla en el servicio, ni por riesgo excepcional . Pues, no fue clara la fuente de energía que dio lugar a la misma, si esta obedeció a la prestada por EPM o a una descarga atmosférica, un corto o sobretensión en la red de la vivienda que no contaba con polo a tierra ni puesta a tierra en el medidor, o una ola eléctrica desplegada por la olla arrocera, es decir, no se probó, el origen del daño.
En igual sentido, no encontró acreditado que la muerte del señor Ramiro de Jesús Arboleda tuviera algún nexo causal con EPM, pues, su muerte ocurrió con ocasión a la enfermedad que padecía «tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada».
La parte demandante interpuso recurso de apelación, manifestó desacuerdo con la valoración realizada por el juez de primera instancia , en especial, en relación con la prueba pericial y testimonial, insistió en la carencia de elementos de seguridad en las instalaciones eléctricas conforme con la norma técnica RETIE y, en general, cuestionó cada una de las conclusiones probatorias del juez de instancia.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión , en sentencia del 7 de febrero de 2025, confirmó la decisión de primera instancia e impuso costas, porque no se allegó al proceso algún medio de prueba que respald ara la versión de
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión , en sentencia del 7 de febrero de 2025, confirmó la decisión de primera instancia e impuso costas, porque no se allegó al proceso algún medio de prueba que respald ara la versión de los demandantes, los testimonios mencionados, y el informe pericial citado (rendido por el ingeniero electricista Andrés Ricardo Galindo Muñoz ), resultaron insuficientes para determinar que el accidente encontró su origen en una falla en el servicio por parte de la entidad demandada en cuanto al funcionamiento de las redes eléctricas.
Por el contrario, del testimonio de Iván Darío Osorio Taborda, ingeniero eléctrico especialista en ingeniería ambiental, así como el informe técnico expedido por EPM del 23 de julio de 2014, permitieron establecer que el daño no se produjo por falta de mantenimiento o alguna falla en la red eléctrica responsabilidad de EPM, sino como consecuencia directa de las condiciones de la red eléctrica interna de la vivienda que incrementaron el riesgo para sus ocupantes de sufrir una descarga eléctrica, con base en lo cual dijo que era pertinente indicar que es responsabilidad de los usuarios cumplir con las condiciones técnicas en sus instalaciones internas para no afectar la seguridad.
En ese contexto, concluyó que no era posible afirmar que la muerte de la señora María Luz Celi Betancur de Arboleda y las lesiones sufridas por Martha Lucelly Arboleda Betancur encontraran origen en el ejercicio de la actividad peligrosa de conducción de energía; en cambio, exist ieron indicios que permitieron inferir que pudieron ser las condiciones de la red eléctrica interna de la vivienda, las que incrementaron el riesgo
Betancur encontraran origen en el ejercicio de la actividad peligrosa de conducción de energía; en cambio, exist ieron indicios que permitieron inferir que pudieron ser las condiciones de la red eléctrica interna de la vivienda, las que incrementaron el riesgo de sufrir una descarga eléctrica; no existie ron elementos que permitieran establecer una causa diferente.
La decisión contó con un salvamento de voto, con fundamento en que se debió revocar el fallo apelado y, en su lugar, conceder las pretensiones de la demanda, porque de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado 2, el régimen aplicable a la responsabilidad del Estado por los daños causados por la conducción de energía eléctrica es el de riesgo excepcional, en el cual, corresponde al Estado probar la
2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Consejero Ponente: William Barrera Muñoz. Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024). Radicación: 76001 -23-31-000-1999-01387-02 (64260).Radicado: 11001-03-15-000-2025-04546-01
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inexistencia de un nexo causal o la ocurrencia de una causa extraña para exonerarse de responsabilidad.
3. Argumentos de la acción de tutela
Como fundamento de la acción de tutela la parte actora afirma que las autoridades
inexistencia de un nexo causal o la ocurrencia de una causa extraña para exonerarse de responsabilidad.
3. Argumentos de la acción de tutela
Como fundamento de la acción de tutela la parte actora afirma que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en vulneración al derecho al debido proceso, por omitir la valoración de las pruebas válida y oportunamente recaudadas en el proceso, con fundamento en lo cual adujo la configuración de los defectos fáctico y por violación directa de la Constitución, con base en los siguientes argumentos.
Defecto fáctico: por indebida valoración probatoria, por considerar que fue parcial el análisis y valoración de las pruebas, en tanto desconoció la base técnica y científica en que se cimentó la responsabilidad y, por el contrario, dio prevalencia a las valoraciones y apreciaciones de algunos de los testigos con formación técnica . Al efecto, señaló que se desconoció el valor probatorio del dictamen pericial elaborado por el perito ingeniero electricista Andrés Ricardo Galindo Muñoz; los testimonios que fueron rendidos en el proceso y el reglamento técnico RETIE, con base en los argumentos que se pasan a resumir.
En relación con el dictamen elaborado por el perito ingeniero electricista Andrés Ricardo Galindo Muñoz alegó que se desconoció la prueba técnica, con fundamento en que la visita del perito al inmueble ocurrió dos años después del accidente, por lo que las condiciones de la red, así como las del propio inmueble, que había sido demolido y reconstruido durante dicho lapso; habían variado en comparación al estado en que se encontraban al momento de los hechos. Sin embargo, considera que:
que las condiciones de la red, así como las del propio inmueble, que había sido demolido y reconstruido durante dicho lapso; habían variado en comparación al estado en que se encontraban al momento de los hechos. Sin embargo, considera que:
(i) Se desechó el dictamen, sin consideración a que además del levantamiento de campo antes y después de los hechos, para el análisis desde la ingeniería forense sobre la causa de los hechos, el perito tuvo como fundamento del dictamen los testimonios de los testigos presenciales residentes del sector, los informes médico -forenses, la s normas y artículos científicos, con los que conceptuó sobre diferentes elementos técnicos, elementos que pueden ser verificados en la literatura y en la norma técnica.
(ii) Que, e l perito, en el dictamen descartado por la jurisdicción, frente a las descripciones de las condiciones del servicio, informó con base técnica en qu é consistían las manifestaciones físicas que le fueron descritas por los testigos para la elaboración del dictamen; al respecto señaló en el ítem «V. análisis y hallazgos»: «Los testigos de los hechos y residentes del sector quienes se surten del servicio de energía eléctrica del ramal monofásico, concuerdan que desde antes de la falla provocada por la caída de la rama el servicio ya contaba con deficiencias, las cuales consistían en una caída del voltaje de la red eléctrica por debajo del valor nominal en periodos de alta demanda».
(iii) Que, e n la sustentación del dictamen, el perito Galindo Muñoz aportó una información verificable en las leyes de la física, en la literatura científica y en otras fuentes técnicas, que fue dejada de lado; pues frente a la información
(iii) Que, e n la sustentación del dictamen, el perito Galindo Muñoz aportó una información verificable en las leyes de la física, en la literatura científica y en otras fuentes técnicas, que fue dejada de lado; pues frente a la información aportada por el operador de red – el demandado EPMen sentido que una red de media tensión y el usuario final no hay ninguna conexión.
Sostuvo que, lo informado por el perito y de los establecido en el RETIE, p odía establecerse que entre la red de distribución y la red domiciliaria del usuario final hay una conexión directa, «como el régimen de los neutros de la red de distribuciónRadicado: 11001-03-15-000-2025-04546-01
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y la red domiciliaria que están equipotencializados a través de las conexiones de puestas a tierra común a ambas redes y unidos en el poste del transformado».
En relación con la prueba testimonial, sostuvo que las autoridades judiciales demandadas omitieron valorar las siguientes declaraciones:
(i) El testimonio de la señora Patricia Restrepo Álvarez : vecina de los demandantes, testigo directo del hecho de la caída del árbol sobre las cuerdas de energía, que dio cuenta del impacto de esa caída en la red interna de su vivienda; del conocimiento del riesgo de caída del árbol sobre la línea de distribución por los funcionarios del demandado y consecuentemente de la previsibilidad del hecho y de la omisión de las demandadas en el cumplimiento de sus obligaciones.
vivienda; del conocimiento del riesgo de caída del árbol sobre la línea de distribución por los funcionarios del demandado y consecuentemente de la previsibilidad del hecho y de la omisión de las demandadas en el cumplimiento de sus obligaciones.
(ii) El testigo Jesús Faber Pérez Ramírez : propietario del terreno en el que se encontraba el árbol cuyos copos cayeron sobre la red de energía, quien informó sobre el riesgo que suponían la ubicación del árbol respecto de la línea de energía, indicó que comunicó a uno de los funcionarios de la empresa responsable de la red y que éste lo conminó a acudir a otras autoridad, precisó desde el minuto 48 y siguiente de su declaración que, contactó al ingeniero Iván Osorio a quien le comunicó el riesgo y que le entreg ó a él una carta, por recomendación del mismo funcionario para llevarla a Corantioquia, pues este ingeniero se había ofrecido llevar la carta en nombre del testigo. Así, este testimonio dio cuenta de la probable responsabilidad por omisión del ingeniero Iván Darío Osorio y pese a ello, esta circunstancia no fue considerada al momento de la valoración del testimonio del ingeniero Osorio.
(iii) El testigo Oscar Iván Gómez Vargas: vecino de la finca, puso en evidencia en el proceso la preexistencia del riesgo, el conocimiento previo de ese riesgo por los funcionarios de la demandada EPM y la incidencia de la caída de ese árbol sobre la red interna eléctrica de su domicilio, pues informó que el contador de la casa disparó los breackers, que se quemó la cerca eléctrica.
Alegó una valoración parcial de los siguientes medios probatorios:
sobre la red interna eléctrica de su domicilio, pues informó que el contador de la casa disparó los breackers, que se quemó la cerca eléctrica.
Alegó una valoración parcial de los siguientes medios probatorios:
(i) Indicó que únicamente se tuvo en cuenta lo que manifestó el personal de EPM «en el análisis de la sobrecorriente, pero omite cualquier alusión al sobre voltaje o sobre tensión que es el elemento apreciable para resolver los interrogantes en el caso de marras », lo que pudo llevar a confusiones técnicas y conclusiones como las contenidas en la sentencia demandada.
(ii) Cuestionó que la decisión se sustentó en el testimonio de Iván Darío Osorio Taborda, ingeniero eléctrico especialista en ingeniería ambiental, así como en el informe técnico expedido por EPM del 23 de julio de 2014, a partir de los cuales las autoridades judiciales demandadas establecieron que el daño se produjo como consecuencia directa de las condiciones de la red eléctrica interna de la vivienda que incrementaron el riesgo para sus ocupantes de sufrir una descarga eléctrica. No obstante, considera que en este planteamiento se desatendieron dos elementos relevantes al caso, consistentes en lo previsto en el literal b) de del artículo 2.1.13. y el artículo 10.64 del RETIE.
3 «b. El Operador de Red, el comercializador de energía o quien preste el servicio en la zona, no debe energizar la instalación ni suministrar el servicio de energía, si el propietario o tenedor de la instalación no demuestra la conformidad con el RETIE. I gual tratamiento se dará a instalaciones, que aun contando con la certificación en el momento de efectuar la visita técnica para s u
suministrar el servicio de energía, si el propietario o tenedor de la instalación no demuestra la conformidad con el RETIE. I gual tratamiento se dará a instalaciones, que aun contando con la certificación en el momento de efectuar la visita técnica para s u energización, se evidencien incumplimientos con el presente reglamento que pongan en alto riesgo o peligro inminente la salud o la vida de las personas o la seguridad de la misma instalación». 4 «(…) Las instalaciones que no cumplen las normas vigentes al momento de la construcción y presenten riesgos para la seguridad de las personas, la misma instalación, las edificaciones o infraestructura aledaña, deben actualizar la instalación bajoRadicado: 11001-03-15-000-2025-04546-01
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Con fundamento en las aludidas normas, adujo que, se infiere que si el operador de Red – EPM-, que prestaba el servicio de energía en el municipio de Yarumal, autorizó la conexión de la red domiciliaria de los demandantes, era porque esa red cumplía con los requisitos exigidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y demás regulación aplicable.
(iii) En la valoración de l testimonio del señor Iván Darío Osorio se desconoció la relación de subordinación que tenía con la empresa demandada, la conexión de ese testigo con la falla que dio origen al daño.
Finalmente, como material probatorio desconocido, alegó:
(i) El Concepto técnico elaborado por los funcionarios de EPM , Gustavo
ese testigo con la falla que dio origen al daño.
Finalmente, como material probatorio desconocido, alegó:
(i) El Concepto técnico elaborado por los funcionarios de EPM , Gustavo Ceballos y Juan Carlos Restrepo del 23 de julio de 2014, respecto a los hechos ocurridos el día 20 de julio de la misma anualidad, concluyeron que, se había presentado un evento por la caída de una rama de un árbol sobre línea de energía a 7620 v , la cual alimentaba el transformador que suministraba energía a la vivienda.
(ii) El informe pericial de necropsia médico legal número 20140010105887000036 y la historia clínica número 32557425, pues, afirmó que, estos elementos probatorios solo fueron considerados en el proceso para el análisis del daño, pero no para para en el análisis del fenómeno eléctrico presentado, ni menos aún para la imputación.
Señaló que, «el tipo de lesiones ocurridas con baja tensión, como la presente en la red domiciliaria, no se compadecen con las presentes en las víctimas del caso en concreto, las que derivan de incidentes de alta tensión, como las presentes en redes de distribución, así, la energía que puede causar lesiones como las presentes en las víctimas solo pueden provenir de la energía que se provee a la vivienda a través de la red de distribución, pues la red de la vivienda no genera energía y por sí misma no puede dar lugar a sobretensiones, por lo que una sobre tensión en la red interna domiciliaria deviene de la red que le provee la energía – de la red de distribución– y es por ello que la alegada falla
sobretensiones, por lo que una sobre tensión en la red interna domiciliaria deviene de la red que le provee la energía – de la red de distribución– y es por ello que la alegada falla de la red interna no tiene ni fundamento físico – científico y técniconi fáctico».
Defecto por violación directa de la constitución: con fundamento en la desatención a la norma aplicable al caso, esto es, Reglamento Técnico de Energía EléctricaRETIE.
Sobre este punto, d ijo que el dictamen pericial se fundamentó en el RETIE, norma esta que debió ser el sustento de la sentencia, pues justamente esta norma técnica colombiana tiene como objeto fundamental las medidas tendientes a garantizar la seguridad. Asimismo, esta norma fija los parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas, públicas o privadas, que se utilizan para la generación, transmisión, transformación, distribución o uso final de la energía eléctrica.
Consideró que no existió análisis al respecto y, sin consideración de aspecto técnico alguno sobre la distribución de energía, los jueces de instancia concluyeron que la falla fue en la red domiciliaria, sin que hubiese prueba ni claridad cuáles eran las condiciones inseguras de la red interna que sustentaran su falla o cuales deficiencias
los requisitos del RETIE. Si como parte de un programa de inspecciones, tal como se le realiza a los medidores, el operador de Red o el Comercializador de la energía detecta situaciones de peligro inminente, deben solicitarle al propietario o tenedor d e la instalación que realice las adecuaciones necesarias para eliminar o minimizar el riesgo. La fecha de entrada en vig encia del
Red o el Comercializador de la energía detecta situaciones de peligro inminente, deben solicitarle al propietario o tenedor d e la instalación que realice las adecuaciones necesarias para eliminar o minimizar el riesgo. La fecha de entrada en vig encia del reglamento no podrá considerarse excusa para no corregir las deficiencias que catalogan a la instalación como de alto riesgo o peligro inminente para la salud o la vida de las personas.».Radicado: 11001-03-15-000-2025-04546-01
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en la red domiciliaria puede posibilitar una sobretensión como la ocurrida en la red interna de los demandantes.
Que, física y técnicamente la red domiciliaria no genera energía y la responsabilidad para evitar sobretensiones recae sobre el operador de red y no sobre los usuarios finales, pues los sistemas de neutro y las conexiones de puesta a tierra, se exigen para que no dañen a los usuarios, pero los daños en estas conexiones no solo no garantizan la protección, sino que además exponen a los usuarios fallas por sobretensiones, lo que coincide con lo ocurrido en el caso en concreto.
4. Trámite procesal de la acción de tutela
El 24 de julio de 2025, el Consejo de Estado, Secció n Quinta admitió la acción de tutela; ordenó notificar a los magistrados que integran la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y comunicar de la existencia a al Juzgado
tutela; ordenó notificar a los magistrados que integran la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y comunicar de la existencia a al Juzgado Veintinueve Administrativo de Medellín, al gerente de las Empresas Públicas de Medellín – EPM (o quien haga sus veces), al representante legal de la sociedad Seguros Generales Suramericana S.A., y a los señores Martha Lucelly Arboleda Betancur, Jesús Humberto Lopera Calle, Mauricio Andrés Calle Arboleda, Sandra Milena Arboleda Betancur, Ramiro Humberto Arboleda Betancur, Luis Fernando Arboleda Betancur, Dora Elena Arango Hernández, Johan Esteban Lopera Arboleda, Guillermo Andrés Arboleda Betancur, Patricia Estella Arroyave Calle, Juan Guillermo Arboleda Arroyave, William Alonso Arboleda Betancur, John Fernando Arboleda Jaramillo, William Esteban Arboleda Jaramillo, María Tulia Arboleda Betancur, Gabriel Alonso Yepes Jaramillo, Yuliana Andrea Yepes Arboleda, Jonathan Yepes Arboleda y Johana Yepes Arboleda, como terceros con interés.
5. La respuesta del tutelado
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho 012 informó que, contrario a lo indicado por el accionante, realizó una valoración conjunta y completa de las pruebas aportadas de la s que concluyó que no se allegaron elementos suficientes que permitieran establecer que el daño sufrido tuviera como origen el ejercicio de una actividad peligrosa como la conducción de energía; por el contrario, se identificaron indicios que apuntaron a que el daño pudo haber sido causado por las condiciones de
permitieran establecer que el daño sufrido tuviera como origen el ejercicio de una actividad peligrosa como la conducción de energía; por el contrario, se identificaron indicios que apuntaron a que el daño pudo haber sido causado por las condiciones de la red eléctrica interna de la vivienda.
En ese sentido, alegó que la decisión de segunda instancia no vulneró de algún modo, los derechos fundamentales de las partes, ni se configuran los defectos señalados por el accionante.
6. Intervenciones de los terceros vinculados
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. allegó informe en el que indicó que la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional el hecho de que el accionante considere que hubo una indebida valoración probatoria en el trámite administrativo adelantado y ya discutido ante la jurisdicción, no puede ser un tema para reabrir los términos judiciales.
Alegó que e l asunto debatido en la acción de reparación directa constituye cosa juzgada y que no puede ser argumento de recibo que el actor no está de acuerdo conRadicado: 11001-03-15-000-2025-04546-01
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las decisiones en primera y segunda instancia y retrotraer actuaciones plenamente válidas y que gozan de presunción de legalidad.
Indicó que tampoco se cumple el requisito general de subsidiariedad, sin señalar el otro medio de defensa que tendría a su alcance y que no se demostró la existencia de
válidas y que gozan de presunción de legalidad.
Indicó que tampoco se cumple el requisito general de subsidiariedad, sin señalar el otro medio de defensa que tendría a su alcance y que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable.
Seguros Generales Suramericana S.A. se refirió a la motivación del Tribunal Administrativo de Antioquia para confirmar la decisión, así como a los presupuestos procesales y requisitos generales de procedencia de la acción.
En relación con el defecto fáctico, dijo que los demandantes tienen diferencias frente a la valoración en la apreciación de la prueba que hicieron tanto el juzgado como
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