CE - Sentencia 11001031500020250460801
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250460801
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04608-01
Demandante: Nancy Oliva Toro Quintero
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-04608-01
Demandante: Nancy Oliva Toro Quintero
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Tema: Tutela contra providencia judicial , medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho – sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Defecto fáctico
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial de Nancy Oliv a Toro Quintero contra la sentencia de tutela de 25 de septiembre de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que resolvió:
«PRMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora S.A.
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por la
señora Nancy Oliva Toro Quintero.».
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por la
señora Nancy Oliva Toro Quintero.».
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 25 de julio de 2025 , Nancy Oliv a Toro Quintero , mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia , a la tutela judicial efectiva y el principio pro homine . En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia del 14 de febrero de 2025, dictado dentro del proceso identificado con No. 05001 -33-33-0322023-00222 01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINI STRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO PRO HOMINE de la señora NANCY OLIVA TORO QUINTERO, al haber adoptado una decisión que se aparta de los principios de la sana crítica que rigen la valoración probatoria y del marco normativo vigente aplicable al caso concreto.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva decisión judicial que garantice (i) un análisis integral de los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de la situación fáctica de la accionante Nancy Olivia Toro Quintero y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo definido
los medios de convicción, con lo cual el fin de lograr el esclarecimiento de la situación fáctica de la accionante Nancy Olivia Toro Quintero y, (ii) aplicando en debida forma la normatividad que reglamenta las competencias en el procedimiento administrativo definido para la gestión de las solicitudes de reconocimiento y pago de las cesantías en favor de los docentes del Fomag.». (sic para toda la cita)Radicado: 11001-03-15-000-2025-04608-01
Demandante: Nancy Oliva Toro Quintero
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2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Las circunstancias que dieron lugar a la actuación administrativa
Nancy Oliva Toro Quintero presta sus servicios como docente en la planta de personal del departamento de Antioquia.
El 4 de octubre de 2019, la señora Toro Quintero solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales Dichas prestaciones fueron reconocidas mediante la Resolución 2019060337416 de 8 de noviembre de 2019 , y los recursos correspondientes fueron puestos a disposición de la entidad bancaria el 30 de enero de 2020.
Debido a la demora en el pago, el 1 de diciembre de 2021, la actora solicitó al Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) el reconocimiento y pago de la sanción por mora. A su juicio, el plazo legal con el que contaba la entidad para expedir el acto administrativo de reconocimiento
Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) el reconocimiento y pago de la sanción por mora. A su juicio, el plazo legal con el que contaba la entidad para expedir el acto administrativo de reconocimiento vencía el 19 de noviembre de 2019. Sin embargo, señaló que, pese a que dicho reconocimiento se realizó, los recursos correspondientes solo fueron puestos a disposición de la entidad bancaria hasta el 30 de enero de 2020. Esto implicó un pago extemporáneo, ya que los 70 días hábiles para efectuar el pago vencían el 20 de enero de 2020, lo que, a su parecer, generó una mora de 25 días.
El ente previsional guardó silencio, razón por la que la actora consideró que se configuró un acto ficto negativo.
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nancy Oliva Toro Quintero promovió un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), con el objeto de obtener la nulidad del acto administrativo ficto que se configuró el 1° de marzo de 2022, de la petición radicada el 1° de diciembre de 2021.
En consecuencia, solicitó condenar a las demandadas así:
«1. Condenar a la entidad ANTIOQUIA, al reconocimiento y pago de la SANCIÓN POR MORA establecida en la Ley 1071 de 2006 a favor de mi mandante, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los 15 días siguientes al
MORA establecida en la Ley 1071 de 2006 a favor de mi mandante, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los 15 días siguientes al momento en que se radicó la solicitud de cesantía de mi representado (a), de conformidad con el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.
2. Condenar a la NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FOMAG, al reconocimiento y pago de la SANCIÓN POR MORA establecida en la Ley 1071 de 2006 a favor de mi mandante, equivalente a un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los c uarenta y cinco (45) días hábiles siguientes, al momento en que quedó ejecutoriado el acto administrativo que reconoció las cesantías a mi mandante.
3. Que se ordene a la entidad ANTIOQUIA -NACIÓNMINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIOdar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tanto como lo dispone el artículo 192 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(C.P.A.C.A)».Radicado: 11001-03-15-000-2025-04608-01
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El Juzgado Treinta y dos Administrativo de Medellín, en sentencia del 26 de junio
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El Juzgado Treinta y dos Administrativo de Medellín, en sentencia del 26 de junio de 2024 , accedió a las pretensiones, declaró la nulidad del acto administrativo demandado y, en consecuencia, condenó al Ministerio de Educación Nacional – FOMAG a pagar a la demandante la sanción moratoria correspondiente al período comprendido entre el 21 y el 29 de enero de 2020 , correspondiente a 8 días, en los términos de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, liquidable con base en el salario devengado en el 2020.
Inconforme con la decisión, el FOMAG interpuso recurso de apelación , con el argumento que la responsabilidad de la mora recaía en el departamento de Antioquia, al ser el emisor del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías, conforme con lo previsto en la Ley 1955 de 2019, pues la Secretaría de Educación de Antioquia, emitió de forma extemporánea la resolución y, como consecuencia de ello se generó una dilación en el pago de la prestación económica.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 14 de febrero de 2025, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. En cuanto a la fecha de radicación de la solicitud adujo que debía tener en cuenta la descrita en el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías, esto es, el 17 de octubre de 2019, pues gozaba de presunción de legalidad.
Así concluyó que, no se configuró la mora alegada, porque los 15 días con los que
es, el 17 de octubre de 2019, pues gozaba de presunción de legalidad.
Así concluyó que, no se configuró la mora alegada, porque los 15 días con los que contaba el ente territorial para expedir el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías se cumplieron el 8 de noviembre de 2019, fecha en la que se expidió la Resolución 2019060337416, en la que se reconoció el pago de la prestación. Que, los 10 días siguientes, es decir, los de vencimiento de la ejecutoria, finalizaban el 25 de noviembre de 2019, teniendo en cuenta que no hubo renuncia a términos por la parte demandante. Por lo que los 45 días con los que contaba el F OMAG para efectuar el pago irían hasta el 30 de enero de 2020.
Que, teniendo en cuenta que el pago se efectuó el 30 de enero de 2020, no se configuró la sanción moratoria alegada, porque las entidades tenían plazo legal para pagar las cesantías hasta esa fecha.
3. Argumentos de la acción de tutela
La actora sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico porque considera que no se efectuó una valoración integral y adecuada de las pruebas aportadas al proceso. Al respecto, señaló que , en el caso concreto, «(…) la autoridad demandada minimiza el valor probatorio de la información incluida en el formato de reconocimiento y pago de las cesantías presentada por la parte demandante; concretamente, desestima la fecha de radicación consignada, 4 de octubre de 2019 , otorgando mayor credibilidad a lo señalado en el acto administrativo que resolvió dicha reclamación, donde se
desestima la fecha de radicación consignada, 4 de octubre de 2019 , otorgando mayor credibilidad a lo señalado en el acto administrativo que resolvió dicha reclamación, donde se indica que este hecho acaeció el 17 de octubre de 2019».
Aseguró que, en segunda instancia, la autoridad judicial omitió valorar el formato de radicación, que había sido aportado con la demanda, se reconoció como prueba válida y no fue tachada de falsa o fraudulenta por la contraparte, desestimando un elemento de juicio relevante p ara el esclarecimiento de los hechos, sin que mediara una motivación suficiente que justificara su exclusión del análisis del caso concreto.
Que, de haberse valorado la referida prueba, la autoridad judicial accionada hubiese podido advertir que se trataba de un formato genérico elaborado por el departamentoRadicado: 11001-03-15-000-2025-04608-01
Demandante: Nancy Oliva Toro Quintero
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de Antioquia y dirigido a la Oficina de Prestaciones Sociales del Magisterio – Dirección de Gestión y Apoyo Administrativo de la Secretaría de Educación, destinado a la tramitación de solicitudes relacionadas con prestaciones económicas del personal docente, el cual fue diligenciado por la señora Nancy Oliva Toro Quintero para solicitar el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales.
Aseguró que, en el expediente no existe prueba que demuestre que los documentos radicados por la actora carecían de algún requisito o documento esencial que
el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales.
Aseguró que, en el expediente no existe prueba que demuestre que los documentos radicados por la actora carecían de algún requisito o documento esencial que impidiera el inicio del cómputo del término de quince (15) días hábiles previsto en el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, ni tampoco existe evidencia que acredite que dicha reclamación fue radicada o completada e n la fecha consignada en el acto administrativo (17 de octubre de 2019), circunstancia que considera relevante para justificar que el término legal no comenzara a contarse desde el 4 de octubre de 2019.
Afirmó que, el ente territorial remitió a la Fidu previsora S.A. el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías hasta el 26 de noviembre de 2019, fecha a partir de la cual surge la obligación de pago para la fiduciaria, conforme con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 . Que, en esa medida, como la solicitud se radicó el 4 de octubre de 2019 y la remisión del expediente ocurrió el 26 de noviembre del mismo año, la actuación administrativa superó el término de los 15 días con que contaba la entidad para adelantar las gestiones respectivas, configurándose un retardo imputable al ente territorial.
4. Trámite procesal de la acción de tutela
El 1° de septiembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la accionante y a l Tribunal Administrativo de Antioquia como demandado. Además, vinculó al Juzgado Treinta y dos Administrativo
acción de tutela y ordenó notificar a la accionante y a l Tribunal Administrativo de Antioquia como demandado. Además, vinculó al Juzgado Treinta y dos Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, al Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, a la Fiduprevisora S.A., y al departamento de Antioquia, como terceros con interés.
5. La respuesta del demandado
El Tribunal Administrativo de Antioquia pidió que se declarara improcedente o se negaran las pretensiones de la acción de tutela, porque no cumple los requisitos generales de procedibilidad, concretamente el de inmediatez, pues aduce que la sentencia cuestionada se profirió el 14 de febrero de 2025 y el recurso de amparo se presentó cuando se había superado el término de seis meses.
Alegó que la decisión cuestionada, se sustentó en las normas que rigen el caso, las pruebas aportadas al proceso y la jurisprudencia que frente al tema se ha desarrollado. Que en la providencia se concluyó que, respecto a la controversia suscitada en torno a la fecha en la que la accionante habría formulado la solicitud de las cesantías, debe otorgarse prevalencia a la fecha consignada en el contenido del acto administrativo, mediante el cual se efectuó el reconocimiento de estas, teniendo en cuenta que dicha resolución no fue objeto de recurso, por lo tanto, quedó en firme, de donde se infiere que la actora estuvo de acuerdo con el contenido de este.
6. Intervenciones de los terceros vinculados
El Juzgado Treinta y dos Administrativo de Medellín remitió el link de acceso al
que la actora estuvo de acuerdo con el contenido de este.
6. Intervenciones de los terceros vinculados
El Juzgado Treinta y dos Administrativo de Medellín remitió el link de acceso al expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 05001333303220230022200, sin pronunciarse sobre los hechos que dieron origen a la acción de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04608-01
Demandante: Nancy Oliva Toro Quintero
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El Ministerio de Educación Nacional pidió que se le desvinculara del presente trámite de tutela, porque carece de legitimación en la causa por pasiva. Indicó que en el presente caso se está cuestionando una providencia judicial en la cual no tuvo injerencia.
Precisó que, que esa cartera ministerial no administra ni representa al FOMAG, ni tiene injerencia directa sobre el reconocimiento y pago de prestaciones sociales a cargo de este patrimonio autónomo. Por tanto, cualquier irregularidad o retraso en los pagos relacionados no le puede ser atribuida.
En todo caso, aseguró que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia constitucional, pues no se acreditó la vulneración de algún derecho fundamental de la actora y lo que evidencia es que, las pretensiones están orientadas a constituir una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las cesantías.
a constituir una instancia adicional del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las cesantías.
Además, precisó que en el presente caso la controversia es estrictamente económica, un litigio que involucra intereses privados, lo cual excede la competencia del juez de tutela, por carecer de absoluta relevancia constitucional.
La Fiduprevisora S.A. solicitó que se le desvincule del presente trámite de tutela, porque carece de legitimación en la causa por pasiva, para el efecto señaló que, como vocera y administradora del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio , no es el ente nominador y solo se encarga de administrar los recursos dispuestos por el plan nacional de desarrollo para las prestaciones sociales de los docentes adscritos al magisterio. Que, en esa medida, toda acción que ejecuta es respaldada por un ac to administrativo proveniente de las secretarias de educación a nivel nacional.
Señaló que no tiene la facultad para proferir, modificar o revocar providencias judiciales, por lo tanto, no tiene relación con los hechos invocados por la actora como transgresores de sus derechos fundamentales.
Refirió que, las decisiones judiciales proferidas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho están conformes con la s normas que rigen el caso y no desconoció algún precedente jurisprudencial , que, por lo tanto, no es posible afirmar que transgredió alguna de las garantías fundamentales de la accionante, pues se respetó el debido proceso y la actuación se adelantó en debida forma y en atención de los procedimientos legales.
7. Sentencia de primera instancia
afirmar que transgredió alguna de las garantías fundamentales de la accionante, pues se respetó el debido proceso y la actuación se adelantó en debida forma y en atención de los procedimientos legales.
7. Sentencia de primera instancia
El 25 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estad o profirió sentencia de tutela de primera instancia, en la cual negó la s solicitudes de desvinculación formuladas por el Ministerio de Educación y la Fiduprevisora S.A. y declaró improcedente el amparo solicitado, porque no cumpl e con el requisito de relevancia constitucional.
Señaló que, la parte actora pretende que se realice nuevamente el estudio ya zanjado ante el juez natural del asunto, con la única finalidad de obtener una decisión favorable a sus intereses.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04608-01
Demandante: Nancy Oliva Toro Quintero
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Precisó que la autoridad judicial accionada, tomó como fecha de presentación de la solicitud el 17 de octubre de 2019, por ser la prevista en la resolución de reconocimiento de la prestación, la cual se encuentra en firme y no fue controvertida dentro del medio de control.
Aunado a ello, indicó que el tribunal hizo el conteo de los términos delimitados en la Ley 1071 de 2006, a partir del 17 de octubre de 2019, frente a lo cual señaló que para que se configurara la sanción moratoria debían totalizarse 70 días hábiles contados
Ley 1071 de 2006, a partir del 17 de octubre de 2019, frente a lo cual señaló que para que se configurara la sanción moratoria debían totalizarse 70 días hábiles contados desde el momento en que se radicaba la solicitud, para lo cual la administración contaba con 15 días posteriores a ello para expedir el acto de reconocimiento, 10 días adicionales de término de ejecutoria y 45 siguientes para que el FOMAG cancelara debidamente el pago.
Que, en el caso concreto, la autoridad judicial accionada concluyó que «(…) los 15 días con los que contaba el ente territorial para expedir el acto administrativo de reconocimiento se cumplían el mismo día en que se expidió el acto. Los 10 días siguientes, es decir, los de vencimiento de la ejecutoria, finalizaban el 25 de noviembre de 2019, teniendo en cuenta que no hubo renuncia a términos por la parte demandante. Por lo que los 45 días con los que contaba el Fomag para efectuar el pago irían hasta el 30 de enero de 2020». Que al evidenciar que el pago de las cesantías se había hecho el 30 de enero de 2020 , el tribunal no encontró razón alguna para considerar la configuración de la sanción moratoria solicitada.
8. Impugnación
La señora Nancy Oliv a Toro Quintero impugnó el fallo de primera instancia, porque considera que se satisface el requisito de relevancia constitucional, por las siguientes razones:
Insistió en que la sentencia cuestionada incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues aseguró que la autoridad judicial no tuvo en cuenta la constancia de radicación de la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías
Insistió en que la sentencia cuestionada incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues aseguró que la autoridad judicial no tuvo en cuenta la constancia de radicación de la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías parciales, de 4 de octubre 2019.
Que, en casos similares la Sección Cuarta del Consejo de Estado 1, ha revocado los fallos de primera instancia que declaran improcedente la acción de tutela y entiende superado el requisito de relevancia constitucional. Adicionalmente, indicó que la misma Sección , en providencia del 6 de marzo de 2025 2, reafirmó la tesis de procedencia de la acción de tutela y evidenció la configuración del defecto fáctico, por omisión en la valoración del formato de radicación aportado por el demandante dentro del proceso ordinario, la cual fue considerada prueba directa, idónea y auténtica para acreditar la fecha de presentación de la reclamación de las cesantías, máxime cuando su contenido no fue tachado de falso ni desvirtuado por el extremo pasivo.
Por otro lado, reiteró que estaba demostrada la configuración de defecto fáctico, pues, el tribunal demandado desconoció una prueba válida que acreditaba la fecha real de radicación de la solicitud de cesantías y privilegió, sin fundamento válido, la fecha consignada en el acto administrativo, máxime si se tenía en cuenta que la fecha de radicación consignada en el acto administrativo no puede prevalecer sobre una prueba directa y auténtica, especialmente cuando no fue objetada por la contraparte.
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: Milton Chaves García,
directa y auténtica, especialmente cuando no fue objetada por la contraparte.
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero Ponente: Milton Chaves García, sentencia del 6 de febrero de 2025, Rad.nro. 11001 -03-15-000-2024-06039-01, demandante: Diego Armando Serje Cabana contra el Tribunal Administrativo del Magdalena 2 Radicado nro. 11001-03-15-000-2024-05927-01.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04608-01
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 3 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 4 y específicas 5 de procedencia de la acción de tutela.
Problema jurídico
En síntesis, la accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en defecto fáctico al omitir la valoración de una constancia de radicación de la solicitud de pago parcial de las cesantías, en la cual consta que fue radicada el 4 de octubre de 2019. Además, resaltó que el tribunal demandado no expuso argumentos para desconocer la falta de idoneidad de dicha prueba y simplemente descartó su análisis, a pesar de que esta no fue tachada de falsa o fraudulenta por los sujetos procesales.
para desconocer la falta de idoneidad de dicha prueba y simplemente descartó su análisis, a pesar de que esta no fue tachada de falsa o fraudulenta por los sujetos procesales.
3 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 4 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 5 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04608-01
Demandante: Nancy Oliva Toro Quintero
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Señaló que la autoridad judicial demandada no adoptó un enfoque pro homine, que exige favorecer la interpretación más garantista de los derechos fundamentales, pues la prueba aportada por el demandante, consistente en el documento con fecha de radicación del 4 de octubre de 2019, no fue considerada adecuadamente, a pesar de no haber sido tachada de falsa.
De conformidad con el escrito de impugnación, corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela interpuesta por la parte actora cumple con los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencia judicial. De ser afirmativa la respuesta, se estudiará si el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los derechos
acción de tutela interpuesta por la parte actora cumple con los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencia judicial. De ser afirmativa la respuesta, se estudiará si el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante al incurrir en defecto fáctico.
La Sala anticipa que accederá a las pretensiones de la acción de tutela, al encontrar configurado el defecto fáctico por indebida valoración probatoria de la constancia de radicación de la solicitud de reconocimiento de las cesantías.
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso
(i) Requisito general de relevancia constitucional: La Sala anota que la acción de tutela cumple con el referido requisito general porque la parte actora invoca la protección de los dere
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