CE - Sentencia 11001031500020250469501

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250469501
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: Luz María Restrepo Mejía Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-04695-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-04695-01

Demandantes: LUZ MARÍA RESTREPO MEJÍA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN B

Tema: Tutela contra providencia judicial. Revoca sentencia de primera instancia, en su lugar, declarar improcedente por falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del 25 de septiembre de 2025 , en virtud de la cual, el Consejo de Estado, Sección Cuarta negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Luz María Restrepo Mejía , actuando a través de apoderado judicial 1, promovió acción de tutela 2 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Luz María Restrepo Mejía , actuando a través de apoderado judicial 1, promovió acción de tutela 2 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

En criterio de la parte actora, la vulneración de su s garantías constitucionales se materializó con la providencia del 8 de mayo de 2025 mediante la cual se confirmó el proveído de primera instancia dictado el 30 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión e n el que se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad) con radicado 05001-23-33-000-2021-02197-00/02.

1 Poder conferido al abogado Carlos Esteban Gómez Duque a través de mensaje de datos. 2 La tutela se radicó el 29 de julio de 2025 a través del aplicativo de «tutela en línea».Demandante: Luz María Restrepo Mejía Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-04695-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

www.consejodeestado.gov.co

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…] Que se deje sin efecto la sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida por la SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO, en cuanto se abstuvo de aplicar la excepción de caducidad prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

Que se ordene a la SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO que dicte nueva providencia en la que aplique la caducidad al tenor del artículo 86 de la Ley 2381, en consonancia con el reiterado precedente jurisprudencial del H. Consejo de Estado3.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La Universidad de Antioquia demandó en nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad) la Resolución 169 del 19 de abril de 20064 en la que se subrogó del pago de la diferencia en la mesada pensional reconocida a la señora Luz María Restrepo Mejía5 para que le fueran incluidas las primas de navidad, vacaciones y semestral que no fueron otorgadas en las Resoluciones 018126 del 27 de septiembre de 2005 y 24775 del 14 de diciembre de 20056 por las que el ISS le reconoció la pensión de jubilación a la docente.

3 Transcripción original del texto con posibles errores.

y 24775 del 14 de diciembre de 20056 por las que el ISS le reconoció la pensión de jubilación a la docente.

3 Transcripción original del texto con posibles errores. 4 En este acto administrativo ordenó: «Pagar temporalmente el valor que resulta de la aplicación del Ingreso Base de Liquidación que consagra el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y no reconoce el Seguro Social, a la señora LUZ MARIA RESTR EPO MEJÍA identificada con cédula de ciudadanía 32.422.198, a partir del 19 de DICIEMBRE de 2006, por valor SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($699.714), y a partir del 01 de enero de 2006 un valor de SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($733.650) mensuales, hasta que el Seguro Social lo reconozca bien motu proprio o por orden judicial, suma que se incrementara anualmente según lo establecido en los artículos 21 y 36 de la Ley 100». 5 Mediante la Resolución rectoral 12094 del 4 de mayo de 1999 la Universidad de Antioquia resolvió: «Subrogarse en la parte de la obligación que tiene y no reconoce el Instituto de Seguros Sociales con los servidores de la Universidad, en régimen de transición, y que al momento de en trar en vigencia el Sistema les faltaba menos de diez años para adquirir su derecho, de liquidarles sus pensiones según el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que el Instituto de Seguros Sociales , bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la misma».

pensiones según el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello, conforme al inciso tercero del artículo 36 de dicha Ley, hasta que el Instituto de Seguros Sociales , bien motu proprio, o por orden judicial, asuma la misma». La anterior fue reglamentada en la Resolución 16628 de 1999 en la que dispuso como destinatarios del beneficio a los empleados públicos docentes y no docentes de la Universidad, beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. A renglón seguido, mediante la Resolución 35823 del 17 de octubre del 2012 se derogó la Resolución rectoral 12094 de 1999. 6 A través de estos actos administrativos el ISS reconoció la pensión de jubilación sin incluir en las primas de vacaciones, navidad y semestral.Demandante: Luz María Restrepo Mejía Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-04695-01

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A título de restablecimiento del derecho solicitó la restitución de las sumas de dinero pagadas a la señora Restrepo Mejía cuyo monto ascendía a $224.300.467.60.

El proceso se asignó a l Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión con el radicado No. 05001-23-33-000-2021-02197-00, que mediante sentencia del 30 de enero de 20237 declaró la nulidad del acto demandado, condenó

Decisión con el radicado No. 05001-23-33-000-2021-02197-00, que mediante sentencia del 30 de enero de 20237 declaró la nulidad del acto demandado, condenó en costas a la señora Restrepo Mejía y negó las demás pretensiones.

Como fundamento señaló que la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos le compete exclusivamente al Gobierno Nacional, por lo que la Universidad carecía de facultades para expedir la resolución demandada en la que se reconoció un pago pensional más allá de los previsto en las disposiciones legales, de lo que derivaba su ilegalidad. Por otro lado, consideró que n o era procedente el reintegro de los dineros recibidos de buena fe por la pensionada, como consecuencia de que el ente universitario se subrogó motu propio de la referida obligación, sin mediar mala fe de la demandada.

La decisión del a quo se recurrió por las partes y en segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en la providencia del 8 de mayo de 2025, previo a resolver el fondo del asunto, decidió, de oficio, estudiar la caducidad del medio de control.

Lo anterior dada la expedición de la Ley 2381 de 2024 en cuyo artículo 86 8 se introdujo un plazo de 5 años para incoar la acción de lesividad ; no obstante, consideró que debía inaplicarse la expresión «y que estén en curso» porque era incompatible con la Constitución Política y los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, dado que, a los procesos que se iniciaron con sustento en el

consideró que debía inaplicarse la expresión «y que estén en curso» porque era incompatible con la Constitución Política y los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, dado que, a los procesos que se iniciaron con sustento en el inciso 1°, literal c) del artículo 164 del CPACA 9 debía aplicárseles esta normativa que no establecía un límite temporal para demandar los actos que decid en sobre una prestación pensional . E n resumidas cuentas , porque deben respetarse las

7 Providencia suscrita por los magistrados Vannesa Alejandra Pérez Rosales y Juliana Nanclares Marquez. 8 «Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones ot orgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley. Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá́ un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley». 9 «Artículo 164. Oportunidad Para Presentar La Demanda. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:

[…]

tendrá́ un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley». 9 «Artículo 164. Oportunidad Para Presentar La Demanda. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando: […] c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena f e».Demandante: Luz María Restrepo Mejía Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-04695-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

reglas de sustanciación y ritualidades propias de los juicios , como lo dispone el artículo 4010 de la Ley 153 de 1887.

Además, revocó el ordinal que imponía la condena en costas a la señora Restrepo Mejía y confirmó en lo demás el fallo de primera instancia, tras considerar que, si bien la resolución 169 del 19 de abril de 2006 era ilegal, el pago de las sumas que la Universidad pretendía recobrar tuvo sustento en un acto particular sin mediar una conducta fraudulenta o deliberada de la demanda, tal como lo concluyó el tribunal.

El proveído que resolvió el recurso de alzada se notificó a las partes por correo electrónico el 22 de julio de 202511.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte accionante señaló que las providencias cuestionada s incurren en los

electrónico el 22 de julio de 202511.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte accionante señaló que las providencias cuestionada s incurren en los siguientes defectos:

(i) Desconocimiento del precedente: explicó que cuando el ad quem estudió la caducidad d e la acción de lesividad ejercida por el ente universitario concluyó erradamente que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 no se aplica a los juicios iniciados con anterioridad a su promulgación, pues la jurisprudencia del Consejo de Estado decidió que sí había lugar a dar aplicabilidad a esta disposición normativa.

Al respecto trajo a colación sentencias de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado 12, en las que, a su juicio, aplicó la

10 «Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de p ruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recurs os, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. La competencia para tramitar el proceso se regir á́ por la legislación vigen te en el momento de

empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. La competencia para tramitar el proceso se regir á́ por la legislación vigen te en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad» . 11 Índice 016 de Samai del proceso 76001333301620140056101. 12 Sentencia del 2 de octubre de 2024, radicado: 68001233300020150149201 (4718 -2019). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Sentencia del 2 de octubre de 2024, radicado: 25000234200020180020502 (2524 -2022), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Sentencia del 7 de noviembre de 2024 radicado: 250002337000201602057 -01 (5366-2022). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; Sentencia del 20 de noviembre de 2024, radicado: 76001233100020100118002 (1074 – 2023), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; Sentencia del 11 de diciembre de 2024, radicado: 66001233300020200042101 (1197– 2024). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Sentencia del 11 de diciembre de 2024, radicado: 25000234200020190108202 (3340 – 2024). C.P Jorge Iván Duque Gutiérrez; Sentencia del 30 de enero de 2025, radicado: 15001233300020180027301 (2816 -2019). C.P Luis Eduardo Mesa Nieve s; Sentencia del 30 de enero de 2025, radicado:

Gutiérrez; Sentencia del 30 de enero de 2025, radicado: 15001233300020180027301 (2816 -2019). C.P Luis Eduardo Mesa Nieve s; Sentencia del 30 de enero de 2025, radicado: 76001233300020140066801 (1154 -2020). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; Sentencia del 20 de febrero de 2025, radicado: 25000234200020160414402 (2337 -2021). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Sentencia del 20 de marzo de 2025, radicado: 66001233300020200050701 (6103-2024), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Sentencia del 20 de marzo de 2025, radicado: 76001233300620180059503 (6623 -2024). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Sentencia del 20 deDemandante: Luz María Restrepo Mejía Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-04695-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

caducidad consagrada en el artículo 86 de la referida ley, en procesos en los que se demandó un acto administrativo que reconoce un derecho pensional.

Consideró que, al inaplicar la regla de caducidad se desconoce que los actos administrativos demandados reconocieron a la actora un derecho pensional con sustento en el fenómeno jurídico de la subrogación hace más de 5 años.

Consideró que, al inaplicar la regla de caducidad se desconoce que los actos administrativos demandados reconocieron a la actora un derecho pensional con sustento en el fenómeno jurídico de la subrogación hace más de 5 años.

(ii) Sustantivo: explicó que este se configura porque la autoridad judicial accionada se abstuvo de aplicar el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 norma vigente y directamente aplicable al caso concreto. Además, resulta más favorable a l ciudadano que disfruta del reconocimiento pensional y evita postergar la incertidumbre del inicio de una acción judicial tardía por parte de la propia administración frente a una situación debidamente consolidada para el pensionado.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 31 de julio de 202513, la magistrada ponente de Consejo de Estado, Sección Cuarta , admitió la solicitud de amparo, ordenó la notificación a la parte accionante14, y como accionado s, al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B15.

Asimismo, ordenó vincular en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso a la Universidad de Antioquia16 [extremo activo], a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado 17 y a l Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión [a quo]18.

marzo de 2025, radicado: 2300 1233300020150024801 (2402 -2023). C.P. Jorge Iván Duque

Gutiérrez; Sentencia del 27 de marzo de 2025, radicado: 52001233300020210013402 (7367 -2023). C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; Sentencia del 27 de marzo de 2025, radicado: 66001233300020200043701 (0106-2024). C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; Sentencia de tutela del 12 de junio de 2025, radicado: 1001031500020250116301. C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves. 13 Índice 004 de Samai de primera instancia. 14 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: cgomezd@hotmail.com y luzmariarestrepo@gmail.com. 15 Índice 0 07 de Samai. La notificación fue realizada a: notifjbedoya@consejodeestado.gov.co; tutelasportocarrero@consejodeestado.gov.co; javilas@consejodeestado.gov.co; sjaimesv@consejodeestado.gov.co; ihernandezb@consejodeestado.gov.co; dcogolloj@consejodeestado.gov.co; nperezp@consejodeestado.gov.co y ces2secr@consejodeestado.gov.co. 16 Índice 007 de Samai. La notificación fue realizada a: notifica.judiciales@udea.edu.co y atencionciudadano@udea.edu.co. 17 Índice 007 de Samai: La notificación fue realizada a : notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co y agencia@defensajuridica.gov.co 18 Índice 007 de Samai: La notificación fue realizada a: sgtadminanq@notificacionesrj.gov.co

notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co y agencia@defensajuridica.gov.co 18 Índice 007 de Samai: La notificación fue realizada a: sgtadminanq@notificacionesrj.gov.co recepcionmstadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co y sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co.Demandante: Luz María Restrepo Mejía Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-04695-01

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1.6. Intervenciones

1.6.1. Universidad de Antioquia19

La apoderada general del ente universitario solicitó que se declare improcedente el amparo por carecer de relevancia constitucional porque el planteamiento de la tutelante es una discusión meramente legal y económica, aunado a que no existe la vulneración de las garantías invocadas.

Indicó que, frente al supuesto desconocimiento del precedente, más allá de citar varias providencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, no se indica cuál es el precedente desatendido ni la ratio decidendi desconocida. Además, no son asuntos en lo que haya estado involucrada la Universidad de Antioquia, por lo que se descarta que se trate de casos análogos.

Agregó que la actora no explicó por qué las sentencias que dicta la Subsección A del Consejo de Estado deberían ser precedente para la Subsección B de la misma

lo que se descarta que se trate de casos análogos.

Agregó que la actora no explicó por qué las sentencias que dicta la Subsección A del Consejo de Estado deberían ser precedente para la Subsección B de la misma Corporación respecto de la aplicabilidad de la normativa que reguló la caducidad de la acción de lesividad a casos anteriores a su promulgación.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Antioquia20

La magistrada ponente de la decisión dictada en primera instancia dentro del proceso ordinario explicó que accedió a las pretensiones de nulidad de la Resolución 169 de 2006 porque al proferirse este acto administrativo se desconoció la competencia exclusiva que tiene e l Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.

Señaló que la providencia fue anterior a la expedición de la Ley 2381 de 2024 y que se fundamentó en las normas y jurisprudencia aplicables al caso.

A renglón seguido, pidió que se declare improcedente la acción de tutela porque carece de relevancia constitucional , dado que, por un lado, no existe unificación respecto de la aplicación del artículo 86 de norma referida, frente a los asuntos previos a su promul gación, máxime porque esta disposición se encuentra suspendida por orden de la Corte Constitucional en el auto 841 de 2025.

Por otro lado, consideró que el ad quem sustentó debidamente que, en aras de respetar los principios de legalidad y vigencia normativa la referida normativa no podía reglar asuntos iniciados con base en la Ley 1437 de 2011.

19 Índice 009 y 010 de Samai.

respetar los principios de legalidad y vigencia normativa la referida normativa no podía reglar asuntos iniciados con base en la Ley 1437 de 2011.

19 Índice 009 y 010 de Samai. 20 Índice 012 y 013 de Samai.Demandante: Luz María Restrepo Mejía Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-04695-01

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1.6.3. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B21

La consejera ponente de la decisión enjuiciada solicitó que se declare improcedente la tutela, o en su defecto, se niegue el amparo.

Refirió que lo que la actora pretende es que se aplique el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 , pues en su sentir, ello impediría que se declare la nulidad del acto demandado, no obstante, los defectos que alega no tienen sustento por cuanto la providencia acusada inaplicó la referida disposición normativa por ser contraria a los artículo s 29 y 229 Constitucionales , cuya postura es consonante con varios pronunciamientos de dicha Subsección, la que considera que no puede aplicarse el artículo 86 ibidem a los procesos adelantados antes de su entrada en vigor.

Sin embargo, aclaró que, pese a que la Subsección A tiene una postura diferente al respecto, no está en la obligación de acoger su tesis, dado que la diferencia

artículo 86 ibidem a los procesos adelantados antes de su entrada en vigor.

Sin embargo, aclaró que, pese a que la Subsección A tiene una postura diferente al respecto, no está en la obligación de acoger su tesis, dado que la diferencia interpretativa se da entre autoridades del mismo orden, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial.

Además, indicó que la tutela no es el mecanismo para definir los criterios a prevalecer, pues para ello la actora puede hacer uso del recurso extraordinario de unificación contenido en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011.

1.7. Sentencia de primera instancia22

El Consejo de Estado, Sección Cuarta dictó sentencia el 25 de septiembre de 2025 en la que negó el amparo por no advertir la vulneración de las garantías invocadas por la accionante.

Consideró que el tema objeto de debate, esto es, si se aplica o no el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 que introdujo el fenómeno de la caducidad a las acciones de lesividad a las demandas iniciadas y tramitadas con la Ley 1437 de 2011 no tiene una postura unificada, sino que, por el contrario, existen diferencias de criterios entre las subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación, por tanto, como se trata de funcionarios de igual categoría no se les puede exigir que acojan una misma postura sin que haya una sentencia de unificación sobre el tema, por lo que concluyó que no se configura el yerro del desconocimiento del precedente.

Por otro lado, respecto del defecto sustantivo, que se basa en el supuesto vicio en que incurrió al ad quem por no aplicar el artículo 86 de la referida norma, consideró

concluyó que no se configura el yerro del desconocimiento del precedente.

Por otro lado, respecto del defecto sustantivo, que se basa en el supuesto vicio en que incurrió al ad quem por no aplicar el artículo 86 de la referida norma, consideró que, en el proveído cuestionado se explicó debidamente que al haberse radicado la demanda ordinaria antes de la promulgación de dicha normativa, esta se decidiría con los ritos del artículo 164 del CPACA , dado que el cambio normativo en una

21 Índice 014 de Samai. 22 Índice 018 de Samai.Demandante: Luz María Restrepo Mejía Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-04695-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

figura como la de la caducidad, que guarda íntima relación con las formas propias de cada juicio, así lo exige, tal como lo indica el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

La sentencia de primera in stancia se notificó a las partes e intervinientes el 3 de octubre de 202523 mediante correo electrónico.

1.8. Impugnación24

El apoderado de los accionantes remitió memorial de impugnación en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y , en su lugar , se amparen las garantías invocadas.

Argumentó que el a quo constitucional pasó por alto que el Consejo de Estado, Sección Segunda ha dado aplicación continua a la caducidad regulada en el artículo

garantías invocadas.

Argumentó que el a quo constitucional pasó por alto que el Consejo de Estado, Sección Segunda ha dado aplicación continua a la caducidad regulada en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 , por lo que no puede escudarse en la supuesta independencia y autonomía judicial para desatender el precedente horizontal frente a este asunto.

A renglón seguido iteró las providencias que al respecto ha dictado la Subsección A de la Sección Segunda, que fueron citadas en el escrito de amparo.

Insistió en la existencia de un precedente sobre la aplicabilidad de la caducidad del artículo 86 ibidem que no fue identificado por la autoridad judicial accionada pese a la abundante línea que hay, aunado a que consideró que no j ustificó debidamente las razones por la cuales decidía apartarse del mismo.

Explicó que, pese a que existe diferencia de posturas entre subsecciones de la misma corporación, todos los funcionarios tienen el deber de motiva r las providencias que emiten, máxime si pretenden apartarse de una línea jurisprudencial.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver la impugnación formulada por la parte accionante, conforme con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

23 Índice 021 de Samai.

Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

23 Índice 021 de Samai. 24 Índice 023 a 025 de Samai. La sentencia se notificó el 3 de octubre de 2025 a través de correo electrónico y el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el día 6 del mismo mes y año, por lo que fue oportuna su interposición. El recurso se concedió en auto del 22 de octubre de 2025.Demandante: Luz María Restrepo Mejía Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2025-04695-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del 25 de septiembre de 2025 dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, a efectos de lo anterior, se deben resolver los siguientes problemas jurídicos:

  • ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

  • ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B vulneró las garantías invocadas por la parte accionante al proferir la sentencia del 8 de mayo de 2025 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad) con radicado 05001-23-33-000-2021-02197-02?

mayo de 2025 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad) con radicado 05001-23-33-000-2021-02197-02?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad y, (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 25 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena había n adoptado posturas diversas sobre el tema 26 y declaró su procedencia.27

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) su bsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y

sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumen

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