CE - Sentencia 11001031500020250469801
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250469801
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04698-01
Demandante: Laura Helena Vargas Meza
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 6 de noviembre de 2025
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-04698-01
Demandante: LAURA HELENA VARGAS MEZA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO
Tema: Contra providencia dictada en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Improcedencia de la acción de tutela. Requisito general de relevancia constitucional. Reiteración de argumentos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnaci ón interpuesta por la señora Laura Helena Vargas Meza contra la sentencia del 4 de septiembre de 2025, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Primera, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por falta del requisito general de relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 29 de julio de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la señora
esta sentencia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 29 de julio de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la señora Laura Helena Vargas Meza pidió la protección de su derecho fundamental al debido proceso.
A juicio de la demandante, la vulneración de sus garantías superiores se presenta con ocasión de las providencias del 22 de noviembre de 2024 y 26 de febrero de 2025, dictadas por el Juzgado Primero Administrativo de Duitama y el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Primera de Decisión, respectivamente, que rechazaron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15238-33-33-001-2024-00166-00 por haber operado el fenómeno de la caducidad.
2. Pretensiones
La tutelante formuló de manera textual las siguientes pretensiones:
1. dejar sin efectos las providencias veintidós (22) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) y veintiséis (26) de febrero de dos mil veinticinco (2025), proferidas por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA y el TRIBUNAL ADMINI STRATIVO DE BOYACÁ SALA DE DECISIÓN 1 respectivamente;
2. Declarar la nulidad del acto administrativo Resolución 050 de 30 de enero de 2024.
1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2025-01393-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04698-01
Demandante: Laura Helena Vargas Meza
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3. Ordenar que se me nombre en encargo de la Inspección de policía urbana de Paipa (1) hasta que el titular se restablezca al cargo y pago de la diferencia salarial y prestaciones sociales dejadas de percibir, así como los ajustes correspondientes por disminución del poder adquisitivo del valor reconocido,
4. ordenar a los despachos accionados proferir un nuevo fallo teniendo en cuenta el precedente del Consejo de Estado y Corte Constitucional sobre la obligatoriedad de la publicidad de los actos administrativos y contabilidad del término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo anterior, en razón a que los despachos judiciales accionados incurrieron en desconocimiento del precedente.
3. Hechos
Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente , la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
La señora Laura Helena Vargas Meza superó un concurso de méritos convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil – Territorial 6 para el cargo de Inspectora de Policía Rural de Pantano de Vargas. En ese empleo se posesionó el 19 de abril de 2022.
El 2 de enero de 2024 , la accionante presentó su hoja de vida para ocupar el cargo de inspectora de Policía Urbana de Paipa por derecho preferente.
La señora Vargas Meza presentó varios derechos de petición entre el 15 y el 22 de enero de 2024, en el que solicitó información sobre el proceso de provisión y el estado del concurso.
inspectora de Policía Urbana de Paipa por derecho preferente.
La señora Vargas Meza presentó varios derechos de petición entre el 15 y el 22 de enero de 2024, en el que solicitó información sobre el proceso de provisión y el estado del concurso.
Por Resolución 050 de enero de 2024 , el alcalde de l municipio de Paipa nombró en encargo por vacancia temporal del empleo a la señora María Gabriela Avellaneda Espinosa en el cargo de inspector de policía urbana 1 del municipio de Paipa por 3 años.
Mediante Resolución 053 de enero de 2024, la Alcaldía de Paipa nombró en encargo, por vacancia definitiva , a la señora Vargas Meza como inspector de policía urbana 2 del municipio, por un periodo de 3 meses.
El 7 de febrero de 2024, la peticionaria radicó derecho de petición ante la administración municipal, en el que solicitó información sobre el concurso de mérito s para proveer los cargos de Inspector de Policía Urbano I y II de Paipa, y pregunt ó si ya se había posesionado algún funcionario. Manifestó su inconformidad por la falta de respuesta de la administración municipal y por las dilaciones injustificadas en el proceso, pese a cumplir con todos los requisitos establecidos para ocupar el cargo.
Mediante Resolución 149 del 5 de abril de 2024, la Alcaldía de Paipa dio por terminado el nombramiento en la Inspección de Policía Urbana 2 y nombró a una nueva funcionaria en periodo de prueba. La decisión fue notificada por oficio 145 del 30 de abril de 2024, en el que se le indicó a la señora Vargas Meza que debía entregar el cargo a más tardar
en periodo de prueba. La decisión fue notificada por oficio 145 del 30 de abril de 2024, en el que se le indicó a la señora Vargas Meza que debía entregar el cargo a más tardar el 2 de mayo de 2024.
El 20 de mayo de 2024, la señor a Vargas Meza solicitó a la Alcaldía de Paipa la revocatoria del nombramiento de la nueva funcionaria . Sobre esa solicitud la Administración municipal no se pronunció.
El 7 de julio de 2024, la administración municipal dio respuesta al derecho de petición presentado el 7 de febrero de ese mismo año, en el que le informó que los cargos habían sido proveídos mediante las Resoluciones 050 y 053 del 30 de enero de 2024.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04698-01
Demandante: Laura Helena Vargas Meza
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 La señora Laura Helena Vargas Meza presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Alcaldía de Paipa con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos que dieron apertura al concurso de méritos para proveer los cargos de Inspección de Policía Urbana I y II, el acto administrativo contentivo de los resultados del concurso de méritos, la s Resoluciones 050 y 053 del 30 de enero de 2024, con los que la Alcaldía de Paipa nombró a la señora María Gabriela Avellaneda Espinosa en el cargo de inspector de policía urbana I y a ella en el cargo del inspector de policía urbana
que la Alcaldía de Paipa nombró a la señora María Gabriela Avellaneda Espinosa en el cargo de inspector de policía urbana I y a ella en el cargo del inspector de policía urbana II del municipio de Paipa.
Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara su nombramiento en encargo en el cargo de inspector de policía urbana I del Municipio de Paipa hasta que su titular se reintegre, además del pago de las diferencia s, que dejó de percibir desde el 1º de mayo de 2024, cuando entregó el cargo de inspectora de policía urbana II del Municipio de Paipa por el nombramiento de su nuevo titular en propiedad.
El proceso se adelantó bajo el radicado 15238-33-33-001-2024-00166-00 y correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo de Duitama que, por auto de 10 de octubre de 2024, previo a resolver sobre la admisión de la demanda requirió la Alcaldía de Paipa para que precisara aspectos relacionados con la notificación de las Resoluciones 50 y 53 del 30 de enero de 2024, mediante las cuales se suplieron en encargo las vacantes de las Inspecciones Urbanas I y II de Policía, con el fin de verificar la oportunidad respecto a la radicación del medio de control.
Igualmente, solicitó que remitiera el expediente administrativo completo correspondiente al procedimiento adelantado para el otorgamiento en encargo por derecho preferente de las vacantes definitiva y temporal generadas en dichas dependencias durante el añ o 2024.
Por auto del 2 2 de noviembre de 2024, rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad para ejercer el medio de control.
2024.
Por auto del 2 2 de noviembre de 2024, rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad para ejercer el medio de control.
Indicó que los actos administrativos sin número ni fecha mencionados en la demanda no eran definitivos, sino de trámite o preparatorios, por lo que no podían ser objeto de control judicial. En consecuencia, precisó que los actos demandables eran las Resoluciones 050 y 053 del 30 de enero de 2024.
Señaló que el Municipio de Paipa notificó dichas resoluciones el mismo 30 de enero y las publicó en la cartelera de la alcaldía entre el 31 de enero y el 6 de febrero de 2024, conforme al artículo 65 del CPACA. Que las señoras María Gabriela Avellaneda Espinosa y Laura Helena Vargas Mesa se posesionaron el 1º de febrero de 2024, lo que demostraba que la demandante conocía el encargo asignado. Recordó que la señora Avellaneda Espinosa fue nombrada en encargo como Inspectora I Urbana de Policía , vacante temporal, y que solo se ofertaron dos vacantes con dos aspirantes que cumplían los requisitos.
Que, la demandante reconoció haber conocido el acto que consolidó los resultados del concurso interno el 25 de enero de 2024, por lo que se entendía notificado por conducta concluyente. Determinó que el acto que definió su situación fue la Resolución 053 del 30 de enero de 2024 y que el control judicial no dependía del conocimiento del nombramiento de la señora Avellaneda Espinosa.
Finalmente, concluyó que, para el 11 de junio de 2024 , fecha de la conciliación
de enero de 2024 y que el control judicial no dependía del conocimiento del nombramiento de la señora Avellaneda Espinosa.
Finalmente, concluyó que, para el 11 de junio de 2024 , fecha de la conciliación extrajudicial, y el 13 de septiembre de 2024, fecha de radicación de la demanda, habíanRadicado: 11001-03-15-000-2025-04698-01
Demandante: Laura Helena Vargas Meza
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 pasado más de cuatro meses desde la notificación y publicación de las resoluciones demandadas, configurándose la caducidad prevista en el artículo 164 numeral 2 literal d) del CPACA.
Inconforme, la demandante presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. Sostuvo que la publicidad de los actos solo se materializó en junio de 2024, cuando la Alcaldía respondió su petición, con lo que descartó que ello hubiera ocurrido con el mensaje que recibió por WhatsApp o con la publicación por aviso en la cartelera.
Agregó que la convocatoria exigía realizar las publicaciones en la cartelera del primer piso y en el grupo de WhatsApp de los funcionarios, que, a su juicio, no se cumplió. Que, además, debió efectuarse en la página web por ser un medio más idóneo. Concluyó que conoció la Resolución 050 del 30 de enero de 2024 únicamente el 20 de junio de ese año.
Indicó que los días 19 y 24 de junio de 2024 pidió copia del acto de nombramiento de la
conoció la Resolución 050 del 30 de enero de 2024 únicamente el 20 de junio de ese año.
Indicó que los días 19 y 24 de junio de 2024 pidió copia del acto de nombramiento de la señora María Gabriela Avellaneda Espinosa y que el acta de notificación de la Resolución 053 del 30 de enero de 2024 no tenía fecha cuando fue firmada. Con base en el artículo 138 del CPACA, sostuvo que la caducidad debía contarse desde la publicación del acto, la cual no se realizó, pues las constancias aparecieron después de las reclamaciones de la demandante.
Concluyó que solo conoció la Resolución 050 del 30 de enero de 2024 el 20 de junio de ese año y que quien certificó la publicidad de los actos no tenía competencia, por estar vinculada mediante contrato de prestación de servicios.
Mediante auto del 13 de diciembre de 2024, el juzgado confirmó la decisión de rechazo. Explicó que se desconocía el contexto en el que se había desarrollado la conversación de WhatsApp que fue aportada, que tampoco estaba probado que el acta de notificación de la Resolución 053 de 2024 no contara con fecha de suscripción y que , en todo caso, tomó posesión de ese cargo el 1° de febrero de ese año, de modo que ya debía conocer el acto administrativo.
Que, en todo caso, los actos en los que constaba la notificación y publicación de los actos administrativos se presumían auténticos, por lo que la petición del 7 de febrero de 2024 no alteraba el conteo de la caducidad.
Con auto de 26 de febrero de 20252, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Primera
administrativos se presumían auténticos, por lo que la petición del 7 de febrero de 2024 no alteraba el conteo de la caducidad.
Con auto de 26 de febrero de 20252, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Primera de Decisión, confirmó la decisión de primera instancia.
Señaló que, de acuerdo con los fundamentos de la demanda, la señora Laura Helena Vargas Mesa realmente pretendía controvertir la legalidad del encargo efectuado mediante la Resolución 050 del 30 de enero de 2024, y no la Resolución 053 del mismo día. Señaló que dicho acto administrativo tenía carácter particular, por lo cual debía notificarse personalmente a su destinataria conforme al artículo 66 del CPACA, y su publicidad frente a terceros debía garantizarse mediante la publicación prevista en el parágrafo del artículo 65 del mismo código.
Determinó que el Municipio de Paipa cumplió con dicha obligación al fijar el aviso entre el 31 de enero y el 6 de febrero de 2024, por lo que el término de cuatro meses contemplado en el artículo 164-2 literal d) del CPACA para ejercer el control judicial sobre
2 La providencia se notificó el 4 de marzo de 2025, a los correos electrónicos informados por las partes.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04698-01
Demandante: Laura Helena Vargas Meza
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 la Resolución 050 comenzó a correr el 7 de febrero de 2024 y venció el 7 de junio del
www.consejodeestado.gov.co 5 la Resolución 050 comenzó a correr el 7 de febrero de 2024 y venció el 7 de junio del mismo año. En consecuencia, al haberse presentado la conciliación extrajudicial el 11 de junio y la demanda el 13 de septiembre de 2024, operó el fenómeno de la caducidad.
Desestimó los argumentos sobre la falta de publicación, la supuesta incompetencia de quien certificó los avisos y el envío tardío por WhatsApp, pues consideró que el Municipio demostró la publicidad con documentos oficiales y que la demandante ya conocía el acto desde el 7 de febrero de 2024. Aclaró que la publicación en cartelera era válida, aunque no se hubiera hecho en la página web, ya que la convocatoria no exigía un medio específico y la fijación física garantizaba la divulgación.
Por último, precisó que la accionante había mencionado el acto antes del 20 de junio, fecha en la que dijo haberlo conocido, y que pudo demandar oportunamente conforme al numeral 1° del artículo 166 del CPACA. Agregó que no se probó la falta de competencia de quien certificó la publicidad y confirmó el rechazo de la demanda. Como observación, advirtió que la demandante afirmó haber recibido la Resolución 053 de 2024 solo el 12 de febrero por WhatsApp y aceptó el encargo el 16 del mismo mes, pese a que este surtió efectos desde el 1º de febrero, lo que evidenciaba una posible irregularidad administrativa.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La accionante se refirió a las causales generales y específicas de procedibilidad de la
efectos desde el 1º de febrero, lo que evidenciaba una posible irregularidad administrativa.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La accionante se refirió a las causales generales y específicas de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Sin embargo, de lo que se entiende del texto de demanda presentado por el accionante, la Sala lo resumirá en los siguientes vicios de fondo:
Defecto sustantivo, pues en su opinión, las providencias cuestionadas desconocieron el alcance constitucional y legal del principio de publicidad, previsto en los artículos 29 y 209 de Constitución Política y 65 del CPACA. Señaló, que la publicidad es un requisito de validez y eficacia del acto administrativo y que su omisión vulnera el debido proceso y la confianza legítima.
Defecto fáctico, porque consideró que las autoridades judiciales demandadas valoraron de manera equivocada las pruebas sobre la publicidad de las Resoluciones 050 y 053 del 30 de enero de 2024, e ignoraron elementos probatorios que demostraban que dichos actos no habían sido publicados ni notificados correctamente.
Al respecto, señaló que las constancias de publicación aportadas por la Alcaldía no existían al momento de la demanda y fueron expedidas, después, por una persona sin competencia legal. Sostuvo que la fijación de avisos en una cartelera interna no garantizó la publicidad exigida por el artículo 65 del CPACA, pero los jueces dieron por acreditada la publicación y contaron desde allí el término de caducidad, sin valorar las inconsistencias probatorias.
Desconocimiento del precedente, toda vez que las autoridades judiciales demandadas
la publicación y contaron desde allí el término de caducidad, sin valorar las inconsistencias probatorias.
Desconocimiento del precedente, toda vez que las autoridades judiciales demandadas inaplicaron la jurisprudencia del Consejo de Estado 3 y de la Corte Constitucional 4, que dispuso que el término de caducidad solo empieza a contarse a partir del momento en
3 Sección Tercera, Sentencia del 9 de febrero de 2023, Exp. 2016 -00025-00, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 20 de abril de 2017, Exp. 11001 -03-25-000-2011-00389-00, C.P. William Hernández Gómez. 4 Sentencia T-092/24.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04698-01
Demandante: Laura Helena Vargas Meza
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 que la administración pone en conocimiento del interesado la decisión adoptada, mediante notificación, comunicación o publicación debidamente realizada.
5. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Primera de Decisión , ponente de la decisión cuestionada , solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela o, en su defecto, que se denegaran sus pretensiones , ya que la actora pretendía reabrir el debate jurídico ya decidido en sede ordinaria, lo que iba en contra de la naturaleza excepcional del amparo constitucional.
tutela o, en su defecto, que se denegaran sus pretensiones , ya que la actora pretendía reabrir el debate jurídico ya decidido en sede ordinaria, lo que iba en contra de la naturaleza excepcional del amparo constitucional.
Consideró que la Resolución 050 del 30 de enero de 2024 fue publicada en cartelera entre el 31 de enero y el 6 de febrero de 2024, conforme al artículo 65 del CPACA, y que esa forma de divulgación era válida y que la certificación de publicación se presumía auténtica.
Además, señaló que la accionante conocía el acto desde el 7 de febrero de 2024, y que incluso había promovido actuaciones relacionadas antes de junio de ese año. Por tanto, el término de cuatro meses para demandar corrió entre el 7 de febrero y el 7 de jun io de 2024, de modo que la conciliación extrajudicial (11 de junio) y la demanda (13 de septiembre) resultaron extemporáneas.
El asesor jurídico del municipio de Paipa solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, al considerar que no cumplía con el requisito general de relevancia constitucional, dado que la demandante pretendía convertirla en una tercera instancia frente a un debate ya resuelto en el proceso ordinario.
Además, sostuvo que la parte actora no acreditó alguna acción u omisión que pu diera atribuírsele a la administración municipal ni la existencia de un perjuicio irremediable que afecte sus derechos fundamentales.
El Juzgado Primero Administrativo de Duitama remitió el expediente digital del proceso de nulidad y restab lecimiento del derecho, pero nada dijo sobre el fondo del asunto.
afecte sus derechos fundamentales.
El Juzgado Primero Administrativo de Duitama remitió el expediente digital del proceso de nulidad y restab lecimiento del derecho, pero nada dijo sobre el fondo del asunto.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Primera, por medio de sentencia del 4 de septiembre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia al considerar que no cumplía el requisito general de la relevancia constitucional, porque la actora no cumplió con el mínimo de carga argumentativa para explicar la configuración de los defectos alegados y también, pretendía que en sede de tutela se estudi aran las razones y fundamentos ya decididos en la providencia dictada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Asimismo, advirtió que autoridad judicial accionada realizó un análisis razonado sobre la caducidad al concluir que el término de cuatro meses previsto en el artículo 164 del CPACA ya se encontraba vencido al momento de presentarse la demanda y que la publicación de los actos de nombramiento en el ámbito territorial no debía efectuarse necesariamente en la página web oficial, pues podían utilizarse otros medios de divulgación válidos sin que ello afectara el cómputo del término de caducidad.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04698-01
Demandante: Laura Helena Vargas Meza
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7
7. Impugnación
La tutelante impugnó el fallo de primera instancia y reiteró que el Tribunal Administrativo
www.consejodeestado.gov.co 7
7. Impugnación
La tutelante impugnó el fallo de primera instancia y reiteró que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Primera de Decisión, desconoció la normatividad interna del Municipio de Paipa al afirmar que la publicidad podía efectuarse por cualquier medio. Sostuvo que, conforme a la Circular 05 del 26 de febr ero de 2025 expedida por la Oficina de Control Interno, la página web institucional fue reconocida expresamente como el medio oficial para la publicación de los actos administrativos, por lo que debía haberse aplicado dicho lineamiento.
Que el Consejo de Estado interpretó que la publicación de los actos de nombramiento no debía realizarse exclusivamente en la página web, pero podía complementarse con medios electrónicos adicionales, lo cual tampoco ocurrió en este caso, pues la Resolución 050 del 30 de enero de 2024 le fue remitida por WhatsApp el 20 de junio de 2024, fecha desde la que debía contarse el término de caducidad.
Finalmente, señaló que la acción de tutela tenía relevancia constitucional, pues, a su juicio, la falta de publicidad de los actos demandados en el proceso ordinario vulneró sus derechos al debido proceso, confianza legítima y seguridad jurídica.
Qué dicho desconocimiento del principio de legalidad constituye un defecto fáctico por la valoración incompleta y errónea de las pruebas.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado. En efecto, la tutela no cumple con la exigencia de relevancia constitucional porque los argumentos que la demandante formuló en la solicitud de amparo fueron los mismos que se desestimaron en las providencias cuestionadas, de ahí que se evidenci e que emplea este mecanismo judicial como una tercera instancia.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii) al análisis del caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04698-01
Demandante: Laura Helena Vargas Meza
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 específicos6 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001 -03-15000-2020-05131-007, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de de rechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 15238-33-33-001-2024-00166-00/01, tal como se concluyó en la sentencia impugnada.
Básicamente, tanto en la acción de tutela de la referencia como en ese expediente , la demandante alegó que se desconoció el principio de publicidad respecto a la notificación de la s Resoluciones 050 y 053 del 30 de enero de 2024, ya que la administración municipal no los publicó en la página web institucional del municipio de Paipa, el cual fue reconocido por el mismo ente territorial como el medio oficial de publicación de los actos administrativos por lo que no podía declararse la caducidad del medio de control de
municipal no los publicó en la página web institucional del municipio de Paipa, el cual fue reconocido por el mismo ente territorial como el medio oficial de publicación de los actos administrativos por lo que no podía declararse la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Además, señaló que solo conoció la existencia de la Resolución 050 por conducta concluyente, con la respuesta a la petición que elevó ante la Administración municipal el 7 de febrero de 2024.
6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución. 7 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04698-01
Demandante: Laura Helena Vargas Meza
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Sostuvo que, al no haberse surtido la publicación por el canal oficial previamente definido, no podía contabilizarse el término de caducidad desde una notificación irregular, pues ello vulneraría el debido proceso y el derecho de acceso
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