CE - Sentencia 11001031500020250476301

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250476301
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: Ingeniería de Proyectos Técnicos LTDA

Ingeniero Virgilio Avilla Llinás y AS – En Liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Radicado: 11001-03-15-000-2025-04763-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-04763-01

Demandante: INGENIERÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS LTDA

INGENIERO VIRGILIO AVILLA LLINÁS Y AS – EN

LIQUIDACIÓN

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma sentencia. Falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la providencia del 15 de septiembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado , Sección Tercera , Subsección A mediante la cual se declaró la improcedencia por falta de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

de Estado , Sección Tercera , Subsección A mediante la cual se declaró la improcedencia por falta de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La Sociedad Ingeniería de Proyectos Técnicos Ltda Ingeniero Virgilio Avilla Llinás y AS – En Liquidación , por medio de apoderado , interpuso acción de tutela1 en contra del Consejo de Estado, Sección Primera , con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a l debido proceso, a la igualdad y a la defensa.

Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión de la sentencia del 30 de mayo de 2024, que confirmó la sentencia del 22 de febrero de 2023, a través de la cual la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000 -23-24-000-2002-01021-03, promovida por el accionante contra el Distrito Capital – Contraloría de Bogotá D.C.

1.2. Pretensiones

1 Samai, índice 1, mediante escrito presentado el 31 de julio de 2025.Demandante: Ingeniería de Proyectos Técnicos LTDA Ingeniero Virgilio Avilla Llinás y AS – En Liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Radicado: 11001-03-15-000-2025-04763-01

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En consecuencia, el tutelante solicitó lo siguiente:

PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y defensa de la parte accionante.

SEGUNDA: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO la sentencia de segunda instancia proferida el 30 de mayo de 2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso judicia l adelantado a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por la sociedad Ingeniería de proyectos Técnicos Ltda. Ingeniero Virgilio A. Villallinas y Asociados contra Distrito Capital – Contraloría de Bogotá con radicado No. 25000232400020020102103 con

ponencia del Dr. Hernando Sánchez Sánchez. TERCERA. DEJAR SIN VALOR Y EFECTO el auto a través del cual se negó la solicitud de aclaración presentada por la parte accionante contra la sentencia de segunda instancia proferida el 30 de mayo de 2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado en el proceso judicial adelantado a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por la sociedad Ingeniería de proyectos Técnicos Ltda. Ingeniero Virgilio A. Villallinas y Asociados contra Distrito Capital – Contraloría de Bogotá con radicado No. 25000232400020020102103, con fecha del 30 de enero de 2025. CUARTA. ORDENAR a la Sección Primera del Consejo de Estado que profiera una nueva sentencia de segunda i nstancia en la que declare la nulidad de los

con fecha del 30 de enero de 2025. CUARTA. ORDENAR a la Sección Primera del Consejo de Estado que profiera una nueva sentencia de segunda i nstancia en la que declare la nulidad de los actos demandados por haberse proferido luego de configurarse el fenómeno de caducidad, y se pronuncie sobre las pretensiones de restablecimiento del derecho e indemnización de perjuicios.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:

1.3.1. Antecedentes relacionados con el contrato de interventoría suscrito con el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD)

La parte actora afirmó que el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (en adelante, IDRD) suscribió el contrato de obra pública 256 de 1993, con el Consorcio José Gregorio Cortés y Cía. y Luis Felipe Borda, con el siguiente objeto:

la construcción de ocho (8) Unidades Polideportivas en las siguientes localidades del Distrito Capital: Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Engativá, Fontibón, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño y Rafael Uribe, obras consignadas en los cuadros de cantidad de obra que hacen parte del presente contrato, a precios unitarios fijos señalados en la propuesta de Licitación Pública No. 02 de 1993, de conformidad con los requisitos, especificaciones y planos indicados en el pliego de condiciones, de acuerdo con la oferta aceptada por el Instituto.

Señaló que también se celebró el co ntrato de interventoría 226 de 1993 con la firma Ingeniería de Proyectos Técnicos Ltda., representada legalmente por el

de acuerdo con la oferta aceptada por el Instituto.

Señaló que también se celebró el co ntrato de interventoría 226 de 1993 con la firma Ingeniería de Proyectos Técnicos Ltda., representada legalmente por el señor Virgilio Alberto Villallinas. Asimismo, indicó que el 20 de enero de 1995, la interventoría suscribió el acta de recibo final de o bra a satisfacción. En dicho documento, se certificó que el contratista José Gregorio Cortés y Cía. Ltda., tras

2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.Demandante: Ingeniería de Proyectos Técnicos LTDA Ingeniero Virgilio Avilla Llinás y AS – En Liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Radicado: 11001-03-15-000-2025-04763-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 la revisión, medición y conteo de las obras ejecutadas, cumplió con los términos pactados en el contrato.

Manifestó que el 26 de abril de 1995, el IDRD, mediante la Resolución 112 de 1995, declaró el incumplimiento del Consorcio José Gregorio Cortés y Cía., y Luis Felipe Borda, y ordenó hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, para que se realizara el pago de $84.414.707 M/CTE e impuso una multa por valor de $10.000.000 M/CTE. Asimismo, se ordenó proceder a la liquidación inmediata del contrato de obra.

se realizara el pago de $84.414.707 M/CTE e impuso una multa por valor de $10.000.000 M/CTE. Asimismo, se ordenó proceder a la liquidación inmediata del contrato de obra.

Sostuvo que el consorcio repuso dicho acto administrativo y el IDRD expidió la Resolución 152 del 8 de junio de 1995 confirmando la imposición de la cláusula penal y el pago por parte de la aseguradora. No obstante, revocó la decisión de imponer la multa al contratista.

Indicó que el 3 de agosto de 1995, el IDRD proyectó el acta de liquidación del contrato de obra , en l a que se determinó un saldo pendiente por pagar al contratista por $314.334.989,24 M/CTE. Sin embargo, aplicó un descuento por concepto de las sanciones impuestas , mediante las resoluciones 112 y 152 del mismo año , por un valor de $94.414.704 M/CTE, dejand o un saldo final pendiente por pagar de $229.920.285,24 M/CTE.

Expuso que el 10 de mayo de 1996, el IDRD profirió la Resolución 0176, por medio de la cual se hizo efectiva la póliza de estabilidad del contrato de obra pública y el 10 de diciembre de ese año confirmó dicho acto administrativo , contra el que no procedía recurso alguno.

1.3.2. Hechos relacionados con el proceso de responsabilidad fiscal 256 de 1993

Explicó que , mediante auto 020 del 15 de febrero de 1999, la Contraloría de Bogotá D.C., ordenó la apertura del juicio fiscal en contra del contratista de obra

1993

Explicó que , mediante auto 020 del 15 de febrero de 1999, la Contraloría de Bogotá D.C., ordenó la apertura del juicio fiscal en contra del contratista de obra y la firma interventora Ingeniería de Proyectos Técnicos Ltda. y Virgilio Alberto Villallinas Gómez Sánchez y que, mediante auto del 002 del 1 ° de febrero de 2002, se les declaró responsables fiscalmente.

Adicionó que el 3 de abril de 2002, la Contraloría de Bogotá D.C., emitió el auto 003, por medio del cual decidió no declar ar la caducidad de la acción fiscal y confirmar en todas y cada una de sus partes el auto 002. Además, ese mismo año expidió el auto 006, mediante el cual resolvió los recursos interpuestos y tramitó el grado de consulta. En dicha decisión, la Contraloría confirmó los autos anteriores.

1.3.3. Hechos relacionados con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

Puso de presente que el 12 de noviembre de 2002, el consorcio contratista y la interventoría instauraron demanda ante el Tribuna l Administrativo de Cundinamarca en contra de la Contraloría de Bogotá D.C., con el objetivo de queDemandante: Ingeniería de Proyectos Técnicos LTDA Ingeniero Virgilio Avilla Llinás y AS – En Liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Radicado: 11001-03-15-000-2025-04763-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 se declarara la nulidad de los autos 002 , 003 y 006 de 2002, y a título de restablecimiento, se declarara que no eran responsables fiscalmente por las presuntas irregularidades en la celebración y ejecución del contrato de obra pública 256 de 1993.

Indicó que la demanda fue admitida, mediante auto del 6 de marzo de 2008, y se notificó el 2 de diciembre de 2008. Además, que la Subsección C de Descongestión de la Sección Primera de dicha corporación, mediante sentencia del 13 de agosto de 2012, concluyó que la acción fiscal en contra de la parte demandante había caducado, dado que los hechos investigados ocurrieron el 20 de enero de 1995 y el auto de apertura d el procedimiento se expidió el 24 de julio de 1997, superando el término de dos años establecido por la Corte Constitucional para este tipo de acciones.

Expresó que, e n consecuencia, de lo anterior , el tribunal declaró la nulidad de los actos administra tivos que declararon la responsabilidad fiscal de la parte demandante y ordenó su exclusión de los boletines de deudores morosos por este concepto.

Agregó que esa corporación negó las pretensiones relacionadas con el reconocimiento y pago de perjuicios, a l considerar que no fueron debidamente probados dentro del proceso. Asimismo, rechazó la condena en costas, al no encontrarse cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.

probados dentro del proceso. Asimismo, rechazó la condena en costas, al no encontrarse cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.

Indicó que, en la decisión de seg unda instancia del 29 de agosto de 2019, la Sección Primera d el Consejo de Estado concluyó que el cargo de nulidad por caducidad de la acción fiscal formulado por la parte demandante no tenía mérito para prosperar, pues la Ley 42 de 1993 permite que la aut oridad fiscal inicie la investigación en cualquier momento. En consecuencia, revocó la decisión que había declarado la nulidad de los actos acusados y accedido parcialmente a las pretensiones de restablecimiento del derecho.

Señaló que, en aras de garanti zar la doble instancia, la Sección Primera d el Consejo de Estado ordenó devolver el expediente al tribunal para que se pronunciara sobre los demás cargos de nulidad que no fueron analizados en la sentencia de primer grado del 13 de agosto de 2012, la cual se había limitado a resolver únicamente sobre el cargo de caducidad de la acción fiscal.

Afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en fallo del 22 de febrero de 2023, negó las pretensiones de la demanda en relación con los cargos segundo y terceros3 presentados por la parte demandante. En cuanto al cargo

3 Según la sentencia del 22 de febrero de 2023, dictada por el tribunal, las pretensiones 2 y 3 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fueron las siguientes: […]2ª) Que, como consecuencia de la nulidad impetrada, se declare que la sociedad

el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fueron las siguientes: […]2ª) Que, como consecuencia de la nulidad impetrada, se declare que la sociedad INGENIERIA DE PROTECTOS TÉCNICOS LTDA. INGENIERO VIRGILIO A. VILLALLINÁS Y ASOCIADOS no es responsable fiscalmente por razón de las presuntas irregularidades en la celebración y ejecución del Contrato de Obra Pública No 256 de 1993. 3ª) Que se con dene a la Contraloría de Bogotá DC, a pagar a la sociedad INGENIERÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS LTDA. INGENIERO VIRGILIO A. VILLALLINÁS Y ASOCIADOS losDemandante: Ingeniería de Proyectos Técnicos LTDA Ingeniero Virgilio Avilla Llinás y AS – En Liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Radicado: 11001-03-15-000-2025-04763-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 de ausencia de responsabilidad fiscal, determinó que la parte actora no fundamentó de ma nera clara la vulneración de normas alegadas y que, de acuerdo con la jurisprudencia, los interventores son responsables civil y penalmente por sus actuaciones en la supervisión de obras , sumado al hecho de que la sociedad demandante incurrió en omisiones que afectaron la calidad de la obra.

Advirtió que, mediante sentencia de 30 de mayo de 2024, el Consejo de Estado, Sección Primera, confirmó la sentencia de primera instancia con base en los mismos argumentos.

de la obra.

Advirtió que, mediante sentencia de 30 de mayo de 2024, el Consejo de Estado, Sección Primera, confirmó la sentencia de primera instancia con base en los mismos argumentos.

Sostuvo que esta autoridad, mediante auto del 30 de enero de 2025, resolvió la solicitud de aclaración y adición presentada por la parte demandante , en el sentido de establecer que solamente correspondía a una petición de adición por la presunta falta de pronunciamiento sobre una «petición especial» formulada en los alegatos de conclusión, en la que se buscaba que el caso fuera remitido a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo para definir si la acción de responsabilidad fiscal tenía un término de caducidad.

Advirtió que, en dicha providencia, se negó la solicitud de adición, reiterando que en la sentencia de mayo de 2024 ya se había abordado el tema de la caducidad y se había ratificado la postura adoptada en la decisión del 29 de agosto de 2019, decisión que dispuso que la acción fiscal no estaba sujeta a caducidad, dado que la Ley 42 de 1993 no contempla tal límite y no es posible equipararla a la acción de reparación directa. Por lo tanto, se concluyó que no se omitió resolver ningún punto de la controversia.

Resaltó que el 14 de febrero de 2025 se notificó por estado el auto del 30 de enero de 2025, por lo que quedó ejecutoriado el 20 de febrero siguiente.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora alegó que la tesis sostenida por la Sección Primera del Consejo de Estado no tiene en cuenta el precedente jurisprudencial que ha establecido

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora alegó que la tesis sostenida por la Sección Primera del Consejo de Estado no tiene en cuenta el precedente jurisprudencial que ha establecido la Corte Constitucional. Argumentó que, en los múltiples fallos proferidos por dicha corporación, esta ha sostenido que en vigencia de la Ley 42 de 1993, la acción fiscal es susceptible del fenómeno de caducidad, y su término es de dos años.

Anotó que, bajo la tesis de la Corte Constitucional, los actos administrativos fueron proferidos cuando ya había operado la caducidad, pues el memorando a través del cual la entidad contratante advirtió que faltaban obras y que el contrato de obra había sido incumplido, tiene fecha del 24 de enero de 1995, razón por la cual el término de caducidad operó el 25 de enero de 1997. No obstante, la Contraloría Distrital de Bogotá declaró la responsabilidad del accionante y otros,

perjuicios que se le ha ocasionado con los actos administrativos demandados, en la cuantía que se demuestre d entro del proceso, y conforme a los parámetros señalados en el acápite respectivo de esta demanda, debidamente ajustados o indexados según lo dispuesto por el artículo 178 del C.C.A.Demandante: Ingeniería de Proyectos Técnicos LTDA Ingeniero Virgilio Avilla Llinás y AS – En Liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Radicado: 11001-03-15-000-2025-04763-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 por medio de auto 330 proferido el 24 de julio de 1997, es decir, luego de que operó la caducidad.

Concluyó que la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado no tiene en cuenta el precedente de la Corte Constitucional y, a su vez, vulner ó sus garantías al haberse negado la pretensión de nulidad de actos que fueron proferidos cuando se había configurado el fenómeno de caducidad.

Indicó la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional que sustenta la tesis que para el actor es la que debe aplicarse. Así, mencionó la sentencia C-046 de 1994 que indica que el término de caducidad de la acción fiscal era de dos años contados a partir de l a fecha en que se causaba el hecho que daba origen a dicha acción. También, citó la decisión T-973 de 1999, en la que, aseguró, que se había negado el amparo bajo la tesis de que la Ley 42 de 1993 , por no contemplar la acción fiscal un término de caducidad. En esa medida, explicó que en dicha oportunidad se revocó la sentencia de tutela y se ampararon los derechos, reiterando que la acción fiscal caducaba en un término de 2 años.

Explicó que en esta sentencia la Corte Constitucional reiteró que, a pesar de que

en dicha oportunidad se revocó la sentencia de tutela y se ampararon los derechos, reiterando que la acción fiscal caducaba en un término de 2 años.

Explicó que en esta sentencia la Corte Constitucional reiteró que, a pesar de que la Ley 42 de 1993 no había establecido un término de caducidad, por remisión expresa del artículo 89 de dicha ley, debía acudirse a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo con respecto al medio de control de reparación directa, es decir, dos años después del acto de fenecimiento de la cuenta respectiva.

Adicionalmente, manifestó que en dicha decisión se advirtió que la tesis del Consejo de Estado se orientaba a que al no haberse establecido en la Ley 42 de 1993 un término de caducidad, no podía interpretarse que existía.

Por lo anterior, destacó que, al tratarse de una interpretación constitucional, es obligatoria aquella que realiza dicho tribunal constitucional, dada su función de garantizar que la interpretación de las normas se ajuste a la Constitución Política.

Asimismo, mencionó la sentencia T -1362-2000 que estudió la caducidad de la acción fiscal en vigencia de la Ley 42 de 1993, que reiteró su postura de que dicho término era de dos años y reiteró que, en dicha decisión, la Corte Constitucional, nuevamente indicó que no era procedente que el Consejo de Estado continuara realizando un estudio en sus decisiones acerca de si existía o no un término de caducidad, por cuanto ya existía un pronunciamiento de l tribunal constitucional que así lo señalaba.

Estado continuara realizando un estudio en sus decisiones acerca de si existía o no un término de caducidad, por cuanto ya existía un pronunciamiento de l tribunal constitucional que así lo señalaba.

Hizo referencia a la s sentencias T-1159-2001, T-767-06, C-836 de 2013 , en el sentido de reiterar la postura de la Corte Constitucional sobre el término de caducidad.

Concluyó que de esa línea jurisprudencial constitucional se evi denciaba que desde 1993 se estableció una interpretación integradora de la Ley 42 de 1993, que consiste en que, si bien dicha disposición no estableció un término de caducidad para el inicio de la acción fiscal, ante la remisión expresa del artículoDemandante: Ingeniería de Proyectos Técnicos LTDA Ingeniero Virgilio Avilla Llinás y AS – En Liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Radicado: 11001-03-15-000-2025-04763-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 89 de la misma ley a las normas del Código Contencioso Administrativo, le era aplicable el término de dos años que dicha codificación dispuso.

Por lo anterior, dedujo que la sentencia controvertida incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente juris prudencial establecido por la Corte Constitucional.

1.5 Trámite de la acción de tutela en primera instancia

Por medio del auto de 21 de agosto de 20254, la Sección Tercera, Subsección A

desconocimiento del precedente juris prudencial establecido por la Corte Constitucional.

1.5 Trámite de la acción de tutela en primera instancia

Por medio del auto de 21 de agosto de 20254, la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado admitió la tutela de la referencia; ordenó notificar al Consejo de Estado, Sección Primera como accionado; asimismo, vinculó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B , al Distrito Capital de Bogotá D.C., a la Contraloría Distrital de Bogotá D.C., a l Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 25000 -23-24-0002002-01021-00/01/02/03, como terceros interesados.

1.6 Intervenciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Primera

Indicó que los accionantes fundamentaron la solicitud de amparo constitucional en la presunta violación directa de la Constitución Política, en particular los artículos 29 y 228, por la negativa consistente en dar aplic ación del fenómeno de la caducidad de la acción de responsabilidad fiscal en el proceso que se adelantó ante esa sección, afirmando que de ese modo se desconoció el debido proceso, el concepto de proporcionalidad y razonabilidad de las acción de responsabilidad fiscal prevista en el ordenamiento.

Frente a este reproche, indicó que no era cierto que en la sentencia cuestionada haya transgredido dichas disposiciones, toda vez que el estudio del cargo de caducidad de la acción de responsabilidad fiscal se rea lizó en atención a las

Frente a este reproche, indicó que no era cierto que en la sentencia cuestionada haya transgredido dichas disposiciones, toda vez que el estudio del cargo de caducidad de la acción de responsabilidad fiscal se rea lizó en atención a las garantías del debido proceso y bajo el imperio de la ley en que debía fundarse.

Afirmó que la sala indicó en la providencia que iba a abstener se de analizar el cargo relacionado con la caducidad de la acción de responsabilidad fisca l, por cuanto esa sección , en la sentencia del 29 de agosto de 2019 ya se había referido a los argumentos que sobre ese presupuesto expresaron los accionantes.

Advirtió que la providencia de 30 de mayo de 2024 se ocupó del tema de la caducidad, concluyend o que el cargo no tenía vocación de prosperar en la medida en que i) la controversia en mención se regía por la Ley 42 de 1993, norma en la que la acción fiscal no caducaba; y ii) puso de presente que no era

4 El despacho sustanciador de primera instancia aclaró que el expediente ingresó a ese despacho el 15 de agosto de 2025 para continuar con el trámite pertinente, según el índice 9 de Samai. No obstante, como se puede encontrar en el índice 10 del mismo aplicativo, el despacho realizó una constancia en la cual informó que el co nsejero ponente se encontraba de permiso los días 15, 19 y 20 de agosto de la presente anualidad.Demandante: Ingeniería de Proyectos Técnicos LTDA Ingeniero Virgilio Avilla Llinás y AS – En Liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Radicado: 11001-03-15-000-2025-04763-01

Ingeniero Virgilio Avilla Llinás y AS – En Liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Radicado: 11001-03-15-000-2025-04763-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 procedente aplicar la caducidad prevista para el medio de control de reparación directa a la acción de responsabilidad fiscal y que la posición de la sección no había cambiado, reiterándose en la providencia las consideraciones contenidas en la sentencia de 29 de agosto de 2019.

Informó que, mediante e l auto del 30 de enero de 2025, negó la solicitud de aclaración y adición de la sentencia, respecto del cargo relacionado con la caducidad de la acción de responsabilidad fiscal por los argumentos expuestos en su oportunidad y reiteró que, como la posición de la sala no había sido modificada, no era pertinente remitir el asunto a la Sala Plena.

Puso de presente, en cuanto al argumento relacionado con el desconocimiento del precedente jurisprudencial , que la Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente dicho argumento, al señalar que es el «[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […]».

Dispuso que la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constituc ional, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación

sentencia […]».

Dispuso que la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constituc ional, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.

Advirtió que las decisiones controvertidas están fundamentadas en una interpretación judicial razonable respecto de la caducidad de la acción de responsabilidad fiscal, esto en la medida en que la sección precisó y fundamentó debidamente que no es equiparab le la acción de responsabilidad fiscal a la acción de reparación directa pues la primera tiene naturaleza administrativa y un carácter resarcitorio, mientras que la segunda es judicial y de carácter condenatorio, argument ó que se precisó y sustentó en las providencias cuestionadas mediante la presente acción de tutela.

Adicionó que resultaba palmario que la presente acción era improcedente por ausencia del requisito de relevancia constitucional, pues lo que pretendía el actor era utilizarla como si se tratara de una instancia adicional, habida cuenta que los reproches contenidos en el escrito de tutela buscaban reabrir el debate que tuvo lugar en las instancias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Señaló que no se advierte que las providencias cuestionadas contengan una actuación arbitraria ni trasgresión de derecho fundamental alguno ; por el contrario, aseguró que las mismas contienen un análisis razonable y admisible que atiende al principio de autonomía judicial, por lo que solicito declarar improcedente la acción de tutela.

1.6.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca

que atiende al principio de autonomía judicial, por lo que solicito declarar improcedente la acción de tutela.

1.6.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Mediante oficio JERG 25-170 del 25 de agosto de 2025 remitió el expediente con radicado 25000232400020020102101.Demandante: Ingeniería de Proyectos Técnicos LTDA Ingeniero Virgilio Avilla Llinás y AS – En Liquidación Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera Radicado: 11001-03-15-000-2025-04763-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

1.6.3. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Advirtió que las decisiones de los despachos judiciales accionados son una expresión de la autonomía e independencia judicial, por lo que frente a esta entidad existe una falta de legitimac ión en la causa por pasiva, en el entendido que la acción va dirigida contra las decisiones adoptadas por la Sección Primera del Consejo de Estado.

Adicionó que no es parte en el proceso administrativo que dio lugar a la presente acción de tutela, ni ha tenido participación alguna en los hechos que se discuten, pues los actos administrativos y decisiones judiciales objeto de controversia se relacionan exclusivamente con el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) y con contratistas e interventores vinculados al contrato de obra

pues los actos administrativos y decisiones judiciales objeto de controversia se relacionan exclusivamente con el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD) y con contratistas e interventores vinculados al contrato de obra pública 256 de 1993 , por lo que no existe relación jurídica, fáctica ni funcional entre esta entidad y los hechos que motivan la acción constitucional, razón por lo que su vinculación resulta improcedente. Por lo anterior, solicitó negar la tutela por improcedente y desvincularla del presente trámite.

1.6.4 La Contraloría de Bogotá D.C.

Puso de presente las sentencias C -590 de 2005 y SU -128 del 2021, mediante las que la Corte Constitucional, decantó los requisitos de procedencia de la acción de tutela para señalar que este trámite

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