CE - Sentencia 11001031500020250479601
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250479601
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-04796-01
Accionante: AR GEOPHYSICAL CONSULTANT LTDA.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
Tema: Tutela contra providencia judicial. Controversias contractuales. Contrato de interventoría. Acuerdo sobre el pago. MODIFICA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta po r la parte accionante en contra de la sentencia del 18 de septiembre de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
AR GEOPHYSICAL CONSULTANT LTDA. pretende que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso , así como los principios de proporcionalidad, razonabilidad y buena fe, los cuales considera vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con la sentencia del 26 de marzo de 2025 proferida en el medio de control de controversias contractuales, al
proporcionalidad, razonabilidad y buena fe, los cuales considera vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con la sentencia del 26 de marzo de 2025 proferida en el medio de control de controversias contractuales, al que se le asignó el radicado 76001-23-33-000-2016-01056-01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
La parte actora señaló que el 23 de junio de 2011, suscribió con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo ( en adelante FONADE) el Contrato de Interventoría 2110798, cuyo objeto era la interventoría técnica administrativa, de control presupuestal, HSE y social de una consultoría sobre adquisición, procesamiento e interpretación sísmica en la Cuenca Patía 2D/09.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -04796 -01
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Que el 30 de octubre de 2012, el Contrato finalizó por vencimiento del plazo y el 27 de diciembre de 2013 se suscribió el acta de liquidación bilateral, en la que FONADE reconoció un saldo de $ 401.393.501 a su favor como contratista y a favor de ella de $ 349.008.839 por actividades no ejecutadas, por lo cual dejó varias salvedades relacionadas con la ejecución del contrato.
Que el 17 de julio de 2014 instauró demanda de controversias contractuales en
de $ 349.008.839 por actividades no ejecutadas, por lo cual dejó varias salvedades relacionadas con la ejecución del contrato.
Que el 17 de julio de 2014 instauró demanda de controversias contractuales en contra de FONADE , en la que solicitó la nulidad del acta de liquidación y que se condenara a la demandada por la suma de $ 349.008.839 más intereses moratorios e indexación y a costas por valor de $ 30.000.000 , con fundamento, entre otras razones, en la existencia de un abuso del derecho por parte de FONADE, al desconocer actividades ejecutadas por la interventoría que no dependían del avance del contrato de consultoría.
Que el 31 de julio de 2020, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones porque estimó que la forma de pago fue legalmente pactada entre las partes; el pago del 41 % restante del contrato de interventoría estaba condicionado al avance del contrato de consultoría y no hubo incumplimiento por parte de
FONADE.
Que interpuso recurso de apelación en contra de esa decisión y el 26 de marzo de 2025 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, confirmó la sentencia recurrida porque determinó que el contrato de interventoría estaba condicionado al avance del contrato de consultoría; no hubo desconocimiento de obligaciones por la parte demandada y los valores reclamados como perjuicios no eran exigibles conforme a la modalidad contractual pactada.
Considera que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en las siguientes causales específicas de procedibilidad:
- defecto fáctico porque omitió la valoración de las siguientes pruebas
conforme a la modalidad contractual pactada.
Considera que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en las siguientes causales específicas de procedibilidad:
- defecto fáctico porque omitió la valoración de las siguientes pruebas documentales, pese a que las resaltó en el recurso de apelación, las cuales acreditaban que, en su condición de interventora, cumplió cabalmente sus funciones y advirtió a FONADE sobre los incumplimientos del contratista del contrato de consultoría, sin que este hubiera adoptado alguna medida, lo que derivó en el
desequilibrio económico:
a) el acta de liquidación bilateral del 27 de diciembre de 2013; b) la carta que radicó el 30 de octubre de 2012, donde le pidió a FONADE que se abstuviera de suscribir el acta de terminación bilateral con el contratista UTP 2010 y sugirió la aplicación de cláusulas sancionatorias por el evidente incumplimiento de aquel; c) los informes que presentó a FONADE en los que advirtió sobre la inactividad del contratista principal, le indicó que ese incumplimiento afectaba el objeto de la interventoría y le solicitó que adoptara las decisiones contractuales frente a dicho contrati sta; y d) el silencio absoluto de FONADE frente a dichas alertas;
- defecto sustantivo, ya que adoptó una decisión completamente irrazonable y desproporcionada respecto a los artículo s 1602 y 1603 del Código Civil , pues desconoció la autonomía del contrato de interventoría respecto al de consultoría, aRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -04796 -01
desproporcionada respecto a los artículo s 1602 y 1603 del Código Civil , pues desconoció la autonomía del contrato de interventoría respecto al de consultoría, aRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -04796 -01
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pesar de que eran contratos distintos ; validó una forma de pago dependiente del avance del contrato de consultoría, desconociendo que cumplió con su labor de seguimiento, control y reporte, conforme a los parámetros técnicos; y omitió que el valor del contrato de interventoría fue el adjudicado y aceptado por FONADE , sin condicionarlo a una ejecución exitosa del contrato de consultoría; a pesar de que informó reiteradamente el incumplimiento del contratista, la entidad no adoptó ninguna medida efectiva, por lo que contribuyó al daño antijurídico , pese a lo cual se permitió que alegara su propia culpa; y se desconoció su buena fe contractual;
- desconocimiento del precedente judicial, debido a que contradijo abiertamente el criterio uniform e y reiterado de l Consejo de Estado sobre la autonomía e independencia del contrato de interventoría cuando este se celebra como resultado de un proceso de selección diferente al del contrato de consultoría u obra principal.
Aludió a las sentencias del 28 de febrero de 2023, exp. 25000 -23-26-000-200000732-01; 28 de mayo de 2015, rad. 47001 -23-31-000-2024-00066-01; y del 1 de junio de 2020, rad. 05001-23-31-000-2000-03439-01; y
- violación directa de la Constitución, pues vulneró el artículo 2, por convalidar una situación injusta y contraria al principio de buena fe y el 13 por el tratamiento desigual frente a contratistas cobijados por interpretaciones favorables y protectoras de la naturaleza jurídica de los contratos; al igual que el 29 por la incursión en los defectos invocados y el 83, por desconocer el principio de buena fe contractual; así como el 90, por imponerle la carga de soportar las consecuencias de un daño antijurídico que, por su naturaleza, debía ser asumido por la entidad contratante; y aplicó la interpretación judicial más desfavorable, en contravía del p rincipio pro administrado o pro homine.
PRETENSIONES
Solicitó dejar sin efectos la sentencia del 26 de marzo de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y ordenar a la Sala Plena de dicha Sección que dicte una nueva providencia ajustada a los parámetros constitucionales y, unifique criterios sobre el contenido y alcance del contrato de interventoría.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 6 de agosto de 2025, se admitió la acción; se vinculó al FONADE y a la Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , como
interventoría.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 6 de agosto de 2025, se admitió la acción; se vinculó al FONADE y a la Sala Segunda de Decisión Oral del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , como tercera con interés; y se corrió el respectivo traslado.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, adujo que la supuesta irregularidad expuesta por la parte actora no cumple con la exigencia de la relevancia constitucional, pues pretende crear una tercera instancia frente a una sentencia en la que se hizo un correcto análisis fáctico, probatorio y jurídico, y que, además, fue proferida por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -04796 -01
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Que en la providencia se expuso que el contrato era claro en establecer una forma de pago variable que dependía de l porcentaje de cumplimiento efectivo que alcanzara el «consultor objeto del contrato» de interventoría, lo que tenía coherencia con la redacción de la cláusula segunda del valor del contrato.
Indicó que la parte actora está en desacuerdo con la decisión, pero no porque se haya dejado de hacer la debida y correcta valoración probatoria, pues en aquella se determinó que no había logrado acreditar que el consultor hubiera cumplido con el 100 % de las obligaciones a él encomendadas, por lo que no era posible concluir
haya dejado de hacer la debida y correcta valoración probatoria, pues en aquella se determinó que no había logrado acreditar que el consultor hubiera cumplido con el 100 % de las obligaciones a él encomendadas, por lo que no era posible concluir que FONADE incurrió en un abuso de l derecho, al haberse negado al reconocimiento y pago del valor total del contrato.
Concluyó que debe declararse improcedente la acción o, en su defecto, desestimarse las pretensiones, por falta de mérito.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
ENTerritorio S.A. (antes FONADE) solicitó declarar improcedente la acción porque la sociedad accionante pretende reabrir un debate jurídico y probatorio que fue resuelto definitivamente por los jueces naturales de la causa , en ejercicio de su autonomía judicial y en el marco de la competencia otorgada por la Constitución y la ley, por no estar de acuerdo con la decisión del litigio, sin que haya demostrado la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales.
Afirmó que la acción no cumple con el requisito de subsidiariedad porque la actora está facultada para interponer el recurso extraordinario de revisión por la supuesta violación del debido proceso que habría conducido a una decisión injusta , y no se acreditó un perjuicio irremediable , en tanto las pretensiones se circunscriben a aspectos puramente patrimoniales.
Que la tutela tampoco supera la exigencia de la relevancia constitucional , por tratarse de una discusión puramente contractual, lo que constituye un asunto de derecho ordinario y no constitucional.
Sostuvo que no se configuraron los defectos invocados, pues se valoraron los
tratarse de una discusión puramente contractual, lo que constituye un asunto de derecho ordinario y no constitucional.
Sostuvo que no se configuraron los defectos invocados, pues se valoraron los medios probatorios referidos por la accionante , pero no eran suficientes para respaldar las pretensiones económicas; se aplicaron correcta y pertinentemente las normas civiles y contractuales que rigen la materia ; y se analizó el precedente judicial y se explicó por qué, dadas las particularidades del caso, las reglas jurisprudenciales alegadas no eran aplicables.
Expresó que permitir que la tutela prospere no solo desnaturalizaría el propósito de este mecanismo, sino que también transgrediría los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -04796 -01
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SENTENCIA IMPUGNADA
El 18 de septiembre de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción porque determinó que no se cumplió el requisito de relevancia constitucional, en la medida que la argumentación de la accionante no devela que el asunto gire en torno a l alcance de algún derecho fundamental, sino únicamente frente a la simple inconformidad con la decisión adoptada en el proceso de controversias contractuales.
Que la actora no demuestra que la autoridad judicial haya incurrido en una arbitrariedad judicial ni efectuó una exposición a partir de la cual se evidencie que el caso tiene la entidad de interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución o
de controversias contractuales.
Que la actora no demuestra que la autoridad judicial haya incurrido en una arbitrariedad judicial ni efectuó una exposición a partir de la cual se evidencie que el caso tiene la entidad de interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución o determinar el alcance de un derecho fundamental o que justifique razonablemente una afectación desproporcionada de estos.
Manifestó que los argumentos planteados por la solicitante del amparo se orienta n a que se analice el acervo probatorio y se apliquen los artículos 1602 y 1603 del Código Civil en los términos propuestos en el escrito de tutela, lo que implica una reapertura del asunto.
IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia , al considerar que esta constituyó un «pretexto artificioso » para evadir el estudio de fondo y reducir un caso de vulneración ostensible de derechos fundamentales a una supuesta discusión meramente legal o económica , sin tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional que habilita el amparo cuando existen defectos que afectan directamente la Constitución, como ocurre en el caso.
Que en la sentencia discutida en esta sede se reconoce la existencia de distintas interpretaciones posibles sobre la naturaleza y alcance del contrato de interventoría según la jurisprudencia de las subsecciones que componen la Sección Tercera del Consejo de Estado , por lo cual resulta inadmisible que la autoridad judicial haya escogido la lectura más gravosa para el administrado , supeditando absolutamente el pago de la interventoría al éxito del contrato de consultoría, en lugar de optar por una interpreta ción razonable y acorde con l os principios de buena fe, equidad e igualdad.
el pago de la interventoría al éxito del contrato de consultoría, en lugar de optar por una interpreta ción razonable y acorde con l os principios de buena fe, equidad e igualdad.
Que esa divergencia interpretativa evidencia la necesidad de una unificación jurisprudencial por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para garantizar la seguridad jurídica, la igualdad de trato y la coherencia en la aplicación del derecho público contractual.
Afirmó que están plenamente demostrados los defectos invocados, por lo que dejar en firme una sentencia que avala que una entidad estatal pueda beneficiarse de su propia culpa es un asunto que compromete sin lugar a dudas principios, valores y derechos de orden constitucional, que deben ser protegidos por el juez de tutela.
Solicitó revocar la sentencia recurrida y acceder a las pretensiones.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -04796 -01
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Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes temáticas: i) generalidades de la acción de tutel a; ii) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción
extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 2 M.P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -04796 -01
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que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
- Violación directa de la Constitución.»3
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
- Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU -215 de 2022, enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada4.
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 4 Sentencia SU-074 de 2022.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -04796 -01
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(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de
reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si este es d eterminante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
A esta Subsección corresponde definir inicialmente si se encuentran cumplidos los requisitos generales de procedencia, especialmente, el de relevancia constitucional que no se encontró satisfecho en primera instancia , pues solo de ser así, habría lugar a realizar un estudio de fondo sobre las inconformidades expuestas por la accionante consistentes en la configuración de los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.
Al respecto, se considera que la acción sí supera dicha exigencia general puesto que lo pretendido por la parte actora es lograr la protección de su s derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, los cuales considera vulnerados con la sentencia discutida por la incursión en los defectos mencionados , mas no plantear un asunto de mera legalidad, desconocer la autonomía e independencia judicial del juez natural de la causa o convertir esta acción en una instancia adicional al proceso ordinario.
En efecto, la solicitante del amparo procura demostrar la incursión en algunas de
judicial del juez natural de la causa o convertir esta acción en una instancia adicional al proceso ordinario.
En efecto, la solicitante del amparo procura demostrar la incursión en algunas de las causales específicas establecidas por la Corte Constitucional que habilitan la procedencia de la tutela cuando se discuten providencias judiciales, las cuales sustentó de forma que re sultan comprensibles sus desacuerdos respecto a la providencia controvertida en esta sede y que podrían tener eventualmente una incidencia en la decisión adoptada.
En cuanto al cumplimiento de los demás requisitos generales de procedencia, se observa que i) la acción se presentó con inmediatez, en la medida que el 24 de abril de 2025 se envió mensaje de datos para notificar la sentencia discuti da y el 1 de agosto de este año se instauró esta acción; ii) no se está invocando una irregularidad procesal, por lo que no hay lugar a la exigencia relacionada con ese supuesto; iii) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos estimados como transgredidos; y iv) no se trata de una sentencia de tutela.
5 Sentencia SU-074 de 2022. 6 Sentencia SU-072 de 2018.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -04796 -01
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Sin embargo, en relación con el requisito de subsidiaried ad en cuanto al defecto fáctico invocado, se advierte que la parte actora cuenta con el recurso extraordinario
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Sin embargo, en relación con el requisito de subsidiaried ad en cuanto al defecto fáctico invocado, se advierte que la parte actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal contenida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, consistente en la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación, la cual resulta procedente para alegar la falta absoluta de valoración de los medios de prueba, que es precisamente lo reclamado por la solicitante del amparo.
En efecto, la accionante afirmó que «la sentencia incurrió en un defecto fáctico por omisión en la valoración de prueba relevante y decisiva, lo que afecta el núcleo del debido proceso y justifica la intervención del juez de tutela».
Sobre el particular, en la sentencia del 19 de mayo de 2023 la Sala Quinta Especial del Consejo de Estado7 sostuvo:
«En cuanto a los presupuestos de fondo para declarar su prosperidad, la Sala entrará a analizar si se vulneró el debido proceso del señor […] teniendo en cuenta que, los argumentos del recurrente no se circunscriben a una discrepancia con la valoración pro batoria, sino a la nulidad originada en la sentencia por falta absoluta de consideración de un elemento de prueba sobre un hecho cuya negación en la sentencia incide directamente en la decisión adoptada»
En efecto, la supuesta vulneración al derecho fundamental al debido proceso por haberse dejado de valorar totalmente una prueba es susceptible de ser protegido de manera integral a través del precitado recurso, en caso de que ello sea procedente.
adoptada»
En efecto, la supuesta vulneración al derecho fundamental al debido proceso por haberse dejado de valorar totalmente una prueba es susceptible de ser protegido de manera integral a través del precitado recurso, en caso de que ello sea procedente.
La Corte Constitucional, en la sentencia SU -026/21, luego de referirse a las causales del recurso extraordinario de revisión, la finalidad de este y las irregularidades que apunta a corregir, expresó que ello erige, en materia contencioso-administrativa, al mencionado recurso en un medio de defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado. Al respecto, señaló:
«(…) De hecho la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable semejanza entre la acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca proteger este derecho: “A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se plantearía la controversia sobre el debido proceso en términos idénticos a los que constituyen el presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto que un pronunciamiento del juez constitucional dejaría sin oficio al juez competente. Los dos procesos, el extra ordinario especial de revisión y el de tutela, tendrían identidad de causa petendi y de petitum, y resulta claro que no puede haber, sobre la misma causa, dos pronunciamientos judiciales concurrentes (…)»
De tal manera, ante la existencia de otro medio judicial para reclamar la protección de los derechos que se invocan como conculcados con base en el defecto fáctic o, la acción de tutela resulta improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
de los derechos que se invocan como conculcados con base en el defecto fáctic o, la acción de tutela resulta improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
7 Expediente 11001-03-15-000-2022-00179-00.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2025 -04796 -01
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En relación con los demás defectos, se cumplen la totalidad de los requisitos generales de procedencia, por lo cual se procederá a su estudio.
En la sentencia discutida a través de esta acción, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, luego de valorar las pruebas documentales relacionadas con el Contrato de Interventoría 20110798 suscrito entre AR GEOPHYSICAL CONSULTANT LTDA. y FONADE , determinó que las partes del neg
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