CE - Sentencia 11001031500020250483801
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250483801
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil vein ticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-04838-01 Demandante ZOILA LASTENIA RIVERA POTOSI Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTRO Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto procedimental. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Tiempo de convivencia sustitución de la asignación d e retiro. Derecho de petición asunto pensional. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sección Cuarta decide la impugnación interpuesta p or la señora Zoila Lastenia Rivera Potosí contra la sentencia de 4 de septiembre d e 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que dispuso lo siguiente: «PRIMERO. NEGAR el amparo solicitado por Zoila Lasteni a Rivera Potosí, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Ad ministrativo de Nariño, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones El 4 de agosto de 2025, la señora Zoila Lastenia Rive ra Potosí interpuso acción de
con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones El 4 de agosto de 2025, la señora Zoila Lastenia Rive ra Potosí interpuso acción de tutela, mediante apoderado judicial, contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proces o, acceso a la administración de justicia, igualdad, seguridad soci al y mínimo vital.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: (sic para toda la cita) «PRIMERO: Solicito a Usted Señor Juez tutele los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINIS TRACION DE JUSTICIA, DERECHO A LA IGUALDAD, A LA SEGURIDAD SOCIAL y demás derechos que estén siendo vulnerados, por la sentencia inhibitoria profe rida el once (11) de abril de dos mil veinticinco (2025) por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO D E NARIÑO – SALA PRIMERA DE DECISION, con ponencia del H. Magistrado EDGAR GUIL LERMO CABRERA RAMOS, al resolver la Apelación de la sentencia proferida el 1 8 de agosto de 2023 por el Juzgado Segundo (2o) Administrativo del Circuito de Pasto ( Pro ceso 52001333300220220001800) (…) SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de 11 de abril de 2025, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sal a Primera de Decisión, con ponencia del H. Magistrado EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS, que revocó la sentencia
instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sal a Primera de Decisión, con ponencia del H. Magistrado EDGAR GUILLERMO CABRERA RAMOS, que revocó la sentencia proferida el 18 de agosto de 2023 por el Juzgado Segundo (2o) Administrativo del Circuito de Pasto ( Proceso 2022-0001800) ”, dentro del proceso de nulidad y restablecimient o del derecho incoada por ZOILA LASTENIA RIVERA POTOSI, con tra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en cuanto declaro probada de oficio , la excepción previa de inepta demanda por indebido agotamiento de sede administrativa y, en consecuencia, INHIBASE la Sala de fallar de fondo el presente asunto, según l as consideraciones dadas. Que se le garanticen los derechos fundamentales en los términos definidos por la H. Corte Constitucional (…)Radicado: 11001-03-15-000-2025-04838-01
Demandante: Zoila Lastenia Rivera Potosí
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRETENSIONES SUBSIDIARIAS En el evento de que el Hon orable Tribunal de tutela de primera instancia no conceda la pretensión principal d e esta acción Constitucional, respetuosamente le solicito que, en atención a los hechos, argumentos y pruebas de la acción de tutela de referencia, acceda a las siguientes pretensiones: TERCERO: Ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, profiera acto administrativo, que reconozca o niegue el derecho a la sustitución de a signación de retiro, con
de tutela de referencia, acceda a las siguientes pretensiones: TERCERO: Ordenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, profiera acto administrativo, que reconozca o niegue el derecho a la sustitución de a signación de retiro, con pronunciamiento sobre la existencia de convivencia previa al matrimonio de la señora ZOILA LASTENIA RIVERA POTOSI y el señor SM.(V) EJC. CAMPO ELIAS CARDENAS SANCHEZ (Q.E.P.D.), de esta manera agotar la actuación administrativa, requisito previo para instaurar nuevamente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho».
2. Hechos Del expediente, los hechos relevantes son los siguie ntes: 2.1. La señora Zoila Lastenia Rivera Potosí interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del d erecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL, con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos que negaron el reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación de retiro del señor Campo Elías Cárde nas Sánchez, quien falleció el 6 de diciembre de 2020.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la citada prestación junto con el pago de las mesadas dejadas de percibir hasta la inclusión en nómina de pensionados. 2.2. En primera instancia el Juzgado Segundo Administr ativo de Pasto (Expediente 52001-33-33-002-2022-00018-00) mediante sentencia de 18 de agosto de 2023 accedió a las pretensiones de la demanda. El Juzgado fundamentó su decisión en que las pruebas obrantes en el
52001-33-33-002-2022-00018-00) mediante sentencia de 18 de agosto de 2023 accedió a las pretensiones de la demanda. El Juzgado fundamentó su decisión en que las pruebas obrantes en el expediente demostraban la convivencia real y efecti va con ánimo de permanencia de la señora Zoila Lastenia Rivera Potosí con el causante, desde octubre de 2015 hasta el 6 de diciembre de 2020, en virtud de un vínculo de hecho y, posteriormente de uno matrimonial. En consecuencia, la autoridad judicial consideró que se cumplió el requisito exigido por la norma especial, esto es el parágrafo 2, literal a), artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 , según el cual, para efectos de la sustitución de la asignación de retiro se requiere acreditar una conviv encia con el fallecido de no menos de 5 años continuos inmediatamente anteriore s a su muerte. 2.3. La decisión fue apelada por la Caja de Retiro d e las Fuerzas Militares CREMIL. 2.4. Mediante sentencia del 11 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión revocó la decisión ap elada y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de inepta dem anda por el indebido agotamiento de la sede administrativa. En consecuenc ia, la autoridad judicial se inhibió para emitir un pronunciamiento de fondo sob re las pretensiones de la demanda. La autoridad judicial sostuvo que en sede administrativa no se invocó el tiempo de convivencia previo al matrimonio en calidad de com pañeros permanentes, lo cual denota que no se agotó debidamente la vía administrativa. Explicó que
la demanda. La autoridad judicial sostuvo que en sede administrativa no se invocó el tiempo de convivencia previo al matrimonio en calidad de com pañeros permanentes, lo cual denota que no se agotó debidamente la vía administrativa. Explicó que el ejercicio de los medios y recursos obligatorios an tes de acudir a la jurisdicción constituye un requisito de procedibilidad indispensable, conforme a lo previsto en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011. En ese sentido, indicó que al no haberse producido un acto administrativo que resolviera sobre ese punto en específico no era viabl e solicitar su nulidad ni mucho menos un restablecimiento del derecho, ya que la entidad demandada nunca tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04838-01
Demandante: Zoila Lastenia Rivera Potosí
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.5. Tras la finalización del medio de control, la s eñora Zoila Lastenia Rivera Potosí presentó derecho de petición 1 ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL, en el cual le informó a dicha entidad sobre la convivencia ocurrida con el causante a partir del 1° de octubre de 2015 previo al matrimonio. Por lo tanto, solicitó el reconocimiento y pago de la sust itución de la asignación de retiro, en tanto que la convivencia superó el lapso de 5 años. 2.6. Mediane Oficio E2025045449 de 4 de julio de 2025 , la Caja de Retiro de las
retiro, en tanto que la convivencia superó el lapso de 5 años. 2.6. Mediane Oficio E2025045449 de 4 de julio de 2025 , la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL negó la solicitud, bajo el a rgumento de que en el asunto existe cosa juzgada por parte de la jurisdicci ón contenciosa administrativa. La señora Zoila Lastenia Rivera Potosí interpuso recurso de reposición ante la anterior decisión. En Oficio 690 E2025049059 de 24 de julio de 2025 , la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL sostuvo lo siguiente referent e al recurso de reposición interpuesto: «verificadas las bases de datos de esta Entidad, se establece que usted presentó derecho de petición en el mismo sentido mediante radicado de entrada N° 2025040821 el pasado 25 de junio de 2025, obteniendo respuesta por parte de esta Caja de Retiro, el día el 4 de julio de 2025, con Oficio de Salida radicado N° 2025045449, remitida a su dirección electrónica».
3. Fundamentos de la acción Tras considerar que se cumplen los requisitos general es de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, la parte actora argumentó que el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión incu rrió en defecto procedimental, al darle prioridad al derecho formal y no proferir un fal lo definitivo, a pesar de que la discusión se centraba en un asunto sustancial como lo era el reconocimiento de la sustitución pensional.
Aseguró que la Corte Constitucional ha reiterado que la sustitución pensional es una prestación económica del sistema de seguridad social en pensiones que adquiere
reconocimiento de la sustitución pensional. Aseguró que la Corte Constitucional ha reiterado que la sustitución pensional es una prestación económica del sistema de seguridad social en pensiones que adquiere naturaleza fundamental, cuando de su reconocimiento depende la materialización de las garantías de los beneficiarios que se encuent ran en una situación de debilidad manifiesta. Reconoció que inicialmente no mencionó su convivencia previa al matrimonio con el causante. Sin embargo, resaltó que esta sí existió y fue expuesta en el medio de control. Indicó que la convivencia inició el 1° de octubre de 2015 y que esta continuó tras su matrimonio desde el 24 de marzo de 2018, lo q ue acredita más de 5 años. De ahí que se cumplía con el requisito legal para l a sustitución pensional. Explicó que «ella consideró que no era necesario, mencionar la convi vencia previa con el causante, ignoró el requisito de los cinco años para acced er a dicho derecho de obtener la sustitución de asignación de retiro, creyó de buena fe qu e el solo hecho de haber contraído matrimonio el 24 de marzo de 2018, la legitimaba para el reconocimiento de la prestación solicitada». También consideró que se incurrió en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, porque se aplicó de forma exegética y aislada el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 que establece que cuando se pretende la nulidad de un acto administrativo particular se requiere como requisito de procedibilidad haber ejercido todos los recursos en la vía administrativa. Sin embargo , indicó que el recurso de reposición no es obligatorio, de conformidad con lo d ispuesto en los artículos 74 y
administrativo particular se requiere como requisito de procedibilidad haber ejercido todos los recursos en la vía administrativa. Sin embargo , indicó que el recurso de reposición no es obligatorio, de conformidad con lo d ispuesto en los artículos 74 y 76 de tal ley. Por consiguiente, la falta de agotamie nto de dicho instrumento no puede emplearse como excusa para no decidir de fondo e l asunto.
1 De acuerdo con el Oficio E2025045449 de 4 de julio d e 2025 expedido por la Caja de Retiro de las Fuerzas Mi litares, tal petición fue presentada el 25 de junio de 2025.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04838-01
Demandante: Zoila Lastenia Rivera Potosí
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co A su vez, sostuvo que la expedición de sentencias inhibitorias debe ser excepcional, debido a que los jueces tienen la obligación de ado ptar decisiones de fondo en los asuntos materia de proceso; y agregó que existe una p rotección especial para los adultos mayores dado su grado de vulnerabilidad. Finalmente, solicitó como pretensión subsidiaria que en caso de no dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia controvertida se l e ordene a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares proferir acto administrativo que reconozca o niegue el derecho a la sustitución de asignación de retiro, con pronunci amiento sobre la convivencia previa al matrimonio. Esto con el propósito de «agotar la actuación administrativa, requisito previo para instaurar nuevamente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho».
4. Trámite e intervenciones
previa al matrimonio. Esto con el propósito de «agotar la actuación administrativa, requisito previo para instaurar nuevamente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho».
4. Trámite e intervenciones 4.1. En auto de 8 de agosto de 2025, se admitió la a cción de tutela interpuesta por la señora Zoila Lastenia Rivera Potosí contra el Tribun al Administrativo de Nariño; se vinculó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) y el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto; y se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes. 4.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Pasto aseguró que la inconformidad de la parte accionante se centra en la providencia que resolvió el recurso de apelación en segunda instancia y que su postura se e xpuso al proferirse el fallo de primera instancia que accedió a las preten siones.
Agregó que el asunto debatido no tiene relevancia co nstitucional, en tanto versa sobre un aspecto netamente procesal ya discuti do y resuelto que no se relaciona con el derecho al debido proceso. Realmente se trata de una inconformidad con la decisión adoptada. Además, aseg uró que los desacuerdos con la decisión no constituyen per se de fectos de fondo en la providencia. 4.3. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares sostuvo que no existe vulneración alguna, ya que la demandante tuvo a su disposición los medios judiciales de defensa y etapas procesales pertinentes, lo cual evid encia que no se le violó el debido proceso. Agregó que el hecho que no se ac ceda a las pretensiones
alguna, ya que la demandante tuvo a su disposición los medios judiciales de defensa y etapas procesales pertinentes, lo cual evid encia que no se le violó el debido proceso. Agregó que el hecho que no se ac ceda a las pretensiones no implica que «se esté incurriendo en vía de hecho». Por lo expuesto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela. 4.4. El Tribunal Administrativo de Nariño manifestó que no se configura el defecto procedimental, pues para que este se estructure es nece sario que el fallador se aparte completamente del procedimiento estableci do y actúe al margen de la ley. En el presente caso, sin embargo, la decisió n cuestionada se adoptó con estricto apego al ordenamiento jurídico. También resaltó que en el caso se constató el incumplimiento del requisito previsto en el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, consistente en agotar la sede administrativa antes de acudir a la jurisdicción. Al lí no se debatió la acreditación del requisito de convivencia entre la a ccionante y el causante de la pensión cuya sustitución reclama, lo que impedía a la judicatura emitir un pronunciamiento de fondo. Además, subrayó que en la solicitud de reconocimient o pensional la accionante omitió voluntariamente aportar elementos qu e acreditaran la convivencia con el causante, por considerarlos irrelevantes, motivo por el cual la administración no se pronunció sobre este aspect o ni generó un acto administrativo susceptible de control jurisdiccional . En conclusión, aseguró que la providencia judicial r eprochada no incurrió en
la administración no se pronunció sobre este aspect o ni generó un acto administrativo susceptible de control jurisdiccional . En conclusión, aseguró que la providencia judicial r eprochada no incurrió en ninguna de las causales de procedencia excepcional d e la acción de tutelaRadicado: 11001-03-15-000-2025-04838-01
Demandante: Zoila Lastenia Rivera Potosí
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contra providencias judiciales. Por el contrario, la decisión se adoptó con fundamento en una interpretación razonable de los he chos y del derecho aplicable, respetando las garantías procesales de las partes. En consecuencia, solicitó negar por improcedente el amparo.
5. Providencia impugnada Mediante sentencia del 4 de septiembre de 2025, el C onsejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A negó las pretensiones formuladas por la parte actora, pues consideró que la decisión del Tribunal Administrati vo de Nariño no desconoce el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, debido a que es cierto que en sede administrativa la señora Zoila Lastenia Rivera Potosí no se refirió a la convivencia con el causante previo al matrimoni o. De manera que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares CREMIL no tuvo la oport unidad de pronunciarse sobre esa circunstancia.
Por lo tanto, el juez de tutela consideró que el Tribunal accionado no privilegió normas procesales, sino que su decisión respondió a u n requisito indispensable para el reconocimiento del derecho que persigue la d emandante en el proceso ordinario.
Por lo tanto, el juez de tutela consideró que el Tribunal accionado no privilegió normas procesales, sino que su decisión respondió a u n requisito indispensable para el reconocimiento del derecho que persigue la d emandante en el proceso ordinario. Adicionalmente, precisó que la autoridad accionada en ningún momento consideró que era obligatorio el agotamiento del recurso de repos ición, como lo aseguró la accionante. La referencia a ese instrumento se hizo p orque a través de ese mecanismo la demandante pretendía incorporar al debate la convivencia previa al matrimonio, lo cual refuerza la conclusión de que no se agotó adecuadamente la vía administrativa. Omisión que es atribuible a la propi a parte actora y no a una actitud excesivamente formalista de parte del órgano judicia l.
6. Impugnación La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia insistiendo en los mismos argumentos expuestos en el escrito de tutela. Reiteró su pretensión subsidiaria consistente en que, en el caso de no acceder a la pretensión principal, se le ordene a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares proferir acto administrativo que reconozca o niegue su derecho a la sustitución de asignación de retiro, teniendo en cuenta la convivencia previa al matrimonio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la ac ción u omisión de las
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la ac ción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salv o cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremed iable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional con tra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido u na serie de requisitos generales
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendr á acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumari o, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la p rotección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazad os por la acción o la omisión de cualquier autoridad públi ca o de los particulares en los casos que señala este decret o».Radicado: 11001-03-15-000-2025-04838-01
Demandante: Zoila Lastenia Rivera Potosí
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno d e los defectos o requisitos especiales de la acción.
www.consejodeestado.gov.co y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno d e los defectos o requisitos especiales de la acción. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizars e con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esencial es del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contr a providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervi nientes en el proceso. 3. Planteamiento del problema jurídico Con fundamento en lo expuesto, corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia al negar las p retensiones formuladas por la parte actora. Para esto, inicialmente, se analizará si la acción interpuesta cumple a cabalidad con los requisitos generales de procedibili dad. Solo en caso de superar dicho análisis, la Sala determinará si al proferir la sentencia de 11 de abril de 2025, en el marco del medio de con trol de radicado 52001-33-33002-2022-00018-01 el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión incurrió en los defectos propuestos. A su vez, en el evento de no prosperar las pretensiones principales relacionadas contra la menci onada providencia judicial, se
002-2022-00018-01 el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión incurrió en los defectos propuestos. A su vez, en el evento de no prosperar las pretensiones principales relacionadas contra la menci onada providencia judicial, se analizará la pretensión subsidiaria formulada por la p arte actora.
4. Requisitos generales de procedibilidad de la tute la contra providencia judicial y su análisis en el caso En el caso bajo estudio, se encuentran satisfechos l os requisitos generales de procedibilidad de la acción, por las siguientes razo nes: Primero, se expusieron los hechos y los motivos por los cuales se considera que la autoridad judicial accionada incurrió en errores al revo car la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar probada de oficio la excepción previa de inepta demanda por indebido agotamiento de la sede adminis trativa.
Segundo, la acción de tutela se presentó (4 de agosto de 2025 ) en menos de tres meses desde la notificación de la sentencia del 11 de abril de 2025 (el 22 de mayo de 2025 se remitió el mensaje de datos a efectos de surtir la notificación). Esto demuestra que no hubo dilación ni retardo en cabeza de la par te actora en la defensa de sus derechos fundamentales. Tercero, el asunto es de relevancia constitucional. No podría entenderse que la tutela se está empleando como una tercera instancia adicional pues no fue la parte actora la que ejerció el recurso de apelación en el me dio de control; y la tutela interpuesta persigue la protección de los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, seguridad social y mínimo vital presuntamente vulnerados por la configuración del defecto sustantiv o.
interpuesta persigue la protección de los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, seguridad social y mínimo vital presuntamente vulnerados por la configuración del defecto sustantiv o. Cuarto, está satisfecho el requisito de la subsidiarie dad de la acción, dado que no se cuenta con otros medios de defensa judiciales idó neos para exponer los cargos desarrollados en el escrito de tutela. Al encontrar cumplidos los requisitos generales de pro cedibilidad de la acción, la Sala proseguirá a estudiar si el Tribunal Administrat ivo de Nariño, Sala Primera de Decisión incurrió en el defecto alegado por la parte actora.Radicado: 11001-03-15-000-2025-04838-01
Demandante: Zoila Lastenia Rivera Potosí
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
5. Alcance del defecto procedimental y su análisis e n el caso 5.1. En principio, la relación existente entre el de recho al debido proceso y la prevalencia del derecho sustancial es de complementa riedad. No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que, en ocasiones, cuando la justicia material queda subordinada a los procedimientos se p resenta una tensión entre ambos3, de allí que el desarrollo del defecto procedimental como causal específica de procedibilidad surgió con el fin de ro mper esa «tensión aparente».
La Corte Constitucional ha señalado: «El defecto procedimental se causa por un error en la aplicación de las normas que fijan el trámite a s eguir para la resolución de una
aparente». La Corte Constitucional ha señalado: «El defecto procedimental se causa por un error en la aplicación de las normas que fijan el trámite a s eguir para la resolución de una controversia judicial. Sin embargo, no se trata de cualq uier defecto respecto de las formas propias de cada juicio, sino uno que tenga la entidad suficiente para negar la materialización de los derechos fundamentales»4. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, est e defecto se configura por dos modalidades diferentes. La primera ha sido denomin ada como defecto procedimental absoluto. Se presenta cuando un funcion ario judicial actúa completamente al margen del procedimiento previsto e n la ley. Esta situación se puede configurar cuando se sigue un trámite ajeno al que se debió emplear o cuando se «omiten etapas sustanciales del procedimiento establecido»5. La segunda se llama defecto procedimental por exceso ritual manifiesto . Modalidad que se configura cuando «cuando el funcionario arguye razones formales a manera de impedimento, las cuales constituyen una denegaci ón de justicia»6. Sobre esta modalidad, la Corte Constitucional ha dicho: «El defecto procedimental por exceso ritual manifiest o puede entenderse, en términos generales, como el apego estricto a las reglas procesales que obstaculizan la materialización de los derechos sustanciales, la búsqueda de la verdad y la adopción de decisiones judiciales justas. En otras palabras, por la ciega obediencia al d erecho procesal, el funcionario judicial abandona su rol como garante de la normatividad sustan cial, para adoptar decisiones desproporcionadas y manifiestamente incompatibles con el ordenamiento jurídico. Bajo este supuesto, la validez de la decisión adoptada judicialmente no solo se determina por
abandona su rol como garante de la normatividad sustan cial, para adoptar decisiones desproporcionadas y manifiestamente incompatibles con el ordenamiento jurídico. Bajo este supuesto, la validez de la decisión adoptada judicialmente no solo se determina por el cumplimiento estricto de las reglas procesales, sino que además depende de la protección de los derechos sustanciales. Por ello, ha sostenido la Corte, el sistema procesal moderno no puede utilizarse como una razón válida para negar la satisfacción de tales prerrogativas, en la medida que la existencia de las reglas procesales se justif ica a partir del contenido material que propenden»7. La jurisprudencia también ha indicado que el error en el trámite procesal debe tener la entidad suficiente para que vulnere los derechos fundamentales de las partes y que aquel no debe ser fruto del actor. 5.2. Explicado lo anterior, la Sala se referirá a las m otivaciones de la sentencia de 11 de abril de 2025 , proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión mediante la cual se revocó la dec isión de primera instancia y se declaró probada de oficio la excepción previa de inepta demanda por indebido agotamiento de la sede administrativa y, en consecuencia, la autoridad se inhibió de fallar de fondo el asunto. El Tribunal explicó que, aunque la señora Zoila Lastenia Rivera Potosí pudo acreditar el requisito de convivencia de 5 años en cua lquier tiempo, lo cierto es que en sede administrativa no se informó sobre el tiempo convivido durante la unión marital de hecho debido a que aquella no co nsideró tal factor como relevante. Si bien pretendió acreditarlo en el recurso de reposición, e
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