CE - Sentencia 11001031500020250500001
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250500001
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05000-01
Accionante: ANA LAUDELINA VILLALOBOS, DINELBA CAAMAÑO
VILLALOBOS, NERYS CAAMAÑO VILLALOBOS, ARACELIS
CAAMAÑO VILLALOBOS, RUTH AMPARO CAAMAÑO
VILLALOBOS, SOLFANIS CAAMAÑO VILLALOBOS,
YOMAIRA ESTHER CAAMAÑO VILLALOBOS, WILMAN
CAAMAÑO VILLALOBOS, ODAZZIL CAAMAÑO
VILLALOBOS, DANELIA ISABEL CAAMAÑO PEINADO,
ÁNGEL CAAMAÑO VILLALOBOS Y MARÍA ANGÉLICA
CAAMAÑO MÁRQUEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa por daño causado por persona con medida de aseguramiento privativa de la libertad en residencia. Defecto por desconocimiento del precedente horizontal
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
privativa de la libertad en residencia. Defecto por desconocimiento del precedente horizontal
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por los señores Wilman Caamaño Villalobos, Ana Laudelina Villalobos, Dinelba Caamaño Villalobos, Nerys Caamaño Villalobos, Aracelis Caamaño Villalobos, Ruth Amparo Caamaño Villalobos, Solfanis Caamaño Villalobos, Yomaira Esther Caamaño Villalobos, Odazzil Caamaño Villalobos, Danelia Isabel Caamaño Peinado, Ángel Caamaño Villalobos y María Angélica Caamaño Márquez, quienes actúan mediante apoderad o judicial, contra la sentencia de 15 de septiembre de 202 5 proferida por la Subsección A de la S ección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de junio de 2025, los demandantes pidieron al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como el principio de seguridad jurídica, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al de igualdad, a la seguridad jurídica y de acceso a la administración de justicia a la señora ANA LAUDELINA
VILLALOBOS, DINELBA CAAMAÑO VILLALOBOS, NERYS CAAMAÑO VILLALOBOS, ARACELIS
seguridad jurídica y de acceso a la administración de justicia a la señora ANA LAUDELINA
VILLALOBOS, DINELBA CAAMAÑO VILLALOBOS, NERYS CAAMAÑO VILLALOBOS, ARACELIS
CAAMAÑO VILLALOBOS, RUTH AMPARO CAAMAÑO VILLALOBOS, SOLFANIS CAAMAÑO
VILLALOBOS, YOMAIRA ESTHER CAAMAÑO VILLALOBOS, WILMAN CAAMAÑO VILLALOBOS,
ODAZZIL CAAMAÑO VILLALOBOS, DANELIA ISABEL CAAMAÑO PEINADO, ÁNGEL CAAMAÑO
VILLALOBOS y MARIA ANGELICA CAAMAÑO MARQUEZ.
SEGUNDO: Ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, para que profiera un nuevo fallo conforme a los criterios señalados en la jurisprudencia del Consejo de Estado, valorando los medios de prueba y acceder a las pretensiones invocadas en el medio de cont rol de reparación directa Radicación: 20001 -33-33-001-20218-00522-02 MEDIO DE CONTROL REPARACIÓNRadicado: 11001-03-15-000-2025-05000-01
Accionante: Ana Laudelina Villalobos y otros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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DIRECTA Demandantes: ANA LAUDELINA VILLALOBOS, DINELBA CAAMAÑO VILLALOBOS,
NERYS CAAMAÑO VILLALOBOS, ARACELIS CAAMAÑO VILLALOBOS, RUTH AMPARO
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DIRECTA Demandantes: ANA LAUDELINA VILLALOBOS, DINELBA CAAMAÑO VILLALOBOS,
NERYS CAAMAÑO VILLALOBOS, ARACELIS CAAMAÑO VILLALOBOS, RUTH AMPARO
CAAMAÑO VILLALOBOS, SOLFANIS CAAMAÑO VILLALOBOS, YOMAIRA ESTHER CAAMAÑO
VILLALOBOS, WILMAN CAAMAÑO VILLALOBOS, ODAZZIL CAAMAÑO VILLALOBOS, DANELIA
ISABEL CAAMAÑO PEINADO, ÁNGEL CAAMAÑO VILLALOBOS y MARIA ANGELICA (sic) CAAMAÑO MARQUEZ Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Vinculado: LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Y CARCELARIO, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO”.
2. Hechos
Los accionantes relataron que el 20 de noviembre de 2014, el señor Adolfo Rafael Caamaño Villalobos (familiar) , quien se encontraba laborando en el colegio San Isidro – sede primaria del municipio de Curumaní, Cesar, fue asesinado por el señor Carlos Alfredo Aguilar Becerra, quien al momento de los hechos tenía vigente una medida de aseguramiento privativa de la libertad en su residencia impuesta por el Juzgado Doce Penal Municipal con Funci ón de Control de Garantías de Bucaramanga, por la comisión del delito de homicidio preterintencional agravado.
Señalaron que la esposa e hijos del señor Adolfo Rafael Caamaño Villalobos presentaron demanda de reparación directa que se radicó con el num. 20001-33Señalaron que la esposa e hijos del señor Adolfo Rafael Caamaño Villalobos presentaron demanda de reparación directa que se radicó con el num. 20001-3333-002-2016-00090-01, en la que el Tribunal Administrativo del Cesar en fallo de 20 de mayo de 2021, confirmó la decisión de primera instancia, en la que se condenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec-, al pago de los perjuicios causados, en tanto no verificó que la persona que le quitó la vida cumpliera con dicha medida.
Afirmaron que el 23 de noviembre de 2018 1, los señores Wilman Caamaño Villalobos, Ana Laudelina Villalobos, Dinelba Caamaño Villalobos, Nerys Caamaño Villalobos, Aracelis Caamaño Villalobos, Ruth Amparo Caamaño Villalobos, Solfanis Caamaño Villalobos, Yomaira Esther Caamaño Villalobos, Odazzil Caamaño Villalobos, Danelia Isabel Caamaño Peinado, Ángel Caamaño Villalobos y María Angélica Caamaño Márquez2, en ejercicio del medio de control de reparación directa presentaron demanda contra la Nación, Ministerio de Justicia, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec-, Rama Judicial, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional (radicado num. 20001 -33-33-001-2018-00522-02), con la pretensión de que se declarara la responsabilidad del Estado por la muerte del señor Adolfo Rafael Caamaño Villalobos a manos de una persona que se encontraba en custodia del Inpec , lo que configur ó una falla en el servicio y un anormal funcionamiento de la administración de justicia.
Adolfo Rafael Caamaño Villalobos a manos de una persona que se encontraba en custodia del Inpec , lo que configur ó una falla en el servicio y un anormal funcionamiento de la administración de justicia.
Indicaron que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar en sentencia de 11 de mayo de 2023, declaró administrativa y patrimonialmente responsable al Inpec por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión al deceso del señor Adolfo Rafael Caamaño Villalobos. Por consiguiente, lo condenó al pago de los perjuicios morales en cuantía de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor de la señora Ana Laudelina Villalobos en calidad de madre de la víctima y en 50 smlmv para cada uno de los hermanos.
Finalmente, manifest aron que contra la anterior decisión la entidad condenada interpuso recurso de apelación. El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia de 12 de junio de 2025 la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que se encontró configurada la excepción de l hecho de un tercero , pues la conducta determinante en la causación del daño devino de l
1 En auto de 7 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo del Cesar, revocó el proveído mediante el cual el a quo había rechazado la demanda por haberse configurado la caducidad del medio de control de reparación directa, con sustento en que “resulta lógica la argumentación del apelante, en tanto solo al momento en que se dictó la sentencia de segunda instancia sobre la responsabilidad penal del Sr. Carlos Aguilar Becerra, nació la certeza que él, quien dice la parte actora estaba privado de la libertad de manera preventiva al momento de la
dictó la sentencia de segunda instancia sobre la responsabilidad penal del Sr. Carlos Aguilar Becerra, nació la certeza que él, quien dice la parte actora estaba privado de la libertad de manera preventiva al momento de la ocurrencia de los hechos, fue quien efectivamente cegó la vida del hoy demandante.” 2 En calidad de madre y hermanos de la víctima.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05000-01
Accionante: Ana Laudelina Villalobos y otros
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3 comportamiento criminal del señor Carlos Alfredo Aguilar Becerra , lo que resultó imprevisible e irresistible para el Inpec.
3. Fundamentos de la acción
Los demandantes aseguraron que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia, pues i) se encuentran legitimados para presentar la solicitud de amparo, ii) se radicó en un plazo razonable y iii) agotaron todos los mecanismos idóneos de defensa.
Afirmaron que el Tribunal vulnera el derecho fundamental a la igualdad, pues en el proceso de reparación directa con radicado num. 20001-33-33-002-2016-00090-00 adelantado por la esposa e hijos del señor Adolfo Rafael Caamaño Villalobos por los mismos hechos, pretensiones, pruebas y parte demandada, la misma autoridad judicial accedió a las pretensiones , mientras que en el proceso con radicado num. 20001-33-33-001-2018-00522-02 adelantados por los ahora accionantes en calidad
judicial accedió a las pretensiones , mientras que en el proceso con radicado num. 20001-33-33-001-2018-00522-02 adelantados por los ahora accionantes en calidad de madre y hermanos de la víctima directa las negó, sin “una justificación clara para la diferencia de trato”.
Aseguraron que el “Tribunal Administrativo del Cesar, no valoró adecuadamente las pruebas y en que se haya dado prevalencia a las formas sobre el derecho sustancial”. Además, que “se trata de dos procesos de reparación directa basados en los mismos hechos y presentados contra la misma entidad, pero con resultados diferentes, y se hace necesario amparar los derechos fundamentales invocados para la madre del fallecido señor ANA LAUDEL INA VILLALOBOS, que es una persona muy longeva con 92 años cumplidos, indefensa y los hermanos del fallecido que reclaman igual trato, por ser víctimas y deben ser reparadas”.
Indicaron que el Inpec incumplió sus deberes legales, entre ellos, el de vigilar y hacer la visita periódica o verificar donde se encontraba el señor Carlos Alfredo Aguilar Becerra, por lo que se puso en peligro a la sociedad en general y permiti ó que se cometiera el homicidio del señor Adolfo Rafael Caamaño Villalobos.
Señalaron que “la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que el INPEC, al ser la entidad encargada de la vigilancia y control de los privados de la libertad, incluso aquellos con detención domiciliaria, asume una responsabilidad por sus acciones. Esto signi fica que, si un individuo bajo esta medida sale de su domicilio y comete un delito como un homicidio, el INPEC puede ser considerado
libertad, incluso aquellos con detención domiciliaria, asume una responsabilidad por sus acciones. Esto signi fica que, si un individuo bajo esta medida sale de su domicilio y comete un delito como un homicidio, el INPEC puede ser considerado responsable por negligencia en el cumplimiento de sus deberes de supervisión y control”.
Por último, manifestaron que no se configuró una causal eximente de responsabilidad en favor de la entidad demandada, en tanto las pruebas dan certeza de que el señor Carlos Alfredo Aguilar Becerra se encontraba detenido preventivamente de la libertad en su domicilio bajo vigilancia electrónica, tuvo tiempo para trasladarse al municipio de Curumaní, hospedarse en un hotel y lograr su cometido sin que en ningún momento el I npec advirtiera o alertara a las autoridades policiales y judiciales del incumplimient o de la medida de aseguramiento que se le impuso.
4. Oposición
4.1. Respuesta del Ministerio de Justicia y del Derecho
La apoderada de la cartera ministerial solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva o, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la solicitud de amparo, por incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional, pues lo que se pretende es reabrir el debate desarrollado en el proceso ordinario.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05000-01
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4.2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación
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4.2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación
La profesional de la Dirección de Asuntos Jurídicos pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela o que se desvincule al ente investigador por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Agregó que la parte actora no sustentó de manera adecuada y conforme a la jurisprudencia, las c ausales especiales de procedencia, por lo que no se observa alegato alguno contra la sentencia objetada.
Para terminar, manifestó que se utiliza la acción de tutela como mecanismo para reabrir el debate legal, lo cual no procede dado que el juez de tutela no puede usurpar la función del juez natural del asunto, máxime cuando la sentencia que se reprocha guardó la congruencia entre las premisas del juicio que concluyó con la revocatoria de la senten cia de primera instancia, al evidenciar la configuración de un eximente de responsabilidad que rompe el nexo causal -el hecho de un tercero.
4.3. Respuesta de la Policía Nacional
La asesora del Área Jurídica solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, porque no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales alegados.
Afirmó que dentro del proceso ordinario se realizó una valoración pormenorizada de la responsabilidad a cargo de la institución policial frente al deceso del señor Caamaño Villalobos, análisis que llevó al Tribunal a exonerar de responsabilidad a la Policía Nacional debido a la misión constitucional encomendada, la cual consiste
la responsabilidad a cargo de la institución policial frente al deceso del señor Caamaño Villalobos, análisis que llevó al Tribunal a exonerar de responsabilidad a la Policía Nacional debido a la misión constitucional encomendada, la cual consiste en la preservación del orden al interior del país, mas no custodiar o vigilar personas privadas de la libertad en sus domicilios.
4.4. Respuesta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -InpecEl coordinador del Grupo de Tutelas de la Dirección General de la entidad pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que no se cumplen con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.
Afirmó que los accionantes cuentan con el recurso extraordinario de revisión, en el que pueden plantear los cargos que desarrollaron en el escrito de tutela.
Finalmente, aseguró que los accionantes no pueden pretender que el debate planteado en el proceso ordinario en dos instancias se mantenga en forma indefinida con la acción de tutela.
4.5. El Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar , a pesar de que se les notificó el auto admisorio, guardaron silencio.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en fallo de 15 de septiembre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.
Sostuvo que el argumento conforme al cual la decisión atacada vulner ó el derecho a la igualdad, pues en un a decisión anterior el mismo Tribunal en el marco de una demanda de reparación directa concedió parcialmente las pretensiones de la
Sostuvo que el argumento conforme al cual la decisión atacada vulner ó el derecho a la igualdad, pues en un a decisión anterior el mismo Tribunal en el marco de una demanda de reparación directa concedió parcialmente las pretensiones de la demanda presentada por la esposa e hijos de l señor Adolfo Rafael CaamañoRadicado: 11001-03-15-000-2025-05000-01
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5 accedió a las pretensiones , lo que no ocurrió en la demanda presentada por la madre y hermanos de la misma víctima directa, resulta una justificación genérica, vaga e imprecisa, pues no se explicó con un mínimo de concreción las razones por las cuales las dos situaciones son iguales.
Afirmó que en el año 2016, la esposa e hijos de l señor Adolfo Rafael Caamaño presentaron demanda de reparación directa, proceso que se tramitó bajo el radicado 20001-33-33-002-2016-00090-00. En primera instancia, mediante sentencia de 26 de junio de 2018, el Juzgado Segundo Administrativo de l Circuito de Valledupar condenó al I npec por el daño antijurídico del homicidio del antes citado por una persona que tenía una medida de aseguramiento en su residencia . Contra esa decisión, el I npec formuló recurso de apelación, en el que argument ó que la responsabilidad de la muerte de su familiar recaía en la Rama Judicial, en atención
persona que tenía una medida de aseguramiento en su residencia . Contra esa decisión, el I npec formuló recurso de apelación, en el que argument ó que la responsabilidad de la muerte de su familiar recaía en la Rama Judicial, en atención a que fue un juez penal quien determinó que la privación de la libertad de l señor Carlos Alfredo Aguilar Becerra debía cumplirse en detención domiciliaria. En relación con ese único cargo de apelación, mediante sentencia de 20 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la decisión, al considerar que el argumento del apelante no tenía la entidad suficiente para evidenciar un error en la sentencia objeto del recurso de alzada.
Indicó que hay elementos diferenciadores con el proceso anterior, pues en el caso del expediente de 2016, los demandantes fueron la esposa e hijos de la víctima, mientras que en 2018 lo hicieron la madre y otros familiares. Adicionalmente, en 2016, el debate se centró en la resistencia del I npec a aceptar su responsabilidad, pues pretendía trasladar la imputación a la Rama Judicial bajo el argumento de que había sido esa autoridad la que concedió la prisión domiciliaria. En contraste, en 2018 la defensa del Inpec se construyó sobre la tesis del hecho de un tercero y en la del imitación de sus funciones de vigilancia respecto de quienes cumplen la medida de aseguramiento en la residencia.
Agregó que en la sentencia objetada, en criterio del Tribunal Administrativo del Cesar, el cargo de la apelación propuesto por la entidad pública tenía la vocación de alterar el sentido del fallo de primera instancia, y concluyó que en la causalidad natural de la producción del daño antijurídico la muerte de la víctima la produjo un
Cesar, el cargo de la apelación propuesto por la entidad pública tenía la vocación de alterar el sentido del fallo de primera instancia, y concluyó que en la causalidad natural de la producción del daño antijurídico la muerte de la víctima la produjo un tercero. Por consiguiente, no se trata de circunstancias idénticas y, en esa medida, el escrito de amparo no permite avizorar una tensión con el derecho a la igualdad.
Luego, explicó que en el año 2016, el fallo se refirió a la regulación de la prisión domiciliaria, particularmente a lo previsto en la Ley 1709 de 2014, la Ley 65 de 1993 y los artículos 38, 38C y 38D del Código Penal -Ley 599 de 2000-. En cambio, en la sentencia objetada se examinaron las obligaciones del I npec frente a las medidas de aseguramiento en el proceso penal, reguladas en el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. Ello implica que las obligaciones institucionales varían según se trate del cumplimiento de una condena, en su subrogado de domicilia ria, o de una medida aseguramiento, la cual es preventiva. A pesar de esta diferencia, la tutela no buscó argumentar por qué se desconoció el principio de igualdad y por qué la sentencia previa era vinculante para la decisión impugnada.
Indicó que , en el presente caso , los actores no cumplieron con la carga argumentativa correspondiente, y existen elementos que diferencian los procesos , a lo que agregó que los demandantes tenían la carga argumentativa de explicar por qué la autoridad judicial demandada vulneró el principio de igualdad de los actores ante el desconocimiento de la similitud de los procesos mencionados.
a lo que agregó que los demandantes tenían la carga argumentativa de explicar por qué la autoridad judicial demandada vulneró el principio de igualdad de los actores ante el desconocimiento de la similitud de los procesos mencionados.
Para terminar, mencionó que los argumentos planteados por los tutelantes pretenden usar la acción de tutela como una tercera instancia, para presentar inconformidades o discrepancias respecto al sentido del fallo del Tribunal Administrativo de Cesar, y no presentan una carga argumentativa que evidencie unRadicado: 11001-03-15-000-2025-05000-01
Accionante: Ana Laudelina Villalobos y otros
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6 debate de índole constitucional referido a un defecto que afecte la validez de la providencia.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicit ó que se revo que por cumplir el requisito de la relevancia constitucional, para lo cual expuso lo siguiente:
Afirmó que la culpa exclusiva de la víctima o un tercero debe ser la única causa del daño para que el Inpec quede exenta de indemnizar, por lo que debe demostrar que la acción u omisión del tercero fue la causa única y suficiente de la muerte, lo cual generalmente es difícil de probar en estos casos y más cuando el privado de la libertad en lugar de residencia portaba brazalete electrónico, sujeto que estaba bajo
la acción u omisión del tercero fue la causa única y suficiente de la muerte, lo cual generalmente es difícil de probar en estos casos y más cuando el privado de la libertad en lugar de residencia portaba brazalete electrónico, sujeto que estaba bajo la tutela y vigilancia monitoreada por parte de la mencionada entidad.
Sostuvo que se incurrió en una falla en el servicio que no exonera al Inpec, razón por la cual se debió rechazar el argumento de defensa de la mencionada entidad por parte del Tribunal Administrativo del Cesar al emitir el fallo de segunda instancia.
Indicó que está demostrado que hubo una falla del servicio del Inpec, por lo que no se podía alegar la culpa exclusiva del tercero para eximirse de su responsabilidad, en tanto fue negligente en el control y vigilancia del privado de la libertad quien estaba bajo su custodia y monitoreo por GPS, es decir, el deber de supervisión.
Resaltó que en el proceso de reparación directa en sentencia de primera instancia se condenó al Inpec, por ello la decisión del Tribunal accionado violó los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela que solicita en amparo de ellos y protección de las víctimas, toda vez que no se les puede negar el acceso a la reparación integral del daño basándose en alegaciones que no cumplen con el rigor probatorio de la culpa exclusiva del tercero.
Por último, manifestó que el Inpec para liberarse de su responsabilidad debía probar que el daño fue por la conducta de un tercero, sin ninguna participación o nexo causal por parte del Inpec, pues de tener algún tipo de acción u omisión por parte de la entidad la alegación de culpa exclusiva de un tercero no será efectiva.
que el daño fue por la conducta de un tercero, sin ninguna participación o nexo causal por parte del Inpec, pues de tener algún tipo de acción u omisión por parte de la entidad la alegación de culpa exclusiva de un tercero no será efectiva.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.
2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico
Del escrito de tutela se observa que la parte actora reprocha que el Tribunal Administrativo del Cesar no tuvo en cuenta el fallo proferido por esa misma corporación en un proceso de reparación directa que adelantaron la esposa e hijos del señor Adolfo Rafael Caamaño Villalobos por los mismos hechos y fundamento jurídico, sin exponer argumentos que justifique la diferencia en sus decisiones , alegato que se entiende como un supuesto defecto por desconocimiento del precedente horizontal.
Precisado lo anterior, l e corresponde a la Sala determinar , en los términos del escrito de impugnación, si se debe revocar la sentencia de 15 de septiembre deRadicado: 11001-03-15-000-2025-05000-01
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7 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional y, en caso afirmativo y que cumpla con los demás requisitos generales de procedencia, si la autoridad judicial accionada incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como el principio de seguridad jurídica de la parte actora, y si incurrió en desconocimiento del precedente judicial.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 5, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 5, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20146, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
3 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 4 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 5 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 6 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 7 M. P. Jaime Córdoba Triviño. 8 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 9 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05000-01
Accionante: Ana Laudelina Villalobos y otros
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