CE - Sentencia 11001031500020250508101
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250508101
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05081-01
Accionante: FRANCISCO ASÍS MARTÍNEZ SANTODOMINGO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se pretendía la sustitución de la asignación de retiro. Incumplimiento del requisito de inmediatez
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el señor Francisco Asís Martínez Santodomingo , quien actúa a través de apoderada judicial , contra la sentencia de 18 de septiembre de 2025, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de inmediatez.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 15 de agosto de 2025, la parte demandante solicitó al juez constitucional la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad, al
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 15 de agosto de 2025, la parte demandante solicitó al juez constitucional la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad, al trabajo, a la dignidad humana, a la vida y a la seguridad social, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“Primera. Se solicita la protección de los derechos fundamentales antes mencionados y de cualquier otro del mismo rango constitucional y legal que se determine como quebrantado.
Segunda. Que se deje sin efecto o se revoque la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar de fecha 31 de octubre de 2023 la cual revoco la decisión adoptada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena de fecha 13 de abril de 2021.
Tercera. Se ordene al Tribunal Administrativo de Bolívar profiera en el término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la providencia que así resuelva, nueva decisión que confirme le decisión del Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena, por cuanto no sólo se desconocieron la Constitución Política , la Ley y las Sentencias de tutela de la Corte Constitucional que son Precedentes Jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento para las autoridades administrativas y operadores judiciales”.
2. Hechos
El accionante relató que según su historia clínica del Hospital Naval de Cartagena fue diagnosticado con el síndrome de Guillain -Barré a los 18 años y agregó queRadicado: 11001-03-15-000-2025-05081-01
Accionante: Francisco Asís Martínez Santodomingo
fue diagnosticado con el síndrome de Guillain -Barré a los 18 años y agregó queRadicado: 11001-03-15-000-2025-05081-01
Accionante: Francisco Asís Martínez Santodomingo
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2 debido a esa condición, su padre, el suboficial jefe (r) ARC Néstor Alfonso Martínez Hernández, asumió su cuidado y manutención hasta su fallecimiento, ocurrido el 10 de junio de 1993.
Manifestó que la asignación de retiro fue sustituida a favor de su madre la señora Olga Santodomingo de Martínez, quien permaneció como beneficiaria hasta su fallecimiento ocurrido el 10 de junio de 2016.
Señaló que actualmente tiene 69 años y que contrajo matrimonio en 1992 con la señora María del Socorro Alcalá Torres, unión de la cual no hubo descendencia. Y explicó que, debido a la enfermedad que padece, se vio imposibilitado para trabajar y por su cond ición de invalidez, dependió completamente del apoyo de su padre hasta su fallecimiento, y posteriormente del de su madre.
Agregó que el 19 de septiembre de 2011, la señora Olga Santodomingo de Martínez (madre) mediante escrito no. 88551 dirigido a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil informó la situación de su hijo. En ese sentido, precisó que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar mediante Dictamen no. 10741
Militares – Cremil informó la situación de su hijo. En ese sentido, precisó que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar mediante Dictamen no. 10741 de 8 de noviembre de 2016, determinó que presentaba una pérdida de capacidad laboral del 69,02 %, e indicó que en dicho dictamen se estableció como fecha de estructuración el 1° de diciembre de 2012, en el área de neurología, precisando que esa determinación se adoptó por la ausencia de documentación clínica previa que acreditara el deterioro funcional y motor de las extremidades, el cual según la evolución descrita en la historia médica, debió haberse presentado con anterioridad.
Refirió que solicitó ante Cremil la sustitución de la asignación de retiro en calidad de “hijo invalido” del señor Néstor Alfonso Martínez Hernández, no obstante, indicó que mediante Resolución no. 9855 de 14 de diciembre de 2017 se decidió negar el reconocimiento y pago de la sustitución solicitada.
Como consecuencia de lo anterior, expresó que a través de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil, con el fin que se declarara la nulidad de la Resolución no. 9855 de 14 de diciembre de 2017, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación de retiro en calidad de “hijo invalido” del señor Néstor Alfonso Martínez Hernández. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condenara a la entidad demandada a que se le reconociera en calidad de beneficiario del 100% de la
de retiro en calidad de “hijo invalido” del señor Néstor Alfonso Martínez Hernández. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condenara a la entidad demandada a que se le reconociera en calidad de beneficiario del 100% de la prestación económica de la sustitución de la asignación de retiro como “hijo invalido” del señor Néstor Alfonso Martínez Hernández.
Manifestó que el proceso le correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena1, que mediante sentencia de 12 de abril de 2021 declaró la nulidad de la Resolución no. 9855 de 14 de diciembre de 2017, y como consecuencia de lo anterior ordenó a CREMIL a reconocerle y pagarle en un 100% la asignación de retiro que en vida causó el señor Néstor Alfonso Martínez Hernández, en calidad de hijo en situación de invalidez a partir del 10 de junio de 2016, al considerar que se encontraron acreditados los requisitos legales para acceder a la sustitución de asignación de retiro en condición de hijo en situación de discapacidad y dependiente económico del causante.
1 Radicado no13001-33-33-004-2018-00232-00.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05081-01
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3 Agregó que c ontra la anterior determinación , la Caja de Retiro de las Fuerzas
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3 Agregó que c ontra la anterior determinación , la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil interpuso recurso de apelación , al estimar que no se encontró probado que el accionante dependiera económicamente de sus padres, puesto que se demostró que contaba con otras fuentes de ingresos como lo era la posesión de bienes inmuebles que tenía a su nombre y, adicionalmente, precisó que de la visita domiciliaria realizada se advirtió que dependía económicamente de su esposa y sus hermanos, quienes lo ayudaban para cotizar al régimen contributivo de salud y recibir servicios médicos.
Por último, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Bolívar por medio de sentencia de 31 de octubre de 2023 revocó la decisión y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el accionante no logró demostrar la totalidad de los requisitos para acceder a la sustitución de la asignación de retiro solicitada, pues no acreditó que su situación de invalidez se estructuró con anterioridad al fallecimiento del causante.
3. Fundamentos de la acción
El accionante precisó que a pesar de que la sentencia de segunda instancia fue notificada el 15 de agosto de 2024, ocurrieron “ circunstancias excepcionales y objetivas que justifiquen plenamente su presentación posterior al umbral de seis (6) meses que la jurisprudencia constitucional ha considerado razonable”.
Agregó que la vulneración de los derechos fundamentales era permanente y actual, ya que no se agotó con la notificación del fallo judicial adverso, sino que persiste hasta la fecha, lo que afecta de manera grave y continua su derecho a una vida
Agregó que la vulneración de los derechos fundamentales era permanente y actual, ya que no se agotó con la notificación del fallo judicial adverso, sino que persiste hasta la fecha, lo que afecta de manera grave y continua su derecho a una vida digna, a la seguridad social y al mínimo vital. Y agregó que la decisión impugnada le negó el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro en calidad de hijo inválido de un militar, a pesar de su condición médica y social, que lo convierte en sujeto de especial protección constitucional.
Por otro lado, resaltó que la falta de conocimientos técnicos y la ausencia de una asesoría jurídica adecuada en un asunto tan complejo como la acción de tutela contra providencias judiciales le impidieron identificar oportunamente la existencia de un defecto judicial en las decisiones que vulneraron sus derechos. Y precisó que recientemente, tras acceder a una asesoría profesional especializada, fue posible realizar un análisis exhaustivo del expediente judicial y de los fallos emitidos en ambas instancias, logrando evidenciar la configuración de los defectos alegados.
Finalmente, afirmó que “ la Corte Constitucional ha sido clara en señalar que el principio de inmediatez no puede interpretarse con rigidez matemática, y que el análisis debe atender a las circunstancias del caso concreto, especialmente cuando el accionante es una persona en condición de vulnerabilidad o discapacidad, como ocurre en el presente asunto (cfr. T-004 de 2023, T-146 de 2021, T-588 de 2014)”.
Ahora bien, manifestó que el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en un defecto fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de
Ahora bien, manifestó que el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en un defecto fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución. Respecto del defecto fáctico, precisó que la autoridad judicial accionada no valoró la historia clínica del Hospital Naval de Cartagena de 1976, en la cual se evidenciaba “las primeras manifestaciones y secuelas de la enfermedad Guillen-Barre”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05081-01
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4 En relación con el desconocimiento del precedente judicial, afirmó que la autoridad judicial accionada se apartó de algunas decisiones de tutela de la Corte Constitucional “que quedaron enunciadas y explicadas en la sentencia de primera instancia y fueron las siguientes: T - 273 de 2018, T-195 de 2017, T7012008, T858 de 2014 T195 de 2017. No las aplicó y tampoco expuso en su fallo las razones para apartarse de la juris prudencia constitucional, más cuando no existen razones de fondo entre los problema s que se resolvieron en tales sentencias de tutela y el de Francisco; todas los casos son de personas invalidas con enfermedades catastróficas degenerativas que los dictámenes han determinado fecha de estructuración después de la muerte del titular de la pensión que ellos quisieron ser reconocidos como beneficiarios hijos inválidos, por tal razón el Tribunal incurrió con
catastróficas degenerativas que los dictámenes han determinado fecha de estructuración después de la muerte del titular de la pensión que ellos quisieron ser reconocidos como beneficiarios hijos inválidos, por tal razón el Tribunal incurrió con su decisión en un defecto de desconocimiento del precedente”.
Respecto de la violación directa de la Constitución , indicó que la autoridad judicial vulneró directamente la Constitución al negar el derecho pensional a un adulto mayor con una enfermedad “catastrófica”, pese a que acreditó su padecimiento desde la niñez mediante historia clínica. Agregó que la decisión se basó únicamente en una fecha técnica del dictamen de invalidez, sin considerar la dignidad humana, la finalidad del sistema pensional ni la situación de vulnerabilidad del accionante, quien ha vivido por décadas con secuelas del síndrome de GuillainBarré. Además, concluyó que el fallo desconoció los principios de favorabilidad y de igualdad material (arts. 53 y 13 de la Constitución Política), al realiza r una interpretación restrictiva de las normas pensionales, contraria al principio pro homine que exige privilegiar la opción más favorable para las personas en condición de discapacidad.
4. Oposición
4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Bolívar
El magistrado ponente rindió informe en el que realizó un recuento de lo ocurrido en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y precisó que en la sentencia cuestionada la Sala enfatizó en que no existían suficientes elementos para inferir que el estado de invalidez del accionante se generó con antelación al fallecimiento de su padre, toda vez que la Junta Regional de Calificación de
sentencia cuestionada la Sala enfatizó en que no existían suficientes elementos para inferir que el estado de invalidez del accionante se generó con antelación al fallecimiento de su padre, toda vez que la Junta Regional de Calificación de Invalidez luego de revisar las historias clínicas aportada s, concluyó que no existía evidencia científica que permitiera fijar una fecha distinta a la de 1° de diciembre de 2012 como momento de estructuración de la invalidez.
Agregó que si bien la enfermedad del actor es progresiva y degenerativa, lo relevante para efectos del reconocimiento de la sustitución pensional era la fecha en que se estructuró la invalidez y la ausencia de ese requisito con anterioridad al fallecimiento del causante impidió que se configurara el derecho reclamado.
Manifestó que dentro de los requisitos exigidos por ley para el reconocimiento de la prestación, se encontró acreditado en el plenario que al momento del deceso del señor Néstor Alfonso Martínez Hernández, solo se presentó como única beneficiaria la señora Olga Santodomingo de Martínez, a quien se le sustituyó el derecho a la prestación, y por ende a su fallecimiento, la única persona con derecho a reclamar ese beneficio prestacional era su hijo el señor Francisco Asís Martínez Santodomingo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05081-01
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5 Sin embargo, precisó que en lo relacionado con el estado de invalidez del
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5 Sin embargo, precisó que en lo relacionado con el estado de invalidez del accionante se advirtió que de conformidad con el dictamen realizado el 8 de noviembre de 2016 allegado por la Junta Regional de Calificación donde se le dictaminó a la parte actora una pérdida de capacidad laboral del 69,02% por enfermedad común, con fecha de estructuración de 1° de diciembre de 2012, es decir, después del fallecimiento del causante, por lo que era imposible otorgar el reconocimiento de la sustitución pensional solicitada, comoquiera que no se logró demostrar que la aludida disminución ocurriera antes del fallecimiento del causante. Resaltó “la necesidad de acreditar la totalidad de los requisitos exigidos por la ley para efectos del reconocimiento de la sustitución pensional o de la pensión de sobrevivientes, según sea el caso, por cuanto no hacerlo sería tanto como desconocer el procedimiento de la calificación de la incapacidad laboral, establecido en el artículo 62 del Decreto 1848 de 1969, los fundamentos para la calificación del origen y grado de pérdida regulados en el Decreto 2463 de 20 14 y, el grado de incapacidad de invalidez que debí a tener aquel aspirante a obtener la sustitución pensional; precisando entonces que en el sub examine se adolece de la acreditación del requisito de la estructuración de invalidez, con anterioridad al fallecimiento del causante”.
Finalmente, solicitó que se rechazara la acción de tutela al considerar que no se
del requisito de la estructuración de invalidez, con anterioridad al fallecimiento del causante”.
Finalmente, solicitó que se rechazara la acción de tutela al considerar que no se cumplieron con los requisitos generales y específicos de procedencia señalados por la jurisprudencia constitucional.
4.2. Respuesta de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - Cremil
La apoderada judicial de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, al considerar que la decisión objetada no fue proferida en forma caprichosa ni arbitraria, sino con sujeción al ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto.
Manifestó que no existe una vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante, toda vez que ha tenido a su disposición los medios judiciales de defensa y en las que se benefició de todas las etapas procesales, por lo que no se puede inferir que se vulneró el derecho al debido proceso. Adicionalmente, señaló que respecto al derecho a la igualdad, no es competencia del juez de tutela examinar las actuaciones procesales surtidas al interior del proceso ordinario, pues el hecho de que no se accedan a las pretensiones no necesariamente quiere decir que se esté incurriendo en “vía de hecho”.
Sostuvo que “el principio de Cosa Juzgada es un elemento de la naturaleza de la administración de justicia, en donde s i se encuentra en firme una decisión judicial ninguna parte podrá plantear de nuevo el pleito si subsisten los aspectos comunes de partes, procedimiento, juez y naturaleza de la decisión, por lo anterior solicito a ese Honorable despacho se tengan en cuenta los planteamientos antes anotados,
ninguna parte podrá plantear de nuevo el pleito si subsisten los aspectos comunes de partes, procedimiento, juez y naturaleza de la decisión, por lo anterior solicito a ese Honorable despacho se tengan en cuenta los planteamientos antes anotados, toda vez que lo que se pretende con la presente acción de tutela es que se le reconozcan unas peticiones que ya fu eron debatidas y sobre las cuales existen pronunciamientos judiciales de fondo ”. Y advirtió que la acción de tutela no fue presentada de manera transitoria por habérsele causado un perjuicio irremediable al actor.
Agregó que el objeto de C remil es reconocer y pagar la asignación de retiro a los oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las fuerzas armadas y, en eseRadicado: 11001-03-15-000-2025-05081-01
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6 sentido, explicó que en virtud del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, el hijo en situación de invalidez que pretenda ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes deberá acreditar el cumplimiento de 3 requisitos: i) que tenga parentesco con el causante, ii) calidad jurídica de situación de invalidez, y iii) dependencia económica con el fallecido.
En ese orden de ideas, precisó que, en el caso concreto, las patologías que padece el accionante se estructuraron con posterioridad a la fecha de fallecimiento de su
con el fallecido.
En ese orden de ideas, precisó que, en el caso concreto, las patologías que padece el accionante se estructuraron con posterioridad a la fecha de fallecimiento de su padre que fue el 10 de junio de 1993, y la fecha de estructuración de la situación de invalidez correspondió al 1° de diciembre de 2012. Y señaló que en relación con el tercer requisito, no se demostró la dependencia económica para ser beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro que en vida disfrutaba el señor Néstor Alfonso Martínez Hernández.
Finalmente, mencionó que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares “ procedió a negar la prestación económica del accionante, que tal como se pudo evidenciar en el curso del proceso administrativo la decisión de la caja está sujeta al precepto de legalidad y pues mediante sentencia judicial, se deja en firme la decisión administrativa de negar el reconocimiento”.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia de 18 de septiembre de 2025, declaró improcedente la acción de tutela porque no se cumplió el requisito de inmediatez y resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Francisco Asís Martínez Santodomingo por no cumplir el requisito de inmediatez.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991”.
Sostuvo que el requisito de inmediatez exige que la tutela se presente tan pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, o por lo menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia. No obstante, precisó que en cada caso concreto se estudia si existen razones suficientes que justifiquen el retardo de la presentación de la acción de tutela para que se flexibilice y se pueda entrar a resolver de fondo el debate jurídico planteado.
Sin embargo, aclaró que en el presente caso el accionante controvirtió la sentencia de segunda instancia proferida el 31 de octubre de 2023, mediante la cual se revocó la decisión de primera instancia que había accedido a las pretensiones en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no. 13001 -33-33-004-201800232-00/01. En ese orden de ideas, precisó que la decisión cuestionada se notificó a las partes mediante correo electrónico enviado el 15 de agosto de 2024, y quedóRadicado: 11001-03-15-000-2025-05081-01
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a las partes mediante correo electrónico enviado el 15 de agosto de 2024, y quedóRadicado: 11001-03-15-000-2025-05081-01
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7 ejecutoriada el 23 del mismo mes y año, de conformidad con el artículo 302 del Código General del Proceso.
Así las cosas, explicó que el actor presentó la acción de tutela el 15 de agosto de 2025, es decir, 11 meses y 23 días después de ejecutoriada la decisión cuestionada, lo que resulta irrazonable para acudir al juez constitucional , en tanto “Esto quiere decir que no se cumplió el presupuesto de procedibilidad bajo estudio, pues aquel no es un término que se considere razonable para acudir al juez constitucional, dado que el paso prolongado del tiempo permite deducir que se ha disipado la grave dad de la lesió n y la urgencia de la protección deprecada, desvirtuándose así la inminencia de la afectación”.
En ese orden de ideas, señaló que si bien el actor manifestó que se presentaron circunstancias excepcionales y objetivas que justificaban la presentación de la petición de amparo de manera posterior a los 6 meses, lo cierto es que dicho argumento no se enc uentra debidamente fundamentado, toda vez que la parte actora no logró demostrar la existencia de circunstancias excepcionales que permitieran a la Sala justificar el análisis de la acción de tutela por fuera del término considerado razonable por la jurisprudencia.
actora no logró demostrar la existencia de circunstancias excepcionales que permitieran a la Sala justificar el análisis de la acción de tutela por fuera del término considerado razonable por la jurisprudencia.
Precisó que en relación con la enfermedad que aqueja al accionante, dicha condición no le impedía interponer la acción de tutela a través de los canales virtuales habilitados, por lo que no era necesario realizar ningún desplazamiento que pudiera afectar su estado de salud. Y agregó que respecto del argumento relativo a la falta de conocimiento técnico y carencia de asesoría jurídica adecuada, no constituía una razón suficiente “ que permita a esta Sala justificar el ejercicio de la acción por fuera del término proporcional y razonabl e establecido por la Corporación. Además, no se ha alegado ni acreditado la existencia de un posible perjuicio irremediable que amerite una excepción al análisis temporal”.
De conformidad con lo anterior, concluyó que no eran admisibles los argumentos presentados por el accionante para superar el requisito de inmediatez, toda vez que no se enmarcaban en alguna de las situaciones que la Corte Constitucional ha establecido como justificación.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el demandante impugnó el fallo de primera instancia en el que solicitó que se revocara el fallo de primera instancia y, en su lugar, se amparen los derechos fundamentales alegados.
Manifestó que “el juez de tutela de primera instancia no efectuó el análisis integral de razonabilidad exigido por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, en
el fallo de primera instancia y, en su lugar, se amparen los derechos fundamentales alegados.
Manifestó que “el juez de tutela de primera instancia no efectuó el análisis integral de razonabilidad exigido por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, en especial la sentencia T 684 de 2003 y subsiguientes, estableció la valoración de tres aspectos, que no se analizaron de manera completa en el fallo, pero sí de manera rígida, automática y formal”.
Precisó que en el caso concreto se presentaron situaciones que demostraban que el accionante: i) padece del síndrome Guillain-Barré desde los 16 años, que es una enfermedad degenerativa e incurable, la cual provoca secuelas permanente s y progresivas en adultos mayores, ii) presenta una “ incapacidad física grave ”, puesRadicado: 11001-03-15-000-2025-05081-01
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8 tiene una pérdida de capacidad laboral de 69,02% lo cual limita sustancialmente su autonomía, y iii) depende de terceros para la realización de gestiones complejas “incluyendo trámites judiciales y de notificación”.
Manifestó que dichas circunstancias constituían un “factor objetivo de estado de indefensión real y comprobable, pues el acceso oportuno a la justicia se encuentra comprometido por su condición física y la necesidad de apoyo especializado para actuar dentro de los términos establecidos”.
indefensión real y comprobable, pues el acceso oportuno a la justicia se encuentra comprometido por su condición física y la necesidad de apoyo especializado para actuar dentro de los términos establecidos”.
Finalmente, adujo que el retraso en la presentación de la acción de tutela no obedecía a falta de diligencia, sino a la combinación de la discapacidad física, la edad avanzada y la complejidad técnica del caso, que exigían asistencia profesional. Por lo tanto, sostuvo que el té rmino debía flexibilizarse conforme al principio de proporcionalidad, dado que las barreras físicas y tecnológicas limitaron el acceso efectivo a la justicia. Además, agregó que la afectación de los derechos fundamentales del accionan te es actual y permanente, pues su condición de invalidez es progresiva y se ha agravado con el tiempo, lo que justifica un examen de fondo pese al transcurso de once meses.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si debe revocar la sentencia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de inmediatez , y de encontrarse cumplidos los restantes requisitos generales de procedencia, si debe acceder a la protección constitucional
debe revocar la sentencia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de inmediatez , y de encontrarse cumplidos los restantes requisitos generales de procedencia, si debe acceder a la protección constitucional solicitada porque la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.
3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora bien, aun cuand
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