CE - Sentencia 11001031500020250513100

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250513100
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas Radicado: 11001-03-15-000-2025-05131-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 6

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-15-000-2025-05131-00

Recurrente: JUAN CARLOS ARCINIEGAS ROJAS

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a pronunciarse sobre el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas, contra la sentencia de única instancia dictada el 10 de noviembre de 2022 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual, se negaron las pretensiones dentro del proceso de nulidad con radicado 11001-03-25 000-2015-00277-00 (05412015).

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda ordinaria

1. El señor Juan Carlos Arciniegas Rojas, en nombre propio, presentó demanda de nulidad contra la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública ante el Consejo de Estado ,

1. El señor Juan Carlos Arciniegas Rojas, en nombre propio, presentó demanda de nulidad contra la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública ante el Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección A, con el fin de que se declarara la nulidad del artículo 3, literal a), de los siguientes decretos anuales , por los cuales se fijan las escalas de asignación básica de los empleos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden nacional y se dictan otras disposiciones: 4150 de 2004; 916 de 2005; 372 de 2006; 600 de 2007; 643 de 2008; 708 de 2009; 1374 de 2010; 1031 de 2011; 853 de 2012;1029 de 2013; 199 de 2014; y 1101 de 2015.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se efectuara la actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real de la asignación mensual del ministro de despacho, contenida en los decretos referenciados, de conformidad con el índice acumulado de inflación; tener la variación negativa, causada en los años 1992 a 2004 y establecer la diferencia entre la variación ordenada en los Decretos 11 de 1993, 42 de 1994, 25 de 1995, 10 de 1996, 31 de 1997, 40 de 1998, 35 de

1999, 2720 de 2000, 1460 de 2001, 2710 de 2001, 660 de 2002, 3535 de 2003, 4150 de 2004, y el IPC del año inmediatamente anterior al ajuste ordenado.Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas Radicado: 11001-03-15-000-2025-05131-00

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3. Expuso que l a Ley 1.ª de 1986 concedió facultades extraordinarias al presidente de la República para modificar las escalas de remuneración y gastos de representación de los empleados del sector público, y fijó en el artículo 3 de manera expresa que «El Gobierno, al hacer uso de las facultades que le otorga la presente Ley, procurará garantizar el poder adquisitivo de los ingresos, para lo cual tendrá en cuenta la variación de los índices de precios, así como la disponibilidad de recursos fiscales del Gobierno Nacional».

4. Aseveró que a través d el Decreto 872 de 1992, el Gobierno nacional fijó la asignación mensual de los ministros del despacho, el cual fue ajustado, año por año, mediante los Decretos 11 de 1993; 42 de 1994; 25 de 1995; 10 de 1996; 31 de 1997; 40 de 1998; 35 de 1999; 2720 de 2000; 1460 de 2001; 2710 de 2001; 660 de

2002; 35 35 de 2003; y 4150 de 2004 ; sin embargo, dichos incrementos son inferiores a la inflación del año inmediatamente anterior (excepto los años 1998 y 2000).

5. Refirió que m ediante sentencia C -1017 de 2003, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 2 de la Ley 780 de 20021 y ordenó al Gobierno nacional y al Congreso de la República que, en el ámbito de sus competencias, adoptaran las medidas necesarias para dar cumplimiento a la norma y, en caso de que las partidas presupuestales fueran insuficientes, efectuar a las adiciones y traslados respectivos.

6. Con ese propósito, el Congreso expidió la Ley 848 de 20032, cuyo artículo 2 fue declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional. No obstante, aseguró, que el Gobierno nacional no tomó las medidas necesarias para realizar el pago de los reajustes salariales de todos los servidores públicos cobijados por la ley de presupuesto general de la Nación, antes de que expirara la vigencia fiscal del año 2004, ni efectuó las adiciones o traslados presupuestales necesarios antes de que feneciera dicha vigencia, y así ajustar la asignación del ministro del Despacho, que había sido fijada mediante el Decreto 4150 de 2004.

7. Señaló que con los Decretos 916 de 2005 ; 372 de 2006; 600 de 2007; 643 de 2008; 708 de 2009; 1374 de 2010; 1031 de 2011; 853 de 2012; 1029 de 2013; 199 de 2014 y 1101 de 2015, tampoco se contempló el reconocimiento de la

de 2008; 708 de 2009; 1374 de 2010; 1031 de 2011; 853 de 2012; 1029 de 2013; 199 de 2014 y 1101 de 2015, tampoco se contempló el reconocimiento de la actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario , la actualización de la asignación básica, los gastos de representación y la prima de dirección, como lo ordenó la Corte Constitucional en la sentencia C -931 de 2004 , sino que se limitó a mantener el poder adquisitivo de los salarios vigentes en el año 2004, los cuales se encontraban desactualizados con pérdida de poder adquisit ivo real por la variación negativa con la inflación causada en los años 1992 a 2004

1 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2003. 2 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2004.Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas Radicado: 11001-03-15-000-2025-05131-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 (salvo los años 1998 y 2000).

1.2. Contestaciones

1.2.1. La NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público

www.consejodeestado.gov.co 3 (salvo los años 1998 y 2000).

1.2. Contestaciones

1.2.1. La NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público

8. Afirmó que los parámetros establecidos para la fijación de la política fiscal del aumento salarial recogen lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias C-710 de 1999, C1064 de 2001, C-1017 de 2003 y C-931 de 2004.

9. Alegó que la Corte Constitucional ha sostenido que las limitaciones de las que han sido objeto los aumentos salariales no implican la adquisición de una deuda, el reconocimiento de intereses ni la retroactividad.

1.2.2. Departamento Administrativo de la Función Pública

10. Argumentó que la fijación del régimen salarial de los servidores públicos debe considerar el marco general de la política macroeconómica y fiscal, así como la racionalización de los recursos públicos y las limitaciones presupuestales aprobadas por el Congreso a través de la Ley de Presupuesto General de la Nación.

11. Sostuvo que el derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo real del salario no es un derecho absoluto. Puede ser limitado para atender el gasto público social, según lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-931 de 2004.

12. Indicó que el incremento salarial anual se implementa siguiendo los criterios de progresividad, equidad y proporcionalidad fijados por la Corte Constitucional.

13. Alegó que los cargos expuestos no eran claros, ciertos, específicos,

de progresividad, equidad y proporcionalidad fijados por la Corte Constitucional.

13. Alegó que los cargos expuestos no eran claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes para que el Consejo de Estado pudiera emitir un pronunciamiento de fondo sobre la legalidad de las normas.

14. Propuso la excepción de caducidad porque, según su criterio, las pretensiones del demandante, que buscaban la anulación de los actos generales y el restablecimiento autom ático del derecho (solicitando la fijación retroactiva de la remuneración desde 1992), debían someterse a las reglas del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.3. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión

15. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado , mediante sentencia del 10 de noviembre de 2022 , negó las pretensiones de la demanda en consideración a que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad del artículo 3, literal a), de los referidos decretos anuales.Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas Radicado: 11001-03-15-000-2025-05131-00

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16. En primer lugar, la Corporación determinó que las pretensiones de restablecimiento del derecho consistentes en la actualización plena del poder adquisitivo real del salario de forma retroactiva incluyendo la variación negativa causada desde 1992, eran improcedentes en el medio de control de nulidad simple.

restablecimiento del derecho consistentes en la actualización plena del poder adquisitivo real del salario de forma retroactiva incluyendo la variación negativa causada desde 1992, eran improcedentes en el medio de control de nulidad simple.

17. Asimismo, desestimó la excepción de caducidad propuesta por la defensa, ya que, al versar el litigio sobre la nulidad de actos administrativos de contenido general, la acción podía ser impetrada en cualquier momento.

18. Luego, abordó el problema jurídico referido a determinar si el Gobierno nacional había cumplido con las reglas jurisprudenciales establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-1017 de 2003 y C-931 de 2004.

19. En primer lugar, señaló que no compartía la interpretación del demandante sobre el alcance de las sentencias C-1017 de 2003 y C-931 de 2004; pues la Corte Constitucional no ordenó una actualización histórica con el porcentaje acumulado de IPC no reconocido entre 1992 y 2003.

20. Explicó que, según las directrices constitucionales , t odos los servidores públicos tienen el derecho a que se les reajuste su salario anualmente, por lo menos, en el mismo porcentaje de la inflación causada en el año inmediatamente anterior. Sin embargo, este derecho no es absoluto para los servidores con ingresos medios y altos (salarios superiores a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes), sino que puede limitarse para log rar fines constitucionalmente

imperiosos, como:

  • Reducir el déficit fiscal y el endeudamiento. • Preservar la estabilidad macroeconómica. • Atender el gasto público social.

vigentes), sino que puede limitarse para log rar fines constitucionalmente imperiosos, como:

  • Reducir el déficit fiscal y el endeudamiento. • Preservar la estabilidad macroeconómica. • Atender el gasto público social.

21. Además, refirió que para que no se vulnere el núcleo esencial del derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, el ajuste en la última escala salarial superior no puede ser inferior al 50 % de la inflación (IPC) causada el año inmediatamente anterior.

22. Destacó que las limitaciones impuestas deben respetar el principio de progresividad por escalas salariales, de modo que quienes perciban salarios más altos se vean sujetos a las mayores limitaciones que el resto de los servidores afectados con la medida. En todo caso, las diferencias en los ajustes entre escalas salariales deben ser mínimas.

23. Precisó que la limitación del reajuste no puede ser permanente o indefinida.

El Estado debe garantizar que, dentro de la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo de cada cuatrienio, los reajustes progresivos permitan a estos servidores públicos alcanzar la actualización plena de su salario.Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas Radicado: 11001-03-15-000-2025-05131-00

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24. Indicó que la limitación del derecho a mantener el poder adquisitivo del salario no constituye una deuda que adquiera el Estado con el servidor público y, por lo

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24. Indicó que la limitación del derecho a mantener el poder adquisitivo del salario no constituye una deuda que adquiera el Estado con el servidor público y, por lo tanto, no es reembolsable al final de un periodo ni genera retroactividad, ya que el monto no reconocido se considera un ahorro fiscal destinado a la inversión social.

25. Desde esa perspectiva encontró que el incremento salarial del 4% fijado para 2004 fue superior al mínimo exigido (el 50 % de la inflación de 2003, que fue del

6.49 %).

26. Así, concluyó que el Gobierno nacional y el Congreso de la República cumplieron con las directrices trazadas en las sentencias C-1017 de 2003 y 931 de 2004 de la Corte Constitucional, pues a partir del año 2004 se fue aumentando el porcentaje del reajuste salarial de aquellos funcionarios, hasta alcanzar como incremento salarial un porcentaje superior al 100 % de la inflación, cuando finalizó la vigencia del Plan de Desarrollo 2003-2006.

1.4. El recurso extraordinario de revisión

27. El señor Juan Carlos Arciniegas Rojas sustentó el recurso en la causal del numeral 8 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3. Señaló que se desconoció una sentencia anterior que constituía cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada.

28. Sostuvo que la sentencia recurrida inobservó los efectos vinculantes y resolutivos de la sentencia C-931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional.

29. Argumentó que dicha providencia ordenó al Gobierno nacional y al Congreso

28. Sostuvo que la sentencia recurrida inobservó los efectos vinculantes y resolutivos de la sentencia C-931 de 2004 proferida por la Corte Constitucional.

29. Argumentó que dicha providencia ordenó al Gobierno nacional y al Congreso de la República tomar medidas urgentes para realizar el pago de los reajustes salariales antes de que expirara la vigencia fiscal de 2004, además de incorporar en la Ley del Presupuesto General de la Nación de 2005 las partidas necesarias para mantener actualizados los salarios de ingresos medios o altos al final del cuatrienio

(Plan Nacional de Desarrollo).

30. Afirmó que, para cumplir el mandato constitucional de reconocer la actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario de todos los servidores públicos , el Gobierno nacional debía reconocer la inflación acumulada y causada de los años anteriores (1992-2004).

31. Explicó que los decretos demanda dos estaban viciados de nulidad porque omitieron incluir, a partir de 2004 , la inflación acumulada y causada de los años anteriores (1992-2004).

32. Aseguró que e l efecto acumulado de la restricción de esos años hizo más

3 En adelante CPACA.Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas Radicado: 11001-03-15-000-2025-05131-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 gravosa la limitación de los derechos y provocó que la restricción, que originalmente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 gravosa la limitación de los derechos y provocó que la restricción, que originalmente era temporal, se volviera permanente a partir del año 2005, situación contraria a la jurisprudencia constitucional.

33. Para sustentar la causal de revisión, el actor argumentó que la Subsección A Sección Segunda del Consejo de Estado debió aplicar la sentencia de control abstracto de constitucionalidad al caso de nulidad simple.

34. Refirió que la sentencia C-931 de 2004 tiene efectos erga omnes y constituye cosa juzgada constitucional. Esta naturaleza constitucional, prevista en el artículo 243 de la Constitución Política, obliga a toda la comunidad, al Estado y a sus ramas del poder público, incluso a la autoridad judicial.

35. Adujo que, aunque la sentencia fue de constitucionalidad, el objeto del litigio es idéntico porque ambos se centran en el mandato de actualización plena del derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario ordenado en la sentencia C-931 de 2004.

36. Relató que la identidad de partes se predica en términos jurídicos, dado que la acción de inconstitucionalidad fue ejercida por una persona (que representó a la comunidad) contra el Estado (Gobierno y Legislativo), misma identidad jurídica que la acción de nulidad ejercida contra el Estado (Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Administrativo de la Función Pública), por lo que los efectos erga omnes de la decisión constitucional deben acatarse.

la acción de nulidad ejercida contra el Estado (Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Administrativo de la Función Pública), por lo que los efectos erga omnes de la decisión constitucional deben acatarse.

37. Afirmó que la cosa juzgada no fue alegada como medio exceptivo en el segundo proceso.

38. Concluyó que la sentencia violó el debido proceso y la seguridad jurídica al proferir una decisión que omite y contradice un mandato constitucional imperativo con fuerza de cosa juzgada que exigía la actualización plena de los salarios con base en el índice acumulado de inflación causado históricamente.

1.5. Trámite procesal

39. El señor Juan Carlos Arciniegas Rojas, mediante escrito del 19 de agosto de 20254, actuando en n ombre propio, presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de única instancia proferida el 10 de noviembre de 2022 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual, se negaron las pretensiones dentro del proceso de nulidad con radicado 11001 -03-25 000-2015-00277-00 (0541-2015).

4 Samai, índice No. 02.Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas Radicado: 11001-03-15-000-2025-05131-00

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40. A través de auto del 8 de septiembre de 20255, el despacho sustanciador

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40. A través de auto del 8 de septiembre de 20255, el despacho sustanciador admitió el recurso extraordinario de revisión y ordenó notificar esta decisión a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Administrativo de la Función Pública y, por estado, a la parte recurrente.

41. También dispuso comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa

Jurídica del Estado.

42. Por auto del 30 de septiembre de 2025 6 se decretaron como prueba los documentos aportados al proceso por cumplir con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y licitud.

1.6. Intervenciones

43. Dentro del término de traslado de la admisión del recurso se presentaron las

siguientes:

1.6.1. Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público

44. El apoderado de la entidad solicitó negar las pretensiones del recurso y absolver a su representada de cualquier tipo de condena.

45. Refirió que la causal 8 del artículo 250 del CPACA, invocada por el demandante por supuesta contradicción con la sentencia C -931 de 2004, no se configura, dado que no existe la triple identidad (de partes, objeto y causa) requerida para su procedencia, respecto de la sentencia invocada, dado que aquella proviene de un control abstracto de constitucionalidad y no de un litigio inter partes, como el que motivó la decisión objeto del recurso extraordinario.

1.6.2. Ministerio Público

46. La Procuraduría delegada ante el Consejo de Estado no se pronunció dentro de la oportunidad legal.

que motivó la decisión objeto del recurso extraordinario.

1.6.2. Ministerio Público

46. La Procuraduría delegada ante el Consejo de Estado no se pronunció dentro de la oportunidad legal.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

47. De acuerdo con los artículos 111 y 249 del CPACA, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para conocer de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las

5 Samai, índice No. 09. 6 Samai, índice No. 17.Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas Radicado: 11001-03-15-000-2025-05131-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Secciones y Subsecciones de esta Corporación7.

48. Ahora bien, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 del referido estatuto procesal 8, mediante el Acuerdo 80 de 2019 9, que compiló, entre otros, el Acuerdo 321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo de Estado, se reglamentó la creación de salas especiales de decisión, encargadas de resolver los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencia s de las Secciones o Subsecciones de esta Corporación10.

49. En tales condiciones, corresponde a esta Sala Especial de Decisión, en los términos del artículo 248 del CPACA, resolver sobre el recurso extraordinario de

Secciones o Subsecciones de esta Corporación10.

49. En tales condiciones, corresponde a esta Sala Especial de Decisión, en los términos del artículo 248 del CPACA, resolver sobre el recurso extraordinario de revisión presentado contra la sentencia del 10 de noviembre de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual, se negaron las pretensiones dentro del proceso de nulidad con radicado 11001-0325 000-2015-00277-00 (0541-2015).

2.2. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

50. El recurso extraordinario de revisión es una herramienta prevista en las diferentes jurisdicciones que tiene como propósito despojar del carácter inmutable y de cosa juzgada que, por regla general, tienen las decisiones judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un mecanismo para evitar «que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que vulneren el debido

7 Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas po r las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia. Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativ os y por los jueces

Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativ os y por los jueces administrativos. Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. 8 Artículo 107 CPACA. Integración y composición. (…). Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdi da de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso. La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno. 9 Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019. 10 Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las senten cias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas

siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las senten cias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas Radicado: 11001-03-15-000-2025-05131-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución».

51. En la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la Ley 1437 de 2011; su propósito es el de permitir a los jueces reexaminar determinadas senten cias a efectos de establecer si estas son contrarias al ordenamiento jurídico 11, siempre que se configure alguna de las causales taxativamente previstas en la ley12.

52. La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido de manera unánime que el recurso extraordinario de revisión es un proceso autónomo e independiente del asunto cuya sentencia se pretende infirmar13, por tal motivo, el legislador le dio un trámite autónomo, para cuya procedencia se deben acreditar requisitos de oportunidad y de admisión totalmente distintos a los del proceso originario 14 y, además, asignó su conocimiento a una autoridad judicial distinta a la que tramitó el proceso que dio origen al fallo cuya revisión se solicita.

53. De este entendimiento se desprende que esta no es una instancia adicional

además, asignó su conocimiento a una autoridad judicial distinta a la que tramitó el proceso que dio origen al fallo cuya revisión se solicita.

53. De este entendimiento se desprende que esta no es una instancia adicional dentro del proceso ordinario, sino un mecanismo judicial excepcional que tiene como fin enervar el principio de cosa juzgada de la que gozan las decisiones judiciales ante el acaecimiento de situaciones concretas que pueden convert ir la sentencia en contraria al ordenamiento jurídico; por ello, para su procedencia deben cumplirse estrictamente todos los requisitos que el legislador previó para el efecto.

54. En consecuencia, este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario.

11 Sobre el punto la Corte Constitucional en sentencia C -871 de 2003 señaló que «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se h a consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio «res iudicata pro veritate habertur» para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de

evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado». 12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 17 de julio de 2013, Radicado 11001031500020120023100. 13 Consultar entre otros: Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 25, sentencia del 6 de marzo de 2018, radicación 11001 -03-15-000-2015-01542-00; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de 12 de agosto de 2014, radicación 11001 -03-15-000-2013-02110-00; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 16 de febrero de 2017, radicación 05001-33-31-0102007-00165-01(57198)], Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de febrero de 2016, radicación 11001-03-25-000-2014-00753-00(2343-14). 14 Artículos 251 y 252 del CPACA y artículos 187 y 189 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo.Recurrente: Juan Carlos Arciniegas Rojas Radicado: 11001-03-15-000-2025-05131-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57) 601350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 2.3. Problema jurídico

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55. Le corresponde a la Sala Especial de Decisión No. 6 determinar si la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2022 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la cual se negaron las pretensiones dentro del proceso de nulidad con radicado 11001 -03-25-000-2015-00277-00 (0541-2015), se encuentra incursa en la causal de revisión prevista en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA.

56. Previamente, será necesario verificar si el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Juan Carlos Arciniegas Rojas reúne los requisitos de procedibilidad, en especial el relativo a su presentación dentro de la oportunidad legal establecida por la norma.

2.4. Oportunidad del recurso extraordinario de revisión

57. Los términos para ejercer el derecho de acción son consagrados por el le

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