CE - Sentencia 11001031500020250523401
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250523401
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05234-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: PROGETTI GROUP Y CIA S.A.S.
TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, SE
DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA ACTORA
PRETENDE CUESTIONAR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE
MECANISMO SE TRATASE DE UN RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL
PROCESO ORDINARIO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 26 de septiembre de 2025, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “ A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 denegó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1 En adelante la Sección TerceraSubsección A-.2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05234-01
Actora: PROGETTI GROUP Y CIA S.A.S.
1 En adelante la Sección TerceraSubsección A-.2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05234-01
Actora: PROGETTI GROUP Y CIA S.A.S.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
I.1.- La Solicitud
La sociedad PROGETTI GROUP Y CIA S.A.S., actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 2 y la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO 3, al haber proferido, respectivamente, las providencias de 28 de julio de 2022, de 23 de agosto de 2024 y de 3 de febrero de 2025 , dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2019-00468-00.
I.2.- Hechos
Indicó que mediante Resolución núm. 1610716 de 13 de septiembre de 2016, el curador urbano núm. 1 de l distrito capital de Bogotá aceptó la renuncia a la licencia de construcción núm. LC-15-1-0461, que le fue otorgada en la modalidad de obra nueva y demolición.
2 En adelante Tribunal.
aceptó la renuncia a la licencia de construcción núm. LC-15-1-0461, que le fue otorgada en la modalidad de obra nueva y demolición.
2 En adelante Tribunal. 3 En adelante Sección Tercera.3
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Mencionó que mediante escrito de 11 de octubre de 2016, solicitó al INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE 4 DE BOGOTÁ la devolución de las sumas canceladas por concepto de compensaciones urbanísticas por la referida licencia de construcción.
Señaló que el IDRD resolvió de manera desfavorable tal reclamación, mediante Oficio núm. 20174100080361 de 24 de mayo de 2017, por lo que interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación; no obstante, fueron negados a través del Oficio núm. 20184100192591 de 7 de diciembre de 2018, el cual se notificó por conducta concluyente ya que no se realizó de manera personal.
Sostuvo que presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa y, subsidiariamente, formuló pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho contra el IDRD, con el fin de obtener el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por el pago de las obligaciones urbanísticas , así como la nulidad de los actos
nulidad y restablecimiento del derecho contra el IDRD, con el fin de obtener el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por el pago de las obligaciones urbanísticas , así como la nulidad de los actos administrativos que le negaron la devolución de tales rubros.
Manifestó que el proceso aludido fue identificado con el número único de radicación 2019-00468-00 y atribuido para su trámite, en primera
4 En adelante IDRD.4
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instancia, al TRIBUNAL que, mediante sentencia de 28 de julio de 2022, denegó las pretensiones de la demanda.
Mencionó que inconforme con lo anterior interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento le correspondió a la SECCIÓN TERCERA que, en providencia de 23 de agosto de 2024, modificó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró improcedente la s pretensiones de reparación directa por enriquecimiento sin causa y declaró la caducidad de las reclamadas como nulidad y restablecimiento del derecho.
Aseguró que contra dicha decisión presentó solicitud de aclaración, siendo resuelta de manera desfavorable por la SECCIÓN TERCERA mediante providencia de 3 de febrero de 2025.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de l a actora, la parte demandada incurrió en defecto
siendo resuelta de manera desfavorable por la SECCIÓN TERCERA mediante providencia de 3 de febrero de 2025.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de l a actora, la parte demandada incurrió en defecto sustantivo al de sconocer la normativa relacionada con la notificación personal de los actos administrativos de carácter particular, pues el cómputo del término de caducidad dentro del5
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proceso ordinario no podría darse por surtido el 7 de diciembre de 2018, ya que el IDRD no aportó prueba fehaciente que demostrara que el acto allí demandado se notificó en debida forma.
Agregó que también incurrió en defecto fáctico , por cuanto entendió por notificado el acto administrativo a través de un a actuación que no existió y asumió que la comunicación fue remitida a la dirección de notificaciones a la que se habían enviado respuestas con anterioridad, sin que se hubiera acreditado la prueba documental de tal remisión o el acto de notificación personal.
Recalcó que “[…] lo que evidencia es que no hay prueba alguna de la recepción del Oficio 20184100192591 del 7 de diciembre de 2018 por parte de mi mandante, de tal suerte que era incorrecto contabilizar la caducidad desde ese momento […]”.
I.4.- Pretensiones
recepción del Oficio 20184100192591 del 7 de diciembre de 2018 por parte de mi mandante, de tal suerte que era incorrecto contabilizar la caducidad desde ese momento […]”.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó el amparo de su s derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Que se declare que la SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A” DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso6
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efectivo a la administración de justicia de PROGETTI GROUP Y CIA S.A. al declarar, sin fundamento probatorio o jurídico, la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la sentencia del 28 de julio del 2022.
2. Que se declare que la SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “C” DEL CONSEJO DE ESTADO vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia de PROGETTI GROUP Y CIA S.A. en la sentencia del 23 de agosto de 2024 al confirmar la decisión de la SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A” DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA sin ofrecer fundamentación sobre la caducidad
de 2024 al confirmar la decisión de la SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A” DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA sin ofrecer fundamentación sobre la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del Derecho.
3. Que se ordene dejar sin efectos la sentencias del 28 de julio del 2022 y del 23 de agosto del 2024 proferidas por la SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN “A” DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA y la SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “C” DEL CONSEJO DE ESTADO , al configurarse una vulneración al derecho fundamental al debido proceso de la sociedad Progetti Group y CIA S.A.S.
4. En mérito de lo anterior, que se ordene a la SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A” DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA proferir una providencia sustitutiva de la sentencia del 28 de julio del 2022, en el sentido de no dar por probada la caducidad del medio de control invocado y realizar el análisis de fondo de los cargos de la demanda […]”. (Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA señaló que la acción de tutela es improcedente, por cuanto se utiliza como una tercera instancia para reevaluar la controversia que se adelantó ante el juez contencioso administrativo.7
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administrativo.7
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La SECCIÓN TERCERASUBSECCIÓN “A” -, mediante sentencia de 26 de septiembre de 2025, denegó la solicitud de amparo al considerar que las decisiones judiciales cuestionadas no incurrieron en defecto fáctico, pues existieron otros elementos de juicio que permitieron establecer que la actora sí tuvo conocimiento del acto administrativo que le fue desfavorable, además, contaba con otros medios de información como el sistema “orfeo” al que tenía acceso y podía haberlo consultado.
Señaló que “[…] la Sala estima que en este caso la irregularidad evidenciada en la providencia cuestionada no resulta suficiente para alterar el alcance de la decisión, pues, aún si se aceptara que no operó la caducidad, la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación ya se pronunció respecto de la justa causa que dio origen a la obligación, porque, se insiste, la liquidación de las cargas constituía un requisito para la expedición de la licencia y, en ese sentido, los actos de liquidación se mantienen incólumes frente a la renuncia de la licencia […]”.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN9
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Actora: PROGETTI GROUP Y CIA S.A.S.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN9
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establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicia l cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndos e observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir los señalados en la sentencia C-11
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-05234-01
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir los señalados en la sentencia C-11
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590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades12
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judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud13
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del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.14
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- Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se dejen sin efecto las providencias de 28 de julio de 2022 , de 23 de agosto de 2024 y de 3 de febrero de 2025 , proferidas, respectivamente, por el TRIBUNAL y la SECCIÓN TERCERA , dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2019-00468-01.
A las citadas providencias la parte actora le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio, incurrieron en defecto sustantivo al desconocer la normativa relacionada con la notificación personal de los actos administrativos de carácter particular, pues el cómputo del término de caducidad dentro del
en defecto sustantivo al desconocer la normativa relacionada con la notificación personal de los actos administrativos de carácter particular, pues el cómputo del término de caducidad dentro del proceso ordinario no podría darse por surtido el 7 de diciembre de 2018, ya que el IDRD no aportó prueba fehaciente que demostrara que el acto se notificó en debida forma.
Señaló que también incurrieron en defecto fáctico , por cuanto entendieron por notificado el acto administrativo a través de una actuación que no existió y asumieron que la comunicación fue15
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remitida a la dirección de notificaciones a la que se habían enviado respuestas con anterioridad, sin que se hubiera acreditado la prueba documental de tal remisión o el acto de notificación personal.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- que, mediante sentencia de 26 de septiembre de 2025, denegó la solicitud de amparo.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo, pues, a su juicio, desestimó injustificadamente el defecto fáctico acreditado en la solicitud de amparo, esto es, la omisión en el estudio autónomo y diferenciado de la pretensión de enriquecimiento sin causa en el
su juicio, desestimó injustificadamente el defecto fáctico acreditado en la solicitud de amparo, esto es, la omisión en el estudio autónomo y diferenciado de la pretensión de enriquecimiento sin causa en el proceso ordinario, lo que condujo a la carencia del análisis sustantivo de los hechos.
Es del caso advertir que aun cuando en la acción de tutela se solicita dejar sin efectos tanto la providencia de 28 de julio de 20 22 proferida por el TRIBUNAL, como las dictadas el 23 de agosto de 2024 y 3 de febrero de 2025 por la SECCIÓN TERCERA, la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta vulneración de los16
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derechos fundamentales invocados frente a la sentencia de segunda instancia, toda vez que fue esta la que dio por concluido el asunto.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de l a quo, para lo cual se verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial ; y de ser así, se establecerá si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
establecerá si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción17
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de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
5 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 6 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.18
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requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
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requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [11].
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso” ) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su apl icación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contr
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