CE - Sentencia 11001031500020250541900
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250541900
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., siete (07) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-05419-00
Demandante: Oscar Fernando Quintero Mesa Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia / No se cumple con los presupuestos de relevancia constitucional, falta de legitimación en la causa por pasiva, subsidiariedad e inmediatez.
Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 29 de agosto de 2025, el señor Oscar Fernando Quintero Mesa presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, los Tribunales Superiores de los distritos de Cali y Medellín, los juzgados Primero Laboral del Circuito de Itagüí, Décimo y Diecisiete Laborales del Circuito de Cali, Se gundo Administrativo del Circuito de Cali, la Defensoría del Pueblo, la Institución Universitaria Antonio José Camacho (IUAJC), el Ministerio del Trabajo, la Nueva
Administrativo del Circuito de Cali, la Defensoría del Pueblo, la Institución Universitaria Antonio José Camacho (IUAJC), el Ministerio del Trabajo, la Nueva EPS2, la Universidad Autónoma de Occidente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la firma de abogados Hernando Morales Plaza 3, con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental a la igualdad.
2. Del escrito de tutela, su subsanación y los informes rendidos por los terceros vinculados a fin de esclarecer lo que solicita el demandante, la Sala logra entender que su pedimento se sustenta en los siguientes hechos:
Contexto en el que se presentaron las actuaciones que censura
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 El accionante se refiere a esta entidad como “medicina laboral”. 3 Aunque también se hizo mención al “Consejo Seccional de la Judicatura”, el actor no especificó a qué entidad hacía referencia, ni tampoco en su relato efectuó algún reproche concreto que permitiera identificar de qué ente se trata.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05419-00
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3. El accionante e s licenciado en Biología y Química, trabajó como docente en la
Demandante: Oscar Fernando Quintero Mesa Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
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3. El accionante e s licenciado en Biología y Química, trabajó como docente en la IUAJC desde el 1 de febrero de 2010 al 22 de diciembre de 2012, fecha en la que fue despedido por decisión unilateral y sin justa causa probada. Suscribió seis contratos a término fijo con duración de seis meses cada uno y también, obtuvo una beca para adelantar estudios de posgrado, hechos que denotaban la existencia de una verdadera relación laboral, con vocación de permanencia mínima hasta el año 2015, dados los programas de maestría y doctora do en los que se inscribió, acorde a los beneficios académicos que le fueron concedidos por el empleador y las universidades con las que tenía convenio4.
4. Fue víctima de acoso laboral por parte de la decana, directores del programa y rector de la instituc ión universitaria, lo que sumado a la alta carga laboral y estrés, hizo que desarrollara síndrome de colon irritable, cálculos renales, cirrosis hepática no alcohólica, hipertensión, desmayos, gastritis crónica, migrañas, cefaleas y pérdida del sueño. Resaltó que sus superiores lo obligaban a tener contacto con sustancias cancerígenas al pedirle transportarlas al laboratorio en transporte público sin ningún tipo de protección, lo atacaban e incluso acusaron de robo de dinero de unas becas, llegando a interponer dos denuncias en su contra5.
5. El despido se produjo cuando estaba incapacitado, mientras adelantaba las gestiones requeridas para que le fu era practicada cirugía de corrección de
llegando a interponer dos denuncias en su contra5.
5. El despido se produjo cuando estaba incapacitado, mientras adelantaba las gestiones requeridas para que le fu era practicada cirugía de corrección de estrabismo e hipermetropía, y sin tener en cuenta su discapacidad. Esto causó que fueran suspendidos los servicios de salud que tanto él como su esposa (de quien aduce sufre de cáncer terminal) e hijo requerían, dadas sus necesidades especiales y la gravedad de las patologías padecidas.
6. Presentó las respectivas denunc ias de acoso laboral ante los representantes de los docentes y el sindicato SUTEV, informando de ello a la Defensoría del Pueblo, la Personería de Santiago de Cali, la Secretaría de Educación Distrital, la Fiscalía General de la Nación, la Presidencia de l a República, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros entes de control administrativo y judicial del orden territorial y nacional. No obstante, el IUAJC no dio trámite al proceso administrativo y disciplinario respectivo, así como tampoco dio respuesta razonable al derecho de petición interpuesto a fin de que le reconociera y pagara los salarios y prestaciones sociales que podría dejar de percibir.
7. Denunció todas estas actuaciones ante el Ministerio de Trabajo y le fue asignado su caso a una inspectora que, en su criterio, actuó subjetivamente a favor de su
4 Universidad del Tolima, Universidad Minuto de Dios, SENA , Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad de Occidente y otras. 5 Refirió que el rector y el apoderado de la universidad interpusieron (i) demanda en su contra con radicado
4 Universidad del Tolima, Universidad Minuto de Dios, SENA , Universidad Francisco de Paula Santander, Universidad de Occidente y otras. 5 Refirió que el rector y el apoderado de la universidad interpusieron (i) demanda en su contra con radicado 76001310501120130041801, proceso al que nunca fue citado, y (ii) den uncia que conoció la Fiscal 57 de Cali, con radicado 760016000193201336004, promovida en el año 2013.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05419-00
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empleador, dilató el proceso injustificadamente, permitió que constituyera prueba de que presuntamente tenía un comité paritario y que se adelantó el respectivo proceso interno contra los funcionarios señalados de acoso, y restó valor a un testimonio con el cual quedó probado que la decana lo gritaba en público y en privado , con lo cual, considera que fue negado injustamente su reintegro.
8. El 25 de marzo de 2014, presentó ante Porvenir AFP, solicitud de reconocimiento y pago de una pensión por todas las enfermedades que padece desde nacimiento y algunas otras causadas por sus empleadores, a la cual nunca se le dio trámite.
Aclaró que en el año 2016 fue calificado con un porcentaje de 53.18% de discapacidad.
9. En busca de obtener la debida protección a sus derechos laborales, salariales y de salud, interpuso demandas laborales ordinarias que dada la negligencia 6 y falta de objetividad de sus apoderados, no prosperaron.
Hechos asociados al reproche constitucional contra el Tribunal Superior de Cali
de salud, interpuso demandas laborales ordinarias que dada la negligencia 6 y falta de objetividad de sus apoderados, no prosperaron.
Hechos asociados al reproche constitucional contra el Tribunal Superior de Cali
10. Posteriormente, otorgó poder a Hernando Morales y su firma de abogados HM Asociados y Cía. S.A.S. para que adelantaran nuevamente demanda laboral, proceso identificado con rad icado 76001-31-05-017-2015-00127-00, asignado por reparto al Juzgado 17 Laboral del Circuito de Cali que en sentencia del 25 de julio de 2016 no accedió a las pretensiones del accionante.
11. Contra este despacho judicial, el accionante aleg a que (i) no vinculó a todas las universidades con las que la IUAJC tenía convenios laborales y académicos, (ii) en audiencia celebrada el 15 de junio de 2016, dejó consignado que asistieron a dicha diligencia el accionante, su esposa e hijo, cuando los úni cos asistentes fueron él y su apoderado, pues a su núcleo familiar no se citó para declarar en juicio, (iii) no vinculó a la inspectora de trabajo ni al Ministro de Trabajo aunque puso en su conocimiento su actuar indebido al tramitar su queja por despido injustificado, (iv) permitió que la parte demandada allegara pruebas faltas a la verdad sobre la ausencia de trámite contra quienes lo acosaron y la existencia del comité paritario, y
(v) no tuvo en cuenta que las dos demandas iniciados en su contra por el rector de la universidad eran prueba del acoso al que se encontraba sometido.
ausencia de trámite contra quienes lo acosaron y la existencia del comité paritario, y (v) no tuvo en cuenta que las dos demandas iniciados en su contra por el rector de la universidad eran prueba del acoso al que se encontraba sometido.
6 Expuso que el primer proceso ordinario laboral que adelantó se identificó con el radicado 76001310500220130037100 y no sabe qué ocurrió en dicho asunto, puesto que su apoderada no le dio copia ni información al respecto. Luego de esto, contrató al abogado Caled Cano Palacios que radicó una segunda demanda laboral con radicado 7600131050112013-0041800, la cual tuvo qu e volver a ser radicada bajo el número 76001-31-05-002-2013-00753-00, actuaciones de las que no especificó su trámite, ni lo decidido en cada instancia, así como tampoco su estado actual. Se limitó a aseverar que este último apoderado se “vendió” a la parte contraria, como había hecho en otros casos, perjudicando a otros compañeros de trabajo que fueron despedidos por la IUAJC sin justa causa.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05419-00
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12. Con todo, la anterior d ecisión fue apelada por el actor y conocida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cali – Sala Laboral que declaró la nulidad de todo lo actuado ante la falta de competencia del a quo para conocer el asunto.
13. Se canceló el anterior número de radicado y el expediente fue sometió a reparto entre los juzgados administrativos, siendo asignado al Juzgado Segundo
todo lo actuado ante la falta de competencia del a quo para conocer el asunto.
13. Se canceló el anterior número de radicado y el expediente fue sometió a reparto entre los juzgados administrativos, siendo asignado al Juzgado Segundo Administrativo de Cali, correspondiénd ole como nuevo radicado 76001 -33-33-0022017-00262-00. El 18 de diciembre de 2018 se inadmitió la demanda y se le concedieron 10 días para subsanar, pero el 25 de enero de 2018 el apoderado del señor Quintero presentó solicitud de retiro de la demanda, por lo que el juez canceló la radicación y se archivó el expediente.
14. El señor Quintero considera que el Tribunal Superior de Cali actuó como “camarada” de la parte demandada, no fue imparcial y al tramitar la apelación omitió llamarlo a declarar. Respecto al Juzgado Segundo Administrativo de Cali, estima que incurrió en exceso ritual manifiesto al inadmitir la acción y permitir que su apoderado, sin su consentimiento, retirara la demanda, omitiendo oficiar a la Defensoría del Pueblo para que le asignara un abogado de oficio a fin de continuar el respectivo trámite.
15. En su c riterio, es necesario que el Tribunal Superior del Distrito de Cali – Sala Laboral, deje sin efectos la solicitud de retiro de la demanda, avo que conocimiento del asunto y al resolver de fondo aplique lo dispuesto por el Juzgado Primero Laboral de Itagüí y demás instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, en el caso del señor Rafael Antonio Cardona Gallego.
de Itagüí y demás instancias judiciales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, en el caso del señor Rafael Antonio Cardona Gallego.
Hechos asociados al reproche constitucional contra el Tribunal Superior de Medellín
16. Continuó el relato de los hechos y manifestó que en el año 2019 solicit ó calificación de origen de enfermedad ante medicina laboral de Nueva EPS, entidad que le pidió cierta información, petición que trasladó a la IUAJC, sin obtener respuesta favorable. Luego, mediante oficio GRSO-GRS-ML-5875 del 30 de julio de 2021, la Nueva EPS reiteró la petición de la documentación para iniciar el proceso de calificación de origen por sospecha de enfermedad laboral diagnosticada: trastorno mixto de ansiedad y depresión. El actor no especifi có si la universidad dio o no respuesta al requerimiento.
17. El 4 de julio de 2025 tuvo cita de valoración con medicina laboral en la que no se citó a la IUAJC ni se ordenó proferir nuevo concepto de calificación de porcentaje de invalidez incluyendo las patologías laborales de labilidad emocional y trastorno bipolar. Todo esto, lo había pedido con antelación, pero su exempleador y la empresa prestadora de salud se han negado a otorgarle el debido dictamen de su porcentaje de invalidez y con ello, tramitar el respectivo reconocimiento pensional.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05419-00
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18. En agosto del prese nte año, interpuso acción de tutela con radicado 05 -001-22Demandante: Oscar Fernando Quintero Mesa Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
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18. En agosto del prese nte año, interpuso acción de tutela con radicado 05 -001-2205-000-2025-10193-00 a fin de que se ordenara en el proceso laboral referido previamente, aplicar lo dispuesto por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí en el caso del señor Rafael Card ona, a fin de que se reconozca la existencia de un contrato laboral con la IUAJC y se le paguen los salarios y prestaciones sociales a las que considera tener derecho; y que se conminara al área de medicina laboral de Nueva EPS para que realizara recalific ación de su pérdida de capacidad laboral, en un porcentaje superior al 53.18% ya reconocido.
19. Mediante autos del 20 y 28 de agosto de 2025, el Tribunal Superior de Medellín – Sala Cuarta de Decisión Laboral, inadmitió y rechazó la acción, dada la falta claridad en cuanto a los hechos, pretensiones y objeto de lo que el señor Quintero alegaba a fin de sustentar la vulneración a su derecho fundamental a la igualdad.
Hechos asociados al reproche constitucional contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
20. El actor señaló que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca lo llamó para preguntarle respecto a este proceso de tutela, y ante esta instancia judicial expuso que la decisión de rechazo fue impugnada y en todo caso, debía ordenarse al Tribunal Superior de Medellín revocar su determinación y avocar conocimiento de la solicitud de amparo. Esto, en consideración a que ante dicho despacho judicial se
que la decisión de rechazo fue impugnada y en todo caso, debía ordenarse al Tribunal Superior de Medellín revocar su determinación y avocar conocimiento de la solicitud de amparo. Esto, en consideración a que ante dicho despacho judicial se tramitan otras tutelas que ha interpuesto por hechos similares.
Pretensiones
21. Acorde al recuento de hechos que pudo extraer la Sala, reiterándose la falta de claridad del escrito de tutela y su subsanación, entiende que el accionante pretende que se ordene: (i) al Tribunal Superior del Distrito de Medellín avocar conocimiento de la acción de tutela con radicado 05001 -22-05-000-2025-10193-00, al considerar que la decisión de rechazo adoptada en auto del 28 de agosto de 2025 no fue debidamente justificada y constituye un actuar doloso y omisivo por parte del despacho judicial, (ii) al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca conceder las tutelas que se hayan interpuesto por hechos similares, y (iii) al Tribunal Superior del Distrito de Cali – Sala Laboral dejar sin efectos el retiro de la demanda laboral con radicado 76001-31-05-017-2015-0012700, dado que esa actuación la adelantó el que era su apoderado en dicho asunto sin contar con su consentimiento, y era deber del juez garantizar su debido acceso a la administración de justicia, reabriendo el proceso y al momento de resolver de fondo la controversia, aplicar lo dispuesto por las diferentes instancias judiciales que conocieron el caso del señor Rafael Antonio
Cardona Gallego.
22. Tal como lo solicitó en dichos procesos, en el escrito de tutela reiteró que se debe
las diferentes instancias judiciales que conocieron el caso del señor Rafael Antonio Cardona Gallego.
22. Tal como lo solicitó en dichos procesos, en el escrito de tutela reiteró que se debe ordenar: (i) a la IUAJC que reconozca la existencia de un contrato laboral y deRadicación: 11001-03-15-000-2025-05419-00
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estudios, suscrito con el señor Quintero y pague cuatro habilitaciones debidamente presentadas, primas legales y extralegales, horas extra, salarios, prestaciones sociales y vacaciones dejados de percibir de 2013 a 2015, el valor de las becas académicas otorgadas para cursar estudios de postgrado, el daño moral causado a él y su grupo familiar por el despido injustificado, correspondiente a 200 smmlv para cada uno, la liquidación del contrato, la sanción moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, el daño emergente, el lucro cesante; (ii) a Cosmitet Ltda . y al Fomag reconocer y pagar a su favor, pensión de invalidez por sus padecimientos de hi drocefalia y epilepsia focal, desde nacimiento; y (iii) a Nueva EPS reintegrar como afiliado a su hijo, Luis Fernando Quintero Becerra, pagarle una indemnización de quinientos millones de pesos ($500.000.000) por la mala praxis médica que desde su nacimiento causó que sufra de hidrocefalia no congénita y epilepsia, y le conceda pensión de invalidez dada su
($500.000.000) por la mala praxis médica que desde su nacimiento causó que sufra de hidrocefalia no congénita y epilepsia, y le conceda pensión de invalidez dada su discapacidad; y (iv) de forma general, dar traslado a todos los incidentes de desacato que han interpuesto él y su esposa, Luz Divia Becerra, a quien ad emás, se le debe asignar abogado de la Defensoría del Pueblo para que tramite proceso de “indexación de su pensión como docente 1278, escalafonada”.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
23. Por auto del 29 de septiembre de 2025, se admitió la acción de tutela7, se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, los Tribunales Superiores de los distritos de Cali y Medellín, los juzgados Primero Laboral del Circuito de Itagüí, Décimo y Diecisiete Laborales del Circuito de Cali, S egundo Administrativo del Circuito de Cali, la Defensoría del Pueblo, la Institución Universitaria Antonio José Camacho, el Ministerio del Trabajo, la Nueva EPS1, la Universidad Autónoma de Occidente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la firma de abogados Hernando Morales Plaza para que rindieran informe que diera cuenta de los asuntos que hayan conocido relacionados con los hechos objeto de relato por el accionante y allegaran los soportes documentales respectivos . De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
(i) Tribunal Superior de Medellín – Sala Laboral
24. Remitió copia digital del proceso de tutela con radicado 05001-022-05-000-2025comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
(i) Tribunal Superior de Medellín – Sala Laboral
24. Remitió copia digital del proceso de tutela con radicado 05001-022-05-000-202510193-00, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la solicitud de amparo que se analiza.
(ii) Ministerio del Trabajo – Dirección Territorial del Valle del Cauca8
7 La tutela inicialmente se inadmitió. 8 Intervención contenida en 3 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05419-00
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25. Pidió su desvinculación del presente proceso y subsidiariamente, negar el amparo en relación con la entidad. No emitió pronunciamiento alguno respecto a los hechos y pretensiones esgrimidas por el actor, al considerar que no se dirigen a cuestionar alguna actuación u omisión de la seccional de la cartera ministerial. Refirió que el accionante ha presentado aproximadamente 123 acciones de tutela por hechos similares9, por lo que solicitó estudiar la posibilidad de declarar la temeridad del demandante.
(iii) Defensoría del Pueblo – Regional Valle del Cauca10
26. Solicitó declarar improcedente el amparo, desvincular a la entidad del presente asunto o en su defecto, negar las pretensiones en lo referente a la institución e imponer las sanciones a que haya lugar contra el demandante por actuar con temeridad, ante el uso indiscriminado de mecanismos judiciales e ignorar las
asunto o en su defecto, negar las pretensiones en lo referente a la institución e imponer las sanciones a que haya lugar contra el demandante por actuar con temeridad, ante el uso indiscriminado de mecanismos judiciales e ignorar las advertencias previas y compulsas de copia s que se le han dictado al resolver sus múltiples acciones de tutel a. Relacionó varios procesos tramitados en diferentes despachos judiciales, por los mismos hechos que se analizan11.
27. Señaló que n o es cierto que se hayan asignado defensores públicos para que tramiten las diversas demandas laborales y constitucionales que ha interpuesto el actor, sino que, este acude reiteradamente por asesoría a la entidad y profesionales del derecho atienden sus requerimientos y dudas. Se le ha intentado persuadir de que cese la interposición de acciones judiciales dada la improcedencia de lo que solicita, pero dicha sugerencia no ha sido acatada. Indicó que la defensora pública Ana Lucero Muñoz no fue designada para efectuar su representación en procesos laborales, solo brindó asesoría al señor Quintero y proyectó una acción de tutela que le resultó favorable en segunda instancia, dirigida contra la Di rección de
Reincorporación de la Policía Nacional.
28. En todo caso, en el escrito de tutela que se analiza, el demandante plantea diversas inconformidades contra varias decisiones judiciales, lo que no es competencia de la entidad, sumado a que no aportó prueba siquiera sumaria que indique que la Defensoría vulneró sus derechos fundamentales.
9 Al respecto allegó cuadro en 13 folios, con el listado de acciones de tutela presentadas por el demandante.
competencia de la entidad, sumado a que no aportó prueba siquiera sumaria que indique que la Defensoría vulneró sus derechos fundamentales.
9 Al respecto allegó cuadro en 13 folios, con el listado de acciones de tutela presentadas por el demandante. 10 Intervención contenida en 14 folios. 11 Se menciona que el accionante presentó las siguientes acciones de tutela por hechos y pretensiones similares: (i) Radicado 76001-23-33-000-2025-00580-00, tramitada ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; (ii) Radicados 2024-00403-00 y 2024 -00427-00, 76001-22-03-000-2024-00072-00, 76001-22-03-000-2023-0036100, tramitadas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Salas Civil y Penal, (iii) Radicado 11001-3187-027-2024-00021-00, tramitada por el Juzgado 27 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C., (iv) Radicado 11001 -03-15-000-2023-06847-00 cuyo conocimiento corr espondió a la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, (v) Radicado 11001 -02-05-000-2023-01728-00, tramitado ante la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral , (vi) Radicado 11001 -22-04-000-2023-02817-00 (111 -23), tramitado ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Penal.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05419-00
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tramitado ante el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Penal.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05419-00
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(iv) Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Penal12
29. Informó que por reparto le correspondió conocer en primera instancia de la acción de tutela interpuesta por el señor Quintero Mesa contra el Juzgado 4 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, la Nueva EPS, el Colegio de la Policía Nusefa (Nuestra señora de Fátima de Cali) y Porvenir S.A., con radicado 760012204000-2023-01652-00, en el que se dictó sentencia el 14 de diciembre de 2023 y negó las pretensiones del actor.
(v) Juzgado 17 Laboral del Circuito de Cali13
30. Ante la falta de claridad del escrito de tutela, brindó información únicamente sobre el trámite dado al proceso ordinario laboral con radicado 760013105017-20150012700. Expuso que: (i) el accionante presentó demanda contra la IUAJC que fue admitida el 18 de febrero de 2016, (ii) dictó sentencia el 26 de julio de 2015, la cual fue apelada por el actor, (iii) el Tribunal Superior de Cali – Sala Laboral revocó dicha decisión, declaró nulidad de todo lo actuado por falta de competencia, (iv) en auto del 11 de septiembre de 2017, se dispuso obedecer lo indicado por el superior, y remitió el expediente para que fuera sometido a reparto de los juzgados
del 11 de septiembre de 2017, se dispuso obedecer lo indicado por el superior, y remitió el expediente para que fuera sometido a reparto de los juzgados administrativos, y (iv) el conocimiento de dicho asunto correspondió al Juzgado Segundo Admini strativo de Oralidad de Cali , asignando un nuevo número de radicado.
31. Aduce que el despacho ha sido vinculado a múltiples procesos de tutela promovidos por el accionante, cuyos escritos de demanda carecen de claridad e impiden conocer con precisión lo pretendido. Transcribe indistintamente fragmentos de otros fallos, sin poder establecer cómo dicho juzgado ha vulnerado sus derechos fundamentales. En consecuencia, pidió ser desvinculado del presente trámite de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
(vi) Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí14
32. Expuso que dicho despacho judicial no ha tramitado ni conoce actualmente de proceso alguno en el que haya actuado el señor Oscar Quintero. No obstante, el 31 de julio de 2025, se le notificó por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal de su vinculación en la acción de tutela con radicado 11001-02-30000-2025-00793-00 (inicialmente inadmitida y posteriormente rechazada), dado que el accionante citaba lo decidido en el proceso 053603-10-50-01-2021-00041-00, en el que no fue accionante, pero considera es precedente aplicable a su caso.
12 Intervención contenida en 2 folios. 13 Intervención contenida en 3 folios.
el que no fue accionante, pero considera es precedente aplicable a su caso.
12 Intervención contenida en 2 folios. 13 Intervención contenida en 3 folios. 14 Intervención contenida en 2 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2025-05419-00
Demandante: Oscar Fernando Quintero Mesa Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
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Considera que en la tutel a bajo análisis está pidiendo lo mismo , por lo que remite copia de dicha decisión judicial.
33. Informó que ha sido notificada de más tutelas interpuestas ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali – Sala Segunda de Decisión Laboral, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín – Sala Laboral y el Tribunal Administrativo de Antioquia.
(vii) Comisión Nacional de Disciplina Judicial15
34. Pidió declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva dado que tanto en el escrito de tutela inicial y como en la subsanación, no se mencionan acciones u omisiones de la entidad que hayan causado afectación a los derechos fundamentales del accionante.
(viii) Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad de Cali16
35. Precisó que el demandante presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el IUAJC por intermedio de apoderado judicial, Hernando Morales Plaza, a la que le correspondió el radicado 76001-33-33-002-2017-00262-00. El 18 de diciembre de ese año se inadmitió y se le concedieron 10 días para subsanar, pero el 25 de enero de 2018 el apoderado presentó escrito solicitando el retiro de la
de diciembre de ese año se inadmitió y se le concedieron 10 días para subsanar, pero el 25 de enero de 2018 el apoderado presentó escrito solicitando el retiro de la demanda, por lo que se canceló la radicación y se archivó el expediente. Dicho proceso fue solicitado por la Sala Disciplinaria y fue devuelto el 30 de octubre de 2019, y a la fecha se encuentra archivado.
(ix) HM Asociados y Cía. S.A.S.17
36. El representante legal de la firma de abogados aclaró que ni el señor Quintero, ni su esposa, Luz Divia Becerra y su hijo, Luis Fernando Quintero, le han otorgado poder para que los represente en este trámite judicial. El actor suplantó su nombre e identidad de forma deliberada, tal como ha hecho en aproximadamente 8 procesos de tutela interpuestos en el mismo mes, en los que ha adelantado actuaciones jurídicas y judiciales como si las propusieran los abogados de la empresa.
37. Acorde a lo anterior, solicitó rechazar de plano la acción de tutela, compulsar copias para que se investigue el presunto actuar delictivo y temerario del actor y su núcleo familiar.
(x) Tribunal Administrativo del Valle del Cauca18
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