CE - Sentencia 11001031500020250553301
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250553301
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Sara Margarita Ochoa Saldarriaga Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2025-05533-01
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá. D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05533-01
Demandante: SARA MARGARITA OCHOA SALDARRIAGA
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Tema: Tutela contra providencia judicial. Confirma Improcedencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del 25 de septiembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente el mecanismo constitucional.
I. ANTECEDENTES.
1.1. Solicitud de amparo
La señora Sara Margarita Ochoa Saldarriaga1, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de que se ampare su derecho fundamental a l debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de que se ampare su derecho fundamental a l debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
La accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales con ocasión de la sentencia del 6 de agosto de 2025, proferida por la autoridad judicial accionada dentro del proceso disciplinario radicado 05001-25-02-000-2021-02226-01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]DEJAR SIN EFECTOS la decisión adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial el 06 de agosto de 2025
3. ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que remita a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia la actuación pa ra que efectúe la
1 Índice 02 Samai. Radicada el 20 de agosto de 2025Demandante: Sara Margarita Ochoa Saldarriaga Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2025-05533-01
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formulación de cargos correspondiente y adopte las medidas indispensables para que la investigación continúe de modo que en la audiencia de juzgamiento se recauden, practiquen y valoren las pruebas indispensables con el fin de llevar a la convicción sobre la configuración o no de las faltas disciplinarias tomando en consideración los
la investigación continúe de modo que en la audiencia de juzgamiento se recauden, practiquen y valoren las pruebas indispensables con el fin de llevar a la convicción sobre la configuración o no de las faltas disciplinarias tomando en consideración los deberes derivados del ordenamiento constitucional y legal para el ejercicio de la abogacía en el país.
En subsidio,
4. ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que profiera una nueva decisión en la cual se pronuncie sobre el material probatorio relevante no valorado en conjunto e integralmente en clave constitucional y legal como lo indica el artículo 103 de la Ley 1123 de 2007. […]2.
1.3. Hechos
La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos3, relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
El 24 de noviembre de 2021, la señora Sara Margarita Ochoa Saldarriaga instauró queja ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia contra el abogado Edinson López Cañas4 por las presuntas manifestaciones injuriosas que realizó contra ella y su apoderado judicial al indicar que amenazaron a los testigos de su contraparte dentro del proceso de violencia intrafamiliar radicado 02-1840421 M1, el cual se tramitó en la Comisaria de Familia de la Comuna Nueve del barrio Buenos Aires de la ciudad de Medellín, y al interior del proceso penal que se siguió por la misma causa ante el Juzgado Veintiséis Penal Municipal de Medellín bajo el NUNC 050016000206202101687.
La Comisión mencionada5, conoció del proceso y, en audiencia celebrada el 29 de
por la misma causa ante el Juzgado Veintiséis Penal Municipal de Medellín bajo el NUNC 050016000206202101687.
La Comisión mencionada5, conoció del proceso y, en audiencia celebrada el 29 de abril de 2025, ordenó la terminación de la investigación disciplinaria, atendiendo lo dispuesto en el artículo 1036 de la Ley 1123 de 2007, al considerar que no se logró establecer que el señor López Cañas expresó las manifestaciones injuriosas y calumniosas de las cuales se le acusó.
2 Transcripción literal de la acción de tutela incluyendo errores 3 Índices 09 al 012 Samai 4 Cabe advertir, que en el auto anteriormente citado se indicó que se vinculó como tercero con interés al trámite de tutela al señor «Edison López Cañas». Una vez verificado su número de cédula de ciudadanía y tarjeta profesional en la consulta de sanciones vigentes para abogados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial 4, se pudo constatar que su nombre es Edinson López Cañas. Igualmente, se observa que la notificación de la tutela, le fue env iado a su correo electrónico taliberhomo@hotmail.com el cual coincide al informado dentro del proceso disciplinario 5 Magistrada sustanciadora: Luz Adriana Londoño Bonilla 6 ARTÍCULO 103. TERMINACIÓN ANTICIPADA. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinable no la cometió, que e xiste una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario
prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinable no la cometió, que e xiste una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento.Demandante: Sara Margarita Ochoa Saldarriaga Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2025-05533-01
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Inconforme con la decisión, en la misma audiencia, la abogada de la señora Ochoa Saldarriaga interpuso recurso de apelación . Alegó que dentro del plenario obran pruebas que demuestran qu e el abogado López Cañas había indicado que la quejosa amenazó a los testigos que pretendía hacer comparecer al proceso ante la Comisaría de Familia.
Por su parte, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial7 mediante providencia del 6 de agosto de 2025, confirmó la decisión del a quo, al considerar que del material probatorio aportado al proceso disciplinario, no había prueba alguna que corroborara la acusación de la quejosa contra el profesional investigado.
Esta decisión fue notificada a la tutelante por correo electrónico el 1 de septiembre de 2025.
1.4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora manifestó que la Comisión Nacional del Disciplina Judicial incurrió en defecto fáctico, toda vez que valoró indebidamente los elementos probatorios
de 2025.
1.4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte actora manifestó que la Comisión Nacional del Disciplina Judicial incurrió en defecto fáctico, toda vez que valoró indebidamente los elementos probatorios aportados en el proceso disciplinario, puesto que no estudió las pruebas de manera integral, y desconoció las siguientes:
a) Declaración juramentada de Andrés Londoño. b) Conversación entre Sara Roldán y Andrés Londoño exportada de la aplicación WhatsApp allegada el 23 de abril de 2025. c) Capturas de pantalla conversación entre Sara Roldán Sara Ochoa en la aplicación WhatsApp allegadas el 23 de abril de 2025 d) Conversación entre Sara Roldán y Sara Ochoa exportada de la aplicación WhatsApp. allegada el 23 de abril de 2025 e) Correo electrónico del 06 de octubre de 2021 d e Sara Roldán a Sara Ochoa y Andrés Londoño allegado el 23 de abril de 2025 f) Registro fílmico de mi teléfono móvil allegado el 23 de abril de 2025
Expresó que el abogado Alfonso Cadavid quien fue su apoderado temporal, en su declaración rendida dentro del proceso disciplinario afirmó que la señora Sara Roldán quien en su momento fungió como su asistente, fue la abogada encargada de la interacción frecuente con el señor Édison López Cañas.
Precisó que , en una conversación telefónica, el señor López Cañas empezó a gritarles enfurecido que tenían que terminar el trámite administrativo adelantado ante la Comisaría de Familia de la Comuna Nueve de Buenos Aires de la ciudad de Medellín y que se instauró en contra de su poderdante por violencia intrafamiliar.
gritarles enfurecido que tenían que terminar el trámite administrativo adelantado ante la Comisaría de Familia de la Comuna Nueve de Buenos Aires de la ciudad de Medellín y que se instauró en contra de su poderdante por violencia intrafamiliar.
Adujo que, todo esto evidencia una animadversión en su contra creada desde la oficina del señor Alfonso Cadavid por el hecho de estar en desacuerdo con sus planteamientos sobre la reparación integral por considerarlos alineados con los intereses de su victimario, esto es, el señor Jorge Hugo Toro Arias.
7 Magistrada Ponente Diana Marina Vélez VásquezDemandante: Sara Margarita Ochoa Saldarriaga Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2025-05533-01
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Adicionalmente, mencionó que la señora Sara Roldan y el señor Alfonso Cadavid, omitieron informar dentro de sus declaraciones que, el pago de los honorarios estaba pendiente y debía hacerse en efectivo, de manera presencial en su oficina, de lo cual no queda una trazabilidad financiera para probar que faltan a la verdad.
Así mismo, indicó que en varias ocasiones, su agresor le afirmó que el señor Edinson López Cañas es el abogado de alias «el Saya» de la banda de La Terraza, y en general, de la denominada Oficina de Envigado y, en el año 2023 recibió audios de su victimario donde insinua ba que su vida corría peligro, lo que advierte que continúa intimidándola.
y en general, de la denominada Oficina de Envigado y, en el año 2023 recibió audios de su victimario donde insinua ba que su vida corría peligro, lo que advierte que continúa intimidándola.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El Consejo de Estado, Sección Primera, en auto del 5 de septiembre de 2025 8 admitió la acción de tutela, ordenó la notificación 9 a la solicitante10 y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial11, como autoridad judicial accionada.
Así mismo, ordenó vincular al señor Edi nson López Cañas (disciplinado)12 y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia13 (primera instancia del disciplinario) como terceros con interés directo en el resultado del proceso.
También, se ofició a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia para que remitiera copia física o digital del expediente identificado con número de radicación 05001-25-02-000-2021-02226-01.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:
1.6.1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia 14
La magistrada ponente de la sentencia de primera instancia hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso disciplinario e indicó que dentro del proceso disciplinario no se acreditó que el abogado Edinson López Cañas hubiera lanzado las afirmaciones injuriosas o calumniosas en contra de la señora Sara Margarita Ochoa Saldarriaga
8 Indice 05 Samai 9 Índice 08 Samai – Envío de notificación
las afirmaciones injuriosas o calumniosas en contra de la señora Sara Margarita Ochoa Saldarriaga
8 Indice 05 Samai 9 Índice 08 Samai – Envío de notificación 10 Notificación al correo electrónico Fabiánandresbernalbeltran@gmail.com 11 Notificación a los correos electrónico notificacionescndj@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co correspondencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co presidencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co 12 Indice 15 Samai 13 Notificación a los correos secdisant@cendoj.ramajudicial.gov.co ofjudmed@cendoj.ramajudicial.gov.co 14 Índice 09 y 012 Aplicativo SamaiDemandante: Sara Margarita Ochoa Saldarriaga Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2025-05533-01
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Así mismo, manifestó que durante el trámite del proceso disciplinario de interés de la actora, no se vulneraron los derechos fundamentales reclamados y, en consecuencia, solicitó la desvinculación del presente trámite constitucional.
1.6.2. Comisión Nacional de Disciplina Judicial 15
La magistrada ponente de la decisión cuestionada, expresó qu e el accionante trae sustentos que no fueron debatidos en el recurso de apelación presentado ante esa Corporación y se busca instrumentalizar al juez de tutela para revivir una situación
La magistrada ponente de la decisión cuestionada, expresó qu e el accionante trae sustentos que no fueron debatidos en el recurso de apelación presentado ante esa Corporación y se busca instrumentalizar al juez de tutela para revivir una situación jurídica ya definida dentro del proceso disciplinario
Los argumentos relativos a una supuesta animadversión de los testigos respecto de la quejosa, y acerca de los hechos de violencia intrafamiliar que ejercía su ex pareja en su contra, no fueron objeto de debate en el curso del proceso disciplinario el cual, valga record ar, se tramitó en contra de Edi nson López Cañas y no de dicha profesional.
Además, esta Corporación debe aclarar que dicha alegación no fue objeto de reproche por parte de la quejosa en su recurso de apelación, momento procesal dispuesto legalmente para haber argumentado una posible incongruencia.
Resaltó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados por la accionante, en consecuencia, debe ser negada la presente acción al ser empleada para reabrir un debate jurídico que fue desatado por el órgano de cierre en materia disciplinaria.
1.6.3. El señor Edinson López Cañas pese a ser debidamente notificad o16 no contestó la acción de tutela.
1.7. Sentencia de primera instancia17
El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante providencia del 25 de septiembre de 202518, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
De otra parte, negó la solicitud de desvinculación presentada por la Comisión
de 202518, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
De otra parte, negó la solicitud de desvinculación presentada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, toda vez que fungió como juez de primera instancia en el proceso disciplinario objeto de tutela, por lo que le asiste interés directo en las resultas de la presente acción.
Señaló que, la actora pretende con este mecanismo reabrir el asunto que ya fue resuelto en el proceso disciplinario y busca constituir una instancia adicional,
15 Índices 010 y 011 Samai 16 Índice 015 Samai Notificación al correo electrónico taliberhomo@hotmail.com 17 Índice 016 Samai 18 Se notificó el 9 de octubre de 2025Demandante: Sara Margarita Ochoa Saldarriaga Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2025-05533-01
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
comoquiera que los argumentos expuestos en el escrito de tutela están dirigidos a cuestionar la terminación anticipada del proceso disciplinario cuestionado, obviando, a su juicio, las pruebas y sin apreciarlas conforme lo establece el artículo 103 de la Ley 1123 de 2007.
En efecto, se advierte que las inconformidades que ahora trae la accionante a esta sede constitucional ya fueron resueltas por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
103 de la Ley 1123 de 2007.
En efecto, se advierte que las inconformidades que ahora trae la accionante a esta sede constitucional ya fueron resueltas por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Por otro lado, señaló que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial estudió el material probatorio aportado y de allí pudo corroborar que no existió prueba alguna que permitiera establecer con certeza la existencia de manifestaciones contra la actora. Razón por la cual, confirmó la decisión de primera instancia de dar por terminado el proceso disciplinario anticipadamente.
En ese orden de ideas, la primera instancia advirtió que la autoridad judicial accionada se pronunció frente a los aspectos que la pa rte actora aludió en la solicitud de amparo y no se acreditó que hubiese actuado de forma abiertamente arbitraria vulnerando derechos fundamentales o desbordado los límites del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito g eneral de relevancia constitucional.
1.8. Impugnación19
La parte actora presentó impugnación contra la sentencia de tutela de primera instancia20, para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de amparo y precisó que no se acude a este mecanismo constitucional como tercera instancia, sino que busca que sus derechos fundamentales , sean protegidos como sujeto de especial protección constitucional al ser víctima de violencia intrafamiliar.
Expuso que la sentencia impugnada no efectuó un a nálisis del material probatorio del proceso disciplinario, insistió que su reproche evidencia un conjunto de pruebas no fueron valoradas
Aunado a lo anterior, referenció informes de prensa con el fin de ilustrar que el señor
del proceso disciplinario, insistió que su reproche evidencia un conjunto de pruebas no fueron valoradas
Aunado a lo anterior, referenció informes de prensa con el fin de ilustrar que el señor Edinson López Cañas está s iendo señalado de intimidar testigos para desviar investigaciones.
1.9 Manifestación de impedimento
El magistrado Omar Joaquín Barreto Suarez, mediante escrito del 11 de noviembre de 2025 21, manifest ó́ estar impedido para conocer de la acción constitucional al
19 Índice 021 Samai 20 Memorial del 14 de octubre de 2025 21 Índice 04 SamaiDemandante: Sara Margarita Ochoa Saldarriaga Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2025-05533-01
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considerar que estaba inmerso en la causal 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
Sin embargo, los demás magistrados que integran la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de la fecha declararon infundada la manifestación, pues no encontraron acreditados los supuestos de hecho establecidos en la norma para su configuración.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada la parte actora contra la sentencia del 25 de septiembre de 2025 , proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada la parte actora contra la sentencia del 25 de septiembre de 2025 , proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia del 25 de septiembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, para lo cual se deberá resolver los siguientes interrogantes:
- ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial? • De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:
- ¿La Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró los derechos fundamentales invocados por la señora Sara Margarita Ochoa Saldarriaga con ocasión a la sentencia proferida el 6 de agosto de 2025 dentro del proceso disciplinario identificado con radicado número 05001-25-02-0002021-02226-01?
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) los requisitos generales de procedibilidad y, ( iii) el análisis del caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012 22,
del caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012 22, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.Demandante: Sara Margarita Ochoa Saldarriaga Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2025-05533-01
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la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema23.
Así, después de u n recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la sentencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales24. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros se haría ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201425, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200526, para determinar la procedencia de
Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200526, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo dispone el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia 27 a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo – procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto – procedencia adjetiva.
Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad adjetiva, esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
23 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena a ntes reseñada. 24 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia». 25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Adm inistrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01. 26 Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 27 Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.Demandante: Sara Margarita Ochoa Saldarriaga Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2025-05533-01
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directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
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directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser conside rada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 202228, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia repro chada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos d e seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos d e seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción de l juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
28 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.Demandante: Sara Margarita Ochoa Saldarriaga Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Radicado: 11001-03-15-000-2025-05533-01
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-05533-01
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finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso i ndebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal29 (Énfasis de la Sala). De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico 30; es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional31[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica […]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del jue
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