CE - Sentencia 11001031500020250556800
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250556800
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05568-00
Demandante: Julio Cesar Rondón León y otros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-05568-00
Demandante: Julio Cesar Rondón León y otros
Demandado:
Tema: Tribunal Administrativo del Magdalena
Tutela contra providencia judicial . Reparación directa. Excepción de inepta demanda. Defecto sustantivo y fáctico.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por Julio Cesar R ondón León, Marta Cecilia Mogollón y Julio Cesar Rondón Mogollón contra la sentencia de 21 de mayo de 202 5, proferid a por el Tribunal Administrativo de l Magdalena , por la supuesta vulneración del derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes:
Pretensiones
«1.- Se tutele a mis poderdantes, el derecho fundamental al debido proceso y la seguridad jurídica, vulnerado por la providencia judicial proferida por el Tribunal Segundo Administrativo del Magdalena, Magistrado Adonay Ferrari Padilla, de fecha 21 de mayo de
«1.- Se tutele a mis poderdantes, el derecho fundamental al debido proceso y la seguridad jurídica, vulnerado por la providencia judicial proferida por el Tribunal Segundo Administrativo del Magdalena, Magistrado Adonay Ferrari Padilla, de fecha 21 de mayo de 2025.
2.- Que, en consecuencia, se deje sin efectos dicha sentencia y se ordene al citado tribunal emitir una nueva decisión, respetando el precedente jurisprudencial y el derecho de acceso efectivo a la Administración de Justicia.
3.- Se concedan las pretensiones de la demanda.»
ANTECEDENTES
1. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Del sellamiento del establecimiento comercial Bananas Night Club
El 4 de enero de 2017, funcionarios de la Secretaría de Planeación Distrital de Santa Marta llevaron a cabo una inspección técnica ocular en el establecimiento de comercio Bananas Night Club. En el acta de visita, se consignó que la actividad desarrollada (expendio y consumo de licor, tipo discoteca) no correspondía con el uso de suelo autorizado en 2005, el cual permitía únicamente la venta de licor y no su consumo dentro del establecimiento. En consecuencia, se procedió al sellamiento inmediato del establecimiento.
El 19 de enero de 2017, se efectuó una nueva visita de inspección. En esa diligencia, las autoridades observaron que el establecimiento se encontraba operando (violandoRadicado: 11001-03-15-000-2025-05568-00
Demandante: Julio Cesar Rondón León y otros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
Demandante: Julio Cesar Rondón León y otros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2
el sellamiento previo). Adicionalmente, se identificó el ejercicio de actividades de prostitución en el segundo piso del inmueble, actividad incompatible según el POT del Centro Histórico. A raíz de estos hallazgos, el establecimiento fue nuevamente sellado.
El 6 y 12 de enero, y 5 y 13 de junio, el propietario del establecimiento presentó peticiones ante la Secretaría de Planeación Distrital, la Secretaría de Gobierno Distrital y la Inspección Central de Policía Norte, en los que solicitó el levantamiento de los sellos. Asimismo, requirió información sobre la existencia de un proceso administrativo formal que justificara la medida.
El 5 y 13 de junio de 2017, la Secretaría de Gobierno informó que había trasladado el expediente por competencia a la Inspección de Policía Norte el 17 de febrero de 2017, en aplicación del Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 2016), y afirmó no haber ordenado el sellamiento.
El 13 de julio de 2017, la Secretaría de Planeación indicó que los documentos del caso reposaban en la Secretaría de Gobierno.
El 28 de julio de 2017, la Inspección de Policía Norte precisó que no reposaba en sus archivos algún fallo administrativo o proceso que ordenara el cierre. De igual forma, sostuvo que la actuación fue iniciada por la Secretaría de Planeación el 4 de enero de 2017, bajo la norma anterior, y que, según el artículo 239 de la Ley 1801 de 2016, era
sostuvo que la actuación fue iniciada por la Secretaría de Planeación el 4 de enero de 2017, bajo la norma anterior, y que, según el artículo 239 de la Ley 1801 de 2016, era esa misma entidad (Secretaría de Planeación) la que debía culminar el proceso.
En este contexto, y con el fin de que se resolviera su situación, el accionante interpuso acción de tutela.
Mediante sentencia de 29 de septiembre de 2017, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta amparó el derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, ordenó a la Inspección de Policía Norte iniciar la actuación administrativa conforme con la Ley 1801 de 2016, pero negó el levantamiento de la medida de cierre.
El 27 de octubre de 2017, el apoderado de los accionantes promovió incidente de desacato.
En cumplimiento del fallo de tutela, el Inspector de Policía Central de Santa Marta celebró audiencia pública del 30 de octubre de 2017, en la cual declaró la nulidad de todo lo actuado con fundamento en el artículo 288 de la Ley 1801 de 2016, al encontrar que:
(i) La Secretaría de Planeación Distrital actuó sin competencia y violó las formas propias del juicio, pues el artículo 207 de la Ley 1801 asigna a la Secretaría de Planeación la función de ser la segunda instancia, es decir, conocer del recurso de apelación contra las decisiones de los inspectores en materia urbanística.
(ii) En los archivos de esa entidad reposaba un proceso administrativo por los mismos hechos, iniciado por la Secretaría de Gobierno en 2010 , en el cual se profirió la Resolución 064 del 14 de julio de 2010, que ordenó el cierre
(ii) En los archivos de esa entidad reposaba un proceso administrativo por los mismos hechos, iniciado por la Secretaría de Gobierno en 2010 , en el cual se profirió la Resolución 064 del 14 de julio de 2010, que ordenó el cierre definitivo. Sin embargo, dicha decisión fue revocada por la misma mediante la Resolución 256 del 30 de agosto de 2013.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05568-00
Demandante: Julio Cesar Rondón León y otros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3
De ahí que la administración no podía volver a juzgar al establecimiento por unos hechos que ya habían sido objeto de un proceso, el cual finalizó con una decisión favorable al accionante que hizo tránsito a cosa juzgada.
Demanda de reparación directa
Los accionantes presentaron demanda de reparación directa contra la Alcaldía del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, la Secretaría de Planeación Distrital y la Secretaría de Gobierno, por el daño antijurídico causado por el sellamiento del establecimiento de comercio entre el 4 de enero de 2017 al 30 de octubre de ese mismo año.
En consecuencia, solicitaron: (i) declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Alcaldía de Santa Marta y sus Secretarías por los perjuicios morales y materiales causados (daño emergente y lucro cesante) , a raíz del « proceso Administrativo irregular» que culminó con el sellamiento del establecimiento Bananas Night Club.
y materiales causados (daño emergente y lucro cesante) , a raíz del « proceso Administrativo irregular» que culminó con el sellamiento del establecimiento Bananas Night Club.
Como fundamento de la demanda, alegaron los siguientes argumentos:
- La Secretaría de Planeación adelantó el sellamiento sin tener competencia para ello, porque, según el artículo 217 del Estatuto de Policía , si bien podía realizar visitas de control urbano en caso de irregularidades, su deber era levantar un acta y enviarla a la Secretaría de Gobierno para que esta aplicara las sanciones a que hubiera lugar.
- Tras el sellamiento, las entidades evadieron sus responsabilidades y vulneraron los principios de oportunidad, celeridad, eficacia y buena fe previstos en la Ley 1801 de 2016 , toda vez que la Secretaría de Planeación remitió el caso a Secretaría de Gobierno; la Secretaría de Gobierno lo remitió al Inspector de Policía; y el Inspector se negó a actuar.
Además, el Inspector de Policía Cesar Rovira, a pesar de recibir el expediente el 17 de febrero de 2017, solo realizó la audiencia el 30 de octubre de 2017, y únicamente después de que se interpusiera una acción de tutela y un incidente de desacato.
- El sellamiento ocurrió el 4 de enero de 2017 y la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía) entró en vigencia el 30 de enero de 2017. Por lo tanto, la norma aplicable era la vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, esto es, Ley 232 de
1995.
El artículo 4 de la Ley 232 de 1995, establecía el siguiente procedimiento: (i)
era la vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, esto es, Ley 232 de 1995.
El artículo 4 de la Ley 232 de 1995, establecía el siguiente procedimiento: (i) requerir por escrito al comerciante para cumplir requisitos en 30 días; (ii) imponer multas sucesivas si no cumplía; (iii) ordenar la suspensión de actividades hasta por 2 meses; (iv) Solo como último recurso, ordenar el cierre definitivo.
No obstante, no se aplicó ese procedimiento y solamente se ordenó el cierre.
Además, debía tenerse en cuenta que el artículo 239 de la Ley 1801 de 2016, previó un régimen de transición, el cual ordenaba que los procedimientos iniciados bajo la legislación anterior serían adelantados hasta su finalización, conforme con la legislación vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos.
- El daño antijurídico (el cierre del establecimiento) fue causado directamente por esa cadena de actos ilegales y omisiones negligentes , pues «la actitud de la administración fue la causa directa del daño dentro del Proceso AdministrativoRadicado: 11001-03-15-000-2025-05568-00
Demandante: Julio Cesar Rondón León y otros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4
sancionatorio sufrido por la víctima como lo evidencia la relación de causa entre la falla y el daño causado (…)». Por ello, imputó la responsabilidad a los secretarios de Planeación y Gobierno y a los funcionarios ejecutores (la inspectora de Planeación y el Inspector de Policía), por violar sus deberes
la falla y el daño causado (…)». Por ello, imputó la responsabilidad a los secretarios de Planeación y Gobierno y a los funcionarios ejecutores (la inspectora de Planeación y el Inspector de Policía), por violar sus deberes constitucionales y los principios del CPACA.
El 22 de octubre de 2021, el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta negó las pretensiones de la demanda de reparación directa con fundamento en los siguientes argumentos:
- Los demandantes no controvierten la legalidad de algún acto administrativo , pues su pretensión se centra en el daño ocasionado por el sellamiento arbitrario
del establecimiento Bananas Night Club.
- Se acreditó el daño antijurídico porque estaba demostrad o el cierre del establecimiento por el lapso de 9 meses y 26 días.
- Sin embargo, no se aportaron pruebas que acreditaran la veracidad de los perjuicios materiales y morales ocasionados con el daño, toda vez que «no obra con los anexos de la demanda algún soporte documental de libros de contabilidad o de balances del establecimiento de comercio afectado (…) tampoco se expone siquiera una relación documental del personal contratado para trabajar.»
Esa decisión fue apelada por la parte demandante, con fundamento en que el juez de primera instancia erró al valorar las pruebas, porque: (i) el daño moral se probó, con el testimonio de Jorge Cantillo sobre el evidente deterioro físico y emocional del demandante y la angustia generada por el cierre ilegal; y (ii) el daño mate rial (lucro cesante) se demostró con los estados de resultado certificados por contador, los cuales gozan de fe pública. Respecto al daño emergente, sostuvo que el juez erró al
cesante) se demostró con los estados de resultado certificados por contador, los cuales gozan de fe pública. Respecto al daño emergente, sostuvo que el juez erró al exigir facturas por el arriendo , pues el contrato de arrendamiento era la prueba pertinente y, además, el régimen simplificado no lo obligaba a expedirlas.
El 21 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia del medio de control.
A su juicio, los demandantes solicitaron el reconocimiento y pago de perjuicios morales y materiales que se ocasionaron como consecuencia del «acto administrativo que ordenó el cierre del establecimiento de comercio Bananas Night Club », por lo que «la causa del presente proceso corresponde a la propia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho».
Agregó que el artículo 138 del CPACA, prevé que, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, además de la declaratoria de nulidad del acto, es posible solicitar que la administración repare el daño.
Explicó que la parte demandante debió cuestionar en nulidad y restablecimiento del derecho la legalidad del «Oficio del veintiocho (28) de julio de dos mil diecisiete (2017), identificado con el asunto: “DERECHO DE PETICIÓN”, signado por el Inspector de Policía Norte», porque dispuso el «cierre definitivo» del establecimiento de comercio, pues las visitas técnicas solamente ordenaron un «cierre temporal» (En ese oficio, el Inspector de Policía, en respuesta a un a petición, dijo que él no tenía competencia para
Norte», porque dispuso el «cierre definitivo» del establecimiento de comercio, pues las visitas técnicas solamente ordenaron un «cierre temporal» (En ese oficio, el Inspector de Policía, en respuesta a un a petición, dijo que él no tenía competencia para continuar el proceso).Radicado: 11001-03-15-000-2025-05568-00
Demandante: Julio Cesar Rondón León y otros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5
En otras palabras, consideró que esa decisión fue la que finalizó la actuación administrativa, toda vez que dejó «al administrado sin la posibilidad de proseguir la misma, circunstancia de la cual se infiere que dicho acto ostentaba la calidad de definitivo.».
El Tribunal sostuvo que los actos proferidos por autoridades de policía que ordenan el cierre de establecimientos por incumplimiento de normas sobre el uso del suelo son actos administrativos demandables, ya que se profieren en ejercicio de una función administrativa de control y no de una función jurisdiccional.
Por lo tanto, al concluir que dicha orden no constituye un «juicio policivo», la decisión puede ser controlada judicialmente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2. Argumentos de la acción de tutela
La parte accionante alegó que el tribunal incurrió en violación del derecho fundamental al debido proceso por incurrir en los defectos sustantivo y fáctico, con fundamento en los siguientes argumentos:
Consideró que la autoridad judicial accionada concluyó erróneamente que el medio
al debido proceso por incurrir en los defectos sustantivo y fáctico, con fundamento en los siguientes argumentos:
Consideró que la autoridad judicial accionada concluyó erróneamente que el medio de control idóneo era la nulidad y restablecimiento del derecho, al identificar que la causa del perjuicio fue el Oficio del 28 de julio de 2017, toda vez que e l verdadero origen del daño fue una actuación material o vía de hecho ocurrida el 4 de enero de 2017, esto es, el sellamiento físico del local por parte de la Secretaría de Planeación, máxime si se tenía en cuenta que esa autoridad que carecía de competencia para adelantar ese hecho.
Además, advirtió que, de conformidad con los hechos y las pruebas, no existió un acto administrativo formal que ordenara el cierre del establecimiento de comercio.
Manifestó que el Oficio del 28 de julio de 2017, no era un acto administrativo, sino la simple respuesta a un derecho de petición. Prueba de ello era que en dicho oficio el Inspector de Policía se limitó a informar que no tenía algún proceso o fallo en su despacho y que la responsabilidad era de la Secretaría de Planeación.
Afirmó que el daño consistente en el cierre del establecimiento de comercio por 9 meses y 26 días se produjo por una «actuación arbitraria » y una «omisión» de la administración, y no por un acto administrativo ilegal . De modo que, el medio de control idóneo era, en efecto, la reparación directa, conforme al artículo 140 del CPACA.
Reiteró que el proceso administrativo que se llevó a cabo (por lo ordenado en una sentencia de tutela) concluyó con la nulidad de la actuación de la Secretaría de
CPACA.
Reiteró que el proceso administrativo que se llevó a cabo (por lo ordenado en una sentencia de tutela) concluyó con la nulidad de la actuación de la Secretaría de Planeación y el levantamiento de los sellos. Por lo tanto, no podría exigírsele demandar la nulidad de un acto que no existió o que, en todo caso, fue declarado nulo a su favor en sede administrativa.
3. Trámite previo de la acción de tutela
Mediante auto de 12 de septiembre de 2025, el despacho admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los accionantes y a la autoridad judicial accionada. Adicionalmente, a la Alcaldía Distrital de Santa Marta – Secretaría de Planeación y Secretaría de Gobierno, como terceros con interés.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05568-00
Demandante: Julio Cesar Rondón León y otros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6
4. Oposiciones
El Tribunal Administrativo del Magdalena solicitó declarar la improcedencia del amparo o, en su defecto, negar las pretensiones.
En primer lugar, sostuvo que la parte accionante pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia para reabrir un debate ya concluido, sin que se acrediten los requisitos excepcionales para la procedencia contra providencias judiciales.
En segundo lugar, afirmó que la sentencia se profirió con base en la ley y la jurisprudencia aplicable. Para ello, reiteró la existencia de una indebida escogencia del medio de control.
En segundo lugar, afirmó que la sentencia se profirió con base en la ley y la jurisprudencia aplicable. Para ello, reiteró la existencia de una indebida escogencia del medio de control.
Insistió en que el acto administrativo que causó el daño fue el Oficio del 28 de julio de 2017, expedido por el Inspector de Policía Norte , pues « dio por terminado el procedimiento administrativo » y, por consiguiente, convirtió el cierre temporal en definitivo.
5. Terceros con interés
El Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta pidió la desvinculación de dicha entidad de la acción de tutela porque existe falta de legitimación en la causa por pasiva.
Sostuvo que la entidad presuntamente responsable de la vulneración de los derechos fundamentales del accionante es el Tribunal Administrativo del Magdalena, ya que fue este quien profirió la providencia judicial objeto de la litis
Los demás terceros con interés guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
De conformidad con lo alegado en el escrito de tutela, corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Magdalena vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los accionantes, al revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia del medio de control.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05568-00
Demandante: Julio Cesar Rondón León y otros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7
En síntesis, la parte accionante sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió en: (i) defecto sustantivo, por interpretar erróneamente las normas sobre el medio de control, al calificar la causa del daño como un acto administrativo (el Oficio del 28 de julio de 2017) y no como una vía de hecho (el sellamiento material por autoridad incompetente), desconocien do así el precedente sobre la materia; y (ii) defecto fáctico, por una valoración probatoria equivocada del mencionado oficio, al concluir que este dio por terminado el procedimiento administrativo, cuando se limitaba a
incompetente), desconocien do así el precedente sobre la materia; y (ii) defecto fáctico, por una valoración probatoria equivocada del mencionado oficio, al concluir que este dio por terminado el procedimiento administrativo, cuando se limitaba a informar que el Inspector de Policía no tenía competencia y que el trámite correspondía a la Secretaría de Planeación.
De acuerdo con lo anterior, la Sala analizará si la presente solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, de ser así, si se configura alguno de los defectos específicos aleg ados por el accionante.
Se anticipa que se amparar án los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los accionantes, por encontrar demostrado que el Tribunal Segundo Administrativo del Magdalena incurrió en los defectos sustantivo y fáctico alegados. Por razones metodológicas, se estudiará de forma conjunta los defectos alegados.
(i) Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso
La Sala anota que la acción de tutela cumple con el (i) requisito de relevancia constitucional porque la parte actora invoca la protección del derecho fundamental al debido proceso, se sustentan con suficiencia las razones por las que la decisión judicial cuestionada afecta dicho derecho, no se trata de un asunto de mera legalidad o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi de la decisión.
Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional, toda vez que la decisión de primera instancia negó las pretensiones de la demanda y,
o económico y los cuestionamientos tienen que ver con la ratio decidendi de la decisión.
Tampoco se advierte que la acción de tutela se utilice como una instancia adicional, toda vez que la decisión de primera instancia negó las pretensiones de la demanda y, en segunda instancia, el tribunal accionado revocó la decisión inicial y , en su lugar, declaró probada la excepción de ineptitud de la demanda por indebida escogencia de la acción.
Además, de configurarse alguno de los requisitos especiales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, se vería comprometido el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora, en tanto la autoridad judicial demandada habría realizado una interpretación errónea de las normas sobre la escogencia del medio de control.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface, pues, el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la sentencia fue proferida el 21 de mayo de 2025, notificada el 16 de junio de ese mismo año, y el ejercicio de la acción de tutela tuvo lugar el 5 de septiembre de 2025.
En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora;Radicado: 11001-03-15-000-2025-05568-00
procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la parte actora;Radicado: 11001-03-15-000-2025-05568-00
Demandante: Julio Cesar Rondón León y otros
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8
(v) la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y, (vi) se cumplen los requisitos de procedencia de acción de tutela.
Por lo que, la Sala pasa a analizar si se configuran los defectos alegados.
De los defectos sustantivo1 y fáctico2 en el caso concreto
La parte accionante alegó que el Tribunal incurrió en defectos sustantivo y fáctico , pues el fallo cuestionado se fundamentó en que el Oficio del 28 de julio de 2017 era un acto administrativo definitivo que finalizó la actuación y, por tanto, constituyó el origen del daño.
Sobre el particular, explicó que dicho documento era una mera respuesta a un a petición en el cual el Inspector de Policía alegó que no tenía competencia para adelantar el trámite . Además, que la autoridad judicial demandada concluyó erróneamente que el medio de control idóneo era el de nulidad y restablecimiento del derecho, a pesar de que la causa del daño fue el sellamiento del establecimiento, actuación cuyos daños debían ser solicitados mediante la reparación directa.
Para iniciar el análisis de fondo de estos defectos, se encuentra que los accionantes
derecho, a pesar de que la causa del daño fue el sellamiento del establecimiento, actuación cuyos daños debían ser solicitados mediante la reparación directa.
Para iniciar el análisis de fondo de estos defectos, se encuentra que los accionantes presentaron demanda de reparación directa contra la Alcaldía del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, la Secretar ía de Planeación Distrital y la Secretaría de Gobierno. Como pretensiones solicitaron las siguientes:
«PRIMERO: Declarar Administrativa y Extracontractualmente responsable a la Alcaldía del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta Secretaria de Planeación Distrital y Secretaria de Gobierno, por los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes al ser víctima el señor JULIO CESAR RONDON LEON de un proceso Administrativo irregular, donde la doctora MARTHA GONGORA BUENDIA, funcionaria adscrita a la Secretaria de Planeación Distrital, con fe cha 4 de Enero de 2017, procedió a sellar el establecimiento comercial BANANAS NIGHT CLUB de propiedad de mis poderdantes, permaneciendo este sellado hasta el 30 de Octubre de 2017, por un lapso de tiempo de 9 meses y 26 días.»
Frente al daño antijurídico y el nexo causal, explicaron lo siguiente:
«Entre la acción de los Secretarios de Planeación y Gobierno Distrital, encabeza de los señores FRANCISCO GARCIA RENTERIA Y GUILLERMO RUBIO, para la fecha de los hechos, y el daño sufrido por mis poderdantes, existe nexo causal por lo siguiente:
a.- Los señores FRANCISCO GARCIA Y GUILLERMO RUBIO, para la fecha de los hechos
hechos, y el daño sufrido por mis poderdantes, existe nexo causal por lo siguiente:
a.- Los señores FRANCISCO GARCIA Y GUILLERMO RUBIO, para la fecha de los hechos se desempeñaban como Secretarios de Planeación y Gobierno de la Alcaldía del Distrito
1 Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta el denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque su contenido no guarda relación de conexidad mate rial con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin embargo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación de una norma legal o reglam entaria, en razón de que los jueces son autónomos para escoger entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico (art. 230 de la Constitución Política). Para la Corte Constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constituci ón le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inacepta
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.