CE - Sentencia 11001031500020250558000
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250558000
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C, seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05580-00
Accionante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO
Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con la pretensión de que se reconozca la sanción moratoria por pago tardío de cesantías a docente. Defecto sustantivo por ausencia de sustento normativo
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, quien actúa mediante apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo del Putumayo.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 5 de septiembre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, así
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 5 de septiembre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, así como principio de legalidad del gasto público , supuestamente vulnerado s por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. TUTELAR los derechos fundamentales derecho al debido proceso, derecho a la defensa y contradicción, derecho a la igualdad y principio de legalidad del gasto público responsabilidad fiscal de mi representada.
2. DECLARAR, que la Sentencia judicial demandada vulneró los derechos fundamentales expuestos.
3. En consecuencia, DEJAR sin efectos la sentencia expedida por (sic) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PUTUMAYO de VEINTIUNO (21) DE AGOSTO de dos mil veinticinco (2025) en el trámite del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesto por ELIZABETH RENTERIA CAMACHO contra NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG) - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRASECRETARÍA DE EDUCACIÓN , (expediente: 86001333300120230019300), mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, modificando la sentencia de primera instancia proferida por el 16 de diciembre de 2024 dictada por el Juzgado Primero Administrativo oral del Circuito de Mocoa, y en su lugar, se ordene a la autoridad a expedir una decisión
proferida por el 16 de diciembre de 2024 dictada por el Juzgado Primero Administrativo oral del Circuito de Mocoa, y en su lugar, se ordene a la autoridad a expedir una decisión de reemplazo que se ajuste al ordenamiento jurídico vigente”.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05580-00
Accionante: Ministerio de Educación Nacional, Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio
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2. Hechos
La parte accionante relató que el 28 de julio de 2021, la señora Elizabeth Rentería Camacho, en su calidad de docente del magisterio del departamento del Putumayo, solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías, y que mediante Resolución núm. 3765 de 22 de septiembre de 2021 se accedió a la solicitud y el 7 de junio de 2023 se puso a disposición los dineros.
Afirmó que la señora Rentería Camacho el 27 de enero de 2023, radicó ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento del Putumayo, una solicitud de liquidación y pago de la sanción morator ia, respecto a la cual guardaron silencio.
Sostuvo que la señora Elizabeth Rentería Camacho, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, departamento del Putumayo y la Fiduprevisora S.A., con la
control de nulidad y restablecimiento del derecho , presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, departamento del Putumayo y la Fiduprevisora S.A., con la pretensión de que se declarara la nulidad del acto ficto o presunto negativo frente a la solicitud de 27 de octubre de 2022 y, en consecuencia, se reconociera y pagara la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006.
Indicó que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa en sentencia de 16 de diciembre de 2024, inaplicó por ilegal el Decreto 2831 de 2005, declaró la configuración del acto ficto negativo derivado de la falta de contestación de la petición de 27 de octubre de 2022, la nulidad del acto presunto y que no había operado la prescripción de la sanción moratoria. A título de restablecimiento del derecho se condenó al departamento de Putumayo, al reconocimiento y pago en favor de la parte demandante d e un día de salario por cada día de retardo a título de sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, por 573 días de mora causados entre el 9 de noviembre de 2021 al 6 de junio de 2023, los cuales se liquidarán con la asignación básica vigente al momento en que se causaron.
Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión el departamento de l Putumayo interpuso recurso de apelación. El Tribunal Administrativo del Putumayo mediante fallo de 21 de agosto de 2025, la modificó en el sentido de que la condena la debía asumir el departamento del Putumayo y el Fondo Nacional de Prestaciones
Putumayo interpuso recurso de apelación. El Tribunal Administrativo del Putumayo mediante fallo de 21 de agosto de 2025, la modificó en el sentido de que la condena la debía asumir el departamento del Putumayo y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues evidenció que la mora fue de 136 días por parte de la entidad territorial y por 440 días por el Fomag.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora aseguró que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia, pues i) el asunto goza de relevancia constitucional, en tanto se vulneraron sus derechos fundamentales al imponer una condena al pago de una sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, a pesar de que no existe norma que autorice esos pagos, ii) se agotaron todos los mecanismo s de defensa y iii) se presentó la acción de tutela antes del término razonable de los 6 meses precisados por la jurisprudencia.
Luego, señaló que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo, toda vez que se condenó al Fomag a pagar una sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, sin la existencia de norma jurídica que determine que debe pagar la sanción porRadicado: 11001-03-15-000-2025-05580-00
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3 mora generada desde el 1 de enero de 2023 en adelante, como tampoco existe una partida presupuestal destinada a asumir el pago de la mencionada sanción.
Indicó que el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías tardías fue expedido por el ente territorial y las cesantías fueron pagadas por Fiduprevisora S.A., no por el Fomag.
Sostuvo que la señora Elizabeth Rentería Camacho solicitó las cesantías parciales el 28 de julio de 2021 y el departamento del Putumayo expidió la Resolución núm. 3765 de 22 de septiembre de 2021, sin embargo, esta fue modificada y aclarada por la Resolución n úm. 4998 de 27 de diciembre de 2021, por medio de la cual reconoce las cesantías solicitadas por la demandante, lo que superó el término de 15 días hábiles para expedir el acto administrativo que resuelve la solicitud.
Agregó que la Fiduprevisora S.A. recibió el acto administrativo el 29 de mayo de 2023 y que el pago de las cesantías se materializó el 7 de junio de 2023, de acuerdo a un cuadro del sistema interno de la entidad . Por consiguiente, no es atribuible la presunta mora al Fomag, sino al ente territorial y a la Fiduprevisora S.A.
Por último, mencionó que “a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019
presunta mora al Fomag, sino al ente territorial y a la Fiduprevisora S.A.
Por último, mencionó que “a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019 (art 57), la responsabilidad en el pago de la sanción por mora derivada del retardo en el reconocimiento y pago de las cesantías solicitadas en vigencia de la citada norma, quedó a cargo del Minist erio de Educación Nacional pero solo hasta el 31 de diciembre de 2019, pues de ahí en adelante esta recae de forma individual o divisible a cargo de la entidad territorial certificada en educación y de la entidad fiduciaria encargada de administrar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, quien además responde con cargo a su propio patrimonio”.
4. Trámite procesal
Por auto de 9 de septiembre de 2025, se requirió a la apoderada de la parte actora para que allegara el poder especial que l a legitimara para interponer la acción de tutela.
Luego de cumplir con el requerimiento, en proveído de 29 de septiembre de 2025, el magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó notificar a la accionante y a la autoridad judicial accionada. Asimismo, al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa, al departamento del Putumayo, a la Fiduprevisora S.A. y a la señora Elizabeth Rentería Camacho . De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 141438 a 141433 de 1 de octubre de 2025 y 148049 de 9 de octubre de 2025 , con el fin de dar
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 141438 a 141433 de 1 de octubre de 2025 y 148049 de 9 de octubre de 2025 , con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Putumayo
El magistrado ponente de la sentencia objetada pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no se evidenció la vulneraciónRadicado: 11001-03-15-000-2025-05580-00
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4 de derechos fundamentales alegados por el actor ni el desconocimiento del precedente judicial.
Afirmó que la decisión objetada se ajustó a derecho y encuentra respaldo en la jurisprudencia unificada de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que mediante fallo de 18 de julio de 2018 precisó que los docentes oficiales, en su calidad de servidores p úblicos, están sujetos a las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 en lo relativo a la sanción moratoria por el incumplimiento de los términos legales para el reconocimiento y pago de las cesantías.
Agregó que el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 establece que las secretarías de educación certificadas son responsables de expedir el acto administrativo de
legales para el reconocimiento y pago de las cesantías.
Agregó que el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 establece que las secretarías de educación certificadas son responsables de expedir el acto administrativo de reconocimiento dentro de los 15 días hábiles previstos en la Ley 1071 de 2006, mientras que el Fo ndo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio debe efectuar el pago dentro de los 45 días siguientes a la ejecutoria del acto. Asimismo, la misma disposición asigna a las entidades territoriales la responsabilidad por la mora cuando esta obedezca a su conducta omisiva o dilatoria en la radicación o remisión de la solicitud, sin que ello exonere al Fomag de cumplir con los plazos que le son propios.
5.2. Respuesta de la gobernación del Putumayo
El jefe de la Oficina Jurídica solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la solicitud de amparo, toda vez que se aplicó la normatividad de manera razonable, proporcional y conforme al ordenamiento jurídico.
Señaló que en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, modificado por el artículo 324 de la Ley 2294 de 2023, establece la posibilidad del pago de las sanciones por mora a cargo del Fomag.
Indicó que, si bien la Secretaría de Educación Departamental del Putumayo reconoce que expidió de manera extemporánea los actos administrativos de reconocimiento de cesantías, fuera del término legal de 15 días hábiles siguientes a la presentación de la so licitud de liquidación de las cesantías definitivas o
reconoce que expidió de manera extemporánea los actos administrativos de reconocimiento de cesantías, fuera del término legal de 15 días hábiles siguientes a la presentación de la so licitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, la responsabilidad del departamento se limitó a 136 días de mora, mientras que al Fomag le correspondía realizar el pago efectivo dentro del término de 45 días hábiles, sin embargo, este plazo fue excedido en más de un año, por lo que se configuró una mora de 440 días imputables a dicho fondo.
5.3. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa , la Fiduprevisora S.A. y la señora Elizabeth Rentería Camacho, a pesar de que se les notificó el auto admisorio, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05580-00
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2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
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2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso afirmativo, si el Tribunal Administrativo de l Putumayo vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, así como principio de legalidad del gasto público de la parte demandante, y si incurrió en el defecto sustantivo alegado.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 2, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 3, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 4, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 4, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
1 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 2
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
1 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 2 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 3 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 4 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 5
M. P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05580-00
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6 Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo 9; (v) Error inducido10; (vi) Decisión sin motivación11; (vii) Desconocimiento del precedente12 y (viii) Violación directa de la Constitución 13 .
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
Constitución 13 .
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte Constitucional15.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que, en el presente caso, i) la acción de tutela es de evidente relevancia constitucional, pues debe definirse si con la sentencia de 21 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Putumayo se limitó el contenido, alcance y goce de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, así como el principio de legalidad del gasto público de la accionante.
En el caso se observa que con los reparos expuestos no se propone una discusión económica o legal, ni se reabre el debate litigioso, pues los argumentos que
6 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 7
económica o legal, ni se reabre el debate litigioso, pues los argumentos que
6 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 7 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 8 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 9 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 10 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 11 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 12 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 13 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU -114 de 2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera. 14 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134 -01),
2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera. 14 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134 -01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jean nette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016 -02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 15 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05580-00
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7 sustentan la solicitud se encaminan a demostrar un supuesto defecto sustantivo por parte del Tribunal. Aunado a lo anterior, se evidencia que, con respecto al Fomag el sentido del fallo de primera instancia en el proceso que originó la controversia fue
7 sustentan la solicitud se encaminan a demostrar un supuesto defecto sustantivo por parte del Tribunal. Aunado a lo anterior, se evidencia que, con respecto al Fomag el sentido del fallo de primera instancia en el proceso que originó la controversia fue diferente a l de la providencia objetada, por lo que la parte actora no tuvo la oportunidad de exponer los reparos al interior de dicho trámite.
Por otra parte, ii) la providencia objetada se profirió en el curso de la segunda instancia, por lo que la demandante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial ni el asunto se encuadra en alguna de las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, ni del de unificación de jurisprudencia descritas en el artículo 257 de la misma normativa, iii) la solicitud de amparo se presentó dentro de los seis (6) meses 16 establecidos como plazo razonable y suficiente precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional 17; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto sustantivo alegado
La parte accionante considera que el Tribunal Administrativo del Putumayo vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad, así como principio de legalidad del gasto público, al modificar la decisión favorable de primera instancia y condenar al departamento del Putumayo y al Fomag al pago de la sanción moratori a que se causó por el pago tardío de las cesantías a una docente.
como principio de legalidad del gasto público, al modificar la decisión favorable de primera instancia y condenar al departamento del Putumayo y al Fomag al pago de la sanción moratori a que se causó por el pago tardío de las cesantías a una docente.
La Sala anticipa que negará las pretensiones de la solicitud de amparo. Con el fin de respaldar esa determinación, se realizará un breve recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso ordinario, así:
Con ocasión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la señora Elizabeth Rentería Camacho, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Mocoa en sentencia de 16 de diciembre de 2024, inaplicó por ilegal el Decreto 2831 de 2005, declaró la configuración del acto ficto negativo derivado de la falta de contestación de la petición de 27 de octubre de 2022, la nulidad del acto presunto y que no había operado la prescripción de la sanción moratoria. A título de restablecimiento del derecho se condenó al departamento de Putumayo al reconocimiento y pago en favor de la parte demandante de un día de salario por cada día de retardo a título de sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, por 573 días de mora causados entre el 9 de noviembre de 2021 al 6 de junio de 2023, los cuales se liquidarán con la asignación básica vigente al momento en que se causaron.
Lo anterior, con sustento en que se causó un período de mora de 573 días en el pago de las cesantías atribuibles al departamento del Putumayo, por lo que la condena se emitió en contra de esta entidad territorial, en atención a los
se causaron.
Lo anterior, con sustento en que se causó un período de mora de 573 días en el pago de las cesantías atribuibles al departamento del Putumayo, por lo que la condena se emitió en contra de esta entidad territorial, en atención a los lineamientos de la Ley 1955 de 2019, norma tiva que permitió establecer que la
16 La providencia objetada se notificó el 22 de agosto de 2025 y la acción de tutela se instauró el 5 de septiembre de 2025, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses. 17
Expediente: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05580-00
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Prestaciones Sociales del Magisterio
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8 atribución de responsabilidad en el pago de las sanciones moratorias a las Secretarías de Educación Territoriales empezó a operar para estas, a partir del 1 de enero de 2020, y como quiera que, en el presente caso , la mora ocurrió desde el 9 de noviembre de 2021 al 6 de junio de 2023, resultó procedente efectuar la condena contra el mencionado departamento.
de enero de 2020, y como quiera que, en el presente caso , la mora ocurrió desde el 9 de noviembre de 2021 al 6 de junio de 2023, resultó procedente efectuar la condena contra el mencionado departamento.
El departamento del Putumayo interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que la entidad territorial no es responsable de dicha mora, pues cumplió con el trámite de reconocimiento y remisión de la documentación al Fomag dentro de los plazos legales y resaltó que la Secretaría de Educación departamental expidió la Resolución núm. 3765 de 22 de septiembre de 2021 (aclarada mediante Resolución núm. 4998 de 27 de diciembre de 2021), notificó dichos actos y remitió la información a Fiduprevisora el 5 de enero de 2022 para que se realizara el pago.
Agregó que una vez se remitieron los actos a la Fiduprevisora S.A. , la responsabilidad del desembolso recaía exclusivamente en el Fomag, que solo puso los recursos a disposición de la beneficiaria el 7 de junio de 2023, es decir, 517 días calendario después, mora que no podía ser atribuible únicamente a dicha entidad pagadora.
El Tribunal Administrativo del Putumayo mediante sentencia de 21 de agosto de 2025, modificó la decisión del a quo en el sentido de indicar que la condena recaía en e l departamento del Putumayo y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues evidenció que la mora correspondió en 136 días por parte de la entidad territorial y por 440 días por parte del Fomag.
De manera previa, el Tribunal explicó que la discusión relativa a la procedencia del
Magisterio, pues evidenció que la mora correspondió en 136 días por parte de la entidad territorial y por 440 días por parte del Fomag.
De manera previa, el Tribunal explicó que la discusión relativa a la procedencia del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retardo en la cancelación de las cesantías parcial
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