CE - Sentencia 11001031500020250560200

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250560200
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-05602-00

Demandante RODRIGO DE JESÚS GARCÍA LÓPEZ

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B Y OTRO Temas Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa. Cómputo del término de caducidad en casos de secuelas por accidente laboral. Rechazo de la demanda. Diferencia entre ocurrencia del daño y magnitud del daño. Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Relevancia constitucional. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por el señor Rodrigo de Jesús García López, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 8 de septiembre de 20251 el señor Rodrigo de Jesús García López, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y el Juzgado Treinta y Cuatro

El 8 de septiembre de 20251 el señor Rodrigo de Jesús García López, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral de Bogotá, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de los autos del 14 de diciembre de 2022 (por el cual el juzgado rechazó por caducidad la demanda) , y del 26 de abril de 2025 (por el que el tribunal confirmó la decisión de rechazo) en el medio de control de reparación directa 11001-33-36-0342022-00255-00/01. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones2: «PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental derecho al debido proceso por conexidad a la legitima (sic) defensa, acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la vida en condiciones dignas y como consecuencia REVOCAR los fallos proferidos por el JUZGADO

034 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTO las sentencias emanadas del JUZGADO 034 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ Y

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA –

SUBSECCIÓN B.

TERCERO: Ordenarle al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA –

SUBSECCIÓN B.

TERCERO: Ordenarle al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B ., que se pronuncie de nuevo sobre el recurso de apelación formulado contra la decisión de primera instancia emitida por el JUZGADO 034

ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ.» (Sic a toda la cita) 1 Samai, índice 2. 2 Samai, índice 2 y 8. 1Radicado: 11001-03-15-000-2025-05602-00

Demandante: Rodrigo de Jesús García López

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El 27 de julio de 2018, el señor Rodrigo de Jesús García López tuvo un accidente laboral en el que «sufrió fractura epífisis distal del radio reducida y mantenida con material de osteosíntesis (placatornillos) (sic)». 2.2. El 26 de junio de 2020 la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, a través del dictamen 19480020 – 4381 determinó que la pérdida de capacidad laboral y ocupacional del señor Rodrigo de Jesús García López fue del 13,20%. 2.3. El 10 de junio de 2022 los señores Rodrigo de Jesús García López, Antonio

pérdida de capacidad laboral y ocupacional del señor Rodrigo de Jesús García López fue del 13,20%. 2.3. El 10 de junio de 2022 los señores Rodrigo de Jesús García López, Antonio José García Hincapié y María Nidia García López radicaron ante la Procuraduría General de la Nación solicitud de conciliación extrajudicial; la que se declaró fallida el 16 de agosto de 2022 ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, por lo que se dio por surtido el trámite conciliatorio. 2.4. El 29 de agosto de 2022 los señores Rodrigo de Jesús García López, Antonio José García Hincapié y María Nidia García López radicaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación, Procuraduría General de la Nación pretendiendo que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial por los perjuicios ocasionados con motivo del accidente laboral sufrido por el señor Rodrigo de Jesús García López el 27 de julio de 2018. El conocimiento de esta demanda le correspondió al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral de Bogotá (Expediente 11001-33-36-034-2022-00255-00). 2.5. Mediante auto del 14 de diciembre de 2022 el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral de Bogotá, Sección Tercera rechazó la demanda. Expuso que el 27 de julio de 2018 el señor Rodrigo de Jesús García López sufrió un accidente laboral por el cual pretendía que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial de la autoridad demandada. Por

Expuso que el 27 de julio de 2018 el señor Rodrigo de Jesús García López sufrió un accidente laboral por el cual pretendía que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial de la autoridad demandada. Por tal motivo, era a partir de esa fecha que se debía contabilizar el término de caducidad que aseguró iba hasta «el 11 de noviembre de 2020». Sin embargo, la solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 10 de junio de 2022 y la demanda se radicó el 29 de agosto de 2022, lo que demostraba que operó el fenómeno de la caducidad. Contra esta decisión la parte demandante presentó recurso de apelación. 2.6. Por auto del 26 de abril de 2025 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B confirmó la providencia que rechazó la demanda. Indicó que la parte demandante tuvo conocimiento del daño alegado en el momento mismo de su ocurrencia (27 de julio de 2018), y que en gracia de discusión, el conocimiento del daño se extendió hasta el 9 de agosto de 2018, día siguiente a la fecha en la que fue intervenido quirúrgicamente por la lesión sufrida, por lo que en ambos casos la acción habría caducado dado que la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 10 de junio de 2022 y el escrito de demanda fue radicado el 29 de agosto de 2022. Indicó que conforme a la jurisprudencia, existe una diferencia entre el

escrito de demanda fue radicado el 29 de agosto de 2022. Indicó que conforme a la jurisprudencia, existe una diferencia entre el conocimiento del daño y la magnitud de este, siendo el conocimiento del dañoRadicado: 11001-03-15-000-2025-05602-00

Demandante: Rodrigo de Jesús García López

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el parámetro bajo el cual se debe contabilizar el término de caducidad, pues no se puede dejar en manos de la víctima decidir en qué momento inicia a correr el término.

3. Fundamentos de la acción El actor considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral de Bogotá vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al haber dictado el auto del 14 de diciembre de 2022, mediante el cual el juzgado rechazó por caducidad la demanda, y del 26 de abril de 2025, a través del cual el tribunal confirmó la decisión de rechazo dentro del medio de control de reparación directa 11001-33-36-034-2022-00255-00/01. 3.1. Indicó que en este caso se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, así: (i) este asunto tiene relevancia constitucional en razón a que se le está vulnerando el derecho de acceso a la administración de justicia al actor al darle aplicación preferente al derecho procesal y no al

de la acción de tutela, así: (i) este asunto tiene relevancia constitucional en razón a que se le está vulnerando el derecho de acceso a la administración de justicia al actor al darle aplicación preferente al derecho procesal y no al derecho sustancial; (ii) el accionante agotó todos los recursos ordinarios que tenía a su disposición previo a acudir a esta acción; (iii) se cumple con el requisito de inmediatez toda vez que a la fecha en que se radicó esta acción de tutela no se había superado el término de seis meses contados desde la fecha de la notificación del auto que confirmó el rechazo de la demanda (2 de mayo de 2025); (iv) se identifican de manera razonable los hechos que generaron la vulneración de los derechos fundamentales pues las autoridades accionadas «aducen el fenómeno de la caducidad, en donde se toma como fecha para el conteo el día en que me accidenté, más no se toma la fecha de cuando se me notifica por parte de la Junta de calificación el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, fecha en la cuan (sic)ya contaba con una cifra cierta e irrefutable con la cual pudiera tasar mis perjuicios»; y (v) en este caso no se cuestiona una decisión dictada en un trámite de acción de tutela, sino «un proceso declarativo de responsabilidad civil contractual y extracontractual». 3.2. Si bien en el escrito de subsanación no se identificó con claridad los defectos especiales, lo cierto es que de la lectura de los argumentos planteados se puede determinar que se hace referencia al defecto por desconocimiento del precedente3. El señor Rodrigo de Jesús García López cuestiona que las autoridades

especiales, lo cierto es que de la lectura de los argumentos planteados se puede determinar que se hace referencia al defecto por desconocimiento del precedente3. El señor Rodrigo de Jesús García López cuestiona que las autoridades accionadas realizaron el conteo del término de la caducidad desde el día en que se presentó el accidente laboral, sin tener en cuenta la fecha en la cual se determinó la pérdida de capacidad laboral. Señala que no es concebible que se logre tener «certeza del porcentaje de pérdida de capacidad laboral sin que se le haya determinado a una persona la pérdida parcial o total de la capacidad laboral» la cual se logra con la calificación que realiza la Junta Regional de Calificación de Invalidez, en este caso la de Bogotá. Mencionó que frente a este aspecto tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han flexibilizado las formas en las que se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa por lesiones corporales. Indicó que su postura es sustentada por las siguientes sentencias: De la Corte Constitucional, invoca como desconocidas las sentencias SU-695 de 2015, T-334 de 2018, T-301 de 2019, T-271 de 2020, T-347 de 2020, T-340 de 2023 y T 376 de 2024. 3 Se precisa que, si bien en el escrito de tutela inicial en el acápite de «FUNDAMENTOS DE DERECHO» se mencionaron como defectos especiales el defecto fáctico, por error inducido y por violación directa de la Constitución, lo cierto es que la

3 Se precisa que, si bien en el escrito de tutela inicial en el acápite de «FUNDAMENTOS DE DERECHO» se mencionaron como defectos especiales el defecto fáctico, por error inducido y por violación directa de la Constitución, lo cierto es que la argumentación que allí se brindó no corresponde a los fundamentos de hecho del asunto en cuestión.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05602-00

Demandante: Rodrigo de Jesús García López

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co  Sentencia SU-659 de 2015. «Se debe aplicar el principio Pro Damnato o a favor victimae «en un caso en el que la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado incurrió, a juicio de este tribunal, en un defecto sustantivo por realizar una aplicación exegética del entonces artículo 136, numeral 8º del Código Contencioso Administrativo» «En ese mismo fallo, se resaltaron dos aspectos igualmente relevantes. En principio, la providencia hizo especial énfasis en la importancia de verificar los supuestos fácticos que permitieron que los accionantes tuvieran conocimiento frente al daño antijurídico sufrido, y en esa misma línea, dichos supuestos debían ser correctamente analizados por el Consejo de Estado, de manera que en el caso en comento se aplicara a la interpretación realizada, un enfoque constitucional».  Sentencia T-334 de 2018. «la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional revisó la acción de tutela interpuesta por un policía que sufrió un accidente de tránsito que le

realizada, un enfoque constitucional».  Sentencia T-334 de 2018. «la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional revisó la acción de tutela interpuesta por un policía que sufrió un accidente de tránsito que le ocasionó una pérdida de capacidad laboral superior al 30%. Al respecto, la Sala consideró que se habían vulnerado los derechos fundamentales del actor, toda vez que la autoridad judicial desconoció las subreglas establecidas en la sentencia SU-659 de 2015, que permitían otorgar una interpretación flexible al término de caducidad. Puesto que se trataba de aquellos casos en donde “existe certeza del daño en un momento posterior a aquel en que ocurrió”» « Por tanto, ese fallo indicó que la autoridad judicial debió haber aplicado el principio pro damnato para analizar si el término de caducidad se computaba desde el momento en el que ocurrió el accidente o, como lo manifestó el actor, desde el momento en el que se expidió el dictamen que calificó la pérdida de capacidad laboral, toda vez que de acuerdo a lo manifestado por los actores, estos solo tuvieron certeza “sobre la configuración o manifestación del daño, y de la gravedad y magnitud de éste” en el momento en el que recibieron dicho dictamen».  Sentencia T-301 de 2019. «en aquellos eventos en los que el hecho dañoso ocurre en un momento distinto a aquel en el que la persona afectada tiene certeza del mismo, opera la flexibilidad de la interpretación de esta figura procesal, por lo que el cómputo de los términos de caducidad se define “por el momento en el que se torna evidente el

flexibilidad de la interpretación de esta figura procesal, por lo que el cómputo de los términos de caducidad se define “por el momento en el que se torna evidente el conocimiento del daño o surge la certeza de su configuración para quien lo padece.» «“por regla general, el momento en que inicia la contabilización de dicho término es el de la ocurrencia del hecho dañoso, pues se presume que ahí se tiene conocimiento del daño. Sin embargo, en aplicación de reglas y principios constitucionales, se ha comprendido que dicho conteo no puede aplicarse de manera inflexible o rígida, pues en ocasiones, dadas las circunstancias particulares del caso, pueden admitirse ciertas flexibilizaciones, necesarias para garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y la reparación integral de las víctimas”».  Sentencia T-347 de 2020. «este caso es de especial relevancia porque presenta similitudes con el caso bajo estudio. En esa oportunidad, el demandante y sus familiares ejercieron el medio de control de reparación directa contra la NaciónMinisterio de Defensa y Armada Nacionalcon el fin de reclamar la indemnización por los perjuicios causados por la pérdida de capacidad laboral del 20.34%, como consecuencia del accidente del 22 de julio de 2015 y del que se expidió el dictamen el 24 de noviembre de 2016, por la Junta Médico Laboral. […] Para la resolución del caso concreto la Corte hizo alusión a la jurisprudencia del Consejo de Estado que señala que el cómputo de

2016, por la Junta Médico Laboral. […] Para la resolución del caso concreto la Corte hizo alusión a la jurisprudencia del Consejo de Estado que señala que el cómputo de caducidad inicia cuando el afectado tiene conocimiento del daño, certeza que puede coincidir con la ocurrencia del hecho dañoso o con posterioridad al mismo y; que no depende necesariamente del momento a partir del cual se conoce la magnitud del daño mediante el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez. […] Con todo, la Sala de Revisión advirtió que a la autoridad judicial le corresponde realizar una valoración en conjunto del material probatorio que tiene a su disposición para maximizar los postulados constitucionales, en especial, el de acceso a la administración de justicia.» «En consecuencia, la Corte consideró que, por las particularidades del caso, el término de caducidad debió contabilizarse un día después de la notificación del dictamen.».  Sentencia T-271 de 2020. «En esa ocasión, la Sala determinó que la autoridad judicial accionada al declarar la caducidad del medio de control había vulnerado los derechos del accionante, toda vez que desconoció el precedente constitucional y las reglas que flexibilizan la contabilización del término de caducidad contenidas en la sentencia SU-659 de 2015. Ello, por cuanto, a juicio de esta Corporación, el accionante solo tuvo certeza del daño sufrido a partir de la expedición del dictamen de la pérdida de capacidad laboral, y no, como lo determinó erróneamente la autoridad judicial, desde que el actor tuvo conocimiento de la enfermedad renal.» «Por lo anterior, reiteró la Sala, en el presente

no, como lo determinó erróneamente la autoridad judicial, desde que el actor tuvo conocimiento de la enfermedad renal.» «Por lo anterior, reiteró la Sala, en el presente caso se debió aplicar el principio pro damnato, según el cual las dudas en cuanto al cómputo del término de caducidad, se deben resolver a favor de las víctimas.».  Sentencia SU-167 de 2023. «la jurisprudencia constitucional ha establecido una línea clara en la que se observa la flexibilización excepcional que se adopta respecto al cómputo del término legal de la caducidad frente al medio de control de reparación directa por lesiones corporales cuando se analizan casos específicos.».Radicado: 11001-03-15-000-2025-05602-00

Demandante: Rodrigo de Jesús García López

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co  Sentencia T-340 de 2023. «constituye el pronunciamiento más reciente por parte del tribunal constitucional en materia de la aplicación de la figura de la caducidad del medio de control de reparación directa por lesiones corporales y la flexibilización de dicho término cuando no se tiene conocimiento cierto del daño sufrido.» «En esta providencia, la Sala analizó el caso de una persona que fue víctima de una lesión en el ojo por parte de un agente del ESMAD en medio de la realización de una protesta. En esta ocasión, como se ha venido reiterando en la jurisprudencia analizada en párrafos anteriores, si bien el daño antijurídico ocurrió en el momento en el que la persona fue lesionada en su ojo por

se ha venido reiterando en la jurisprudencia analizada en párrafos anteriores, si bien el daño antijurídico ocurrió en el momento en el que la persona fue lesionada en su ojo por parte del agente del ESMAD en agosto del 2018, de acuerdo con la Sala, a pesar de que se dieron múltiples diagnósticos, fue solamente hasta que el accionante tuvo el diagnóstico definitivo en octubre del 2018 que logró conocer de “manera cierta y concreta el daño”.» «Del anterior análisis puede concluirse que la Corte ha flexibilizado el cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa por lesiones personales cuando el conocimiento del daño se da de manera posterior al hecho dañoso». (Sic a toda la cita) Del Consejo de Estado invocó la sentencia del 29 de noviembre de 2018 dictada en el proceso 54001-23-31-000-2003-01282-02 (47308).  Sentencia del 8 de septiembre de 2021. «Consejo de Estado, Nº de radicado 1500123-31-000-2011-00066-01 (55824). C.P. Martín Bermúdez Muñoz.» Indicó que en los casos en los cuales el accionante «conoció del daño en el mismo momento en el que se presentó el hecho dañoso, “no resulta aplicable la jurisprudencia según la cual la contabilización del término de caducidad debe atender a los principios pro damnato y pro actione”», pues estos son una aplicación excepcional.

presentó el hecho dañoso, “no resulta aplicable la jurisprudencia según la cual la contabilización del término de caducidad debe atender a los principios pro damnato y pro actione”», pues estos son una aplicación excepcional.  «Consejo de Estado. Radicado: 73001-23-31-000-1999-01311-01(22462). 7 de julio del 2011. C.P. Gladys Agudelo Ordoñez.». Argumenta que la copia del acta de la junta médica laboral es determinante para calcular el término de caducidad de la acción.  Sentencia del 18 de noviembre de 2021. «Consejo de Estado. Radicado: Radicado: 08001-23-31-000-2010-00760-01(54703). 18 de noviembre del 2021. C.P. Martín Bermúdez Muñoz.». «el accionante manifestó que el daño y las lesiones producto de éste fueron conocidas cuando le practicaron unos exámenes médicos. En este caso, la sala consideró que fue a partir de la fecha en la que el accionante se realizó los exámenes médicos que operaba el término de caducidad, motivo por el cual la demanda fue presentada en término».  Sentencia del 2 de diciembre de 2021. «Consejo de Estado. Radicado: 11001-03-15000-2021-06366-00. 2 de diciembre del 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.» «la Sección Tercera del Consejo manifestó que en los casos en los que se pretenda la reparación de un daño antijurídico imputable al Estado con ocasión de unas lesiones

Sección Tercera del Consejo manifestó que en los casos en los que se pretenda la reparación de un daño antijurídico imputable al Estado con ocasión de unas lesiones psicofísicas, el término para incoar la demanda debe contarse a partir del momento en el que ocurrió el daño o se tuvo conocimiento del mismo, por lo que corresponde al juez natural verificar cuál de los dos eventos es el aplicable al caso concreto dependiendo de los elementos probatorios allegados al proceso de reparación directa.».  «Consejo de Estado. Radicado: 54001-23-31-000-2003-01282-02(47308). 29 de noviembre del 2018. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.» «por regla general, el Consejo de Estado aplica el conteo del término de caducidad del medio de control de reparación directa a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho dañoso. Sin embargo, dicho tribunal ha adoptado una postura jurisprudencial en la que se evidencia la flexibilización de la interpretación y aplicación de la regla general para aquellos casos en los que el conocimiento del daño se da de manera posterior al hecho dañoso.»« “la fecha de conocimiento sobre la magnitud del daño, a través de la notificación del dictamen proferido por una Junta de Calificación de Invalidez no puede constituirse, en ningún caso, como parámetro para contabilizar el término de caducidad”, enfatizando que el cómputo de la caducidad lo determina el conocimiento del daño, pero que “este puede variar cuando, por ejemplo, el mismo día del suceso no existe certeza del mismo, no se sabe en qué consiste la lesión o esta se manifiesta o se determina después del accidente

variar cuando, por ejemplo, el mismo día del suceso no existe certeza del mismo, no se sabe en qué consiste la lesión o esta se manifiesta o se determina después del accidente sufrido por el afectado”». (Sic a toda la cita) Por último, el accionante indicó que en este caso existe un perjuicio irremediable pues las decisiones que hoy se cuestionan por las autoridades accionadas se sustentan en: «razones que no fueron a las que le dieron origen a la demanda inicial y fundamentado en temas que tampoco tienen que ver directamente con el accidente que sufrí, aunado, a mis perjuicios como por el ejemplo vértigo terrible que aún al sol de hoy persiste, los dolores constantes en la cervical, gracias al lacerazo sufrido por mi cuello, el tener que estar aunRadicado: 11001-03-15-000-2025-05602-00

Demandante: Rodrigo de Jesús García López

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co durmiendo sentada (sic) porque el vértigo no me deja acostar como lo hace cualquier persona normal, la cirugía que aún tengo pendiente por rinoplastia, todo ello como secuelas del accidente.».4

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. El 10 de septiembre de 2025 5, el despacho ponente requirió a la parte accionante para que: (i) identificara e individualizara con claridad cada una de las providencias que se cuestionaban; (ii) acreditara como se configuraban en este caso uno o varios de los requisitos especiales de la acción de tutela contra providencia judicial establecidos en la sentencia C-590 de 2005; (iii) allegara

las providencias que se cuestionaban; (ii) acreditara como se configuraban en este caso uno o varios de los requisitos especiales de la acción de tutela contra providencia judicial establecidos en la sentencia C-590 de 2005; (iii) allegara las piezas procesales del expediente 11001-33-36-034-2022-00255-00/01; e (iv) individualizara cada uno de los demandantes del medio de control de reparación directa. Con memorial enviado el 17 de septiembre de 2025, la parte actora atendió el requerimiento6. 4.2. Con providencia del 7 de octubre de 20257, el despacho sustanciador admitió la demanda presentada por el señor Rodrigo de Jesús García López contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral de Bogotá. En calidad de tercero con interés se vinculó a la señora María Nidia García López. Se ofició al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral de Bogotá para que notificara a la señora María Nidia García López, y remitiera en medio digital copia del expediente 11001-33-36-034-2022-00255-00/01; se ordenó que por Secretaría General se fijara un aviso en el que se le informara al tercero vinculado la existencia de esta acción constitucional; se ofició a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado para que publicara en la página web de la Corporación un aviso sobre la existencia de la presente tutela, para que los interesados pudieran acudir al trámite si lo consideraban necesario; y ordenó las notificaciones correspondientes.

Sistemas del Consejo de Estado para que publicara en la página web de la Corporación un aviso sobre la existencia de la presente tutela, para que los interesados pudieran acudir al trámite si lo consideraban necesario; y ordenó las notificaciones correspondientes. 4.3. La señora María Nidia García López8 indicó que ella actuó como demandante en el medio de control de reparación directa 11001-33-36-034-2022-00255-00/01, explicó que su hermano sufrió un accidente laboral que fue calificado el 26 de junio de 2020 por lo que considera que conforme lo ha establecido por la Corte Constitucional, en los procesos de reparación directa el conteo de la caducidad se debe realizar a partir de la fecha en que quedó determinado el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, pues es a partir de ese día que se pueden tasar los perjuicios. Señaló que la postura adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral de Bogotá es contraria al precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional (a pie de página del memorial identificó los precedentes que considera desconocidos). Por último, solicitó que se accediera a las pretensiones que planteó su hermano como actor. 4.4. El Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá9 rindió informe en el que manifestó que ese despacho tramitó el medio de control radicado por el señor Rodrigo de Jesús García López y otros contra la 4 De la lectura del perjuicio irremediable que se invoca se da a entender que se está haciendo referencia a los supuestos

radicado por el señor Rodrigo de Jesús García López y otros contra la 4 De la lectura del perjuicio irremediable que se invoca se da a entender que se está haciendo referencia a los supuestos fácticos de otro caso, dado que en el acápite de antecedentes no se mencionó la presencia de vértigo, dolores cervicales, laceración sufrida en el cuello, o la imposibilidad de dormir acostado por la presencia de vértigo. 5 Samai, índice 4. 6 Samai, índice 8. 7 Samai, índice 10. 8 Samai, índice 18. 9 Samai, índice 19.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05602-00

Demandante: Rodrigo de Jesús García López

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Procuraduría General de la Nación, para ello realizó un recuento del trámite impartido. Indicó que el 14 de diciembre de 2022, este juzgado procedió a rechazar la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad, como argumento señaló que: «es claro que el fondo del presente asunto se refiere al accidente laboral sufrido por el demandante el 27 de julio de 2018 y será a partir de esa fecha que debe contabilizarse el termino (sic) de caducidad. Por lo tanto, los demandantes tenían inicialmente para presentar la demanda hasta el 28 de julio de 2020. No obstante, teniendo en cuenta que operaba la suspensión del término de caducidad de los tres meses y catorce días en razón a lo dispuesto

demanda hasta el 28 de julio de 2020. No obstante, teniendo en cuenta que operaba la suspensión del término de caducidad de los tres meses y catorce días en razón a lo dispuesto por el Decreto 564 de 2020 el termino (sic) máximo para presentar la demanda o radicar la solicitud de conciliación prejudicial era hasta el 11 de noviembre de 2020. Sin embargo, la solicitud de conciliación prejudicial fue radicada el 10 de junio de 2022 y la demanda el 29 de agosto d

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