CE - Sentencia 11001031500020250567200
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250567200
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-05672-00 Demandante LUIS EDUARDO TRUJILLO OLAYA Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, SALA DE ORALIDAD Temas Tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Contrato realidad. Operario maquinaria pesada. Prueba del elemento subordinación. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por Luis Eduardo Trujillo Olaya, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones El 10 de septiembre de 20251, Luis Eduardo Trujillo Olaya interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el principio de confianza legítima, con ocasión de la sentencia del 3 de abril de 2025 por la que el tribunal accionado revocó la decisión del juzgado en primera instancia y negó las pretensiones de la demanda al interior del medio de control de nulidad y
por la que el tribunal accionado revocó la decisión del juzgado en primera instancia y negó las pretensiones de la demanda al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 73001-33-33-006-2022-00235-00/01. En consecuencia formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERA. Tutélese, a mi favor, el derecho fundamental al debido proceso y, conexamente, los derechos a la confianza legítima y al acceso a la administración de justicia vulnerados por el Honorable Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad, M. P. Luis Eduardo Collazos Olaya, con ocasión de la sentencia de 03 de abril de 2025, por configuración de defecto fáctico en la valoración del acervo probatorio; en subsidio, por defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto y desconocimiento del precedente aplicable en materia de contrato realidad. SEGUNDA. Como consecuencia del amparo, déjense sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida el 03 de abril de 2025 dentro del radicado 73001-33-33-006-20220023501, y ordénese al Tribunal Administrativo del Tolima – Sala de Oralidad emitir nueva providencia dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del fallo de tutela, con sujeción a los siguientes parámetros vinculantes: (i) valoración integral, razonable y contextual de toda la prueba practicada, evitando lecturas aisladas; (ii) primacía de la realidad sobre la forma contractual (art. 53 C.P.) y lectura conjunta de indicios de subordinación (asignación de frentes, horarios y turnos, control de ausencias y reemplazos, uso de
sobre la forma contractual (art. 53 C.P.) y lectura conjunta de indicios de subordinación (asignación de frentes, horarios y turnos, control de ausencias y reemplazos, uso de maquinaria pública, alojamiento y alimentación a cargo de la entidad, supervisión funcional); (iii) prohibición de imponer cargas probatorias desproporcionadas (p. ej., exigencia de “órdenes textuales” o constancias disciplinarias como condición sine qua non), y deber de practicar oficiosamente la prueba que resulte necesaria para reconstruir la cadena de mando cuando sea pertinente; y (iv) motivación reforzada ante cualquier apartamiento de la prueba esencial y de la decisión de primera instancia. TERCERA. Adviértase y ordénese a los operadores judiciales de la causa (Tribunal y Juzgado de conocimiento) no reiterar las conductas que dieron lugar a la vía de hecho aquí declarada, disponiendo medidas de no repetición concretas, tales como: (a) observancia obligatoria de los 1 Tutela radicada a través de la secretaría on line del aplicativo SAMAI. 1Radicado: 11001-03-15-000-2025-05672-00
Demandante: Luis Eduardo Trujillo Olaya
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co estándares constitucionales sobre defecto fáctico y valoración conjunta de la prueba en controversias de contrato realidad con entidades públicas; (b) capacitaciones internas y directrices para evitar la atomización del acervo y el formalismo probatorio que desconoce la
estándares constitucionales sobre defecto fáctico y valoración conjunta de la prueba en controversias de contrato realidad con entidades públicas; (b) capacitaciones internas y directrices para evitar la atomización del acervo y el formalismo probatorio que desconoce la realidad material del servicio; y (c) justificación expresa de los cambios de peso probatorio entre instancias cuando se revoque un fallo con base en las mismas pruebas».
2. Hechos Del escrito se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El señor Luis Eduardo Trujillo Olaya se vinculó con la Secretaría de Infraestructura y Hábitat de la Gobernación del Tolima mediante la suscripción de dos contratos de prestación de servicios: el primero, suscrito el 24 de marzo de 2017 por término de 90 días y el segundo, a partir del 4 de julio de 2017 por un plazo de 45 días, cuyo objeto fue ejercer funciones como operario de maquinaria pesada para llevar a cabo las actividades de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de la red vial del departamento del Tolima. 2.2. El actor presentó dos solicitudes al departamento del Tolima con el fin de que se reconociera la existencia del contrato realidad y, en consecuencia le fueran canceladas las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral:
(i) Solicitud presentada el 24 de julio de 2019 con respecto al primer contrato suscrito el 24 de marzo de 2017 , a lo que se dio respuesta negativa el 14 de agosto de 2019. (ii) Solicitud presentada el 8 de octubre de 2019 con respecto al segundo contrato suscrito el 4 de julio de 2017 , a lo que se dio respuesta negativa el 13 de noviembre de 2019.
agosto de 2019. (ii) Solicitud presentada el 8 de octubre de 2019 con respecto al segundo contrato suscrito el 4 de julio de 2017 , a lo que se dio respuesta negativa el 13 de noviembre de 2019. Actuaciones surtidas ante el Juzgado 6 Laboral del Circuito de Ibagué. (Expediente 73001-31-05-006-2020-00087-00) 2.3. Inicialmente el actor promovió su demanda ante la justicia ordinaria laboral pretendiendo que se declarara la existencia del contrato realidad con el departamento del Tolima y que, en consecuencia se ordenara el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral encubierta, incluidas las cesantías, sus intereses y los aportes a la seguridad social. 2.4. Por reparto, el asunto le correspondió al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Ibagué que, por auto del 15 de julio de 2020 la admitió. El 28 de junio de 2022 se llevó a cabo audiencia ordinaria en la que agotaron las etapas previas de saneamiento del proceso, fijación del litigio, decreto de pruebas y se fijó fecha para la audiencia de pruebas y de juzgamiento. Posteriormente, mediante providencia del 9 de agosto de 2022 el juzgado declaró la falta de jurisdicción y competencia para conocer del asunto y ordenó la remisión del asunto a los juzgados administrativos. Hechos relativos al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (Expediente 73001-33-33-006-2022-00235-00/01).
la remisión del asunto a los juzgados administrativos. Hechos relativos al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (Expediente 73001-33-33-006-2022-00235-00/01). 2.5. El Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué ( expediente 73001-33-33-006-202200235-00/01) a quien correspondió conocer del asunto en primera instancia 2, 2 Inicialmente la demanda fue interpuesta ante el Juzgado 6 Laboral del Circuito de Ibagué que por auto del 9 de agosto de 2022 declaró la falta de jurisdicción y competencia para conocer del asunto y dispuso la remisión del caso a los juzgados administrativos de Ibagué.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05672-00
Demandante: Luis Eduardo Trujillo Olaya
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co por auto del 8 de septiembre de 2022 ordenó adecuar la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 2.6. El actor adecuó la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Como pretensiones, pidió que se declarara la nulidad del acto administrativo del 14 de agosto de 2019 por el que el departamento del Tolima negó la existencia del contrato realidad y el consecuente pago de las prestaciones sociales. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral encubierta, incluidas las cesantías y los intereses a las cesantías y los aportes a la seguridad social.
prestaciones sociales. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral encubierta, incluidas las cesantías y los intereses a las cesantías y los aportes a la seguridad social. 2.7. Mediante providencia del 6 de octubre de 2022 el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué rechazó por caducidad la demanda, en relación con el pago de las prestaciones sociales, cesantías e indemnizaciones que el actor consideraba que se le adeudaban, y la admitió en lo relacionado con la pretensión de la devolución de aportes al sistema general de seguridad social. 2.8. Posteriormente en audiencia inicial llevada a cabo el 25 de mayo de 2023 el juzgado, en la etapa de saneamiento del proceso, indicó que debía entenderse demandado no solo el primer acto administrativo que negó la existencia de la relación laboral encubierta sino que también se entendía demandada la segunda decisión negativa de la administración frente al segundo periodo por el que se suscribió el contrato de prestación de servicios. En la fijación del litigio se determinó si era procedente condenar a la parte demandada al reconocimiento y pago de los aportes a seguridad social por el periodo comprendido entre el 24 de marzo al 24 de junio de 2017, por haber operado la caducidad con respecto a las demás pretensiones. 2.9. Agotadas las restantes etapas, el juzgado en sentencia del 2 de noviembre de 2023 accedió a las pretensiones de la demanda. Señaló que del análisis de los contratos de prestación de servicios suscritos entre la administración y el accionante, se advertía que una de las obligaciones
de 2023 accedió a las pretensiones de la demanda. Señaló que del análisis de los contratos de prestación de servicios suscritos entre la administración y el accionante, se advertía que una de las obligaciones del contratista fue la de obedecer a las órdenes emitidas por un jefe inmediato lo que era indicador claro del elemento subordinación. En esa línea, sostuvo que si el demandante hubiera querido ausentarse un día laboral no le era permitido asignar una persona que lo remplazara ya que de acuerdo con el testimonio del señor Orlando Rojas Riaño debía pedir permiso al supervisor a quienes los operarios reconocían como la persona a cargo de otorgar este tipo de permisos y definir quién supliría la ausencia, incluso era reconocido como jefe, de acuerdo con lo manifestado por el testigo José Manuel Ciro Mendoza. También encontró acreditado el elemento subordinación al tener que cumplir el actor un horario constante e invariable de 6 am a 6 pm en su condición de operador de maquinaria pesada para mantenimiento de vías secundarias y terciarias, lo que dijo además, era una función asignada legalmente a los departamentos y, por tanto, se trataba de una función del giro ordinario de la administración relacionada con la conservación de la red vial departamental. 2.9. Contra la anterior decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación. En segunda instancia el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad mediante sentencia del 3 de abril de 2025 (notificada por correo electrónico a lasRadicado: 11001-03-15-000-2025-05672-00
Demandante: Luis Eduardo Trujillo Olaya
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co partes el 11 de abril de 2025) revocó la decisión del juzgado y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. En criterio del tribunal, el elemento subordinación no se acreditó. Frente al cumplimiento del horario precisó que si bien ese trataba de un indicio, no constituía plena prueba del cumplimiento de este requisito ya que la entidad contratante podía exigir al contratista el desarrollo del objeto contractual en el horario de atención al público y sostuvo que en el caso, al tratarse de la rehabilitación de la red vial del departamento el horario era de 6 am a 6 pm. En lo relacionado con la dirección y control de las actividades a ejecutar, consideró que no se logró probar que el ente territorial estableciera actividades de control, vigilancia, imposición o seguimiento que sobrepasara la coordinación natural entre contratante y contratista. Agregó que si bien los testimonios de los señores Orlando Rojas Riaño y José Manuel Ciro manifestaron que existía un supervisor que velaba por la seguridad, estaba atento a todos y manejaba la logística de las volquetas, no se precisó de qué manera eran las supuestas órdenes recibidas. Explicó que la operación de maquinaria como bulldozer, volquetas y demás debía tener un especial cuidado dado su tamaño y peligro en la operación de las mismas lo que hacía que fuera necesaria la supervisión de las actividades y la logística sin que esto implicara una imposición en cuanto al modo, cantidad y
debía tener un especial cuidado dado su tamaño y peligro en la operación de las mismas lo que hacía que fuera necesaria la supervisión de las actividades y la logística sin que esto implicara una imposición en cuanto al modo, cantidad y forma en que debía realizar sus actividades.
3. Fundamentos de la acción El actor hizo dos consideraciones: 3.1. De una parte, cuestionó la decisión del 6 de octubre de 2022 por la que el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué resolvió en su momento rechazar por caducidad el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a excepción de la pretensión relacionada con la devolución de aportes al sistema general de seguridad social.
Al respecto indico que el juzgado de primera instancia desconoció la línea unificada del Consejo de Estado según la cual en los casos donde se discute la existencia de un contrato realidad y no la nulidad de un contrato laboral previamente reconocido, no opera la caducidad como fenómeno jurídico, tal como lo precisó la sentencia de unificación CE-SUJ2 del 5 de abril de 2016 en la que se indicó que el debate sobre la desnaturalización del contrato de prestación de servicios y la existencia de relación laboral no estaba sujeta al fenómeno de caducidad al referirse a derechos laborales fundamentales irrenunciables. 3.2. De otra parte, consideró que la decisión del 3 de abril de 2025 emitida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incurrió en defecto fáctico. Indicó que no se había hecho un adecuado estudio del material probatorio allegado al proceso y que se había minimizado lo que le favorecía al tratar
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incurrió en defecto fáctico. Indicó que no se había hecho un adecuado estudio del material probatorio allegado al proceso y que se había minimizado lo que le favorecía al tratar como simple logística a la asignación de frentes, el control de ausencias y remplazos, así como el alojamiento y la alimentación que fueron asumidos por la entidad. Que tampoco integró esos elementos con el uso de maquinaria pública y con el horario de 6 am a 6 pm que cumplió a cabalidad.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05672-00
Demandante: Luis Eduardo Trujillo Olaya
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Dijo que se le impuso un estándar probatorio desproporcionado al exigirse órdenes textuales y constancias formales de un poder disciplinario que se hubiera ejercido, todo como condición para reconocer el elemento subordinación y señaló que no observó que la sentencia T-168 de 2025 ordena ajustar el estándar a la naturaleza del caso e incluso la posibilidad de un impulso oficioso en caso de existir vacíos relevantes. Agregó que el Tribunal no cruzó los desplazamientos con órdenes ni con informe de supervisión con presencia en los frentes, ni los pagos fijos con continuidad operativa sino que todo lo redujo a la palabra «coordinación» y que no era posible que las mismas pruebas que en un momento sirvieron de sustento para acceder a las pretensiones de la demanda ahora lo fueran pero para negar las mismas.
continuidad operativa sino que todo lo redujo a la palabra «coordinación» y que no era posible que las mismas pruebas que en un momento sirvieron de sustento para acceder a las pretensiones de la demanda ahora lo fueran pero para negar las mismas.
4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Previo a resolver sobre la admisión de la demanda, el despacho ponente por auto del 16 de septiembre de 2025 requirió a la parte actora con el fin de que allegara los soportes que demostraran la voluntad inequívoca del accionante para presentar la acción bien con la firma del escrito de tutela, así como las constancias de notificación que permitan evidenciar que conoce de las actuaciones surtidas y que está de acuerdo con la radicación de la tutela; de ser el caso, pidió se allegara el poder específico del abogado que presentara la acción de tutela. 4.2. Posteriormente por auto del 6 de octubre de 2025 se ordenó a la secretaría general de la corporación notificar al actor a los correos electrónicos evidenciados por el despacho ponente en el expediente a efectos de que diera cumplimiento a lo dispuesto en el auto del 16 de septiembre de 2025. 4.3. Cumplido lo anterior, por auto del 22 de octubre de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó la notificación de las partes accionante y accionada, esto es, al Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad e igualmente se dispuso la notificación al Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué; como terceros con interés se ordenó vincular al departamento del Tolima y a la
es, al Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad e igualmente se dispuso la notificación al Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué; como terceros con interés se ordenó vincular al departamento del Tolima y a la Secretaría de Infraestructura y Hábitat quienes fueron parte demandada en el proceso ordinario; igualmente se dispuso vincular a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público quienes fueron vinculados al proceso ordinario. 4.4. El Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad , manifestó en el escrito de oposición que lo pretendido por la parte actora era insistir en un debate ya analizado y resuelto por el juez natural de modo que la tutela no era el escenario para insistir nuevamente en argumentos ya estudiados en su oportunidad. Indicó que la sentencia cuestionada no vulneró los derechos fundamentales del actor y que en la decisión estaban contenidas las consideraciones que fueron tenidas en cuenta para revocar la decisión del juzgado y negar las pretensiones de la demanda. 4.5. El departamento del Tolima, por conducto de apoderado manifestó pronunciarse de manera conjunta con la Secretaría de Infraestructura y Hábitat. Indicó que la tutela no cumplía con el requisito de relevancia constitucional al buscar el actor una instancia adicional con el fin de insistir en los argumentos resueltos de manera suficiente por la autoridad judicial.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05672-00
Demandante: Luis Eduardo Trujillo Olaya
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Dijo que tampoco cumplía con el requisito de la subsidiariedad al contar el actor con la posibilidad de presentar recurso extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la sentencia de estimarlo procedente. Finalmente manifestó que no le asistía legitimación en la causa por pasiva al tratarse de un asunto en el que se cuestionaban decisiones judiciales en las que no tenía injerencia alguna la entidad territorial y por lo que pidió ser desvinculado de la presente acción. 4.6. El Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué , remitió el enlace del proceso ordinario sin pronunciarse del fondo de la controversia. 4.7. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, no pronunciaron en esta oportunidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4 y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 6 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de 3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto». 4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido, (vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa de la Constitución. 6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-0220101 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05672-00
Demandante: Luis Eduardo Trujillo Olaya
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Cuestión Previa. Legitimación en la causa por pasiva El departamento del Tolima pidió ser desvinculado de la presente acción por carecer de legitimación en la causa por pasiva.
La Sala precisa que, según lo dispuesto en el auto admisorio de la acción de tutela, el departamento del Tolima fue vinculado al proceso constitucional en calidad de tercero con interés al haber sido parte demandada en el proceso ordinario y no como parte accionada. De acuerdo con lo anterior, y al tenor de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2591 de 19917, le asiste interés legítimo en el resultado de este proceso constitucional y por tal motivo debe permanecer vinculado a éste en la calidad de tercero que le fue reconocida en el auto admisorio de la tutela. Así las cosas, la Sala negará la solicitud de desvinculación propuesta.
4. Delimitación y planteamiento del problema jurídico 4.1. Lo primero que debe precisar la Sala es que la parte accionante en los fundamentos de la acción hace mención del auto del 6 de octubre de 2022 proferido por el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué y censura que en su momento se hubiera declarado la caducidad del medio de control a excepción de lo relacionado con los aportes a seguridad social, indicando que tal decisión
proferido por el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué y censura que en su momento se hubiera declarado la caducidad del medio de control a excepción de lo relacionado con los aportes a seguridad social, indicando que tal decisión desconocía lo dispuesto en la sentencia de unificación del Consejo de Estado CE-SUJ2 del 5 de abril de 2016. Al respecto, advierte la Sala que, de un lado, esta no fue una pretensión de la demanda de tutela pues solo se dirige a cuestionar la sentencia de cierre del 3 de abril de 2025 emitida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad y, de otra parte, se trató de una decisión que pudo cuestionar en esa oportunidad procesal, a través de la interposición de los recursos procedentes, esto es, concretamente el recurso de apelación en los términos del artículo 243 del CPACA. 4.2. Definido lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de una tutela contra providencia judicial deberá verificarse previamente el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad y, de estar acreditados, corresponderá a la Sala determinar si al emitir la providencia del 3 de abril de 2025 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad incurrió en defecto fáctico en los términos en que fue propuesto por el señor Luis Eduardo Trujillo Olaya.
5. La acción de tutela supera el análisis general de procedibilidad para discutir providencias judiciales La solicitud de amparo se promovió dentro de un plazo razonable dado que la providencia objeto de amparo se notificó formalmente a través de mensaje de datos
5. La acción de tutela supera el análisis general de procedibilidad para discutir providencias judiciales La solicitud de amparo se promovió dentro de un plazo razonable dado que la providencia objeto de amparo se notificó formalmente a través de mensaje de datos remitido a las partes el 11 de abril de 2025 y la acción de tutela fue radicada el 10 de septiembre de ese año. 7 Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05672-00
Demandante: Luis Eduardo Trujillo Olaya
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Además, el actor agotó los recursos ordinarios procedentes para procurar la garantía de sus derechos en el curso del proceso, en el caso no se cumplen los presupuestos para eventualmente presentar recurso extraordinario de revisión por ninguna de las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA; no se trata de una tutela contra una sentencia de tutela y los hechos y pretensiones fueron presentados de manera clara, detallada y comprensible.
ninguna de las causales señaladas en el artículo 250 del CPACA; no se trata de una tutela contra una sentencia de tutela y los hechos y pretensiones fueron presentados de manera clara, detallada y comprensible. Finalmente se considera que se cumple con el presupuesto de relevancia constitucional, pues la sentencia del tribunal accionado revocó lo resuelto por el juzgado en primera instancia que había accedido a las pretensiones de la demanda y en esa medida, la parte accionante considera que eventualmente la sentencia de cierre pudo afectar derechos fundamentales en el caso por la presunta configuración de un defecto fáctico y va más allá de la simple inconf
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