CE - Sentencia 11001031500020250580400
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250580400
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-05804-00
Demandante JAIME BARBOSA GUTIÉRREZ Y OTROS
Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Medio de control de reparación directa. Funcionamiento Uber. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por los señores Jaime Barbosa Gutiérrez y otros, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones El 16 de septiembre de 2025, mediante apoderado, los señores Jaime Barbosa Gutiérrez, Fabián Rodrigo López Guerrero y Carlos Arturo del Valle Vásquez interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, con
interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia de 12 de junio de 2025 proferida en el medio de control de reparación directa 11001-33-36-033-2019-00300-00/01.
2. Hechos Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes: 2.1. El señor Jaime Barbosa Gutiérrez y otros interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y la
Secretaría de Movilidad del Distrito Capital de Bogotá. Pretendían que se declarara a los demandados administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales y morales ocasionados por su omisión al deber de control y vigilancia del servicio de transporte público individual en Bogotá, al no interrumpir el funcionamiento de Uber. 2.2. En primera instancia el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá (Expediente 11001-33-36-033-2019-00300-00) mediante sentencia de 10 de octubre de 2023 negó las pretensiones de la demanda. El Juzgado fundamentó su decisión en que el presunto daño reclamado por los demandantes no es imputable a ninguna de las entidades demandadas,
negó las pretensiones de la demanda. El Juzgado fundamentó su decisión en que el presunto daño reclamado por los demandantes no es imputable a ninguna de las entidades demandadas, debido a que se acreditó que desde los comienzos del uso de la plataforma seRadicado: 11001-03-15-000-2025-05804-00
Demandante: Jaime Barbosa Gutiérrez y otros
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ha venido vigilando el actuar de Uber en el comercio de transporte de pasajeros. De hecho, en el año 2016 la Superintendencia de Puertos y Transporte impuso una sanción a dicha empresa, mediante Resolución 07838 del 2 de marzo de 2016, por valor de 700 SMLMV equivalente a $451.045.000 al considerar que el servicio se estaba prestando en condiciones irregulares. Adicionalmente, sostuvo que no obra prueba que acredite que los ingresos de los demandantes hayan disminuido en un 50% como aquellos alegaron, así como tampoco se corroboró que los accionantes se vieron imposibilitados en conseguir más pasajeros o que la alegada escasez se debía al grupo de pasajeros que prefiere Uber. 2.3. La anterior decisión fue apelada por la parte actora. 2.4. Mediante sentencia de 12 de junio de 2025 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A confirmó la decisión apelada. La autoridad judicial sostuvo que los demandantes no aportaron prueba de los ingresos fijos que percibían con antelación y con posterioridad a la entrada en
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A confirmó la decisión apelada. La autoridad judicial sostuvo que los demandantes no aportaron prueba de los ingresos fijos que percibían con antelación y con posterioridad a la entrada en operación de plataforma Uber. Las únicas pruebas que reposan dentro del expediente son los documentos firmados por los propios demandantes con manifestaciones que no cuentan con respaldo probatorio. Por lo tanto, coincidió con el juez de primera instancia respecto de que no hay elementos de juicio que acrediten que los actores sufrieron una disminución del 50% de sus ingresos, así como tampoco se comprobó omisión alguna en cabeza de las entidades demandadas. Finalmente, se desestimó el argumento expuesto en el recurso de apelación consistente en que no se tuvo en cuenta la realidad y los conflictos entre los taxistas y los conductores que hacen uso de la plataforma Uber, pues tal circunstancia no prueba los elementos para atribuir responsabilidad del Estado.
3. Fundamentos de la acción La parte actora sostuvo que el Tribunal accionado incurrió en violación directa de la Constitución al desconocer la existencia de un perjuicio irremediable y dada la transgresión al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En su criterio el primero de estos derechos fue vulnerado, porque se desconocieron las formas propias de cada juicio, pues no se mencionaron las pruebas obrantes en el expediente que acreditaban las omisiones de las entidades del Estado.
A su vez, consideró que existen contradicciones en la sentencia, pues por un lado establece que el Ministerio de Transporte sancionó a la empresa Uber, pero por otro
expediente que acreditaban las omisiones de las entidades del Estado. A su vez, consideró que existen contradicciones en la sentencia, pues por un lado establece que el Ministerio de Transporte sancionó a la empresa Uber, pero por otro lado es innegable que se continúa reincidiendo en la conducta que generó la sanción. Por lo tanto, afirmó que la impunidad continúa. Censuró que el Estado no sea capaz de controlar una conducta irregular que permanece en el tiempo perjudicando a los conductores de taxi. Reprochó que se haya pasado por alto el hecho de que Uber establece su propia tarifa, pese a que en Colombia son las secretarías de gobierno de cada municipio las competentes de regular las tarifas y supervisar que se le dé cumplimiento a estas por medio del denominado taxímetro. De otro lado, consideró vulnerado el derecho al acceso a la administración de justicia al negar las pretensiones formuladas. Sostuvo que estaba acreditado que el Ministerio de Transporte no ha adoptado políticas ni planes o proyectos para la regulación económica de Uber en Colombia como empresa de transporte terrestre; la Superintendencia de Industria y Comercio para el momento de presentación de la demanda estaba omitiendo sus funciones referente a las investigaciones porRadicado: 11001-03-15-000-2025-05804-00
Demandante: Jaime Barbosa Gutiérrez y otros
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co competencia desleal; la Secretaría Distrital de Movilidad se ha limitado a inmovilizar y sancionar a los vehículos que presten el servicio ilegal de Uber, pero no ha
www.consejodeestado.gov.co competencia desleal; la Secretaría Distrital de Movilidad se ha limitado a inmovilizar y sancionar a los vehículos que presten el servicio ilegal de Uber, pero no ha ejercido otro tipo de acciones para que tal empresa cese su actividad; la DIAN ha implementado estrategias especiales para que tributariamente la sociedad Uber cumpla con sus obligaciones como empresa que se dedica al transporte de pasajeros; y la Superintendencia de Puertos y Transportes no ha cumplido con sus funciones de inspección de forma permanente en el tiempo. Concluyó que, contrario a lo señalado en el fallo de segunda instancia, sí se acreditó la falta de control y vigilancia de las entidades demandadas. Prueba de ello es que la empresa Uber continúa prestando el servicio de transporte público sin estar sujeta al control de tarifas ni a la exigencia de seguros obligatorios, como sí ocurre con los taxistas. Asimismo, sostuvo que sí se probó el detrimento patrimonial de los demandantes. De manera que se cumplieron con los elementos indispensables para declarar la responsabilidad patrimonial, pues existe un daño antijurídico que le es imputable al Estado.
4. Trámite impartido 4.1. En auto de 25 de septiembre de 2025, se requirió a la parte actora para que indicara tanto las pretensiones de la tutela como en qué defectos considera que incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección A. 4.2. La parte actora allegó escrito en el que indicó que como pretensiones lo siguiente: «se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la Administración de
Subsección A. 4.2. La parte actora allegó escrito en el que indicó que como pretensiones lo siguiente: «se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la Administración de Justicia, conculcados por dicha Corporación por los hechos y actuaciones que indicaré más adelante, y consecuencialmente se revoque la sentencia emitida el 12 de junio de 2025 por dicho Tribunal y se le ordene proferir un nuevo fallo pero sujetándose a los postulados de los dos derechos fundamentales mencionados, (…) se declare probada la existencia de la falla en el servicio por la omisión de las entidades que obran como demandas en la regulación de plataformas como Uber que prestan de manera irregular el servicio de transporte público». Además de reiterar lo expuesto en el escrito de tutela, los accionantes argumentaron que se incurrió en defecto fáctico, debido a que con el certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio se probó plenamente cuál es el objeto social de Uber y aún así la autoridad judicial accionada omitió referirse a esa prueba documental y al objeto para el cual fue creada dicha empresa. Aseguró que Uber realiza una actividad muy diferente a la autorizada en el referido certificado. Adicionalmente, la parte actora consideró que es un hecho notorio por ser de conocimiento público la competencia desleal y los problemas de orden público desencadenados por el funcionamiento de Uber. Aseguró que «Las reglas de la experiencia nos enseñan que Uber esta desarrollando una actividad de servicio publico en todo el país, tampoco el señor magistrado hizo referencia de esta situación» (sic para toda la cita). De otra parte, manifestó que es una realidad que Uber ingresó a Colombia de
experiencia nos enseñan que Uber esta desarrollando una actividad de servicio publico en todo el país, tampoco el señor magistrado hizo referencia de esta situación» (sic para toda la cita). De otra parte, manifestó que es una realidad que Uber ingresó a Colombia de forma irregular ejerciendo una competencia desleal frente a los taxistas, pues estos últimos están sometidos a un regulación estricta para poder operar. Entre otros elementos, deben contar con taxímetro para regular la tarifa, tarjetón, revisiones tecno mecánicas mensuales y anuales, seguro obligatorio, seguro extracontractual para posibles daños a terceros y demás seguros, deben tener el vehículo pintado de un color especial, licencia de conducción especial, planillas para salir de Bogotá, etc. En cambio a Uber no se le hacen esas exigencias. De manera que el servicio prestado por esa empresa es irregular e ilegal.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05804-00
Demandante: Jaime Barbosa Gutiérrez y otros
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Asimismo, censuró que el Tribunal haya sostenido que ninguna de las entidades demandadas es competente para controlar el servicio irregular de Uber y se cuestionó cuál de estas es la encargada de regular, sancionar y frenar esa actividad. Agregó que si todas las entidades estuvieran cumpliendo sus deberes ya se hubiera erradicado la irregularidad que implica el funcionamiento de Uber. En criterio de la parte actora, la autoridad judicial accionada «esta de espaldas a la realidad está mirando una actividad irregular y la justifica
sus deberes ya se hubiera erradicado la irregularidad que implica el funcionamiento de Uber. En criterio de la parte actora, la autoridad judicial accionada «esta de espaldas a la realidad está mirando una actividad irregular y la justifica mostrando que no están probado las omisiones cuando son hechos notorios que todo el país conoce salvo el señor magistrado» (sic para toda la cita). Afirmó que las reglas de la experiencia permiten concluir que con la existencia de competencia se reduce la porción de ingresos que le toca a cada oferente. Tales reglas demuestran que sí existían elementos suficientes para acreditar el detrimento patrimonial de los demandantes, quienes repentinamente pasaron de ser los únicos autorizados de prestar el servicio de transporte público a enfrentarse con empresas que prestan el mismo servicio con el mínimo de requisitos. En consecuencia, sí se probó que ha existido una disminución efectiva de los ingresos de los demandantes como resultado directo de la falta de control estatal frente a la operación de Uber. En síntesis, aseguró que «la providencia esta de espaldas a la realidad su tecnicismo procedimental venda los ojos y le impide observar lo que todos estamos viendo para poder fallar es necesario abrir los ojos a la realidad y que el fallo corresponda con esa realidad, para que armonice y tenga sabiduría si desconoce los hechos notorios que se viven en el día a día ese fallo no es justo lejos esta de ser jurídico porque la norma jurídica son los hechos sociales llevados a un abstracto pero con el respaldo de la cotidianidad pues en ultimas la norma jurídica lo que regula es esa cotidianidad esas costumbres tanto personales como comerciales que necesariamente deben estar en armonía» (sic para toda la cita).
llevados a un abstracto pero con el respaldo de la cotidianidad pues en ultimas la norma jurídica lo que regula es esa cotidianidad esas costumbres tanto personales como comerciales que necesariamente deben estar en armonía» (sic para toda la cita). 4.3. En auto de 10 de octubre de 2025, se admitió la acción de tutela interpuesta por los señores Fabián Rodrigo López Guerrero, Jaime Barbosa Gutiérrez y Carlos Arturo del Valle Vásquez contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. Asimismo, se vinculó a los demandantes y terceros con interés del medio de control de reparación directa, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al Ministerio de Transporte, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Superintendencia de Sociedades, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, al Distrito Capital de Bogotá, a la Secretaría de Movilidad (autoridades que actuaron como demandadas en el proceso de reparación directa) y al Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Bogotá; y se ordenó efectuar las notificaciones correspondientes.
5. Intervenciones 5.1. La Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá informó que remitió el escrito de tutela a la Secretaría de Movilidad a fin de que sea dicha entidad la que se pronuncie al respecto. Asimismo, sostuvo que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, debido a que no existe acción u omisión por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá que pueda considerarse como determinante de la presunta vulneración o amenaza que suponen las conductas cuestionadas en
causa por pasiva, debido a que no existe acción u omisión por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá que pueda considerarse como determinante de la presunta vulneración o amenaza que suponen las conductas cuestionadas en la acción de tutela. En consecuencia, solicitó la desvinculación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por su falta de legitimación en la causa por pasiva. 5.2. Tras realizar un recuento de las actuaciones surtidas en primera instancia, el Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Bogotá sostuvo que se llevaron a cabo las etapas procesales que por ley deben adelantarse en el ejercicio del medio de control de reparación directa garantizando así el derecho de defensa y contradicción de las partes. Además, se aplicó la ley y la jurisprudencia relevante sobre la materia.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05804-00
Demandante: Jaime Barbosa Gutiérrez y otros
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Resaltó que el Juzgado no es la entidad accionada, en tanto que su decisión no es la que se cuestiona. La inconformidad de los accionantes se centra en la indebida valoración probatoria de los medios de prueba allegados al trámite procesal que presuntamente realizó el juez de segunda instancia. Por lo tanto, solicitó su desvinculación del trámite de tutela. 5.3. El Ministerio de Transporte manifestó que no tiene legitimación en la causa por pasiva, pues no existe relación entre sus funciones y los hechos y
solicitó su desvinculación del trámite de tutela. 5.3. El Ministerio de Transporte manifestó que no tiene legitimación en la causa por pasiva, pues no existe relación entre sus funciones y los hechos y pretensiones planteados en el escrito de tutela. Su competencia se circunscribe a establecer políticas en materia de transporte nacional e internacional, conforme a lo dispuesto en el Decreto 087 de 2011. De manera que no le compete la revisión de providencias judiciales o en la evaluación de su validez. En consecuencia, solicitó ser desvinculado de la acción de tutela. 5.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A aseguró que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, debido a que se está utilizando la acción de tutela como una tercera instancia del medio de control. La parte actora insistió en que debe declararse responsable a las demandadas basado en hechos notorios y reglas de la experiencia que a su juicio demuestran la operación irregular de Uber, argumentos que fueron analizados en la sentencia del 12 de junio de 2025. Por lo tanto, consideró que la tutela interpuesta es improcedente. En gracia de discusión, manifestó que en el caso no se incurrió en defecto fáctico, porque no se omitió el decreto de ningún medio probatorio. Resaltó que conoció del proceso como juez de segunda instancia y que en el curso de esa instancia procesal ninguno de los sujetos procesales solicitó el decreto de pruebas. Consideró que tampoco se incurrió en una valoración caprichosa o arbitraria de las pruebas obrantes en el proceso. Simplemente, el análisis de
instancia procesal ninguno de los sujetos procesales solicitó el decreto de pruebas. Consideró que tampoco se incurrió en una valoración caprichosa o arbitraria de las pruebas obrantes en el proceso. Simplemente, el análisis de estas condujo a concluir la falta de imputación de las entidades demandadas, pues no se corroboró una falla del servicio por omisión en las funciones de vigilancia y control. Agregó que, si bien la parte actora manifestó que se vulneraron los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, no se indicó en qué consiste tal vulneración y tal transgresión a la Constitución. Aseguró que en el medio de control no se omitió ninguna etapa procesal, ni se le impidió a la parte accionante el acceso a la administración de justicia, ni se le dio un trato desigual. Por los motivos expuestos, solicitó se declare la improcedencia del amparo constitucional por no acreditarse el presupuesto de relevancia constitucional o se deniegue el amparo al no advertirse la configuración del defecto fáctico, ni la vulneración de los derechos fundamentales alegados. 5.5. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN aseguró que la parte accionante no cumplió con la carga argumentativa necesaria para demostrar que con la sentencia objeto de tutela se está generando una desproporcionada restricción a un derecho fundamental. Por el contrario, adujo que se pretende utilizar la tutela para discutir asuntos meramente legales y para reabrir el debate probatorio y cuestionar lo ya decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Es decir, el actor pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia. De ahí que el asunto no cumple con el
para reabrir el debate probatorio y cuestionar lo ya decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Es decir, el actor pretende utilizar la acción de tutela como una tercera instancia. De ahí que el asunto no cumple con el requisito de relevancia constitucional, lo cual implica que la tutela es improcedente. Adicionalmente, sostuvo que la autoridad judicial accionada no vulneró el derecho fundamental al debido proceso, dado que el simple hecho de proferir una sentencia contraria a los intereses de una parte no implica una vulneraciónRadicado: 11001-03-15-000-2025-05804-00
Demandante: Jaime Barbosa Gutiérrez y otros
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a este derecho fundamental. Es imprescindible demostrar que el juez actuó sin ningún fundamento jurídico o probatorio al momento de tomar la decisión o que se impidió el derecho de defensa y contradicción. En suma, el juez no desconoció los derechos fundamentales de la parte accionante, teniendo en cuenta que su decisión se fundamentó en el material probatorio aportado y en la normativa aplicable al caso. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de tutela por no cumplirse con los requisitos establecidos para la procedencia de la acción contra providencia judicial y negar el amparo solicitado debido que no existe vulneración a ningún derecho fundamental. 5.6. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que los accionantes están empleando la acción de tutela como una tercera instancia adicional al medio de control e indicó que en el caso no existe perjuicio irremediable
5.6. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que los accionantes están empleando la acción de tutela como una tercera instancia adicional al medio de control e indicó que en el caso no existe perjuicio irremediable alguno. Por lo tanto, solicitó declarar que las autoridades judiciales accionadas no vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes y negar el amparo solicitado por los accionantes. 5.7. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sostuvo que en el caso no se configura ninguno de los defectos establecidos en la jurisprudencia constitucional tratándose de tutela contra providencia judicial. Esto obedece a que las sentencias controvertidas se fundamentan en la ley aplicable, contienen la motivación legal correspondiente y no omiten jurisprudencia constitucional obligatoria. A su vez, afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva, debido a que los hechos expuestos por la parte actora escapan a sus deberes de control, vigilancia e inspección. Agregó que los accionantes se limitaron a realizar afirmaciones subjetivas sobre Uber, sin realmente probar el presunto daño sufrido como consecuencia del supuesto actuar omisivo de las autoridades demandadas. De ahí que no se cumplió con la carga de la prueba que le correspondía. En todo caso, aseguró que las sentencias proferidas en el medio de control examinaron el acervo probatorio aportado y específicamente, sobre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se indicó en ambos fallos que este no tiene competencia sobre el servicio de transporte irregular y que tampoco incurrió en omisión alguna. Con base en los argumentos presentados, solicitó su desvinculación de la
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se indicó en ambos fallos que este no tiene competencia sobre el servicio de transporte irregular y que tampoco incurrió en omisión alguna. Con base en los argumentos presentados, solicitó su desvinculación de la acción de tutela. 5.8. La Superintendencia de Sociedades indicó que los argumentos expuestos en el escrito de tutela aluden a las situaciones fácticas y de derecho que fueron materia del medio de control. Motivo por el cual consideró que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional. Además, sostuvo que en el caso no existe vulneración a los derechos fundamentales alegados. El debido proceso no ha sido violentado, ya que en el trámite de toda la actuación la parte demandante estuvo presente y realizó las actuaciones que consideró oportunas. No hay prueba que demuestre lo contrario. Además, la decisión que se adoptó por los jueces de instancia fue argumentada, no se trata de una sentencia sin motivación y se fundamentó en las pruebas que obraban en la actuación. Por lo tanto, el hecho de que aquella no sea a favor de los tutelantes no significa que se haya vulnerado su derecho de defensa.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05804-00
Demandante: Jaime Barbosa Gutiérrez y otros
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Afirmó que tampoco se vulneró el derecho al acceso a la administración de justicia, pues los jueces que adoptaron las decisiones eran los competentes para ello, el proceso se adelantó conforme a las reglas y etapas fijadas por la
Afirmó que tampoco se vulneró el derecho al acceso a la administración de justicia, pues los jueces que adoptaron las decisiones eran los competentes para ello, el proceso se adelantó conforme a las reglas y etapas fijadas por la ley y la parte actora pudo presentar las pruebas y los recursos que consideró oportunos. Por lo que solicitó la declaratoria de improcedencia de la tutela presentada. 5.9. La Superintendencia de Industria y Comercio presentó nuevo memorial en el que indicó que no tiene legitimación en la causa por pasiva, ya que las presuntas violaciones denunciadas en el escrito de tutela son ajenas a su actuar. En consecuencia, solicitó su desvinculación del trámite de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 1, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, le corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela interpuesta cumple a cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad, especialmente el de la relevancia constitucional.
Solo en caso de superar dicho análisis, se determinará si al proferir la sentencia de 12 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A incurrió en alguno de los errores alegados por la parte actora. 1Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
Subsección A incurrió en alguno de los errores alegados por la parte actora. 1Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».Radicado: 11001-03-15-000-2025-05804-00
Demandante: Jaime Barbosa Gutiérrez y otros
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
4. Cuestión previa La Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, el Juzgado Treinta y Tres (33) Administrativo de Bogotá, el Ministerio
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.