CE - Sentencia 11001031500020250592300

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250592300
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C, veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05923-00

Accionante: JOSÉ GUILLERMO TADEO ROA SARMIENTO

Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SALA DOCE ESPECIAL DE

DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Recurso extraordinario de revisión que se rechazó por extemporaneidad. Defectos sustantivo y procedimental. Requisito de la relevancia constitucional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento , quien actúa en nombre propio, contra la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 22 de septiembre de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Con base en lo dicho, ruego a su Señoría (i) amparar mis derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, (dejar sin efecto el auto del 6 de diciembre de 2024 y los autos de 11 de marzo y 16 de mayo de 2025 iii) ordenar a la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado admitir y tramitar el recurso extraordinario de revisión presentado el 7 de octubre de 2024 y (iv) adoptar las medidas necesarias para restablecer plenamente mis derechos fundamentales”.

2. Hechos

2.1. De las actuaciones adelantadas en el proceso de reparación directa con radicado núm. 25000-23-26-000-2012-00619-01

El accionante relató que presentó acción de reparación directa (Decreto 01 de 1984) contra la Nación, Rama Judicial, en la que solicitó el pago de los perjuicios ocasionados por la pérdida del inmueble identificado con folio de matrícula núm. 050-0130095, toda vez que se incurrió i) en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto el Juzgado Trece Civil del Circuito de BogotáRadicado: 11001-03-15-000-2025-05923-00

Accionante: José Guillermo Tadeo Roa

Sarmiento

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2 notificó indebidamente el auto del 3 de abril de 1997 , mediante el cual se libró mandamiento de pago en un proceso ejecutivo de mayor cuantía que se adelantó en su contra, y, ii) en un error jurisdiccional en las providencias de 8 de junio de 2007, mediante l a cual se confirmó la decisión de primera instancia en la que se rechazó la excepción de prescripción y de 7 de septiembre de 2011, en la que se declaró a la señora Mauren Miranda Fernández como poseedora de buena fe del inmueble, ambas proferidas por l a Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Sostuvo que la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en fallo de 30 de enero de 2014, negó las pretensiones de la demanda, al constatar que las actuaciones adelantadas por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá cumplieron con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, estimó que las providencias de 8 de junio de 2007 y de 7 de septiembre de 2011, proferidas por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, no incurrieron en un error jurisdiccional, pues estuvieron ajustadas al ordenamiento jurídico.

Indicó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación. La

Distrito Judicial de Bogotá, no incurrieron en un error jurisdiccional, pues estuvieron ajustadas al ordenamiento jurídico.

Indicó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 14 de diciembre de 2022, la modificó y declaró de oficio la caducidad respecto del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la indebida notificación del auto del 3 de abril de 1997 que libró mandamiento de pago en contra de José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento y respecto al cargo del error jurisdiccional, contenido en la providencia de 8 de ju nio de 2007 que declaró la terminación del proceso ejecutivo y ordenó devolver materialmente el bien inmueble al señor Roa Sarmiento. En lo demás, negó las pretensiones de la demanda.

2.2. De las actuaciones adelantadas en la acción de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2023-06348-00 1

Señaló que presentó acción de tutela contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de que se accediera al amparo de sus derechos fundamentales a l debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad y, en consecuencia, se dejara sin efecto el fallo de 14 de diciembre de 2022.

Afirmó que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 15 de noviembre de 2023, amparó el derecho fundamental al debido proceso del accionante, dejó sin efectos la sentencia de 14 de diciembre de 2022

Afirmó que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de 15 de noviembre de 2023, amparó el derecho fundamental al debido proceso del accionante, dejó sin efectos la sentencia de 14 de diciembre de 2022 de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por haber incurrido en un defecto sustanti vo por indebida aplicación del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y, en consecuencia, ordenó que se dictara una decisión de re emplazo en l a que se estudiara en debida forma el conteo de la caducidad de la acción.

1 En auto de 24 de mayo de 2024, la Corte Constitucional decidió no seleccionar la acción de tutela. https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=2&expediente=T10129003&lista=datos Expedientes_1762875340635.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05923-00

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3 El accionante y la Rama Judicial impugnaron la anterior decisión. La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 22 de febrero de 2024 la revocó y, en su lugar, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

2.3. De las actuaciones adelantadas en el recurso extraordinario de revisión

en su lugar, declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional.

2.3. De las actuaciones adelantadas en el recurso extraordinario de revisión (radicado núm. 11001-03-15-000-2024-05390-00)

Sostuvo que el 7 de octubre de 2024 interpuso recurso extraordinario de revisión contra el fallo de 14 de diciembre de 2022 de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con sustento en la causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 (nulidad originada en la sentencia) , por la indebida valoración probatoria desarrollada en la decisión recurrida. Además, resaltó que el término para presentar la demanda de revisión se suspendió con ocasión de la radicación de la acción de tutela contra la sentencia de reparación directa, y que en virtud del fallo de tutela de primera instancia se dejó sin efectos la decisión de 15 de noviembre de 2023 hasta el 22 de febrero de 2024.

Afirmó que la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado en auto de ponente de 6 de diciembre de 2024, rechazó el recurso extraordinario de revisión por extemporáneo, toda vez que el término de un (1) año previsto en la normatividad vencía el 13 de mayo de 2024, no obstante, la parte actora lo radicó el 9 de julio de 2024, es decir, en forma extemporánea.

Indicó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, pues consideró que la demanda se presentó en tiempo, más aún cuando la sentencia

2024, es decir, en forma extemporánea.

Indicó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, pues consideró que la demanda se presentó en tiempo, más aún cuando la sentencia recurrida fue dejada sin efectos por 2 meses y 7 días en virtud de un fallo de tutela, el cual posteriormente fue revocado. Adicionalmente, aseguró que el recurso extraordinario de revisión se regula por el Decreto 01 de 1984 y no por la Ley 1437 de 2011.

Señaló que la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado en proveído de ponente 11 de marzo de 2025, no repuso la decisión de 6 de diciembre de 2024, toda vez que la sentencia recurrida no perdió sus efectos jurídicos ni mucho menos se afectó su firmeza como lo interpreta el demandante, pues ni siquiera se emit ió una nueva sentencia durante el tiempo en que se dejó sin efectos en virtud del fallo de tutela, por lo que en ningún momento se suspendió la contabilización del término de 1 año establecido en el artículo 251 del CPACA. Adicionalmente, se otorgó el trámite correspondiente al recurso de súplica.

Finalmente, manifestó que la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado en auto de 16 de mayo de 2025, confirmó integralmente la providencia de 6 de diciembre de 2024, al considerar que la sentencia recurrida se notificó por edicto electrónico fijado del 5 al 9 de mayo de 2023, por lo que según el artículo 302 del Código General del Proceso, la sentencia quedó ejecutoriada a los tres días siguientes, esto es, el 12 de mayo de 2023, fecha en la que ya estaba vigente el

302 del Código General del Proceso, la sentencia quedó ejecutoriada a los tres días siguientes, esto es, el 12 de mayo de 2023, fecha en la que ya estaba vigente el CPACA. Por consiguiente, la oportunidad para presentar el recurso extraordinario de revisión culminó el 13 de mayo de 2024, pero debido a que fue festivo, la oportunidad venció el 14 de mayo siguiente, sin embargo, la demanda se radicó el 9 de julio de 2024.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05923-00

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3. Fundamentos de la acción

La parte actora afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo y procedimental, en tanto los artículos 248, 249 y 251 de la Ley 1437 de 2011 establece que el recurso extraordinario de revisión procede contra sentencias ejecutoriadas dentro del año siguiente a la ejecutoria.

Indicó que la interpretación de la autoridad judicial accionada, en la que el año corre ininterrumpidamente, incluso cuando la sentencia se dejó sin efectos, desconoce el acceso a la administración de justicia y convierte una formalidad en un obstáculo para la protección de derechos, pues, en su sentir, una vez la sentencia recurrida recobró vigencia se debió empezar a contar nuevamente el término del año para interponer el recurso extraordinario de revisión.

para la protección de derechos, pues, en su sentir, una vez la sentencia recurrida recobró vigencia se debió empezar a contar nuevamente el término del año para interponer el recurso extraordinario de revisión.

Por último, manifestó que “si una sentencia pierde temporalmente su ejecutoria, el año que contempla el art. 251, inciso 1, antes citado, se cuenta (o se reanuda) a partir del día en que vuelve a quedar en firme o ejecutoriada nuevamente, esto es, cuando regresa al mundo jurídico-procesal”.

4. Trámite procesal

Por auto de 29 de septiembre de 2025, el magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 141408 a 141409 y 141411 a 141412 de 1 de octubre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

Luego, el 29 de octubre de 2025, el consejero Wilson Ramos Girón manifestó estar impedido para conocer el asunto, por estar inmerso en la causal prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que fue ponente del auto de 16 de mayo de 2025, que confirmó el rechazo del recurso extraordinario de revisión presentado por el accionante.

Por medio de auto de 31 de octubre de 2025, se declaró fundado el impedimento y, en consecuencia, fue separado del conocimiento del trámite constitucional.

5. Oposición

Por medio de auto de 31 de octubre de 2025, se declaró fundado el impedimento y, en consecuencia, fue separado del conocimiento del trámite constitucional.

5. Oposición

Respuesta de la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado

El magistrado ponente del auto de 16 de mayo de 2025 solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que carece de relevancia constitucional.

Afirmó que el actor pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional, en la medida que propone un argumento que ya fue resuelto tanto por el magistrado sustanciador como por los demás integrantes de la Sala Doce Especial de Decisión.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05923-00

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Agregó que la discusión que se propone en la solicitud de amparo resulta ser la misma que planteó en los recursos de reposición y en el de súplica.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial y, en caso afirmativo, si la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del accionante por la supuesta configuración de los defectos sustantivo y procedimental.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones2.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las

2 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 3 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T -136 de 2015 M.P. María Victoria

Calle Correa.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05923-00

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6 condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de

procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

  1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
  1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
  1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.

De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

  1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

  1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dicta n previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de co ntrovertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

6

El señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento sostiene que la Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , al supuestamente incurrir en

4 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 5

proceso y de acceso a la administración de justicia , al supuestamente incurrir en

4 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 5 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez. 6 Se reitera la postura desarrollada por esta sección en la sentencia de 25 de septiembre de 2025, radicado No. 11001-03-15-000-2025-04386-00, C.P.: Wilson Ramos Girón.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05923-00

Accionante: José Guillermo Tadeo Roa

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7 los defectos sustantivo y procedimental, al rechazar por extemporáneo el recurso extraordinario de revisión sin tener en cuenta que la firmeza de la sentencia recurrida se afectó con un fallo de tutela que temporalmente la había dejado sin efecto, por lo que el término de un año para presentar el mencionado recurso debió reiniciar cuando la providencia recuperó la vigencia.

Previo a cualquier pronunciamiento, la Sala procede a verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, especialmente el de la relevancia constitucional, así:

El 7 de octubre de 2024, interpuso recurso extraordinario de revisión contra el fallo de 14 de diciembre de 2022 de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo

la relevancia constitucional, así:

El 7 de octubre de 2024, interpuso recurso extraordinario de revisión contra el fallo de 14 de diciembre de 2022 de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con sustento en la causal 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 (nulidad or iginada en la sentencia), por la indebida valoración probatoria desarrollada en la decisión recurrida. Además, resaltó que el término para interponer el recurso extraordinario de revisión se suspendió con ocasión de la interposición de la acción de tutela contra la sentencia de reparación directa, y en virtud del fallo de tutela de primera instancia se dejó sin efectos la decisión del 15 de noviembre de 2023 hasta el 22 de febrero de 2024.

La Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado en auto de ponente de 6 de diciembre de 2024, rechazó el recurso extraordinario de revisión por extemporáneo. Sostuvo que, en lo relacionado con el término para interponer el recurso extraordinario de revisión, el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 dispone que “el recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia”.

Por lo anterior, constató que la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2022 objeto del recurso extraordinario de revisión fue notificada a través de edicto fijado del 5 al 9 de mayo de 2023, por lo tanto, quedó ejecutoriada el 12 de mayo de 2023.

Así las cosas, concluyó que el término de 1 año previsto en la norma vencía el 13

del 5 al 9 de mayo de 2023, por lo tanto, quedó ejecutoriada el 12 de mayo de 2023.

Así las cosas, concluyó que el término de 1 año previsto en la norma vencía el 13 de mayo de 2024, no obstante, la parte actora lo radicó el 9 de julio de 2024, es decir, en forma extemporánea cuando el año había fenecido.

El accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, con sustento en que la demanda de revisión se presentó en tiempo, más aún cuando la sentencia recurrida fue dejada sin efectos por “2 meses y 7 días” , en virtud de un fallo de tutela. Adicionalmente, aseguró que el recurso extraordinario de revisión se regula por el Decreto 01 de 1984 y no por la Ley 1437 de 2011.

La Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado en proveído de ponente 11 de marzo de 2025, no repuso la decisión de 6 de diciembre de 2024, toda vez que el fallo reprochado no perdió sus efectos jurídicos ni mucho menos se afectó su firmeza como lo interpreta el demandante, pues ni siquiera se emitió una nueva sentencia durante el tiempo en que se dejó sin efectos en virtud de la orden de tutela, por lo que en ningún momento se suspendió la contabilización del término de 1 año establecido en el artículo 251 del CPACA.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05923-00

Accionante: José Guillermo Tadeo Roa

Sarmiento

de 1 año establecido en el artículo 251 del CPACA.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05923-00

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8 Agregó que “en cuanto a la normatividad aplicable al presente asunto se advierte que el recurso extraordinario de revisión da origen a un nuevo proceso distinto al proceso primigenio, por consiguiente, debe interponerse y sustentarse conforme a la normatividad vigent e al momento de su presentación, que en este caso es el CPACA”. De igual manera , se otorgó el trámite correspondiente al recurso de súplica.

La Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado en auto de 16 de mayo de 2025, confirmó la providencia de 6 de diciembre de 2024.

En primer lugar, precisó que la ejecutoria y la cosa juzgada no impiden que se pueda intentar la acción de tutela, además que cuando con ocasión del ejercicio del mencionado mecanismo constitucional contra providencia judicial, se ampare el derecho fundamental invocado y se deje sin efectos jurídicos la decisión cuestionada, esta sale del ordenamiento jurídico, pues la autoridad responsable del agravio debe cumplirla sin demora. No obstante, el artíc ulo 7 del Decreto 306 de 1992, por el cual se reglamentó el Decreto 2591 de 1991, reguló los efectos de las decisiones de revisión de la Corte Constitucional y de las decisiones sobre las

1992, por el cual se reglamentó el Decreto 2591 de 1991, reguló los efectos de las decisiones de revisión de la Corte Constitucional y de las decisiones sobre las impugnaciones de fallos de tutela , estableció que “cuando el juez que conozca de la impugnación o la Corte Constitucional al decidir una revisión, revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedarán sin efecto dicha providencia y la actuación que haya realizado la autoridad admini strativa en cumplimiento del fallo respectivo”.

Igualmente, indicó que en sentencia T-694 de 2002, la Corte Constitucional señaló que “por regla general, la consecuencia obvia de la revocatoria de un fallo de tutela que declara la procedencia del amparo, es que las cosas vuelvan a su estado anterior, o tal y como se encontraban antes de cumplirse la orden impartida en la providencia que se revoca. No obstante, es igualmente claro que ello ocurrirá en la medida en que el regreso a ese estado sea jurídicamente posible y no resulte desproporcionado”.

Aclaró que la ejecutoria de la sentencia ordinaria no se ve afectada por la mera interposición de la acción de tutela, pues, en sede de impugnación, el juez constitucional puede revocar la decisión del a quo, en cuyo caso se retrotraen las cosas al estado inicial, siempre que sea jurídica y materialmente posible.

Asimismo, resaltó que la acción de tutela es un proceso autónomo e independiente del recurso extraordinario de revisión, pues tienen objetos distintos, mientras la primera busca la protección de los derechos fundamentales, el segundo permite alcanzar el restablecimiento de la justicia material del fallo recurrido, siempre que

del recurso extraordinario de revisión, pues tienen objetos distintos, mientras la primera busca la protección de los derechos fundamentales, el segundo permite alcanzar el restablecimiento de la justicia material del fallo recurrido, siempre que se configure alguna de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA. Además, la solicitud de amparo es un mecanismo subsidiario y excepcional, dado que no excluye el ejercicio de los medios de control y recursos procedentes, salvo que sean insuficientes para evitar un perjuicio irremediable.

En segundo lugar, al resolver el caso concreto, explicó que la sentencia recurrida se notificó por edicto electrónico fijado del 5 al 9 de mayo de 2023, por lo que, según el artículo 302 del C ódigo General del Proceso, la sentencia quedó ejecutoriada aRadicado: 11001-03-15-000-2025-05923-00

Accionante: José Guillermo Tadeo Roa

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9 los tres días siguientes, esto es, el 12 de mayo de 2023, fecha en la que ya estaba vigente el CPACA.

Afirmó que la oportunidad para presentar el recurso extraordinario de revisión culminó el 13 de mayo de 2024, pero como era un día no hábil , la oportunidad venció el 14 del mismo mes y año, sin embargo, la demanda se radicó el 9 de julio de 2024, es decir, de manera extemporánea.

Por último, aseguró que el trámite de tutela no afectó de ninguna manera la

venció el 14 del mismo mes y año, sin embargo, la demanda se radicó el 9 de julio de 2024, es decir, de manera extemporánea.

Por último, aseguró que el trámite de tutela no afectó de ninguna manera la sentencia que se cuestiona en sede de revisión, por lo que no resulta viable analizar la oportunidad para interponer el recurso extraordinario a partir de la sentencia de tutela, pues se insiste en que es un proceso autónomo,

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