CE - Sentencia 11001031500020250609100

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250609100
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06091-00

Demandantes: Daniel Felipe Hernández García y otros

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 13 de noviembre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06091-00

Demandantes: DANIEL FELIPE HERNÁNDEZ GARCÍA Y OTROS

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia que decidió en segunda instancia demanda de reparación directa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Luis Alberto Hernández Aguirre, Daniel Felipe Hernández García, Flor María García, María Consuelo García y Eliabar García contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el municipio de Jamundí.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 29 de septiembre de 2025 1, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderada, los demandantes pidieron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

A juicio de los tutelantes, la vulneración de dicha s garantías superiores se deriva de la

apoderada, los demandantes pidieron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

A juicio de los tutelantes, la vulneración de dicha s garantías superiores se deriva de la sentencia del 28 de febrero de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que decidió en segunda instancia la demanda de reparación directa 76001 -3333-001-2023-00113-00/01.

2. Pretensiones

Los accionantes formularon las siguientes pretensiones:

1.2. Ordene dejar sin efectos la sentencia del 28 de febrero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del proceso de reparación directa expediente radicado No. 76001-33-33-001-2023-00113-01. Magistrado Fernando Augusto García Muñoz.

1.3. Ordene al Magistrado Fernando Augusto García Muñoz que dicte una sentencia de reemplazo en la que dé aplicación al: i) Artículo 29 de la Constitución Política. ii) Sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 17 de junio de 2024 expediente radicado No. 08001233100020090031801 (51353). Consejero Nicolas Yepes Corrales y; el 24 de abril de 2024, expediente radicado No. 68001 -23-33-000-2015-00971-01 (61540). Consejero Jaime Enrique Rodríguez Navas.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 15 de diciembre de 2018 la señora Mariceth García se cayó de un caballo durante una

Rodríguez Navas.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 15 de diciembre de 2018 la señora Mariceth García se cayó de un caballo durante una cabalgata realizada en Jamundí (Valle del Cauca), por lo que fue trasladada al centro de salud del municipio, pero dada la gravedad de las heridas fue remitida a la Clínica Valle de

1 Índice 1 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06091-00

Demandantes: Daniel Felipe Hernández García y otros

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Lili de Cali, donde arribó con un paro cardiorrespiratorio, por lo que fue ingresada a la sala de reanimación en la que la intubaron y le suministraron adrenalina, pero pese a ello la paciente murió. En su historia clínica se registró que estaba «EN ALTO GRADO DE ESTADO

DE ALICORAMIENTO, REFIERE ACOMPAÑANTE (AMIGA) QUE HABÍA TOMADO (RON

AGUARDIENTE, WISKI, CERVEZA)» (sic).

En el informe de necropsia realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se determinó que la señora Mariceth García murió «por lesión hemorrágica intracraneana occipital lineal secundaria a trauma craneoencefálico severo posterior a caída de caballo en la cabalgata de Jamundí» (sic).

Demanda de reparación directa

intracraneana occipital lineal secundaria a trauma craneoencefálico severo posterior a caída de caballo en la cabalgata de Jamundí» (sic).

Demanda de reparación directa

El 25 de febrero de 2021 los tutelantes, junto con otros familiares2, promovieron demanda de reparación directa contra Jamundí (a la que se le asignó el número de radicación 7600133-33-001-2023-00113-00/01), con el propósito de que se le declarara administrativamente responsable del deceso de la señora Mariceth García y se le ordenara indemnizarles los correspondientes perjuicios , toda vez que no cumplió su obligación de adoptar medidas orientadas a salvaguardar la seguridad y tranquilidad en eventos como en el cual se presentó el hecho dañoso.

El asunto contencioso -administrativo fue asignado por reparto al Juzgado Primero Administrativo de Cali, que el 5 de julio de 2023 lo admitió y el 24 de abril de 2024 celebró la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en la que decretó como pruebas los documentos allegados con la demanda y el testimonio de Jorge Iván Mejía Gutiérrez 3, quien manifestó en la audiencia de pruebas que adelantó «una acción preventiva» para evitar la cabalgata en la que se accidentó Mariceth García, porque el municipio de Jamundí no contaba con la infraestructura y el personal necesario para realizar un evento de esa magnitud y no se prohibió la ingesta de bebidas embriagantes.

También señaló el testigo que en el hospital del municipio le informaron que la persona

contaba con la infraestructura y el personal necesario para realizar un evento de esa magnitud y no se prohibió la ingesta de bebidas embriagantes.

También señaló el testigo que en el hospital del municipio le informaron que la persona siniestrada se encontraba en estado de alicoramiento y no le pudieron prestar la atención médica necesaria por no contar con los instrumentos para ello. También señaló que el evento no fue realizado por la alcaldía de Jamundí directamente, sino que el alcalde autorizó a un empresario para que lo hiciera, sin colmarse los correspondientes requisitos4. Por último, señaló que no estuvo en el lugar del accidente , no podía identificar el organizador de la cabalgata y que la víctima era contratista de la alcaldía y se «puso brava» con él por oponerse al encuentro equino.

Mediante sentencia del 28 de marzo de 2024, el Juzgado Primero Administrativo de Cali declaró extracontractualmente responsable a l municipio de Jamundí por la muerte de Mariceth García y ordenó indemnizar a los demandantes los correspondientes perjuicios materiales (lucro cesante5) y morales6, al considerar que durante la cabalgata del 15 de diciembre de 2018 el ente territorial desconoció sus obligaciones previstas en los artículos 63 y 204 de la Ley 1801 de 2016, que estipulaban que los alcaldes eran la primera autoridad de policía de los municipios y les asistía el deber de autorizar eventos que involucraran «aglomeraciones de público complejas» y realizar el respectivo control y vigilancia de ellos.

Que el testigo Jorge Iván Mejía Gutiérrez, personero de Jamundí para el día del siniestro,

«aglomeraciones de público complejas» y realizar el respectivo control y vigilancia de ellos.

Que el testigo Jorge Iván Mejía Gutiérrez, personero de Jamundí para el día del siniestro, aseveró que la cabalgata se realizó a pesar de las advertencias que le hizo a la alcaldía sobre la insuficiencia de infraestructura y personal, lo que comportaba una falla del servicio que comprometía la responsabilidad extracontractual de la administración, máxime cuando

2 Elmer Guerrero García y María Isabel García. 3 Quien para la época de los hechos que derivaron en la demanda de reparación directa era el personero de Jamundí. 4 No los identifica. 5 Solo se le concedió a Daniel Felipe Hernández García la suma de $74.013.941. 6 100 smlmv para Daniel Felipe Hernández García y 50 smlmv para los demás accionantes.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06091-00

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de las pruebas no se logra ba evidenciar que el supuesto estado de alicoramiento de la víctima directa fue la causa exclusiva del siniestro. No obstante, esa situación conllevaba a declarar la concurrencia de culpas (en un 50% en aquella y en un 50% para la demandada).

La anterior decisión fue apelada por el municipio de Jamundí, al estimar que no le asistía responsabilidad patrimonial en el hecho dañoso porque no fue el que organizó la cabalgata

demandada).

La anterior decisión fue apelada por el municipio de Jamundí, al estimar que no le asistía responsabilidad patrimonial en el hecho dañoso porque no fue el que organizó la cabalgata y la causa determinante del accidente que provocó la muerte de la señora Mariceth García fue su estado de alicoramiento.

A través de fallo del 28 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la sentencia de primera instancia, para en su lugar denegar las pretensiones de la demanda de reparación directa . Explicó que las pruebas obrantes en el expediente no demostraban alguna falla en la atención médica ni que el municipio de Jamundí autorizara la cabalgata . A demás, no se determinaron cuáles fueron las normas presuntamente desatendidas, lo que comportó incumplimiento de la carga probatoria que impedía declarar la responsabilidad extracontractual del Estado.

Que, si bien lo anterior era suficiente para desestimar las súplicas de la demanda, también se constataba la configuración d el eximente de responsabilidad denominado culpa exclusiva de la víctima, porque las pruebas demostraban que la señora Mariceth García estaba en alto grado de alicoramiento cuando cayó de su caballo , lo que incrementó el peligro al desarrollar una actividad de alto riesgo.

4. Fundamentos de la tutela

Los tutelantes expusieron las razones por las que consideraban que la acción de tutela cumplía los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial. En cuanto al fondo del asunto, los demandantes adujeron que la sentencia cuestionada incurría en:

Violación directa de la Constitución Política dado que al fundamentarse únicamente

cumplía los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial. En cuanto al fondo del asunto, los demandantes adujeron que la sentencia cuestionada incurría en:

Violación directa de la Constitución Política dado que al fundamentarse únicamente en el estado de embriaguez de Mariceth García se desconoció su «facultad de probar la falla del servicio», puesto que no se advirtió que las demás pruebas, a su juicio, acreditaban que el municipio de Jamundí no cumplió con su obligación de garantizar que la cabalgata se realizara en debida forma, lo que comprometía la responsabilidad extracontractual del Estado.

Defecto sustantivo toda vez que desatendió el principio iura novit curia al exigirle s identificar las obligaciones que incumplió el municipio de Jamundí en la realización de la cabalgata en la que aconteció el hecho dañoso, pues bastaba con acreditar la ocurrencia del siniestro para que el juez se lo atribuyera a ese ente territorial.

Defecto fáctico porque no se advirtió que el testigo Jorge Iván Mejía Gutiérrez adujo que inició «una acción preventiva» en su condición de personero de Jamundí para la época del suceso, orientada a impedir la cabalgata por falta de infraestructura y personal necesario, la cual se realizó, aseveraciones que acreditaban que hubo una falla del servicio que imponía acceder a las pretensiones de la demanda de reparación directa 76001-33-33001-2023-00113-00/01.

Desconocimiento del precedente judicial porque inobservó el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado7 según el cual para que se configurara el eximente de responsabilidad

001-2023-00113-00/01.

Desconocimiento del precedente judicial porque inobservó el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado7 según el cual para que se configurara el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima era necesario acreditar que el hecho era imprevisible e irresistible, presupuestos que no se colmaron en los hechos debatido s en el expediente

7 Sección Tercera, sentencias de (i) 24 de abril de 2024, expediente 68001 -23-33-000-2015-00971-01, M. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, y (ii) 7 de junio de 2024, expediente 08001-23-31-000-2009-00318-01, M. P. Nicolás Yepes Corrales.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06091-00

Demandantes: Daniel Felipe Hernández García y otros

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76001-33-33-001-2023-00113-00/01, ya que no se advirtió que el siniestro era previsible y resistible dada la «acción preventiva» adelantaba por el entonces personero de Jamundí.

5. Trámite procesal

Con auto del 6 de octubre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la tutela de la referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a la s autoridades accionadas y vincular como terceros con interés al juez primero administrativo de Cali, que conoció en primera

referencia y, entre otras cosas, ordenó notificar a la s autoridades accionadas y vincular como terceros con interés al juez primero administrativo de Cali, que conoció en primera instancia el proceso de reparación directa 76001-33-33-001-2023-00113-00/01 y a Elmer Guerrero García y María Isabel García, quienes fungieron como demandantes en el mencionado asunto contencioso-administrativo.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado practicó las notificaciones correspondientes mediante correos electrónicos enviados el 9 y 14 de octubre de 2025.

6. Intervenciones

El municipio de Jamundí, a través de apoderado, pidió su desvinculación de la acción de tutela por carecer de legitimación en la causa por pasiva, ya que no profirió la sentencia que los demandantes consideran vulneradora de sus derechos fundamentales. Además, señaló que los accionantes empleaban el amparo constitucional como una tercera instancia, pues pretendía n obtener un nuevo pronunciamiento sobre aspectos probatorios y normativos que fueron desestimados en la providencia cuestionada y sobre los cuales operó el fenómeno procesal de la cosa juzgada.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo de Cali guardaron silencio a pesar de que se les notificó del auto admisorio de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión preliminar. Legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,

1. Cuestión preliminar. Legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y, excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional8 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el sub examine, la Sala evidencia que en la contestación de la acción de tutela de la referencia el municipio de Jamundí sostuvo que carecía de legitimación en la causa por pasiva porque no emitió la sentencia a la que los accionantes le atribuyeron la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, en consecuencia, debía ser desvinculado de este trámite constitucional, solicitud que habrá que desestimarse puesto que ese e nte territorial fue demandado en el proceso de reparación directa 76001-33-33-001-2023-0011300/01, dentro del cual se emitió la providencia aquí cuestionada, de manera que le asiste interés en este asunto, máxime cuando los actores lo identificaron como demandado.

8 Sentencia T1051 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T -278 de 2018, M.P. Gloria Stella

Ortiz Delgado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06091-00

Demandantes: Daniel Felipe Hernández García y otros

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Ortiz Delgado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06091-00

Demandantes: Daniel Felipe Hernández García y otros

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2. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por los demandantes con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 28 de febrero de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decidió en segunda instancia la demanda de reparación directa 76001-33-33-001-2023-00113-00/01.

La Sala anticipa que denegará el amparo pretendido en razón a que la sentencia atacada no incurre en defectos fáctico ni sustantivo y tampoco en desconocimiento del precedente9, comoquiera que se fundó en deducciones razonables de las pruebas que obraban en el expediente 76001-33-33-001-2023-00113-00/01 y del ordenamiento jurídico y no contrarió la postura jurisprudencial del Consejo de Estado sobre el eximente de responsabilidad denominado culpa exclusiva de la víctima.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y, finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

3. De la acción de tutela contra providencias judiciales

generales de procedibilidad de la acción de tutela contra determinaciones judiciales y, finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

3. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales10 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos11 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que de demostrarse los defectos invocados por l os accionantes se afectarían las garantías superiores señaladas en el escrito de tutela, en particular el debido proceso , pues de acreditarse que la autoridad judicial demandada basó su decisión en inferencias arbitrarias de las pruebas y del ordenamiento jurídico y en desconocimiento del precedente, se quebrantarían prerrogativas de las partes del proceso , protegidas por el sistema normativo superior, lo que amerita la intervención del juez constitucional.

Asimismo, se constata que la discusión planteada por los tutelantes es constitucional y no netamente legal o económica, comoquiera que concierne a la reparación integral,

sistema normativo superior, lo que amerita la intervención del juez constitucional.

Asimismo, se constata que la discusión planteada por los tutelantes es constitucional y no netamente legal o económica, comoquiera que concierne a la reparación integral, según la cual los afectados por una omisión del Estado les asiste la prerrogativa de acceder a la debida indemnización de los perjuicios que se le s cause. Asimismo, no se evidencia que la tutela se utilice como un instrumento para reiterar argumentos, ya que los accionantes no contaron con la posibilidad de pronunciarse sobre las cuestiones que reprochan en esta instancia porque atañen a la sentencia que decidió en segunda instancia el proceso de reparación directa 76001-33-33-001-2023-00113-00/01.

9 Cabe advertir que si bien los demandantes invocan una violación directa de la Constitución Política, los fundamentos conciernen a un defecto fáctico, por lo que se analizarán al estudiar dicho defecto. 10 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela. 11 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06091-00

Demandantes: Daniel Felipe Hernández García y otros

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desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06091-00

Demandantes: Daniel Felipe Hernández García y otros

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La demanda también cumple el requisito de inmediatez por cuanto, de acuerdo con la verificación del expediente 76001-33-33-001-2023-00113-00/01 el correo electrónico con el que se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 9 de abril de 2025 , por lo que se entiende notificada el 11 de abril siguiente, de conformidad con el numeral 2 del artículo 20512 del CPACA, y la tutela fue presentada el 29 de septiembre de 2025 (5 meses y 20 días después), es decir, cuando no habían transcurrido los 6 meses jurisprudencialmente reconocidos como el plazo adecuado para formular la acción de tutela contra providencias judiciales.

Asimismo, se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que contra la sentencia cuestionada no procedía recurso por proferirse en segunda instancia. Además, los cargos tampoco comportan alguna de las causales de procedibilidad del recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA.

También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaban la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defectos

hechos que generaban la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defectos fáctico y sustantivo y de desconocimiento del precedente.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, los tutelantes atacan una providencia emitida en un proceso de reparación directa.

5. Análisis del caso concreto

En la solicitud de amparo, los demandantes s ostienen que l a sentencia cuestionada incurre en:

(i) Defecto fáctico porque no advirtió que las pruebas que obraban en el expediente 76001-33-33-001-2023-00113-00/01 acreditaban que Jamundí incumplió sus obligaciones de garantizar que se adelantara sin contratiempos la cabalgata en la que se accidentó la señora Mariceth García, pues quedó acreditado que a pesar de que el entonces personero de ese municipio advirtió sobre la inconveniencia de adelantar ese tipo de eventos, se efectuó, lo que comportaba falla del servicio;

(ii) Defecto sustantivo, ya que desatendió el principio iura novit curia porque no era necesario que se identificaran de manera expresa las obligaciones que desatendió el municipio de Jamundí en la cabalgata en la que aconteció el hecho dañoso, sino que bastaba con demostrar que aconteció; y

(iii) Desconocimiento del precedente toda vez que contrarió el criterio del Consejo de Estado13 según el cual el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima

bastaba con demostrar que aconteció; y

(iii) Desconocimiento del precedente toda vez que contrarió el criterio del Consejo de Estado13 según el cual el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima acontece cuando el hecho es imprevisible e irresistible, presupuestos que no acontecieron, pues se declaró pese a que el siniestro de Mariceth García era previsible y resistible, pues si el municipio de Jamundí no hubiere autorizado la cabalgata aquella no hubiere muerto.

De las pruebas allegadas a este trámite constitucional la Sala evidencia que el 15 de diciembre de 2018 la señora Mariceth García participó en la cabalgata que se desarrolló en Jamundí y cayó de su caballo, por lo que fue remitida al hospital del municipio y luego, a la Clínica Valle de Lili en Cali donde falleció debido a la gravedad de las heridas. En la historia clínica se consignó que la víctima presentada un alto grado de alicoramiento.

12«La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación». 13 Sección Tercera, sentencias de (i) 24 de abril de 2024, expediente 68001 -23-33-000-2015-00971-01, M. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, y (ii) 7 de junio de 2024, expediente 08001-23-31-000-2009-00318-01, M. P. Nicolás Yepes Corrales.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06091-00

Demandantes: Daniel Felipe Hernández García y otros

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Corrales.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06091-00

Demandantes: Daniel Felipe Hernández García y otros

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En razón al aludido suceso los tutelantes, junto con otros familiares, promovieron demanda de reparación directa 76001-33-33-001-2023-00113-00/01 contra el municipio de Jamundí con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable de la muerte de Mariceth García y se le ordenara indemnizarles los correspondientes perjuicios, porque incumplió sus obligaciones de asegurar que la cabalgata del 15 de diciembre de 2018 se desarrollara sin contratiempos.

La demanda la conoció el Juzgado Primero Administrativo de Cali, que e n la audiencia de pruebas escuchó como testigo a Jorge Iván Mejía Gutiérrez, personero de Jamundí para la fecha del siniestro, quien afirmó que surtió «una acción preventiva» para evitar la cabalgata por cuanto ese municipio no contaba con la infraestructura y el personal necesario para atender ese tipo de eventos, pero pese a ello se realizó. Además, adujo que esa cabalgata no la organizó directamente la alcaldía, sino un particular.

El 28 de marzo de 2024 el Juzgado de conocimiento declaró que hubo una concurrencia de culpas en el hecho dañoso, porque la difunta actuó de manera indebida al cabalgar en estado de alicoramiento y e l municipio de Jamundí incurrió en falla del servicio al no

de culpas en el hecho dañoso, porque la difunta actuó de manera indebida al cabalgar en estado de alicoramiento y e l municipio de Jamundí incurrió en falla del servicio al no garantizar las medidas de seguridad del evento, pese a que los artículos 63 y 204 de la Ley 1801 de 2016 le imponían esa obligación.

La anterior decisión fue apelada por la parte allí demandada, con el argumento de que se configuró una culpa exclusiva de la víctima, y revocada por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, mediante sentencia del 28 de febrero de 2025, al considerar que, en efecto, se configuró dicho eximente de responsabilidad, comoquiera que las pruebas daban cuenta de que Mariceth García estaba en un alto grado de alicoramiento cuando cayó de su caballo, por tanto, su muerte no le era imputable al municipio de Jamundí, máxime cuando no se demostró que fue el que organizó el evento y no se probó que haya incumplido sus obligaciones de mantener el orden público.

5.1 Defecto fáctico

Los demandantes señala n que la providencia cuestionada incurre en defecto fáctico porque, a su juicio, las pruebas obrantes en el expediente 76001-33-33-001-2023-0011300/01 acreditaban que el municipio de Jamundí no cumplió su deber de garantizar que la cabalgata se realizara en debida forma, pese al peligro advertido por el personero.

Luego de analizar las pruebas obrantes en el expediente 76001-33-33-001-2023-0011300/01, en especial, la historia clínica de Mariceth García y el testimonio de Jorge Iván Mejía Gutiérrez, la Sala evidencia que, tal como lo afirmó el tribunal demandado, la víctima tenía un alto grado de alicoramiento al momento en que cayó del caballo. También se constata que en ese asunto no se allegó elemento de convicción alguno del cual se lograba inferir que la cabalgata la realizó el municipio de Jamundí, por el contrario, de lo dicho por el testigo es dable colegir que el ente territorial no la organizó, por tanto, no se constata que se haya acreditado alguna omisión en el cumplimiento de sus funciones.

En ese orden de ideas, las conclusiones de las autoridades accionadas de que el hecho que motivó la presentación de la demanda de reparación directa 76001-33-33-001-202300113-00/01 se produjo por culpa de Mariceth García y que no se probó algún incumplimiento de las obligaciones del municipio de Jamundí , no resultan arbitrarias o caprichosas, sino que obedecen a inferencias razonables de las pruebas que allí reposan, en consecuencia, no es dable declarar la configuración de un defecto fáctico.

Es de anotar que el hecho de que el tribunal accionado no haya valorado los medios de convicción que reposaban en el expediente 76001-33-33-001-2023-00113-00/01 como lo pretendían los demandantes, no se traduce en la configuración del d

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