CE - Sentencia 11001031500020250614200
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250614200
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06142-00
Demandante: Andrés Felipe Segura Buendía
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06142-00
Demandante: Andrés Felipe Segura Buendía
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda ,
Subsección A
Tema: Tutela contra providencia judicial , nulidad y restablecimiento del derecho – llamamiento a calificar servicios. Requisitos generales de procedencia
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta , en nombre propio, por Andrés Felipe Segura Buendía contra la sentencia del 14 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, el acceso efectivo a la administración de justicia, la honra y la buena fe, con fundamento en las siguientes:
Pretensiones
«PRIMERO: Amparar mis Derechos Fundamentales al Debido Proceso, a la Igualdad, al
efectivo a la administración de justicia, la honra y la buena fe, con fundamento en las siguientes:
Pretensiones
«PRIMERO: Amparar mis Derechos Fundamentales al Debido Proceso, a la Igualdad, al Acceso efectivo a la Administración de Justicia, a la Buena Fe, al Buen Nombre y a la Honra, que fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A” – Sistema Oral, en la sentencia del 14 de julio de 2025.
SEGUNDO: Consecuente con lo anterior, se revoque y deje sin efectos la sentencia de segunda instancia, emitida por parte del Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Segunda - Subsección “A” - Sistema Oral, proferida dentro del proceso de nulidad y restableciendo de derecho, bajo el radicado N. 11001-33-35-020-2022-00484-02.
TERCERO: Ordenar a la accionada, esto es, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “A” - Sistema Oral, que, en un término de Treinta (30) días, profiera una nueva decisión ajustada a la Constitución y la Ley y valore en deb ida forma la totalidad de las pruebas aportadas.
CUARTO: Que en referida orden, se requiera al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección “A” - Sistema Oral, para que valore adecuadamente, la participación del general Bolívar y el General Castellanos Tuay en referida Junta, ya que, como se enunció, dichos oficiales generales, estaban impedidos para participar de la misma, por expresa prohibición legal y constitucional, lo que invalidad dicha junta.»
como se enunció, dichos oficiales generales, estaban impedidos para participar de la misma, por expresa prohibición legal y constitucional, lo que invalidad dicha junta.»
ANTECEDENTES
1. HechosRadicado: 11001-03-15-000-2025-06142-00
Demandante: Andrés Felipe Segura Buendía
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De la lectura del expediente de tutela , se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Situación administrativa que dio origen al medio de control
El señor Andrés Felipe Segura Buendía estuvo vinculado a la Policía Nacional y el último grado que obtuvo fue el de coronel. Durante el tiempo que perteneció a la institución no fue objeto de sanciones disciplinarias y/o penales, por el contrario, fue reconocido por su vocación de servicio y abnegación funcional con 32 condecoraciones y 182 felicitaciones.
En 2020 , el señor Segura Buendía fue asignado a la Dirección de Seguridad Ciudadana. En 2021, participó en el proyecto de adquisición de cámaras corporales para la Policía Nacional. Afirmó que, dentro del referido proceso denunció irregularidades asociadas a una presunta intención de direccionar la contratación en favor de la empresa AXON – Eagle Commercial S.A., representada en Colombia por el señor Arquímedes Bonilla . Que, pese a tener funciones como estructurador del proyecto, no fue incluido en reunione s clave (como el CERT N ° 083) en las que se
favor de la empresa AXON – Eagle Commercial S.A., representada en Colombia por el señor Arquímedes Bonilla . Que, pese a tener funciones como estructurador del proyecto, no fue incluido en reunione s clave (como el CERT N ° 083) en las que se pretendía imponer una ficha técnica prediseñada, situación que denunció ante el Ministerio del Interior y se corrigió mediante un nuevo proceso técnico liderado de forma plural e institucional.
Aseguró que, como consecuencia de su negativa a avalar dichos hechos, fue objeto de presiones indebidas por parte de altos mandos, quienes le exigieron modificar la ficha técnica a favor de AXON. Que, ante su negativa, fue citado por el General Pinilla, quien lo maltrató verbalmente y, posteriormente, sin justificación legal, fue enviado anticipadamente a vacaciones y reasignado verbalmente a la Policía Metropolitana de Bogotá, sin acto administrativo de traslado, lo cual evidencia una desviación de poder.
Mediante Acta 003 APROP -GRURE de 31 de marzo de 2022, por recomendación unánime de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, su retiro, fue propuesto ante el Gobierno Nacional, bajo la figura de llamamiento a calificar servicios, decisión que se materializó por medio del Decreto 857 de 31 de mayo de 2022, suscrito por el Presidente de la República y el Ministro de Defensa.
Señaló que, al poco tiempo de su retiro, altos mandos institucionales —sin participación del Ministerio del Interior — validaron una nueva ficha técnica presuntamente direccionada a AXON, lo que considera refuerza la hipótesis de retaliación institucional en su contra.
participación del Ministerio del Interior — validaron una nueva ficha técnica presuntamente direccionada a AXON, lo que considera refuerza la hipótesis de retaliación institucional en su contra.
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
El señor Andrés Felipe Segura Buendia promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad del Decreto 857 de 31 de mayo de 2022, mediante el cual el entonces Presidente de la República lo retir ó del servicio activo por llamamiento a calificar servicios , en consecuencia, que se orden ara el reintegro sin solución de continuidad y, el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir.
Lo anterior porque consideró que , como resultado de los hechos de corrupción advertidos, la Policía Nacional canceló el proyecto de adquisición de las cámaras corporales. Que su retiro fue arbitrario y motivado por su negativa a participar en unRadicado: 11001-03-15-000-2025-06142-00
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presunto acto de corrupción, situación que vulnera sus derechos fundamentales y compromete la legalidad del actuar administrativo.
El Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 19 de abril de 2024, negó las pretensiones de la demanda, pues no se probó la falsa motivación alegada, no se acreditó en qué consistieron ni cómo se habrían materializado las
El Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 19 de abril de 2024, negó las pretensiones de la demanda, pues no se probó la falsa motivación alegada, no se acreditó en qué consistieron ni cómo se habrían materializado las represalias de las que aseguró fue víctima. Además, señaló que, el retiro por llamamiento a calificar servicios no exige una motivación específica y se sustenta legalmente en: (i) el cumplimiento del tiempo mínimo de servicio (15 años); y (ii) el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, requisitos que fueron acreditados.
El demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. Consideró que no se valoraron en debida forma las pruebas aportadas al proceso, con las cuales estimó que se acreditaba que la decisión de llamamiento a calificar servicios, como una manera arbitraria y como represalia por no acceder a exigencias irregulares por parte del General Hoover Alfredo Pinilla Romero.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia de 14 de julio de 2025 , confirmó la decisión de primera instancia , al considerar que no se demostró dentro del proceso que la decisión de retiro estuviese fundada en una conducta ajena a los fines propios del servicio público, ni que el acto administrativo incurriera en desviación de poder o falsa motivación, además, el acto fue expedido con fundamento en las disposiciones legales vigentes, y previa verificación del cumplimiento de los requisitos normativos exigidos.
2. Argumentos de la acción de tutela
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico por
verificación del cumplimiento de los requisitos normativos exigidos.
2. Argumentos de la acción de tutela
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria , concretamente del Acta 003 APROP -GRURE de 31 de marzo de 2022, por medio del cual, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional propuso a l Gobierno Nacional el retiro del servicio activo por «llamamiento a calificar servicios », pues considera que esta viciada de legalidad por abuso y desviación de poder.
Precisó que, para el momento en que se suscribió el acta, el Brigadier General Marco Aurelio Bolívar Suárez fungía como Magistrado del Tribunal Superior Militar y el Brigadier General Tito Yesid Castellanos Tuay , estaba en el cargo de Director del Instituto Penal y Penitenciario – INPEC. Por lo tanto , considera que , los oficiales debieron manifestarse impedidos para conocer del asunto , pues por su cargo y función, se encontraban en comisión en la función pública, fuera de la línea de mando y legalmente no podían participar de la misma y, al haberlo materializado, vulneró los principios de moralidad y transparencia.
Aseguró que en la decisión cuestionada solo se hizo un recuento normativo y jurisprudencial sobre la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios, sin tener en cuenta que, en su caso concreto, la decisión de desvinculación estuvo fundada en haberse negado a participar en actos de corrupción, presuntamente instado por sus superiores, lo que trajo como consecuencia que aquellos coordinaran y adelantaran el trámite para su retiro.
haberse negado a participar en actos de corrupción, presuntamente instado por sus superiores, lo que trajo como consecuencia que aquellos coordinaran y adelantaran el trámite para su retiro.
Elaboró un cuadro comparativo donde señaló como pruebas omitidas o mal valoradas, las siguientes: (i) grabación del 10 de febrero de 2022 (reunión con Gral. HooverRadicado: 11001-03-15-000-2025-06142-00
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Penilla); (ii) Acta 003 APROP-GRURE de 31 de marzo de 2022; (iii) Documentos sobre ficha técnica BodyCam (radicado MinInterior 15 de dic. 2021); (iv) Queja anónima del 6 de enero de 2022 ante la Inspección General; (v) Plan Vacacional febrero de 2022; y, (vi) Desvinculación de la Dirección de Seguridad Ciudadana y posterior Presentación a laboral en la Policía Metropolitana de Bogotá, los cuales relacionó así:
3. Trámite procesal de la acción de tutela
En auto de 6 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó notificar al demandante, a los magistrados integrantes de l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A , en calidad de demandados, y al Juez Veinte Administrativo de Bogotá y a la Nación – Ministerio de
ordenó notificar al demandante, a los magistrados integrantes de l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A , en calidad de demandados, y al Juez Veinte Administrativo de Bogotá y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en calidad de terceros con interés.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06142-00
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4. La respuesta del demandado
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela de la referencia, porque los argumentos de la parte actora están orientados a constituir una tercera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , para obtener una decisión favorable a sus intereses.
Aseguró que la providencia acusada se sustentó en el marco normativo que rige el caso, las pruebas aportadas al expediente y el desarrollo jurisprudencial que frente al tema se ha efectuado. Que, respetó los principios de legalidad, debido proceso y de tutela judicial efectiva, emitiendo una decisión en la que se resolvió cada uno de los planteamientos expuestos en el recurso de apelación.
Precisó que los jueces son autónomos e independientes en la toma de sus decisiones, dentro de la órbita de sus competencias, y en sus providencias valoran las pruebas allegadas al proceso de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión
Precisó que los jueces son autónomos e independientes en la toma de sus decisiones, dentro de la órbita de sus competencias, y en sus providencias valoran las pruebas allegadas al proceso de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional, según los parámetros de la lógica y la experiencia. Que, tales atributos de autonomía e independencia constituyen garantías del Estado Social de Derecho y bajo tales postulados suscribieron la sentencia del 14 de julio de 2025.
5. Intervenciones de los terceros vinculados
El Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá solicitó que se le desvinculara del trámite de la presente acción de tutela, para el efecto, señaló que:
Profirió sentencia del 19 de abril de 2024, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por el señor Andrés Felipe Segura Buendía contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional , en la cual negó las pretensiones de la demanda, «conforme a la normativa aplicable y a la jurisprudencia que, al momento de proferir fallo, había dispuesto el Consejo de Estado, además, se tuvo en cuenta el material probatorio allegado al expediente de manera oportuna por las partes».
Decisión confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en providencia del 14 de julio de 2025., con fundamentos de hecho y de derecho contenidas en dicha sentencia.
El Ministerio de Defensa – Policía Nacional pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, porque no cumple con el requisito general de subsidiariedad,
hecho y de derecho contenidas en dicha sentencia.
El Ministerio de Defensa – Policía Nacional pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, porque no cumple con el requisito general de subsidiariedad, pues la parte actora no agotó los mecanismos de defensa que tenía a su alcance ni acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
Adujó que, la facultad discrecional de retiro del servicio activo se encuentra amparado en la ley, el cual para el caso de los miembros de la Policía Nacional se encuentra supeditado al cumplimiento de los requisitos normativos y probatorios exigidos . Que, en el caso en concreto, se evidenció que la resolución demandada no presenta vicios de forma ni de fondo, por lo que no es posible afirmar la existencia de una vulneración de derechos fundamentales, por el contrario, se trata de una decisión adoptada conforme a derecho, en armonía con los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad que rigen este tipo de actuaciones administrativas.
Indicó que el acto administrativo de retiro del señor Segura Buendía por llamamiento a calificar servicios se encuentra ajustado a derecho. A su vez, afirmó que la decisiónRadicado: 11001-03-15-000-2025-06142-00
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cuestionada valoró en su integridad las pruebas aportadas y que la legalidad del acto acusado nunca fue discutido ni desvirtuado.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
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cuestionada valoró en su integridad las pruebas aportadas y que la legalidad del acto acusado nunca fue discutido ni desvirtuado.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualqui er autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp . 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.
Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, vulneró los derechos fundamentales invocados, por incurrir en defecto fáctico, al negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto que lo retir ó del servicio de la Policía Nacional por llamamiento a calificar servicios, dentro del proceso radicado con número 11001-33-35-020-2022-00484-00/02.
1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06142-00
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y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06142-00
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La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela, porque no se acreditó el cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, pues el actor insiste en los mismos argumentos expuestos en el recurso de apelación dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos, (i) sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y, (ii) analizará el caso concreto.
(i) Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acci ón de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en u na instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20144, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 5. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales .
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 5 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06142-00
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interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
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interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(ii) De la falta de relevancia constitucional en el caso concreto
En el caso concreto, la Sala advierte que la parte demandante propone la misma discusión jurídica que presentó en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por las razones que se pasan a exponer:
Si bien la parte actora sostiene que la providencia objeto de tutela vulneró derechos fundamentales y presenta un defecto fáctico por indebida valoración probatoria , lo cierto es que, en el fondo, lo que pretende es obtener la nulidad del acto administrativo mediante el cual fue desvinculado de la Policía Nacional, alegando que dicho acto se profirió con desviación de poder y falsa motivación. En ese sentido, insiste en que su salida obedeció a una represalia por parte de altos mandos de la institución, como consecuencia de las denuncias que formuló sobre presuntas irregularidades en el proceso contractual para la adquisición de cámaras corporales.
Debe precisarse que e l señor Segura Buendía promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
proceso contractual para la adquisición de cámaras corporales.
Debe precisarse que e l señor Segura Buendía promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad del Decreto 857 del 31 de mayo de 2022, mediante el cual el Presidente de la República y el Ministro de Defensa, en razón a la recomendación hecha en el Acta 003 APROP -GRURE de 31 de marzo de 2022, por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, dispuso su retiro del servicio activo por llamamiento a calificar servicios.
El demandante, alegó que existió una expedición irregular del acto administrativo, con falsa motivación y desviación de poder, toda vez que, la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, al hacer uso de la figura del llamamiento a calificar servicios, encubrió una persecución y recriminación de carácter laboral ejercida por el Subdirector General de la Policía Nacional contra el actor, por su negativa a modificar la ficha técnica del proyecto de cámaras corporales, conforme a intereses particulares.
El Juzgado Veinte Administrativo de Bogotá, mediante sentencia de 19 de abril de 2024, negó las pretensiones de la demanda al considerar que el acto administrativo de retiro del servicio del demandante se fundó en la causal de llamamiento a calificar servicios, al cumplir los requisitos señalados en la normativa aplicable para su declaratoria, esto es, contar con el tiempo necesario para adquir ir la asignación de retiro y con el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, que recomendó su retiro.
declaratoria, esto es, contar con el tiempo necesario para adquir ir la asignación de retiro y con el concepto previo de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, que recomendó su retiro.
Contra la anterior decisión el ahora tutelante interpuso recurso de apelación , al considerar q
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