CE - Sentencia 11001031500020250624500
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250624500
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil vein ticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-06245-00
Demandante JAIME ALFONSO VILLOTA BENAVIDES
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, SALA TERCERA DE DECISIÓN Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requi sitos generales y especiales de procedibilidad. Relevancia constituci onal. Medio de control de reparación directa. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por Jaime Alfonso Villota Benavides, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones El 3 de octubre de 20251, el señor Jaime Alfonso Villota Benavides interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Decisión, por considerar vulnerados sus derechos funda mentales al debido proceso, la vida digna, la integridad física, el acce so a la administración de justicia y a la reparación integral, con ocasión de la expedi ción de la sentencia del 26 de
Decisión, por considerar vulnerados sus derechos funda mentales al debido proceso, la vida digna, la integridad física, el acce so a la administración de justicia y a la reparación integral, con ocasión de la expedi ción de la sentencia del 26 de septiembre de 2025, a través de la cual se confirmó la decisión de primera instancia en el sentido de negar las pretensiones de la demanda , en el proceso identificado con el radicado No. 76001-33-33-021-2018-00206-01. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones2: «1. Que se ampare mi derecho fundamental al debido proceso, vida digna, salud y acceso a la justicia.
2. Que se deje sin efectos la sentencia de segunda insta ncia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 26 de septiembre de 2025.
3. Que se ordene a la autoridad judicial accionada em itir una nueva sentencia, valorando integralmente las pruebas y aplicando el precedente vincu lante sobre responsabilidad estatal por omisión.
4. Que se adopten medidas provisionales de protección y at ención médica si persiste el perjuicio irremediable».
2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. Jaime Alfonso Villota Benavides y otros present aron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de l a Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional y el mun icipio de Dagua, con el
1 SAMAI, índice 1 y 2. 2 Página 4 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06245-00
1 SAMAI, índice 1 y 2. 2 Página 4 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06245-00
Demandante: Jaime Alfonso Villota Benavides
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por las afectaciones padecidas por el señor Villota Benav ides, al considerar que estas entidades desconocieron sus deberes de seguridad y protección en el marco de un paro nacional de transportadores, en tanto que los manifestantes le rociaron gasolina y le prendieron fuego, producién dole quemaduras de tercer grado, las cuales le causaron secuelas permane ntes y, de igual forma, le incineraron el vehículo de carga que conducía. 2.2. El proceso se identificó con el radicado 76001-33-33-021-2018-00206-00 y su conocimiento le correspondió al Juzgado 21 Administra tivo de Cali, que mediante sentencia del 16 de marzo de 2021 negó las pretensiones de la demanda, al concluir que no se acreditó que las enti dades accionadas hubiesen desconocido sus deberes constitucionales, d ada la imprevisibilidad del evento adverso sufrido por el señor Villota, ni que se solicitara una medida de protección especial que se hubiese desatendido. 2.3. La sentencia de primera instancia fue recurrida por la parte demandada. 2.4. El Tribunal Administrativo del Valle de Cauca me diante sentencia del 26 de
de protección especial que se hubiese desatendido. 2.3. La sentencia de primera instancia fue recurrida por la parte demandada. 2.4. El Tribunal Administrativo del Valle de Cauca me diante sentencia del 26 de septiembre de 2025 confirmó la negativa de las pret ensiones, al considerar que no existía sustento probatorio que permitiera ase gurar que las lesiones y pérdidas materiales advertidas se produjeron por omisiones de las autoridades frente a sus deberes de seguridad y protección, dado que no se demostró que las entidades tuvieran conocimiento específico y co ncreto del riesgo que enfrentaba el señor Villota, ni que este hubiese soli citado una protección especial para garantizar su movilización.
3. Fundamentos de la acción 3.1. La parte actora argumentó que la demanda de tute la cumplía con los requisitos de procedencia excepcional establecidos en las sent encias SU-961/99 y T466/20, debido a que se vulneraron los derechos funda mentales de una víctima en condición de discapacidad, así mismo, so stuvo que no existían otros mecanismos judiciales que permitieran obtener la reparación integral pretendida, que la acción constitucional se ejerció d entro de un término razonable, dado que la sentencia cuestionada se profi rió el 26 de septiembre de 2025 y porque al proferir el referido fallo se incurri ó en un error de juicio, al exigir prueba de solicitud individual de protección y al desconocer el estándar de imputación por omisión previsto por el Consejo de Estado. 3.2. La parte actora expuso que se ignoró la jurispru dencia del Consejo de Estado, que ha reiterado que «la responsabilidad por omisión se configura cuando el riesgo es
de imputación por omisión previsto por el Consejo de Estado. 3.2. La parte actora expuso que se ignoró la jurispru dencia del Consejo de Estado, que ha reiterado que «la responsabilidad por omisión se configura cuando el riesgo es evidente, conocido y exigible, sin necesidad de que se conozca el modus operandi exacto» y referenció la sentencia del 4 de diciembre de 2020 co n el radicado 20001-2339-001-2015-00375-01. Al respecto, planteó que la exigencia de la prueba s obre el modus operandi exacto del ataque que sufrió la víctima desnaturaliza el estándar de imputación por omisión y trasladar al demandante una carga probatoria desproporcionada, contraria a lo dispuesto en el artículo 167 del CGP. 3.3. Además, señaló que la autoridad judicial accio nada omitió valorar pruebas que acreditaban la posición de garante asumida por el Esta do frente a los transportadores, el reconocimiento institucional del riesgo en el corredor vial y la reacción posterior al evento violento por parte de las autoridades, lo que confirmaría la previsibilidad del daño y, en este mis mo sentido, aseveró que dejaron de analizar medios probatorios contenidos en el expediente relacionados con el contexto del riesgo, como: las minutas de policía y órdenesRadicado: 11001-03-15-000-2025-06245-00
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 operativas, el oficio SETRA No. 265 del 18 de junio de 2016, la solicitud de
www.consejodeestado.gov.co 3 operativas, el oficio SETRA No. 265 del 18 de junio de 2016, la solicitud de refuerzo antidisturbios que no se atendió, el reconoci miento oficial de disturbios en el Km 74 y la activación de caravanas de seguridad inmediatamente después del siniestro. 3.4. Por otra parte, se indicó que se desconoció el pri ncipio de protección reforzada en contextos de alteración del orden público, con lo que se vulneró el artículo 2 de la Constitución Política y la doctrina sobre el deber funcional de protección.
4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 10 de octubre de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela interpuesta por Jaime Alfonso Villota Benavides contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Tercera de Dec isión y se vinculó, en calidad de terceros con interés, a la Nación, Ministeri o de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional y al Municipio de Dagua, por ser las entidades demandadas en el proceso ordinario; así mismo, a Doris Marlen Villota Benavides, Rut Helena Villota Benavides, Janeth Gracie la Villota Benavidez y a JLVC, como demandantes en el proceso de reparación directa; de igual forma, al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Juzgado 21 Administrativo de Cali, este último por haber proferido la sentencia de primera instancia.
De otra parte, se ofició al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que notificara a los demandantes del proceso ordinario y p ara que remitiera en
la sentencia de primera instancia. De otra parte, se ofició al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que notificara a los demandantes del proceso ordinario y p ara que remitiera en medio digital la copia del expediente con el radicado 76001-33-33-021-0020600/01, así como al señor Jaime Alfonso Villota Benav ides para que aportara las direcciones de notificación de las referidas acci onantes. También se le ordenó a la Secretaría General fijar un aviso informándole a los accionantes del proceso de reparación directa sobre la existencia de la presente acción constitucional y, con el mismo objet o, se ofició a la Oficina de Sistemas de la Corporación para que publicara en la p ágina web un aviso, haciéndoles saber que podían acudir al trámite de la tutela si lo consideraban necesario. 4.2. El Juzgado 21 Administrativo de Cali , después de hacer un recuento del trámite y de las decisiones adoptadas en el proceso contencioso administrativo, tanto de primera como de segunda instancia, el juez a cargo de ese despacho sostuvo que como la razón de la inconf ormidad del accionante se resumía en que no se accedió a sus pretensiones, como defensa, se remitía a los argumentos expuestos en el fallo que profirió el 16 de marzo de 2021, en tanto que en este se plasmaron las razones de hecho y de derecho que sirvieron de sustento para adoptar la decisión. 4.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala T ercera de Decisión, a través del magistrado ponente de la sentencia cues tionada, manifestó que los defectos expuestos por la parte actora estaban dir igidos a lograr una
4.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala T ercera de Decisión, a través del magistrado ponente de la sentencia cues tionada, manifestó que los defectos expuestos por la parte actora estaban dir igidos a lograr una tercera instancia, lo cual resultaba improcedente. Se ñaló que la decisión que adoptó la Sala contó con el análisis probatorio neces ario y la carga argumentativa exigida para arribar a esa conclusión. Aunado a la expuesto, indicó que en la providencia d e segunda instancia lo que se exigía era la necesidad de demostración de un riesgo concreto y particular, de conformidad con lo previsto por la juris prudencia del Consejo de Estado, y no la acreditación de una previsibilidad ind ividual o modalidad específica del riesgo.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06245-00
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Por lo expuesto, señaló que más que un defecto de la sentencia, lo que alegó el accionante era más un desacuerdo con la decisión, lo cual no habilita el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que solicitó que se declarara improcedente el amparo y se negaran las pretensiones de la demanda. 4.4. El Ministerio de Defensa, Policía Nacional , pidió que no se accediera al amparo solicitado, en tanto que en ningún momento s e le vulneraron los derechos del accionante, porque en el proceso de repa ración directa se le
demanda. 4.4. El Ministerio de Defensa, Policía Nacional , pidió que no se accediera al amparo solicitado, en tanto que en ningún momento s e le vulneraron los derechos del accionante, porque en el proceso de repa ración directa se le otorgaron todas las garantías, pero la parte actora no logró demostrar los elementos necesarios para estructurar la responsabilida d del Estado en el caso concreto. 4.5. Janneth Graciela Villota Benavides, Ruth Helena Villota Benavides, Doris Marlén Villota Benavides y José Luis Villota Cano, en su calidad de vinculados al proceso como terceros con interés, por ser demandantes dentro del proceso de reparación directa, a través de apoderado judicial, manifestaron que apoyaban las pretensiones formuladas por el seño r Jaime Alfonso Villota Benavides, en especial la solicitud de nulidad de la sentencia de segunda instancia y la emisión de una nueva providencia en l a que se valoren íntegramente las pruebas y se aplique el precedente j urisprudencial sobre responsabilidad estatal por omisión. Además, solicitaron que se les garantizara su particip ación efectiva en el trámite de la tutela, como terceros con interés, de conformidad con lo ordenado en el auto admisorio de la demanda y el principio de igualdad procesal, así como que se ampararan los derechos fundamentales invo cados en la demanda de tutela. 4.6. El municipio de Dagua, a través de la jefe de la oficina jurídica, indicó que los hechos que fundamentaron la acción constitucional no tienen relación directa con las actuaciones del ente territorial, por lo que , a su juicio, se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del municipio. Además,
hechos que fundamentaron la acción constitucional no tienen relación directa con las actuaciones del ente territorial, por lo que , a su juicio, se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del municipio. Además, solicitó que se declarara improcedente la acción de t utela en relación con las pretensiones del accionante o, en su defecto, que se negaran.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la ac ción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremed iable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional con tra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4
3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ant e los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protecci ón inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protecci ón inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autori dad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra provi dencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanism osRadicado: 11001-03-15-000-2025-06245-00
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, s e deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 6 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizars e con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esencial es del derecho al debido proceso. Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un a mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los r equisitos debe restringirse
proceso. Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un a mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los r equisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervi nientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico De acuerdo con lo anterior y por tratarse de una acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala deberá determinar, en primer lug ar, si la acción de tutela supera el examen general de procedibilidad, en especial el presupuesto de relevancia constitucional.
En caso de superar dicho examen, el problema jurídico se concentrará en establecer si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sal a Tercera de Decisión, incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial al proferir la sentencia del 26 de septiembre de 2025 en el proceso de reparación directa identificado con el radicado No. 76001-33-33-021-20 18-00206-01.
4. Requisito de relevancia constitucional: su alcance y análisis en el caso particular 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de p roteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la contr oversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimien to.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimien to. Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo seña lado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 20 18, ha fijado algunos criterios orientadores: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiarie dad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término pr udencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evide nte relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra provid encias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico , iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por erro r inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por descon ocimiento del precedente y viii) defecto por violación di recta de la Constitución. 6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 d e 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo d e Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06245-00
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable l a relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».7 Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fund amentales de la decisión
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fund amentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adi cional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la ob ligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derrib ar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los pro cedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instanci a adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir e n los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes. En línea con el último criterio de la relevancia const itucional, corresponde al juez verificar que la tutela no se esté utilizando c omo si fuera una instancia adicional al proceso en el cual se profirió la prov idencia atacada. Para tal
competentes. En línea con el último criterio de la relevancia const itucional, corresponde al juez verificar que la tutela no se esté utilizando c omo si fuera una instancia adicional al proceso en el cual se profirió la prov idencia atacada. Para tal propósito, se debe constatar que los cargos expuestos en el respectivo medio de control y los desarrollados en el escrito de tutela sean iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural. 4.2. En el caso en concreto, la inconformidad de la parte actora con el fallo de primera instancia radica en que, a su juicio, no era procedente exigirle prueba de solicitud individual de protección y en haber des conocido el tribunal accionado el estándar de imputación por omisión, previsto en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Lo anterior, por exigirse la prueb a sobre el modus operandi exacto del ataque que sufrió la víctima, y por tanto , trasladarle una carga probatoria desproporcionada. Así mismo, adujo que se desconocieron medios de prue ba que obraban en el expediente, relacionados con el contexto del riesgo, tales como: (i) las minutas de policía y órdenes operativas, (ii) el oficio SETRA No. 265 del 18 de junio de 2016, (iii) la solicitud de refuerzo antidisturbios que no se atendió, (iv) el reconocimiento oficial de disturbios en el Km 74 y, (v ) la activación de caravanas de seguridad inmediatamente después del sin iestro. Finalmente, el accionante cuestionó que se hubiera d esconocido el principio de protección reforzada en contextos de alteración del orden público, con lo
caravanas de seguridad inmediatamente después del sin iestro. Finalmente, el accionante cuestionó que se hubiera d esconocido el principio de protección reforzada en contextos de alteración del orden público, con lo que se vulneró el artículo 2 de la Constitución Polít ica y la doctrina sobre el deber funcional de protección.
7 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06245-00
Demandante: Jaime Alfonso Villota Benavides
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 4.3. De conformidad con lo anterior, resulta relevante destacar que en la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado 21 Admin istrativo de Cali negó las pretensiones de la demanda, porque si bien enc ontró acreditado el daño, al momento de analizar la imputación frente a las entidades demandadas, con base en los elementos probatorios aportados al proceso, determinó que no se acreditó omisión alguna del deber de protección por par te de las autoridades competentes; contrastando los hechos en los que se produjo el ataque del que fue víctima el señor Jaime Alfonso Villota Benavides y las actuaciones desplegadas por la fuerza pública en el marco de la a lteración del orden público. En esa instancia, se concluyó lo siguiente: «En ese sentido, si bien la fuerza pública tiene el deber legal de proteger la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, solo se le puede endilgar responsabilidad por omisión del deber de seguridad cuando este conoce la situación de peligro, ya sea porque el afectado
«En ese sentido, si bien la fuerza pública tiene el deber legal de proteger la vida, honra y bienes de los residentes en Colombia, solo se le puede endilgar responsabilidad por omisión del deber de seguridad cuando este conoce la situación de peligro, ya sea porque el afectado solicitó protección especial o porque resultaba evidente la exposición al mismo. En ese orden de ideas, advierte el despacho que en el p resente asunto no se encuentran elementos probatorios que indiquen que las demandadas tenía conocimiento de la necesidad de protección especial del señor Jaime A. Villota, pues si bien fue de público conocimiento el paro nacional de transportadores que tuvo lugar a par tir del 07 de junio de 2016, el cual se prolongó por más de 30 días, lo cierto es que no obran pruebas en el plenario que indiquen que, previo al fatídico incidente del 16 de junio, se r equeriría de una labor de protección especial diferente a las que ya estaba implementando la fuerza pública, tales como patrullajes, controles en los sitios de concentración de personas, rete nes y puestos de control en diferentes puntos de las vías; aunado a ello, no reposa e n el plenario prueba que dé cuenta que el conductor afectado hubiera solicitado protección especial para realizar el recorrido en el cual resultó agredido. Si bien el oficio No. 265 del 18 de junio de 2016, suscrito por la Policía Nacional - Seccional Tránsito y Transporte del Valle del Cauca, da cuenta de una afectación a la movilidad en el km. 70 + 300 metros del sector la Yolomba, lugar cercano al de ocurrencia de los hechos, lo cierto es que dicha afectación se debía al paso restrin gido de vehículos por derrumbe y la
km. 70 + 300 metros del sector la Yolomba, lugar cercano al de ocurrencia de los hechos, lo cierto es que dicha afectación se debía al paso restrin gido de vehículos por derrumbe y la cantidad de vehículos de carga que transitaban por esa vía; más adelante en el mismo informe, se indica que en el km 74 del sector Zabaletas se estaban presentando alteraciones al orden público, pues se encontraban allí vehículos tractocamión parqueados con pancartas alusivas al paro de transportadores y una concentración de personas lanzando piedras a los vehículos, razón por la se dispuso un puesto fijo en ese lugar y se solicitó apoyó con personal antidisturbios al comandando del distrito de Policía de Dagua, sin tener respuesta positiva. Frente al último punto del informe anterior debe decirse, en primer lugar, que la alteración al orden público se concentró en un punto específico y reti rado por aproximadamente 4 kilómetros del lugar donde ocurrió el incidente reclama do, adicionalmente, si bien podría decirse que la acciones de la Policía Nacional fueron insuficientes para controlar la situación presentada por no atender la solicitud de personal an tidisturbios, lo cierto es que dichos escuadrones tienen la función de controlar disturbios ocasionados por multitudes, por lo cual los mismos habrían sido ubicados en el Km. 74 del sector d e Zabaletas, razón por la que su presencia en dicho lugar no se traduce en garantía de seguridad para todo el corredor vial y, por ende, su ausencia no es la causa directa en la producción del daño. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la agresión no fue causada en un punto de aglomeración de manifestantes, sino que vino de dos sujetos que se movilizaban
por ende, su ausencia no es la causa directa en la producción del daño. Lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la agresión no fue causada en un punto de aglomeración de manifestantes, sino que vino de
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