CE - Sentencia 11001031500020250625000

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250625000
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06250-00

Demandante: Yesid Romanos Linares

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D C., 13 de noviembre de 2025

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06250-00

Demandante: YESID ROMANOS LINARES

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y

OTRO

Temas: Contra providencias judiciales dictadas en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Defecto sustantivo, fáctico y por violación directa de la Constitución. Improcedencia de la acción de tutela. Relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Yesid Romanos Linares contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 3 de septiembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado, el señor Yesid Romanos Linares pidió la protección de sus derechos fundamentales al trabajo y a la seguridad social.

El 3 de septiembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado, el señor Yesid Romanos Linares pidió la protección de sus derechos fundamentales al trabajo y a la seguridad social.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión a las sentencias del 21 de julio de 2023 y del 5 de septiembre de 2024, dictadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que denegaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2022-00552-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

Con base en los hechos, fundamentos, argumentos y de lo probado en el medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, solicito al señor Presidente del Consejo de Estado, que previo al reparto de la presente acción de tutela y de conformidad al artículo 2.2.3.1.2.4. del Decreto 1069 de 2015, para determinar la conformación de la sala de decisión con la cual se avoque el conocimiento de la presente acción de tutela que se ejerce contra actuaciones de la propia corporación, y con el fin de garantiz ar el debido proceso, y al estar un numero plural de los Magistrados de dicha corporación en inhabilidades e incompatibilidades por tener o haber tenido medio de control adelantados por este togado con las pretensiones antes descritas a favor de mis poderdantes, se conforme y nombre una sala de conjueces para el presente asunto, en razón a que hasta la fecha, los magistrados de dicha

por este togado con las pretensiones antes descritas a favor de mis poderdantes, se conforme y nombre una sala de conjueces para el presente asunto, en razón a que hasta la fecha, los magistrados de dicha corporación han omitido salvaguardar el cumplimiento de la sentencia C -931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Honorable Corte Constitucional. De conformidad a lo actuado, solicito se tutelen a favor del señor YESID ROMANOS LINARES los derechos a la Seguridad Jurídica, al Trabajo en Condiciones Dignas y Justas, a la Irrenunciabilidad de la Seguridad Social en Materia Laboral, al Derecho del Mantenimiento del Poder Adquisitivo del Salario y su impacto en las Prestaciones Sociales y a la Garantía de Legalidad y alcance de la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado u otros mandatos de orden superior fijados por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125, por lo cual solicito se declare:Radicado: 11001-03-15-000-2025-06250-00

Demandante: Yesid Romanos Linares

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRIMERA: INFIRMAR, REVOCAR, Y/O DECLARAR la nulidad de la sentencia del veintiuno (21) de

julio de dos mil veintitrés (2023) y cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), proferidas respectivamente por la Subsección “E” Sección Segunda del Trib unal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado, radicado 25000 -23-42-000-2022-0055200 y 25000-23-42-000-2022-00552-01, dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, en consecuencia, disponer SEGUNDA: Dejar sin efecto la decisión proferida en la sentencia referida en la pretensión PRIMERA y en su lugar, Acceder a las pretensiones de acuerdo con el libelo del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho impetrado, y en consecuencia, ordenar que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la providencia de la presente acción de tutela, la Subsección “B” Sección Segunda del Consejo de Estado, profiera la sentencia correspondiente en derecho.

TERCERA: Las anteriores pretensiones, se fundamentan en el defecto factico, y material o sustantivo de la providencia, la cual es contraria al fin de garantizar el debido proceso y al trabajo en condiciones dignas y justas; la providencia además en si mism a se encuentra fundada en un defecto de falsa o errónea motivación y en un defecto por violación directa de la Constitución, además la providencia proferida por la Subsección “E” Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado, en una omisión, resultado de una actuación en contra de sentencia debidamente ejecutoriada, desconociendo los efectos vinculantes y

y la Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado, en una omisión, resultado de una actuación en contra de sentencia debidamente ejecutoriada, desconociendo los efectos vinculantes y resolutivos de la sentencia C -931 del veintinueve (29) de septiem bre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Corte Constitucional.

CUARTA: Que con el fin de determinar lo ordenado en la sentencia C -931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D5125 de la Corte Constitucional, se establezca y declare la pérdida de poder adquisitivo del valor consagrado como asignación básica y gastos de representación fijados en los decretos salariales por el Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2 del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio de 1992), y la consecuente diferencia efectuada en las anualidades de los años 1993 a 2004, ello, como consecuencia del ajuste año a año realizado por parte del Gobierno Nacional, y la que realmente corresponde por ajustes de la inflación causada respecto del año inmediatamente anterior, los cuales se encuentran establecidos en las escalas de asignación básica de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva, entre los cuales se fijan la de los Ministros de Despacho, con la expedición de los Decretos 11 de 1993 (Diario Oficial No. 40.711,

de 7 de enero de 1993), 42 de 1994 (Diario Oficial No. 41.168, de 11 de enero 1994), 25 de 1995 (Diario Oficial No. 41.673 de 13 de enero de 1995), 10 de 1996 (Diario Oficial No. 42.689, de 17 de enero de 1996), 31 de 1997 (Diario Oficial No. 42.960, de 17 de enero de 1997), 1758 de 1997 (Diario Oficial No. 43.083, de 14 de julio de 1997), 40 de 1998 (Diario Oficia l No. 43.212, de 10 de enero de 1998), 35 de 1999 (Diario Oficial No. 43.473, de 8 de enero de 1999), 2720 de 2000 (Diario Oficial No. 44.272, de 27 de diciembre de 2000), 2710 de 2001 (Diario Oficial No. 44.651, de 19 de diciembre de 2001), 660 de 2002 (Diario Oficial No. 44.770, de 15 de abril de 2002), 3535 de 2003 (Diario Oficial No. 45.397, de 10 de diciembre de 2003), 4150 de 2004 (Diario Oficial No. 45.761, de 13 de diciembre de 2004), pérdida de poder adquisitivo con la que se viene causando una serie de daños y perjuicios, con la cual se afecta el núcleo esencial del derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario de manera permanente desde el año 2004 a la fecha.

QUINTA: De conformidad al ordinal quinto de la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de

el núcleo esencial del derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario de manera permanente desde el año 2004 a la fecha.

QUINTA: De conformidad al ordinal quinto de la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D -5125 de la Corte Constitucional, y al existir vicios sustanciales insubsanables con los cuales el Gobierno Nacional ha expedido los Decretos 916 de 2005 (Diario Oficial No. 45.865, de 31 de marzo de 2005), 372 de 2006 (Diario Oficial No. 46.177, de 9 de febrero de 2006), 600 de 2007 (Diario Oficial No. 46.558, de 2 de marzo de 2007), 643 de 2008 (Diario Oficial No. 46.921, de 4 de marzo de 2008), 708 de 2009 (Diario Oficial No. 47.283, de 6 de marzo de 2009), 1374 de 2010

(Diario Oficial No. 47.692, de 26 de abril de 2010), 1031 de 2011 (Diario Oficial No. 48.032, de 4 de abril de 2011), 853 de 2012 (Diario Oficial No. 48.4 12, de 25 de abril de 2012), 1029 de 2013 (Diario Oficial No. 48.794, de 21 de mayo de 2013), 199 de 2014 (Diario Oficial No. 49.057, de 9 de febrero de 2014),

1101 de 2015 (Diario Oficial No. 49.523, de 26 de mayo de 2015), 229 de 2016 (Diario Oficial No. 49.784, de 12 de febrero de 2016), 999 de 2017 (Diario Oficial No. 50.259, de 9 de junio de 2017), 330 de 2018 (Diario Oficial No. 50.512, de 19 de febrero de 2018), 1011 de 2019 (Diario Oficial No. 50.976, de 6 de junio de 2019), 304 de 2020 (Diario Ofic ial No. 51.240, de 27 de febrero de 2020), 961 de 2021 (Diario Oficial No. 51.774, de 22 de agosto de 2021), 471 de 2022 (Diario Oficial No. 51.991, de 29 de marzo de 2022), 905 de 2023 (Diario Oficial No. 52.414, de 2 de junio de 2023), 301 de 2024 (Diari o Oficial No. 52.689, de 5 de marzo de 2024) y 611 de 2025 (Diario Oficial No. 53.138, de 4 de junio de 2025), por los cuales se fijan las escalas de asignación básica de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, entre los cuales se fijan las de los Ministros de Despacho y evidenciándose que la pérdida de poder adquisitivo acumulado en las anualidades de los años 1992 a 2004, no han sido reconocidas. Decretar la Nulidad de estos en la parte pertinente de conformidad a las pretensiones inicialmente solicitadas en el medio de control y/o inaplicar por vía de excepción dichos decretos.

2004, no han sido reconocidas. Decretar la Nulidad de estos en la parte pertinente de conformidad a las pretensiones inicialmente solicitadas en el medio de control y/o inaplicar por vía de excepción dichos decretos.

SEXTA: Que según lo determinado y ordenado en la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D -5125 de la Corte Constitucional, y una vez establecida y declarada la pérdida de poder adquisitivo del valor consagra do como asignación básica y gastos de representación fijados en los decretos salariales por el Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho a partir de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2 del Decreto 872 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461,Radicado: 11001-03-15-000-2025-06250-00

Demandante: Yesid Romanos Linares

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de 2 de junio de 1992), y los decretos subsiguientes con los cuales, se han realizado los ajustes año a año en el periodo comprendido entre los años 1993 a 2025, se declare igualmente, la pérdida de poder adquisitivo al valor fijado como asignación básica y/o sueldo básico de un oficial en el grado de General o Almirante, ello consecuentemente de la implicación directa, material y objetiva que consagran, la asignación básica y los gastos de representación fijados por el Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho, en la liquidación del Sueldo Básico de un oficial en el grado de General o Almirante, de que

asignación básica y los gastos de representación fijados por el Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho, en la liquidación del Sueldo Básico de un oficial en el grado de General o Almirante, de que tratan los artículos 14 y 15 del Decreto 921 de junio 2 de 1992 (Diario Oficial No. 40.461, de 2 de junio de 1992), y del artículo 2º de los Decretos 25 de 1993 (Diario Oficial No. 40.711, de 7 de enero de 1993), 65 de 1994 (Diario Oficial No. 41.168, de 11 de enero 1994), 133 de 1995 (Diario Oficial No. 41.676 de 13 de enero de 1995), 107 de 1996 (Diario Oficial No. 42.693, de 18 de enero de 1996), 122 de 1997 (Diario Oficial No. 42.965, de 23 de enero de 1997), 2072 de 1997 (Diario Oficial No. 43.113, de 25 de agosto de 1997), 58 de 1998 (Diario Oficial No. 43.212, de 10 de enero de 1998), 62 de 1999 (Diario Oficial No. 43.473, de 8 de enero de 1999), 2724 de 2000 (Diario Oficial No. 44.272, de 27 de diciembre de 2000), 2737 de 2001 (Diario Oficial No. 44.651, de 19 de diciembre de 2001), 745 de 2002 (Diario

Oficial No. 44.773, de 18 de abril de 2002), 3552 de 2003 (Diario Oficial No. 45.398, de 11 de diciembre de 2003), 4158 de 2004 (Diario Oficial No. 45.761, de 13 de diciembre de 2004), 923 de 2005 (Diario Oficial No. 45.865, de 31 de marzo de 2005), 407 de 2006 (Diario Oficial No. 46.178, de 10 de febrero de 2006), 1515 de 2007 (Diario Oficial No. 46.62 1, de 7 de mayo de 2007), 673 de 2008 (Diario Oficial No. 46.921, de 4 de marzo de 2008), 737 de 2009 (Diario Oficial No. 47.283, de 6 de marzo de 2009), 1530 de 2010 (Diario Oficial No. 47.698, de 3 de mayo de 2010), 1050 de 2011 (Diario Oficial No. 48.032, de 4 de abril de 2011), 842 de 2012 (Diario Oficial No. 48.412, de 25 de abril de 2012), 1017 de 2013 (Diario Oficial No. 48.794, de 21 de mayo de 2013), 187 de 2014 (Diario Oficial No. 49.057, de 9 de febrero de 2014), 1028 de 2015 (Diario Oficial No. 49.519, de 22 de mayo de 2015), 214 de 2016 (Diario

Oficial No. 49.784, de 12 de febrero de 2016), 984 de 2017 (Diario Oficial No. 50.259, de 9 de junio de 2017), 324 de 2018 (Diario Oficial No. 50.512, de 19 de febrero de 2018), 1002 de 2019 (Diario Ofici al No. 50.976, de 6 de junio de 2019), 318 de 2020 (Diario Oficial No. 51.240, de 27 de febrero de 2020), 976 de 2021 (Diario Oficial No. 51.774, de 22 de agosto de 2021), 466 de 2022 (Diario Oficial No. 51.991, de 29 de marzo de 2022), 910 de 2023 (Diario Oficial No. 52.414, de 2 de junio de 2023), 305 de 2024 (Diario Oficial No. 52.689, de 5 de marzo de 2024) y 615 de 2025 (Diario Oficial No. 53.138, de 4 de junio de 2025), evidenciándose primariamente la pérdida acumulada de poder adquisitivo del sueldo básico de un General o Almirante, en las anualidades de los años 1992 a 2004; lo que genera una pérdida de poder adquisitivo causada y acumulada en el periodo comprendido entre los años 1992 a 2004, con la que se viene causando una serie de daños y perjuicios a mi prohijado a partir del año 2004 y posteriores, por el incumplimiento de la sentencia C -931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Honorable Corte Constitucional.

SEPTIMA: Que como consecuencia de las anteriores pretensiones, se declare igualmente, la pérdida

mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Honorable Corte Constitucional.

SEPTIMA: Que como consecuencia de las anteriores pretensiones, se declare igualmente, la pérdida del poder adquisitivo al valor porcentual fijado como sueldo básico a mi prohijado y que según la Escala Gradual Porcentual se encuentra establecido en el grado de grado de CORONEL en un 67.1283%, ello consecuentemente de la implicación de manera directa, material y objetiva que consagran, la asignación básica y los gastos de representación fijados por el Gobierno Nacional a los Ministros de Despacho, y de la Asignación Básica y/o el Sueldo Básico de un oficial en el grado de General o Almirante, según lo establece el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992, de conformidad al desarrollo contenido inicialmente en los Decretos 872 y 921 de 1992, con los cuales se estructu ro la base para consolidar una Escala Gradual Porcentual para el personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo y agentes de la Fuerza Pública; Escala Gradual Porcentual con la cual, se fijan los sueldos básicos mensuales a los integrantes de la Fuerza Pública, los cuales corresponden al porcentaje que se indica para cada grado, con respecto a la asignación básica del grado de General; Teniéndose que dicha asignación básica no fue establecida, se ha de tener de presente el desarrollo que sobre el sueldo básico indicado, conllevó la pérdida acumulada efectuada en las anualidades de los años 1992 a 2004, lo anterior, como consecuencia de la forma como el Gobierno Nacional ajusta año a año, la asignación básica y los gastos de representación de los Ministros de Despacho, lo cual tiene una implicación directa, material y objetiva

consecuencia de la forma como el Gobierno Nacional ajusta año a año, la asignación básica y los gastos de representación de los Ministros de Despacho, lo cual tiene una implicación directa, material y objetiva sobre el sueldo básico de un oficial en el grado de General o Almirante; evidenciándose primariamente la pérdida acumulada de poder adquisitivo del sueldo básico de un General o Almirante, en las anualidades de los años 1992 a 2004; lo que genera una pérdida de poder adquisitivo causada y acumulada en el periodo comprendido entre los años 1992 a 2004, aplicable en la Escala Gradual Porcentual, con la que se viene causando una serie de daños y perjuicios a mi prohijado a partir del año 2004 y posteriores, por el incumplimiento de la sentencia C -931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 de la Honorable Corte Constitucional.

OCTAVA: De conformidad al parágrafo del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, se realicen las declaraciones, que el despacho judicial llegare a encontrar debidamente probadas dentro de la presente acción de tutela, teniéndose como precedente los artículos 4 , 13, 25, 48, 53, 123, 150, 230 y 334 de la Constitución Política y las disposiciones contenidas en las Leyes 42 de 1980, 1 de 1986, 4 de 1992, y al mandato Constitucional ordenado al Gobierno Nacional y al Congreso de la Republica en la sentencia C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D -5125.

NOVENA: Como medida restaurativa, ordénese al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al Ministro

C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D -5125.

NOVENA: Como medida restaurativa, ordénese al Ministro de Hacienda y Crédito Público, al Ministro de Defensa Nacional, al Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, al Director de la Policía Nacional, al Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y a los funcionarios judiciales que avocaron el conocimiento y profirieron sentencia en los procesos con radicación 2500023-42-000-2022-00552-00 У 25000 -23-42-000-2022-00552-01; a que en evento público dé amplia difusión y publicación se de a conocer lo resuelto en la presente acción de tutela, siendo el mismoRadicado: 11001-03-15-000-2025-06250-00

Demandante: Yesid Romanos Linares

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co trasmitido a través de los canales institucionales del Estado Colombiano, y que en dicho acto las autoridades deberán expresar sus responsabilidades, y expresen las disculpas por la violación a que fue objeto el señor YESID ROMANOS LINARES por parte del Estado Colombiano desde el año 2005 al no ser restaurado su derecho a mantener mi pensión acorde al derecho de mantener el poder adquisitivo, tal como quedo ordenado en sentencia judicial C-931 del veintinueve (29) de septiembre de dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 por la Honorable Corte Constitucional.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

dos mil cuatro (2004), expediente D-5125 por la Honorable Corte Constitucional.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

3.1. Actuación administrativa

Manifestó el actor que ingresó a la Policía Nacional en el grado de subteniente el 5 de noviembre de 1991 y que se retiró del servicio el 20 de marzo de 2019, cuando ostentaba el grado de coronel. Que durante su vinculación con la entidad recibió su asigna ción básica conforme con el incremento anual fijado por el Gobierno Nacional a través de los correspondientes decretos dictados sobre el asunto.

Que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) le reconoció asignación de retiro, conforme con la hoja de servicios 79482347 del 27 de diciembre de 2018.

El 16 de octubre de 2019, el actor solicitó a la Policía Nacional y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) que reliquidara n y pagara n las diferencias prestacionales y salariales que había recibido entre los años de 1992 y el 2004, conforme con la inflación causada en esos años.

A través de los oficios S-2019-069232/ANOPA-GRULI-1.10 del 18 de noviembre de 2019 y 533804 del 29 de enero de 2020, la Policía Nacional y CASUR, respectivamente, denegaron la mencionada solicitud.

3.2. Actuación judicial

El señor Yesid Romanos Linares promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

3.2. Actuación judicial

El señor Yesid Romanos Linares promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), para que se declarara la nulidad de los oficios S-2019-069232/ANOPA-GRULI1.10 del 18 de noviembre de 2019 y 533804 del 29 de enero de 2020. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara la reliquidación y pago de su asignación salarial y, en consecuencia, de su asignación de retiro, conforme con la variación del IPC de los años 1992 al 2004.

Adicionalmente, que se adicionara o modificara su hoja de servicios, que se le reconocieran y pagaran perjuicios por la retención injustificada y arbitraria de sus salarios y prestaciones sociales y que se le pagara la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 1006, así como perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

La demanda se adelantó bajo el radicado 25000-23-42-000-2022-00552-00 y correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que, por sentencia del 21 de julio de 2023, denegó las pretensiones y condenó en costas a la parte actora, al considerar que el Gobierno Nacional solo debía incrementar los salarios conforme al IPC de los funcionarios que devengaban hasta 2 SMLMV, que, sin embargo, los coroneles de la Policía Nacional percibía una asignación superior a ese monto.

Que el salario podía limitarse en el sentido de ser actualizado en un monto inferior a la

sin embargo, los coroneles de la Policía Nacional percibía una asignación superior a ese monto.

Que el salario podía limitarse en el sentido de ser actualizado en un monto inferior a la variación del IPC y que ello no constituía una vulneración del derecho a mantener el poder adquisitivo de esa remuneración. Que la limitación al principio de mantener el poder adquisitivo de los salarios no era una deuda a favor de los servidores públicos.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06250-00

Demandante: Yesid Romanos Linares

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Inconforme, el demandante apeló y manifestó que el a quo se había apartado , sin justificación, de lo previsto en la sentencia C -931 de 2004 dictada por la Corte Constitucional, que, según dijo, protegía el poder adquisitivo de los salarios de los servidores públicos.

Por sentencia del 5 de septiembre de 2024 1, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, confirmó la decisión apelada, básicamente por las mismas consideraciones del a quo.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En cuanto al fondo del asunto, si bien la parte actora alegó cargos por defecto sustantivo y por desconocimiento del precedente, lo cierto es que esos argumentos están dirigidos a evidenciar la configuración de un defecto sustantivo, debido a que, a juicio del

En cuanto al fondo del asunto, si bien la parte actora alegó cargos por defecto sustantivo y por desconocimiento del precedente, lo cierto es que esos argumentos están dirigidos a evidenciar la configuración de un defecto sustantivo, debido a que, a juicio del tutelante, las autoridades judiciales demandadas desconocieron los efectos de la sentencia C-931 de 2004 dictada por la Corte Constitucional, que, según la parte actora, imponía que se accediera a las pretensiones de la demanda del proceso ordinario, debido a que si tenía derecho al reajuste solicitado, porque su asignación básica entre los años 1992 al 2004 no había sido liquidada conforme a la inflación.

Además, invocó un defecto por violación directa de la Constitución , porque en las providencias acusadas se habían inaplicado los artículos 13, 26, 48, 53, 216, 217, 218 y 230 de la Constitución Política. Así como un defecto fáctico, porque no se examinaron las pruebas que demostraban la vulneración sistemática del núcleo esencial de su salario, que, dijo, desvalorizó el poder adquisitivo del mismo.

5. Trámite procesal

Por auto del 14 de octubre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, y en calidad de terceros con interés, al ministro de defensa nacional, al director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) y al director general de la Policía Nacional.

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, y en calidad de terceros con interés, al ministro de defensa nacional, al director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) y al director general de la Policía Nacional.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 16 de octubre de 2025.

6. Intervenciones

El magistrado del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, ponente de la sentencia del 5 de septiembre de 2024, solicitó que se denegara el amparo constitucional pretendido. Manifestó que la acción de tutela n o podía ser considerada como una tercera instancia para revivir interpretaciones o valoraciones que fueron contrarias a lo resuelto en el proceso ordinario.

Que bastaba con revisar las consideraciones de la sentencia del 5 de septiembre de 2024 para evidenciar que sí se había examinado el caso concreto a la luz de la sentencia C931 de 2004. Que los argumentos de la solicitud de amparo correspondían a los mismos que fueron expuestos en el proceso ordinario.

1 Comunicada por correo electrónico del 3 de abril de 2025.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06250-00

Demandante: Yesid Romanos Linares

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Que la discrepancia con las decisiones cuestionadas no generaba los defectos alegados y que, por el contrario, la providencia objeto de tutela se ajustó a los principios de la sana

www.consejodeestado.gov.co Que la discrepancia con las decisiones cuestionadas no generaba los defectos alegados y que, por el contrario, la providencia objeto de tutela se ajustó a los principios de la sana crítica y autonomía judicial.

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR ) pidió que se denegara el amparo deprecado, al estimar que la acción de tutela no podía ser considerada como una instancia adicional del proceso ordinario, en la que se revivieran controversias sobre interpretaciones o valoraciones realizadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Dijo que no se advertía arbitrariedad y que los desacuerdos de la parte actora no eran suficientes para considerar que se incurrió en una vía de hecho.

La Policía Nacional pidió que se denegaran las súplicas de la parte actora, ante la improcedencia de la acción de tutela, por inexistencias de vulneración de los derechos fundamentales alegados.

Señaló que el estudio realizado por las autoridades judiciales demandadas se llevó a cabo conforme con el régimen especial aplicable al demandante y lo dispuesto en la Ley 4 de 1992. Que el Gobierno Nacional no estaba obligado a incrementar las asignaciones salariales, como lo afirmaba el tutelante.

Que no se acreditaba un perjuicio irremediable, debido a que el actor recibía su asignación de retiro.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E , se limitó a remitir el enlace del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2022-00552-00/01, sin embargo, nada dijo sobre el fondo del asunto.

limitó a remitir el enlace del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2022-00552-00/01, sin embargo, nada dijo sobre el fondo del asunto.

El Ministerio de Defensa Nacional no se pronunció, pese a que, como se vio, fue debidamente notificado.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Yesid Romanos Linares para dejar sin efectos las sentencias del 21 de julio de 2023 y del 5 de septiembre de 2024, dictadas p

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