CE - Sentencia 11001031500020250627900
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250627900
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Beatriz Esther Vieira Ordoñez Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06279-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06279-00
Demandante: BEATRIZ ESTHER VIEIRA ORDOÑEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia constitucional y declara carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la señora Beatriz Esther Vieira Ordoñez, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Con escrito radicado el 6 de octubre de 2025, la señora Beatriz Esther Vieira Ordoñez, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Con escrito radicado el 6 de octubre de 2025, la señora Beatriz Esther Vieira Ordoñez, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla , para que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, igualdad y efectividad de las sentencias judiciales.
La parte actora consideró vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de la providencia del 3 de abril de 2025, emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, que revocó el auto del 24 de abril de 2024, proferido por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, que accedió al decreto de medidas cautelares; igualmente, por el auto de obedézcase y cúmplase del 25 de agosto de 2025 emitido por el mismo juzgado, dentro del proceso ejecutivo con radicado 08 -001-33-33-012-202100177-01, promovido por la accionante contra el PAR ISS1–FIDUAGRARIA S.A..
1 Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación – P.A.R.
I.S.S.Demandante: Beatriz Esther Vieira Ordoñez Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06279-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06279-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 En concreto, solicitó a esta Corporación:
1. Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y efectividad de las sentencias judiciales.
2. Que se deje sin efectos la providencia del Tribunal Administrativo del Atlántico del 3 de abril de 2025 y el auto del Juzgado Doce Administrativo del 25 de agosto de 2025, en cuanto impidieron el cumplimiento de la sentencia y omitieron integrar debidamente al Ministerio de Salud.
3. Que se ordene al Juzgado Doce Administrativo:
4. Pronunciarse de inmediato sobre la solicitud de incorporación del
Ministerio de Salud y Protección Social.
5. Adoptar las medidas cautelares necesarias para garantizar el pago efectivo de la condena judicial objeto de ejecución.2.
1.2. Hechos
La parte actora narró los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto:
Relató que inició un proceso ejecutivo contra el PAR ISS – FIDUAGRARIA S.A., con radicado 08 -001-33-33-012-2021-00177-013, para hacer efectiva una decisión judicial emitida en 2014 4. En ese contexto, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla dispuso el embargo de las
con radicado 08 -001-33-33-012-2021-00177-013, para hacer efectiva una decisión judicial emitida en 2014 4. En ese contexto, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla dispuso el embargo de las cuentas de la entidad, mediante auto fechado el 24 de abril de 20245, amparado en las excepciones reconocidas por la Corte Constitucional para garantizar el cumplimiento de sentencias.
2 Trascripción literal del original con posibles errores. 3 La parte actora solicitó : «me permito formular ante su despacho ESCRITO DE SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES contra el extinto INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy representado por el PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL (P.A.R.I.S.S.), entidad que suscribió contrato de fiducia mercantil 015 de marzo con la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA con NIT: 800.159.998 (…) El embargo y retención de las sumas de dineros depositadas en cuentas corrientes, de ahorro o de cualquier otro título bancario o financiero que posea el PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL y FIDUAGRARIA S.A, (…)» 4 «DECRETAR el embargo y retención de los dineros que posee la demandada PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL y FIDUAGRARIA S.A, en las cuentas de ahorro o corrientes del Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular,
AUTONOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL y FIDUAGRARIA S.A, en las cuentas de ahorro o corrientes del Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco Colpatria, Bancolombia, Davivienda, Banco Caja Social, Banco Itau, siempre que dichos dineros correspondan a la tercera parte embargable de la renta bruta de la entidad ejecutada, bajo la condición que los recursos embargados, no están destinados a la prestación de un servicio público al tenor del numeral 3 del artículo 594 del CGP, y que no provengan de los recursos inembargables de que trata la Ley 715 de 2001 y la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso.». 5 « DECRETAR el embargo y retención de los dineros que posee la demandada PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL y FIDUAGRARIA S.A, en las cuentas de ahorro o corrientes del Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco Colpatria, Bancolombia, Davivienda, Banco Caja Social, Banco Itau, siempre que dichos dineros correspondan a la tercera parte embargable de la renta bruta de la entidad ejecutada, bajo la condición que los recursos embargado s, no están destinados a la prestación de un servicio público al tenor del numeral 3 del artículo 594 del CGP, y que no provengan de los recursos inembargables de que trata la Ley 715 de 2001 y la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso».Demandante: Beatriz Esther Vieira Ordoñez Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06279-00
del Proceso».Demandante: Beatriz Esther Vieira Ordoñez Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06279-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Señaló que la entidad, por medio de apoderado, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la medida cautelar decretada , frente a lo cual el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, mediante auto del 30 de julio siguiente resolvió no reponer la decisión recurrida y concedió la alzada, que fue remitida al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C.
Dicha corporación, mediante providencia del 3 de abril de 2025, revocó el auto apelado al considerar que las cuentas de FIDUAGRARIA estaban vinculadas a patrimonios autónomos y, por tanto, no podían ser objeto de embargo.
Indicó que el tribunal reconoció que el Ministerio de Salud y Protección Social debía responder subsidiariamente por las condenas impuestas al extinto ISS, conforme a los Decretos 2013 de 2012, 541 y 1051 de 2016. Sin embargo, no adoptó una decisión concreta para asegurar el cumplimiento del fallo, lo que dejó en suspenso la ejecución de la sentencia.
Señaló que, en cumplimiento de la providencia de segunda instancia, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla profirió auto el 25 de
en suspenso la ejecución de la sentencia.
Señaló que, en cumplimiento de la providencia de segunda instancia, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla profirió auto el 25 de agosto de 2025, limitándose a disponer: «Obedézcase y cúmplase lo resuelto por el tribunal». Sin embargo, omitió adoptar medidas que aseguraran la ejecución efectiva de la sentencia y guardó silencio frente a la solicitud de vinculación del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual fue presentada en tiempo y reiterada en múltiples oportun idades, sin que se emitiera pronunciamiento alguno.
Sostuvo que, como consecuencia de la decisión del tribunal y de la omisión del juzgado, su derecho a la ejecución de la sentencia quedó sin garantía real, pese a tratarse de una obligación clara, expresa y exigible.
Manifestó que, en ese contexto, no contaba con otro mecanismo judicial eficaz para obtener el pago de la acreencia, pues el proceso ejecutivo se hallaba suspendido y el pronunciamiento judicial impugnado obstaculizaba la adopción de medidas cautelares pertinentes.
1.3. Sustento de la vulneración
A juicio de la parte actora, con la providencia cuestionada se desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, igualdad y efectividad de las sentencias judiciales.
En su concepto, el fallo debatido incurrió en un defecto sustantivo al aplicar de forma errónea el principio de inembargabilidad de recursos públicos. El tribunal omitió que dicho principio no es absoluto, conforme lo ha reiterado la Corte Constitucional, y desconoció precedentes claros establecidos en las sentencias
forma errónea el principio de inembargabilidad de recursos públicos. El tribunal omitió que dicho principio no es absoluto, conforme lo ha reiterado la Corte Constitucional, y desconoció precedentes claros establecidos en las sentencias (C-546/92, C-354/97, C-192/15) que permiten el decreto de medidas cautelares para ejecutar decisiones que se encuentran en firme.
Sostuvo que la providencia judicial emitida por el juzgado vulneró el debido proceso al omitir el pronunciamiento sobre la solicitud expresa de vincular al Ministerio de Salud «defecto fáctico», pese a que el propio tribunal habíaDemandante: Beatriz Esther Vieira Ordoñez Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06279-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 reconocido su necesaria participación en el contradictorio. Tal omisión impidió resolver de fondo un aspecto procesal esencial, afectando la garantía de defensa de la accionante.
Manifestó que las decisiones cuestionadas vulneraron el acceso efectivo a la justicia, al revocar el embargo que garantizaba la ejecución de una acreencia reconocida desde 2014 y omitir la actuación frente al verdadero obligado, lo que consolidó una situación de denegación de justicia material.
En síntesis, la accionante alegó que las providencias refutadas configuraron una vía de hecho, al evidenciarse un defecto sustantivo en la actuación del tribunal y
consolidó una situación de denegación de justicia material.
En síntesis, la accionante alegó que las providencias refutadas configuraron una vía de hecho, al evidenciarse un defecto sustantivo en la actuación del tribunal y una omisión relevante por parte del juzgado. Esta doble falencia vulneró los artículos 2 y 229 de la Constitución, al desatender el mandato de garantizar la ejecución material de las decisiones judiciales como expresión del Estado de Derecho.
1.4. Trámite, contestaciones e intervenciones
Mediante auto de 8 de octubre de 2025 se admitió la solicitud de tutela , y se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, y al Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, en calidad de demandados.
Asimismo, se vinculó como terceros con interés al PAR ISS – FIDUAGRARIA S.A., así como al Ministerio de Salud y Protección Social , para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente trámite constitucional.
Remitidas las respectivas comunicacione s, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.4.1. Tribunal Administrativo del Atlántico Sala de Decisión Oral C
La autoridad judicial de segunda instancia en el proceso ordinario bajo controversia allegó escrito el 14 de octubre de 2025.
Explicó que la sala concluyó que las cuentas bancarias de FIDUAGRARIA, en su calidad de vocera del PAR ISS, no podían ser objeto de la medida ejecutiva decretada en primera instancia, al considerar que los recursos afectados no estaban vinculados al contrato de fiducia me rcantil No. 12 de 2015 ni a otros
su calidad de vocera del PAR ISS, no podían ser objeto de la medida ejecutiva decretada en primera instancia, al considerar que los recursos afectados no estaban vinculados al contrato de fiducia me rcantil No. 12 de 2015 ni a otros patrimonios autónomos administrados por la entidad. En consecuencia, dichos bienes no integraban la garantía general de los acreedores, y esta decisión constituyó el fundamento del proceso actualmente sometido a revisión mediante acción de tutela.
Indicó que, respecto a la procedencia de la acción de tutela contra sus providencias judiciales, esta resultaba improcedente en el caso concreto, al no cumplirse ninguno de los requisitos generales ni de las causales específicas establecidos por la jurisprudencia constitucional.Demandante: Beatriz Esther Vieira Ordoñez Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06279-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Citó jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, según la cual la preservación de los principios de autonomía e independencia judicial exige que el juez de tutela se abstenga de adoptar decisiones que contradigan providencias emitidas por otras au toridades jurisdiccionales en ejercicio legítimo de su competencia.
Finalmente, enfatizó que dicho mecanismo no puede convertirse en una instancia adicional a las previstas por el legislador, pues ello desnaturalizaría su carácter excepcional.
competencia.
Finalmente, enfatizó que dicho mecanismo no puede convertirse en una instancia adicional a las previstas por el legislador, pues ello desnaturalizaría su carácter excepcional.
Remitió copia digital del proceso con radicado 08 -001-33-33-012-2021-00177016.
1.4.2. Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros sociales en Liquidación – P.A.R.I.S.S7.
Mediante escrito radicado el 15 de octubre de 2025, a través de su vocero judicial, solicitó la desvinculación del presente proceso.
La entidad recordó que el Instituto de Seguros Sociales – ISS cesó jurídicamente el 31 de marzo de 2015, al concluir su liquidación, y aclaró que ni el fideicomiso P.A.R.I.S.S. ni FIDUAGRARIA S.A. asumieron su rol institucional o procesal.
Explicó que los bienes fideicomitidos, al constituir un patrimonio autónomo con finalidad específica, debían mantenerse separados del activo del fiduciario, conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio y el Decreto 663 de 1993, por lo que la fiduciaria no podía comprometer sus propios recursos para atender obligaciones de los fideicomisos, dado que estos respondían únicamente con sus activos.
Alegó la inexistencia de nexo de causalidad y la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que las actuaciones que originaron la acción de tutela derivaban exclusivamente del ejercicio legítimo de funciones por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla.
por pasiva, al considerar que las actuaciones que originaron la acción de tutela derivaban exclusivamente del ejercicio legítimo de funciones por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla.
Señaló que la tutela se fundamentaba en decisiones adoptadas dentro de un proceso ejecutivo, en particular la revocatoria de una medida cautelar que había sido declarada improcedente, dado que las cuentas de FIDUAGRARIA S.A. estaban vinculadas a patrimonios autónomos no susceptibles de afectación.
En consecuencia, sostuvo que no vulneró derecho fundamental alguno y solicitó su desvinculación del trámite constitucional, por no ser el sujeto llamado a responder.
6 Índice 9 Samai. 7 Índice 10 Samai.Demandante: Beatriz Esther Vieira Ordoñez Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06279-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 1.4.3. Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla
La entidad judicial rindió informe el 14 de octubre de 2025, en los siguientes términos:
Argumentó que no incurrió en omisión ni en vía de hecho que justificara la protección de derechos fundamentales, como alegaba la accionante.
Señaló que actuó en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo
términos:
Argumentó que no incurrió en omisión ni en vía de hecho que justificara la protección de derechos fundamentales, como alegaba la accionante.
Señaló que actuó en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual había revocado el auto que decretaba medidas cautelares, aunque la accionante cuestionó que solo se hubiera emitido un auto de «Obedézcase y cúmplase » del 25 de agosto de 2025, la juez indicó que posteriormente se pronunció sobre la solicitud de vinculación del Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a la sugerencia del tribunal en segunda instancia.
En virtud de lo anterior, el 6 de octubre de 2025, se profirió auto que vinculó al Ministerio como litisconsorte, al considerar que tenía competencia para el pago de la obligación según el Decreto 541 de 2016, modificado por el Decreto 1051 del mismo año, y se ordenó la notificación del mandamiento de pago, y que dicha actuación se encontraba en trámite de traslado para garantizar el derecho de defensa de la entidad vinculada.
Negó haber incurrido en omisión, al no existir solicitud expresa de medidas cautelares por parte de la ejecutante. Indicó que el impulso procesal corresponde a la parte interesada y no procede de oficio. Concluyó que había actuado conforme a lo ordenado, s in actuaciones pendientes, y pidió declarar la tutela como improcedente.
Remitió el enlace del expediente de la referencia8.
1.4.4. Ministerio de Salud y Protección Social
El Ministerio de Salud y Protección Social fundamentó su oposición a la acción
como improcedente.
Remitió el enlace del expediente de la referencia8.
1.4.4. Ministerio de Salud y Protección Social
El Ministerio de Salud y Protección Social fundamentó su oposición a la acción de tutela en la ausencia de legitimación en la causa por pasiva y en la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales.
Señaló que sus competencias, definidas por la Constitución Política y la ley, se limitaban a la formulación, coordinación y evaluación de la política pública en salud, sin incluir la prestación de servicios médicos ni la inspección, vigilancia o control del sistema de seguridad social.
Precisó que no tenía facultades para declarar o reconocer derechos en procesos ya fallados judicialmente, y que, como entidad de la Rama Ejecutiva, no podía interferir en decisiones de la Rama Judicial, conforme a los artículos 113 y 228 de la Constitución . En virtud de lo anterior, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción en su contra y se le exonerara de toda responsabilidad.
8 Índice 8 y 11 Samai.Demandante: Beatriz Esther Vieira Ordoñez Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06279-00
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
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II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
El Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación – P.A.R.I.S.S solicitó su desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.
La Sala denegará tal petición, en atención a que su vinculación obedeció al posible interés que le asiste en las resultas del presente proceso, mas no como la entidad contra la cual se dirigen los reproches planteados en la acción de tutela.
2.3. Problema jurídico
Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora, las autoridades judiciales demandadas desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, igualdad y efectividad de las sentencias judiciales.
Lo anterior, con ocasión de la providencia del 3 de abril de 2025, emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, que revocó el auto del 24 de abril de 2024, proferido por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, que accedió al decreto de medidas caute lares; igualmente, por el auto de obedézcase y cúmplase del 25 de agosto de 2025 emitido por el
de Barranquilla, que accedió al decreto de medidas caute lares; igualmente, por el auto de obedézcase y cúmplase del 25 de agosto de 2025 emitido por el mismo juzgado dentro del ejecutivo con radicado 08 -001-33-33-012-202100177-01.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 20129, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
9 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandante: Beatriz Esther Vieira Ordoñez Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06279-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún derecho fundamen tal, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el momento jurisprudencialmente (…) ». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que impiden efecti vamente adentrarnos en el fondo del asunto – procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia » que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia » que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.Demandante: Beatriz Esther Vieira Ordoñez Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-06279-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia constitucional
En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de 2022, explicó que, dado que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
En ese sentido, el alto tribunal constitucional consider ó que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales » y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
En el asunto que ocupa a la Sala, la parte accionada consideró que las decisiones adoptadas tanto por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, como por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la efectividad de las sentencias debido a los defectos sustantivo y por omisión incurridos por ambas instancias judiciales.
C, como por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la efectividad de las s
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