CE - Sentencia 11001031500020250630700

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250630700
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil vein ticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2025-06307-00

Demandante BEATRIZ ELENA ACEVEDO LOPERA

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA SEGUNDA DE ORALIDAD Y OTRO Temas Tutela contra providencia judicial. Defectos sustant ivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial y por violación directa de la Constitución Política. Medio de control de nu lidad y restablecimiento del derecho. Contrato realidad ins tructor SENA. Caducidad de la acción. Requisitos de procedencia d e la acción de tutela contra providencia judicial: la relevancia constitucional. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera inst ancia la acción de tutela instaurada por Beatriz Elena Acevedo Lopera, de confo rmidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 7 de octubre de 20251, la señora Beatriz Elena Acevedo Lopera interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad y el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Medellín, por estimar vulnerados sus

El 7 de octubre de 20251, la señora Beatriz Elena Acevedo Lopera interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad y el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Medellín, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al mínimo vital, con ocas ión del auto del 25 de septiembre de 2025 por el que se confirmó la decisión del 5 de noviembre de 2024 de rechazar por caducidad la demanda de nulidad y restablecimie nto del derecho con radicado 05001-33-33-036-2024-00240-00/01. En consecuencia formuló las siguientes pretensiones: «PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de mi poderdante BEA TRIZ ELENA ACEVEDO LOPERA al debido proceso, acceso a la administ ración de justicia, igualdad y mínimo vital.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la providencia del 25 de septiembre de 2025, proferida por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, en lo que respecta a la confirmación del rechazo por caducidad de l as pretensiones de salarios y prestaciones sociales.

TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia que p rofiera una nueva decisión en la que, aplicando el precedente judicial vinculante, revoque en su totalidad el auto del 5 de noviembre de 2024 del Juzgado 37 Administrativo de Medellín y, en su lugar, ordene a dicho juzgado admitir la demanda para todas las pretensiones y continuar con el trámite de ley».

2. Hechos Del escrito se advierten como hechos relevantes los s iguientes:

a dicho juzgado admitir la demanda para todas las pretensiones y continuar con el trámite de ley».

2. Hechos Del escrito se advierten como hechos relevantes los s iguientes:

1 Tutela radicada a través del correo de tutelas en lí nea.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06307-00

Demandante: Beatriz Elena Acevedo Lopera

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.1. La señora Beatriz Elena Acevedo Lopera se vincu ló al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA desde el 10 de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2023 a través de la suscripción de contratos de prestación de servicios, para desempeñarse como instructor en las áreas de tecnolog ía de confección industrial, diseño de modas y gestión de mercados. 2.2. El 7 de febrero de 2024 la accionante presentó so licitud al SENA con el fin de que se reconociera la existencia del contrato realida d y en consecuencia le fueran canceladas las prestaciones sociales derivada s de la relación laboral. Mediante oficio del 16 de febrero de 2024 el SENA negó lo solicitado por la parte actora. 2.3. En ejercicio del medio de control de nulidad y res tablecimiento del derecho la señora Acevedo Lopera demandó al SENA con el fin de qu e se declarara la nulidad del acto administrativo por el que se negó la existencia del contrato realidad y el consecuente pago de las prestaciones s ociales. En consecuencia, pidió el reajuste de salarios, prest aciones sociales, legales

nulidad del acto administrativo por el que se negó la existencia del contrato realidad y el consecuente pago de las prestaciones s ociales. En consecuencia, pidió el reajuste de salarios, prest aciones sociales, legales y extralegales que hubiere devengado de haber sido vinculada a través de una relación legal y reglamentaria en el cargo de instructor como empleada pública; pidió además la reliquidación de los aportes al sist ema de seguridad social en pensiones teniendo en cuenta la asignación que hubi ere percibido en caso de haber sido vinculada mediante una relación legal y reg lamentaria como empleada pública. 2.4. El Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Me dellín (Expediente 05001-33-33036-2024-00240-00/01) a quien correspondió conocer del asunto en primera instancia2, por auto del 5 de noviembre de 2024 rechazó la dema nda por caducidad de la acción. Señaló que el oficio demandado se había notificado por correo electrónico el 16 de febrero de 2024 por lo que, al no existir solici tud de conciliación prejudicial por ser facultativa, la parte actora tenía hasta el 17 de junio de 2024 para presentar la demanda pero que se presentó el 26 de agosto de 2024, por lo que había operado la caducidad de la acción. Dijo que, en gracia de discusión, si la demanda se hubiera interpuesto contando el término de caducidad desde el día siguie nte al vencimiento del término para interponer recursos, este habría expirado el 1º de marzo de 2024 y la demanda debía interponerse a más tardar el 2 de julio de 2024 lo que tampoco ocurrió.

término para interponer recursos, este habría expirado el 1º de marzo de 2024 y la demanda debía interponerse a más tardar el 2 de julio de 2024 lo que tampoco ocurrió. 2.5. Contra la anterior decisión la parte demandante i nterpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. El juzgado en pr ovidencia del 21 de julio de 2025 resolvió no reponer la decisión y concedió e l recurso de apelación ante el superior. 2.6. En segunda instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad en providencia del 25 de septiembre de 2025 (notificada por estado fijado el 26 de septiembre de 2025) revocó parcialmente la decisión del juzgado. En criterio del tribunal, debía adoptarse la posición de unificación de la Sección Segunda del Consejo dada en la sentencia CE-SUJ2-00516 del 25 de agosto de 2016 en la que se estudió la figura del contrato realidad de cara a la protección del derecho fundamental a la seguridad social en pensiones y en la

2 Inicialmente la demanda fue repartida al Juzgado Tr einta y Seis Administrativo de Medellín, pero el juez se declaró impedido para conocer del presente asunto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06307-00

Demandante: Beatriz Elena Acevedo Lopera

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que concluyó que era de carácter irrenunciable e imprescriptible y por tanto no sujeto al término de caducidad de la acción.

www.consejodeestado.gov.co que concluyó que era de carácter irrenunciable e imprescriptible y por tanto no sujeto al término de caducidad de la acción. De acuerdo con lo anterior, sostuvo que le asistió razón al juez de primera instancia al rechazar la demanda por caducidad respect o a la pretensión de restablecimiento del derecho frente a las acreencias laborales diferentes a las de cotización al sistema de pensiones al no ser pres taciones periódicas y haberse pedido por fuera del término de los 4 meses establecidos en la norma contabilizados desde la notificación de la decisión demandada. Sin embargo, dijo que no ocurría lo mismo con la preten sión relacionada con el reconocimiento de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, toda vez que esta constituía un derecho irrenunciabl e por su carácter de imprescriptibilidad y prestación periódica, por lo que en su criterio debía admitirse la demanda en relación con este aspecto pu ntualmente. En consecuencia, revocó parcialmente el auto impugnado solo en relación con la caducidad respecto de la solicitud de reliquidación de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, para que en su luga r se estudiara su procedencia y confirmó en lo demás.

3. Fundamentos de la acción La accionante consideró que la decisión del 25 de septiembre de 2025 emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segun da de Oralidad en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incurrió en los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial y por violación directa de la Constitución Política. Las razones que expuso para f undamentar los defectos

mencionados fueron las siguientes:

control de nulidad y restablecimiento del derecho incurrió en los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial y por violación directa de la Constitución Política. Las razones que expuso para f undamentar los defectos mencionados fueron las siguientes: 3.1. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Indicó que el tribunal aplicó de forma prevalente y descontextualizada la norma relacionada con la caducidad consagrada en el artícul o 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi nistrativo, desconociendo la regla jurisprudencial unificada del Consejo de Estado en casos de contrato realidad. Dijo que se le dio a una norma procesal, esto es, la caducidad de 4 meses, un alcance que anula la norma sustancial y la jurisprud encia que protege derechos laborales, esto es, la prescripción de 3 año s. Sostuvo que el Consejo de Estado ha establecido que la oportunidad del trabajador para reclamar sus derechos no se mide por la caducidad de la acción contenciosa sino por el término de prescripción para reclamar el derecho mismo. Citó concretamente la sentencia de unificación CE-SU J2-005-16 que dijo, era el precedente judicial que había sido desconocido por el Tribunal y que era en esa providencia donde estaba la regla que debió ser aplicada, citando el siguiente aparte: «En ese orden, la Sala unifica la jurisprudencia en la materia para señalar que, quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en apli cación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá recla marlos dentro del término de tres

pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en apli cación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá recla marlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínc ulo contractual. Con la reclamación del derecho ante la Administración se interrumpe el término de prescripción, el cual comenzará a contarse nuevamente una vez quede en firme la decisión que resuelva la petición».Radicado: 11001-03-15-000-2025-06307-00

Demandante: Beatriz Elena Acevedo Lopera

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En esa línea, consideró que había cumplido rigurosamen te la regla, pues que su vínculo finalizó el 30 de junio de 2023 y que pre sentó reclamación administrativa el 7 de febrero de 2024, es decir, d entro de los 3 años de prescripción interrumpiéndola y consolidando su derech o de acudir a la jurisdicción. Que el Tribunal pese a lo anterior emitió una decisi ón contradictoria y carente de coherencia, pues que, de un lado, aplicó correctame nte el citado precedente para dejar a salvo de la caducidad la pret ensión relacionada con los aportes a pensión pero, de otro, de manera ilógi ca e injustificada se negó a aplicar la misma ratio decidendi en cuanto a los salarios y las prestaciones sociales que tenían el mismo hecho generador que era la existencia de una relación laboral.

los aportes a pensión pero, de otro, de manera ilógi ca e injustificada se negó a aplicar la misma ratio decidendi en cuanto a los salarios y las prestaciones sociales que tenían el mismo hecho generador que era la existencia de una relación laboral. 3.2. Defecto por violación directa de la Constitución Política. Citó el artículo 53 de la Constitución Política en cuanto a la irrenunci abilidad de los derechos mínimos de los trabajadores y la primacía de la reali dad sobre las formalidades. Concluyó lo siguiente: «Al anteponer una formalidad procesal (el plazo de 4 meses de la caducidad) sobre el derecho sustancial a reclamar salarios y prestaciones que fueron legalmente reclamados dentro del término de prescripción, el Tribunal está permitiendo que una forma anule la realidad de una posible relación de trabajo de más de 15 años. Le está negando a la accionante la posibilidad de que un juez analice si, en efecto, existió un vínculo laboral, violando así el núcleo esencial de este principio constitucional. La decisión judicial se convierte en una barrera de acceso a la justicia que perpetúa la desprotección de un derecho fundamental».

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Por auto del 14 de octubre de 2025 se admitió la acción de tutela promovida por la señora Beatriz Elena Acevedo Lopera contra Trib unal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad y al Juzgado Trei nta y Siete Administrativo de Medellín; vinculó al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA

(parte demandada en el medio de control) , al Ministerio público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (autoridades que fueron vinculadas en el trámite ordinario).

(parte demandada en el medio de control) , al Ministerio público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (autoridades que fueron vinculadas en el trámite ordinario). 4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de O ralidad, manifestó en el escrito de oposición que lo pretendid o por la accionante era convertir la tutela en una instancia adicional para re abrir el debate sobre la caducidad del medio de control de nulidad y restable cimiento del derecho cuando se debate la existencia de una relación laboral encubierta para lo cual no estaba instituida la presente acción constitucio nal. 4.3. El Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Medellín, indicó que lo pretendido por la actora era convertir la tutela en una instancia adicional. Explicó que la caducidad era un límite a la compete ncia del juez para decidir sobre determinada pretensión; indicó que el caso no co mportaba relevancia constitucional y, en consecuencia dijo que se daría el trámite correspondiente al proceso en los términos indicados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad. 4.4. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, manifestó no contar con legitimación en la causa por pasiva dentro del presen te trámite constitucional al no haber sido notificado de las decisiones ni del juzgado ni del tribunal que rechazaron la demanda por caducidad de la acción, razó n por la que pidió ser desvinculado de la presente acción.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06307-00

Demandante: Beatriz Elena Acevedo Lopera

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Demandante: Beatriz Elena Acevedo Lopera

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Manifestó que conocen del caso hasta este momento e n el que se presentan los hechos de la demanda ordinaria como sustento de lo ocurrido y con respecto a lo que anunciaron estar de acuerdo en que se hubiera declarado la caducidad del medio de control. Aclaró que la parte actora confunde los fenómenos de prescripción y caducidad y que todo lo que tenga que ver con lo reclamado por la actora será objeto de pronunciamiento en el momento procesal que corresponda luego de ser vinculados. 4.5. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de D efensa Jurídica del Estado, no pronunciaron en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la ac ción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salv o cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremed iable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional con tra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional con tra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4 y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual , se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno d e los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizars e con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esencial es del derecho al debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la senten cia judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proc eso.

3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tend rá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumari o, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la p rotección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazado s por la acción o la omisión de cualquier autoridad públi ca o de los particulares en los casos que señala este decret o».

inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazado s por la acción o la omisión de cualquier autoridad públi ca o de los particulares en los casos que señala este decret o». 4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra provid encias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecani smos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance pa ra la protección de sus derechos fundamentales (subsidia riedad); (iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; (v) que no se trate de una decisión profer ida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregular idad procesal en la providencia atacada. 5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra provi dencias judiciales son: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto f áctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto p or error inducido, (vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por viola ción directa de la Constitución. 6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 d e 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000 -2012Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000 -201202201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06307-00

Demandante: Beatriz Elena Acevedo Lopera

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. Cuestión Previa. Legitimación en la causa por pasiv a El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, pidió ser des vinculado de la presente acción por carecer de legitimación en la causa por pas iva.

La Sala precisa que según lo dispuesto en el auto ad misorio de la acción de tutela, el SENA fue vinculado al proceso constitucional en cal idad de tercero con interés y no como parte demandada. Esto por cuanto, verificado el expediente digital aportado por el juzgado que conoció del proceso ordinario en primera instancia, se evidencia , de una parte, que el apoderado de la accionante manifestó en el escrito de l recurso de reposición y en subsidio apelación presentado el 7 de noviembre de 2 024 contra la decisión de rechazo de la demanda por caducidad de la acción que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3º de la Ley 2213 de 2022 remitiría dicho memorial a la entidad SENA al correo electrónico servicioalciudadano@sena.edu.co. También se advierte que obra en el expediente ordinari o poder especial otorgado por parte de la Directora (e) del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA Regional

al correo electrónico servicioalciudadano@sena.edu.co. También se advierte que obra en el expediente ordinari o poder especial otorgado por parte de la Directora (e) del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA Regional Antioquia al abogado Cesar Augusto Muñoz Lopera par a representar a la entidad en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-0362024-00240-00, demandante Beatriz Elena Acevedo Lopera. En tal virtud, contrario a lo afirmado por el SENA en e l informe rendido dentro del presente trámite constitucional, sí tuvo conocimiento de la existencia del proceso cuyas decisiones se cuestionan a través de la presente acción, por lo que se ordenó vincularlo como tercero con interés. De acuerdo con lo anterior, y al tenor de lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 7, le asiste interés legítimo en el resultado de este proceso constitucional y por tal motivo debe permanecer vinc ulado a éste en la calidad de tercero que le fue reconocida en el auto admisorio de la tutela. Así las cosas, la Sala negará la solicitud de desvinculación propuesta.

4. Delimitación y planteamiento del problema jurídico 4.1. En primer término, precisa la Sala que si bien la p arte actora se refiere a la presunta configuración de los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente y por violación directa de la Constitución Política, en realidad frente a este último defecto no existe una sustentación qu e permita su estudio, pues su argumento se limita a señalar lo dispuesto en el a rtículo 53 de la Constitución Política como refuerzo de su motivo de inconformidad con la

a este último defecto no existe una sustentación qu e permita su estudio, pues su argumento se limita a señalar lo dispuesto en el a rtículo 53 de la Constitución Política como refuerzo de su motivo de inconformidad con la decisión ordinaria, razón por la que, el estudio que se haga será solamente en relación con el defecto sustantivo por desconocimient o del precedente. 4.2. Aclarado lo anterior, y considerando que en el c aso bajo estudio se promovió una tutela contra providencia judicial, le corresponde a la Sala establecer si se cumplen a cabalidad los requisitos generales de proc edibilidad, concretamente, los de subsidiariedad y relevancia con stitucional. De encontrar superado este requisito, se determinará s i al proferir el auto 25 de septiembre de 2025 en el medio de control de nuli dad y restablecimiento del derecho 05001-33-33-036-2024-00240-00/01, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.

7 Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autori dad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas p or un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo qu e se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el super ior.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06307-00

Demandante: Beatriz Elena Acevedo Lopera

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pública, la acción se tendrá por ejercida contra el super ior.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06307-00

Demandante: Beatriz Elena Acevedo Lopera

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5. Sobre el requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando el medio de control se encuentra en trámite

Si bien esta Sala ha establecido que, por regla general , no procede la acción de tutela cuando se discuten autos emitidos en el c urso de un proceso que continúa en trámite, como es el caso que se analiza, lo cierto es que esta regla tiene excepciones. Conviene recordar que la Corte Constitucional8 ha permitido la intervención excepcional del juez de tutela para discutir autos interlocutorios emitidos en procesos que se encuentran en trámite, cuando se pres entan las siguientes circunstancias: (i) la protección de los derechos presuntamente conculc ados no se puede procurar a través de otros medios de defen sa, siempre que se hubieren ejercido los recursos ordinarios procedentes cont ra el auto que se ataca; (ii) los mecanismos judiciales existentes no son idóneos para garantizar los derechos fundamentales invocados; y (iii) la intervención del juez de tutela es necesaria y urgente para evitar la configuración d e un perjuicio irremediable. Entonces, el hecho de que el proceso aún se encuentre en trámite no excluye, por sí mismo , la posibilidad de que se examine mediante acción de tutela la declaratoria parcial de caducidad de algunas pretensio nes de la demanda en

irremediable. Entonces, el hecho de que el proceso aún se encuentre en trámite no excluye, por sí mismo , la posibilidad de que se examine mediante acción de tutela la declaratoria parcial de caducidad de algunas pretensio nes de la demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En este caso, no se identifica otro mecanismo de defe nsa judicial que permita proteger de forma eficaz los derechos fundamentales i nvocados por la parte actora, toda vez que la parte demandante agotó los re cursos ordinarios a su alcance para lograr el estudio de fondo de todas sus pretensiones. Circunstancia que, en principio, justifica la interve nción excepcional del juez constitucional para determinar si las decisiones cue stionadas vulneran el derecho al debido proceso de la parte. La Corte Constitucional ha indicado que el derecho al acceso a la administración de justicia comprende diferentes fac etas en, al menos, tres categorías: (i) aquellas relativas al acceso efectivo al aparato ju dicial; (ii) las previstas para el desarrollo del proceso; y (iii) finalmente, las atinentes a la decisión y cómo debe darse fin a la controversia. Esto quiere decir que, «el acceso a la justicia debe entenderse no solo como la posibilidad de acudir a los jueces competentes para dirimir una determinada controversia o conflicto, sino que además se debe entender como la posibilidad de que dicho planteamiento se haga efectivo, a través de la culminación del proceso con la determinación final del juez sobre el caso y el cumplimiento de la sentencia»9. Y en la sentencia T-329 del 18 de julio de 1994 , señaló que «El acceso a la administración de justicia, garantizado en el artí culo 229 Superior, no implica

cumplimiento de la sentencia»9. Y en la sentencia T-329 del 18 de julio de 1994 , señaló que «El acceso a la administración de justicia, garantizado en el artí culo 229 Superior, no implica solamente la posibilidad de acudir ante el juez para demandar que deduzca de la normatividad vigente aquello que haga justicia en u n evento determinado, sino que se concreta en la real y oportuna decisión judicial y , claro está, en la debida ejecución de ella … (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T -329 del 18 de julio de 1994)». Por lo anterior, pese a que el medio de control se encuentra en trámite, se supera el requisito general de la subsidiariedad en el caso sometido al estudio de la Sala.

8 Corte Constitucional. Sentencia T-511 de 2020. M.P. Richard S. Ramírez Grisales y sentencia SU-695 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 9 Corte ConstitucionalSentencia T-608 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06307-00

Demandante: Beatriz Elena Acevedo Lopera

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6. Análisis del presupuesto de procedibilidad de rel evancia constitucional en el caso concreto 6.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de p roteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para

en el caso concreto 6.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de p roteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la con troversia or

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