CE - Sentencia 11001031500020250642100

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250642100
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: Unidad Médica Oncológica S.A.S.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06421-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-06421-00

Demandante: UNIDAD MÉDICA ONCOLÓGICA S.A.S.

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela contra providencia judicial. Ampara derechos.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La Unidad Médica Oncológica S.A.S, a través de su representante legal1, instauró acción de tutela 2 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La Unidad Médica Oncológica S.A.S, a través de su representante legal1, instauró acción de tutela 2 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A 3 en la que solicitó el amparo de su s derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Dichas garantías constitucionales las consideró vulnerada s con ocasión de la providencia emitida el 31 de julio de 2025 que confirmó el auto del 3 de mayo de 2024 proferido por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C ., mediante el cual se rechazó por caducidad la demanda de reparación directa identificada con radicado 11001-33-36-034-2023-00388-00/01.

1 Índice 02 Samai - Juan Salvador Celis Arambula 2 Índice 02 Samai. Radicada el 10 de octubre de 2025 con secuencia: 10353 3 Sala integrada por los magistrados María del Tránsito Higuera Guío, J uan Carlos Garzón Martínez, Andrew Julián Martínez Martínez.Demandante: Unidad Médica Oncológica S.A.S.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06421-00

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2 1.2. Pretensiones

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2 1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actor a solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…] 2) Deje sin efectos el auto dictado por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025), que resolvió el recurso de apelación rechazando la demanda, por haberse basado en una fecha errónea. 3) Ordene al Tribunal emitir una nueva decisión, esta vez teniendo en cuenta la fecha real de radicación de la demanda, visible en el sistema informático judicial como se observa en la consulta de procesos. 4) Que, si con la fecha que corresponde realmente a la radicación de la demanda se encuentra cumplido el término legal, se ordene la admisión de la demanda. 5) Que se oficie al tribunal para que se corrija en el expediente y/o en el aplicativo la fecha de radicación de la demanda.4

1.3. Hechos

La Unidad Médica Oncológica S.A.S . inició demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social, la Dirección de Liquidaciones y Garantías de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud [ADRES] y la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada – Comparta EPS, con el fin de que se declararan administrativamente responsables

Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud [ADRES] y la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada – Comparta EPS, con el fin de que se declararan administrativamente responsables y se les ordenara realizar el pago total de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del defectuoso funcionamiento al haberse omitido el giro directo o pago a favor de la demandante de la orden cargada por la EPS COMPARTA en la plataforma PISIS como insumo para el proceso LMA [Liquidación Mensual de Afiliados] agosto 2021.

La demanda correspondió al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C, que mediante auto del 3 de mayo de 2024 la rechazó por haber operador el fenómeno de la caducidad. Como fundamento señaló que el término de los dos años consagrados en el artículo 164 del C.P.A.C.A. se vencía el 7 de agosto de 202 1(sic)5. Sin embargo, la solicitud de conciliación fue presentada hasta el 31 de agosto de 2023 ante la Procuraduría Judicial 138 II para asuntos administrativos de Bogotá D.C., que fue declarada fallida el 23 de noviembre de 2023 y la demanda se radicó el 7 de diciembre de 2023, estando por fuera del término.

4 Transcripción literal que puede contener errores. 5 En realidad se hacía alusión al 07 de agosto de 2023Demandante: Unidad Médica Oncológica S.A.S.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06421-00

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

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3 Inconforme con la decisión la demandante elevó recurso de reposición empleando como sustento que el comunicado No. 202131201182491 dirigido por el Ministerio de Salud a la ADRES establecía que «los recursos correspondientes a la Liquidación Mensual de Afiliados LMA del mes de agosto de 2021, se deberán girar en el momento en que se realice el giro del mes de septiembre de 2021», por lo que en su sentir la omisión del pago no se configuró el quinto día hábil de agosto de 2021 sino que fue el quinto día hábil de septiembre de 2021.

Al ser resuelto el mencionado de recurso mediante proveído del 19 de diciembre de 2024 confirmándose lo decidido, la demandante interpuso recurso de apelación que fue decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en auto del 31 de julio de 2025 que confirmó el rechazo de la demanda.

Sin embargo, en dicha decisión, el tribunal accionado señaló que se apartaba «de la postura del juez de conocimiento, toda vez que la obligación legal de realizar el giro directo en los cinco primeros días del mes de agosto de 2021 fue suspendida por disposición del Ministerio de Salud y Protección Social, como consecuencia de

la postura del juez de conocimiento, toda vez que la obligación legal de realizar el giro directo en los cinco primeros días del mes de agosto de 2021 fue suspendida por disposición del Ministerio de Salud y Protección Social, como consecuencia de la expedición de la Resolución No. 202151000124996 del 26 de julio de 2021».

Adujo el ad quem que como el giro omitido debió efectuarse a más tardar el 7 de septiembre de 2021 (quinto día hábil del mes) sin que la entidad realizara el giro directo del correspondiente periodo se incurrió en la omisión que alega el demandante como causante del daño.

Por lo tanto, precisó que como el término de caducidad de dos años debía contabilizarse a partir del día siguiente al de la omisión [8 de septiembre de 2021], el mismo vencía el 8 de septiembre de 2023. Sin embargo, advirtió que la demanda se formuló de manera extemporánea, pues la solicitud de conciliación radicada el 31 de agosto de 2023 y declarada fallida el 23 de noviembre de 2023 solo suspendió por ocho días el referido cómputo , extendido la fecha límite para el vencimiento de la caducidad al 1° de diciembre de 2023, entre tanto el medio de control fue presentado el 7 de diciembre de ese año.

Acto seguido, el apoderado de la demandante formuló recurso de súplica advirtiendo que la demanda había sido en realidad radicada el 30 de noviembre de 2023 cuando aún no había operado la aludida caducidad. Recurso que fue rechazado por el tribunal accionado el 3 de octubre de 2025, al ser improcedente conforme a las reglas del artículo 266 del CPACA.

de 2023 cuando aún no había operado la aludida caducidad. Recurso que fue rechazado por el tribunal accionado el 3 de octubre de 2025, al ser improcedente conforme a las reglas del artículo 266 del CPACA.

El anterior proveído se notificó a las partes por correo electrónico el 7 de octubreDemandante: Unidad Médica Oncológica S.A.S.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

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4 de 20256.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora, indicó que la autoridad accionada vulneró sus derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia al no verificar que la demanda de reparación directa fue efectivamente presentada el 30 de noviembre de 2023 , antes de que operara la caducidad, y no el 7 de diciembre de 2023 como se señaló en el proveído objeto de cuestionamiento del 31 de julio de 2025.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 16 de octubre de 2025, la magistrada ponente admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte accionante7 y, como parte accionada, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.8

Asimismo, dispuso la vinculación, como tercero s con interés jurídico en el

Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.8

Asimismo, dispuso la vinculación, como tercero s con interés jurídico en el resultado del proceso , al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá «primera instancia del proceso de reparación directa» 9.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:

1.6.1. Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá10

La titular del Despacho realizó un resumen de todas las actuaciones surtidas dentro del medio de control objeto de acción y ratificó que no comparte la tesis sostenida por la demandante en cuanto a que el conocimiento del hecho dañoso sólo tuvo lugar a partir del quinto día hábil del mes de septiembre del año 2021, pues tal análisis obedecía únicamente a un oficio emitido por Ministerio de Salud dirigido a la ADRES donde se indicaba que los recursos correspondientes a la Liquidación Mensual de Afiliados LMA del mes de agosto de 2021, se debían girar en el momento en que se realizara el giro del mes de septiembre de 2021.

6 Índice 020 en Samai del proceso 11001-33-36-034-2023-00388-01. 7 Índice 007 de Samai. La notificación fue enviada al correo: unidadmedicaoncologica@gmail.com 8 Índice 007 de Samai . La notificación fue enviada a los correos rmemorialessec03satadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co

8 Índice 007 de Samai . La notificación fue enviada a los correos rmemorialessec03satadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co scs03sb03tadmincdm@notificacionesrj.gov.co scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co 9 Índice 007 de Samai. La notificación fue enviada al correo: admin34bt@cendoj.ramajudicial.gov.co 10 Índice 009 y 010 de Samai.Demandante: Unidad Médica Oncológica S.A.S.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06421-00

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Comunicado que no le había sido dirigido al demandante, por lo que advierte que la Unidad Médica Oncológica S.A.S tuvo pleno conocimiento de q ue el pago que debía realizarse a más tardar el 6 de agosto de 2021.

Finalmente, en cuanto a la fecha de radicación de la demanda , corrobora que efectivamente, como lo señala la actora, la misma fue presentada el 30 de noviembre de 2023 y no el 7 de diciembre de 2023 como por error se anotó en la providencia del 3 de mayo de 2024.

Sin embargo, advierte que, según el anterior análisis, el error en la fecha de radicación de la demanda no tendría la suficiente fuerza para desvirtuar la la

providencia del 3 de mayo de 2024.

Sin embargo, advierte que, según el anterior análisis, el error en la fecha de radicación de la demanda no tendría la suficiente fuerza para desvirtuar la la caducidad, pues el término de los dos años vencía el 7 de agosto de 2023 y tanto la solicitud de conciliación , así como la demanda fueron promovidas una vez superado aquel.

Por último, remitió el enlace de acceso al expediente electrónico por Samai.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A11

La magistrada ponente aludió que por parte de ese despacho no se presentó vulneración alguna a los derechos fundamentales de la accionante, pues el trámite de segunda instancia se ajustó a derecho conforme a las normas vigentes que regulan la figura de la caducidad.

Señaló que mal pretende la tutelante alegar la vulneración a su derecho de acceso a la administración de justicia cuando fue precisamente por su inactividad que operó la caducidad y se vio impedida en el ejercicio de la acción . Así mismo, que tampoco existió transgresión al debido proceso, pues no se pretermitió etapa procesal o procedimiento alguno, habiendo obtenido la accionante una decisión de fondo respecto a sus pretensiones independientemente al resultado y permitiéndosele el uso de los recursos que tuvo a su alcance y que se agotaron en debida forma.

Concluyó que la tutela no puede convertirse ni ser utilizad a como una tercera instancia con el objetivo de modificar decisiones judiciales que ya se adoptaron y remitió el vínculo de acceso al expediente electrónico por Samai.

Concluyó que la tutela no puede convertirse ni ser utilizad a como una tercera instancia con el objetivo de modificar decisiones judiciales que ya se adoptaron y remitió el vínculo de acceso al expediente electrónico por Samai.

11 Índice 011 de Samai.Demandante: Unidad Médica Oncológica S.A.S.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela presentada por la Unidad Médica Oncológica S.A.S. contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte actora, el material probatorio recaudado y la s intervenciones presentadas, corresponde a esta Corporación resolver:

  • ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:

corresponde a esta Corporación resolver:

  • ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:

  • ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A vulneró las garantías invocadas por la parte actora , con ocasión de la providencia del 31 de julio de 2025 que confirmó el rechazo por caducidad del medio de control de reparación directa con radicado 11001-33-36-0342023-00388-00/01?

Cabe advertir que, si bien con posterioridad al auto en mención fue proferido proveído que rechazó por improcedente el recurso de súplica elevado por la parte demandante, el estudio del presente asunto se centrará únicamente en el auto aludido del 31 de julio de 2025 al ser el que resolvió el recurso de apelación contra el auto de rechazo de la demanda, colocando fin al proceso.

Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) los requisitos generales y específicos de procedibilidad de tutela contra providencia judicial; (iii) el derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, y (iv) el caso concreto.Demandante: Unidad Médica Oncológica S.A.S.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

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7 2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 12 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 13 y declaró su procedencia.14

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) su bsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupues tos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad

En su solicitud de amparo, el demandante señala que, en la sentencia controvertida, el accionado, incurrió en defecto fáctico por una indebida valoración del material probatorio.

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 14 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».Demandante: Unidad Médica Oncológica S.A.S.

14 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».Demandante: Unidad Médica Oncológica S.A.S.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

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8 En este sentido, corresponde analizar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencia judicial para el referido cargo, de manera que, si lo supera, corresponderá adelantar un estudio del fondo del asunto.

2.4.1. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU -215 de 2022 15 explicó que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino

cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal16 (Énfasis de la Sala).

derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal16 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:

15 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo. 16 Sentencia SU-573 de 2019.Demandante: Unidad Médica Oncológica S.A.S.

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9 En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico17; es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional18.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los

económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los der echos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal19”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales20”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto 21, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal22. (Resaltado de la Sala)

Sobre el particular, para la Sala este requisito se encuentra superado respecto al defecto fáctico en las dos dimensiones alegadas por el accionante , por cuanto adujo que en consecuencia de este yerro se le vulner aron sus derechos fundamentales más allá del debate legal surtido ante el juez natural de la especialidad.

En este caso, no se trata de una simple discrepancia con la interpretación de la

adujo que en consecuencia de este yerro se le vulner aron sus derechos fundamentales más allá del debate legal surtido ante el juez natural de la especialidad.

En este caso, no se trata de una simple discrepancia con la interpretación de la autoridad judicial accionada al confirmar el auto de primera instancia, si no que la accionante tiene la intención de demostrar errores en la valoración de las pruebas que, de no haber acaecido, hubiera cambiado totalmente el sentido de la decisión,

17 Sentencia SU-103 de 2022. 18 Sentencia SU-103 de 2022. 19 Sentencia SU-103 de 2022. 20 Sentencia SU-128 de 2021. 21 Sentencia SU-573 de 2019. 22 Ibid.Demandante: Unidad Médica Oncológica S.A.S.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2025-06421-00

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10 pues si el medio de control rechazado por caducidad no fue realmente presentado en la fecha que se indica por la accionada si no dentro del plazo estimado como oportuno por esta, como lo advierte la tutelante, otra hubiese sido la decisión.

El escrito de amparo contiene múltiples argumentos que exponen cómo se materializó la transgresión de las garantías fundamentales invocadas que consisten en la errada valoración del acta de reparto de la demanda y por tanto fecha de presentación del medio de control, aunado a que la exposición de la parte

materializó la transgresión de las garantías fundamentales invocadas que consisten en la errada valoración del acta de reparto de la demanda y por tanto fecha de presentación del medio de control, aunado a que la exposición de la parte actora no se hace de una manera abstracta, sino que, por el contrario, esta se realizó de forma puntual, precisando el yerro en el que presuntamente incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

Por todo lo anterior se concluye que, sobre el defecto fáctico invocado se acreditaron los criterios fijados por la Corte Constitucional en la SU -215 de 2022 para encontrar superado el requisito de relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia de una posible vulneración de los der echos fundamentales del tutelante, cuya controversia no se enfocó en un debate de contenido legal, sino que se justificó en una notoria tensión entre las garantías expuestas y la decisión judicial objeto de reproche.

2.4.2. Subsidiariedad

Del cargo que supera el requisito de relevancia constitucional, la Sala prevé que el defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas cumple con el requisito de subsidiariedad.

En el escrito inicial, la tutelante señaló que la autoridad judicial accionada tuvo como fecha de presentación de la demanda una que en realidad no correspondía, aportando para el efecto la constancia de radicación que genera el aplicativo de demanda en línea.

Para discutir tal situación no tenía a su alcance mecanismo judicial alguno , pues el error se presentó y confirmó en el auto que resolvió recurso de apelación y puso

demanda en línea.

Para discutir tal situación no tenía a su alcance mecanismo judicial alguno , pues el error se presentó y confirmó en el auto que resolvió recurso de apelación y puso fin a la instancia. Inclusive, la tutelante elevó escrito de súplica contra el auto del 31 de julio de 2025 advirtiendo la situación en comento , pero este fue rechazado por improcedente el 3 de octubre de 2025 por la misma autoridad judicial.

2.4.3. Inmediatez

Frente al cargo, también se acredita el cumplimiento del requisito de la inmediatez. Lo anterior, dado que la providencia que se acusa como vulneradora de derechos fundamentales, fue notificada a través de correo electrónico del 8 de agosto de 2025 y la qu e rechazó por improcedente el recurso de súplica elevado contraDemandante: Unidad Médica Oncológica S.A.S.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, S

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