CE - Sentencia 11001031500020250662600

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250662600
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06626-00

Accionante: Óscar Eduardo García Garzón

Accionados: Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Negar el amparo porque no se demostraron los defectos alegados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela1 presentada por el señor Óscar Eduardo García Garzón, actuando a nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo digno, con ocasió n de su providencia del 3 de junio de 2025 2 que revocó la sentencia del 23 de abril de 2018 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho seguido bajo el radicado 41001-33-33-004-2015-00231-00/01.

II. ANTECEDENTES

del Circuito Judicial de Neiva dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho seguido bajo el radicado 41001-33-33-004-2015-00231-00/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela y del expediente, se colige que el accionante laboraba en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) 3. Con ocasión de la disolución de la entidad referida , varios de sus funcionarios fueron incorporados a otras entidades. En el caso del señor García Garzón, dicha incorporación se realizó en forma provisional4 en la planta transitoria de la Contraloría General de la República (en adelante CGR), como Auxiliar de Operación Grado 03.

3. Posteriormente, en el año 2014, la Corte Constitucional 5 declaró inexequible

1 Acción de tutela presentada el 21 de octubre de 2025. 2 Índice 28 del aplicativo SAMAI, exp. 41001-33-33-004-2015-00231-01 3 Que fue suprimido por el Decreto-Ley 4057 del 31 de octubre de 2011, reglamentado por el Decreto 1303 de 2014. 4 A través de la Resolución núm. 3279 del 23 de diciembre de 2013 expedida por la CGR , junto con otros 81 servidores. 5 Mediante sentencia C-386 de 2014, MP Andrés Mutis Vanegas.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06626-00

Accionante: Óscar Eduardo García Garzón

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2 el artículo 15 de la Ley 1640 6 de 2013. La CGR, sin que se hubiere surtido la notificación de la providencia referida, basada en el comunicado de la corporación mencionada, expidió la Resolución ORD-81117-001081-20147 que derogó varias de sus resoluciones ordinarias, entre ellas, la que incorporó al actor8.

4. En consideración a lo anterior, el actor instauró una demanda 9, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que fue de conocimiento en primera instancia del Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva, el cual, mediante providencia del 22 de agosto de 2019 10 declaró la nulidad parcial del acto administrativo demandado en lo relacionado con los efectos que provocó frente al señor Oscar Eduardo García Garzón , quien se encontraba incorporado en el cargo de Auxiliar de Operación Grado 3, así como no probadas las excepciones de mérito11 presentadas por las entidades demandadas.

5. Asimismo, en los ordinales tercero y cuarto de la providencia dispuso lo que se

trascribe a continuación12:

«“(…)” TERCERO. - ORDENAR a título de restablecimiento del derecho a la NaciónContraloría General de la República y a la Nación Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a reconocer a favor del señor OSCAR EDUARDO GARCÍA GARZÓN, lo siguiente:

Contraloría General de la República y a la Nación Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a reconocer a favor del señor OSCAR EDUARDO GARCÍA GARZÓN, lo siguiente:

3.1.- REINTEGRAR al actor al cargo de auxiliar de operación grado 3, o a otro empleo igual o superior y con funciones afines y remuneración igual o superior dentro de alguna de las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público, además deberán tener en cuenta lo manifestado por la Corte Constitucional, esto es: “...siempre que al momento de cumplir esta orden no exista lista de elegibles, y hasta que este sea proveído por el sistema de concurso de méritos”.

3.2.- RECONOCER el pago de los salarios y emolumentos dejados de percibir y sin solución de continuidad desde el 10 de julio de 2014, fecha en que se profirió el acto acusado hasta que se le reintegre, para lo cual la entidad tiene el término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de esta decisión, suma a la que deberá descontarse el valor reconocido al actor por concepto del reconocimiento económico para la rehabilitación profesional y técnica prevista en la Ley 790 de 2002, consistente en la suma de dinero equivalente a un porcentaje no inferior al 50% de la asignación básica correspondiente al cargo suprimido que ostentaba el señor García Garzón en el extinto DAS.

3.3.- En caso de imposibilidad física y jurídica para el reintegro del actor deberá pagar la

6 “Por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2013”.

DAS.

3.3.- En caso de imposibilidad física y jurídica para el reintegro del actor deberá pagar la

6 “Por la cual se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2013”. El artículo declarado inexequible establecía lo siguiente: "ARTÍCULO 15. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese al Gobierno Nacional de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presen te ley, para modificar la Planta Temporal de Regalías de la Contraloría General de la República, incorporar a la Planta de Personal de la Contraloría General de la República cargos del DAS en liquidación y unificar la Planta de Regalías con la Planta Ordinaria. Los costos de las modificaciones no superan las apropiaciones aprobadas con excepción de la incorporación de la Planta del DAS en Liquidación, para lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público situará los recursos correspondientes que se encuentran presupuestados en la Entidad en Liquidación." 7 Expedida por el Contralor General de la República, por medio de la cual fueron derogadas las Resoluciones 3279 del 23 de diciembre de 2013 , 390 del 13 de febrero de 2014, 398 del 17 de febrero de 2014 y ORD -81117-00829-2014 del 8 de junio de 2014, que dispusieron la reincorporación en los empleos de planta de la Contraloría General de la República de los empleados que desempeñaban los empleo s suprimidos de la planta de personal del Departamento Administrativo de Seguridad DAS en supresión y retiró del servicio a estos servidores públicos.

República de los empleados que desempeñaban los empleo s suprimidos de la planta de personal del Departamento Administrativo de Seguridad DAS en supresión y retiró del servicio a estos servidores públicos. 8 En consecuencia, el señor García Garzón fue desvinculado de su cargo desde el 10 de julio de 2014 9 El accionante solicitó la nulidad de la Resolución núm. DRD-81117-001081-2014 de la Contraloría, el reintegro sin solución de continuidad a un cargo igual o superior, y el pago de salarios y prestaciones desde el 10 de julio de 2014 hasta su reincorporación. También solicitó una indemnización por daños morales y la prevista en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, debidamente actualizada conforme al artículo 187 del CPACA. Índice 13 del aplicativo SAMAI, 16_110010315000202506626002MemorialWeb20251030225538, - respuesta Juzgado -vínculo de acceso al expediente, one drive, Expediente digitalizado 002Contrato Digitalización. pdf. 10 Ibidem, Expediente digitalizado, 008/009Contrato Digitalización. pdf. 11 Denominadas: i) inexistencia del derecho reclamado, ¡i) inexistencia de causal de nulidad y iii) legalidad de la generalidad de actuaciones y/o actos surtidos y/o emitidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, iv) ausencia de nexo causal y v) ausencia de daño, propuestas por las demandadas. 12 Y en lo demás, negó las pretensiones de la demanda.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06626-00

Accionante: Óscar Eduardo García Garzón

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3 indemnización correspondiente a los salarios y emolumentos dejados de percibir desde el momento en que se ordenó su retiro hasta la fecha en que se profiera un acto administrativo indicando la imposibilidad de reintegro. En el mismo sentido, las entidades demandadas deberán llevar a cabo las compensaciones y/o descuentos, debidamente indexados, a que haya lugar al momento de pagar las sumas ordenadas, por concepto de salarios y prestaciones que el demandante deba hacer por ley; asimismo las sumas reconocidas que resulten a favor del demandante serán debidamente indexadas por la demandada en los términos del artículo 187 del CPACA dando aplicación a la siguiente formula: R= Rh índice final índice inicial.

CUARTO. - EXONERAR de responsabilidad a las entidades accionadas Departamento Administrativo de la Función Pública y a la Comisión Nacional del Servicio Civil. (…). » Negrillas y subrayas de la Sala. SIC en toda la cita.

6. La decisión fue apelada13 y el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión mediante providencia del 3 de junio de 202514 resolvió lo siguiente:

«PRIMERO: Modificar los resolutivos 3º y 4º de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva el 22 de agosto de 2019; los cuales, quedarán de la siguiente manera:

«PRIMERO: Modificar los resolutivos 3º y 4º de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Neiva el 22 de agosto de 2019; los cuales, quedarán de la siguiente manera:

TERCERO: Ordenar a la Contraloría General de la República pagarle al señor Oscar Eduardo García Garzón los salarios y prestaciones dejados de percibir durante los 24 meses siguientes a su retiro; previo descuento de las sumas que por concepto de salarios y prestaciones sociales hubiera percibido en relaciones de trabajo en el sector público (incluidos los pagos recibidos con base en el artículo 8º de la Ley 790 de 2002).

Las sumas resultantes a fa vor del demandante deberán ser indexadas en los términos del artículo 187 del Cpaca, aplicándose la siguiente fórmula: R= Rh índice final índice inicial

CUARTO: Exonerar de responsabilidad al Departamento Administrativo de la Función Pública, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y a la

Comisión Nacional del Servicio Civil.

SEGUNDO: En lo demás, confirmar la providencia impugnada. (…). ». SIC en toda la cita. Negrillas y subrayas de la Sala.

2.2. Fundamento jurídico

7. La parte actora señaló que en la providencia objeto de la acción de tutela se configuró un defecto sustantivo porque en su sentir la autoridad judicial accionada interpretó erróneamente la figura del decaimiento del acto administrativo 15, cuando, desde su perspectiva, lo que correspondía era la revocatoria directa16 al tratarse de un acto administrativo particular que había generado una situación jurídica

interpretó erróneamente la figura del decaimiento del acto administrativo 15, cuando, desde su perspectiva, lo que correspondía era la revocatoria directa16 al tratarse de un acto administrativo particular que había generado una situación jurídica consolidada. Alegó que, conforme al CPACA, la revocatoria de actos particulares requiere el consentimiento expreso del afectado, lo cual no ocurrió en su caso.

8. Reprochó que el Tribunal haya validado la derogatoria unilateral del acto de

13 Por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la CGR. 14 Índice 17 del aplicativo SAMAI, 24_110010315000202506626004MemorialWeb20251110132919 E3R 15 Ley 1437 de 2011. Artículo 91: Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 2.

Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos. 4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 5. Cuando pierdan vigencia. 16 Ibidem. Artículo 93. Causales de revocación . Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud

16 Ibidem. Artículo 93. Causales de revocación . Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06626-00

Accionante: Óscar Eduardo García Garzón

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4 incorporación, sin exigir el procedimiento citado, lo que consideró vulneró el principio de legalidad, el debido proceso y sus derechos laborales.

9. Además, afirmó que el Tribunal otorgó efectos retroactivos al decaimiento, lo cual contradecía el principio de efectos ex nunc y excedía lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C -386 de 201417 pues esta última solo tenía efectos desde su expedición.

10. Adicionalmente, también censuró que se presentó el defecto citado, toda vez

que el Tribunal presuntamente omitió aplicar el régimen jurídico que regula la carrera administrativa, específicamente18 lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 19 y el Decreto 1227 de 200520.

11. Adujo que, al ignorar este marco normativo, la autoridad judicial avaló la

administrativa, específicamente18 lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 19 y el Decreto 1227 de 200520.

11. Adujo que, al ignorar este marco normativo, la autoridad judicial avaló la desvinculación del accionante sin verificar si se cumplían las condiciones exigidas para cesar un nombramiento provisional. Consideró que esta supuesta omisión del ad quem implicó una aplicación errónea del derecho, pues desconoció que la provisionalidad, aunque no otorga ba estabilidad plena, sí est aba sujeta a reglas específicas que protegían al servidor público frente a decisiones arbitrarias.

12. Finalmente, alegó que el Tribunal Administrativo del Huila interpretó de forma restrictiva la naturaleza del cargo de “Auxiliar de Operación Grado 3”, sin considerar que este, de acuerdo con sus afirmaciones, pero sin presentar prueba alguna de ellas, aún existiría en la planta de personal, por lo que debía reintegrársele a este. El accionante sostuvo que dicho cargo no ha bía sido provisto por concurso, y que las normas precitadas establecían un marco legal que garantiza ba estabilidad relativa en provisionalidad.

13. Por otro lado, el accionante reprochó la existencia de un defecto por desconocimiento del precedente , porque en su sentir, el Tribunal Administrativo del Huila se apartó injustificadamente de decisiones previas de la Corte Constitucional, respecto a la aplicación obligatoria de los precedentes21, así como de otras providencias 22 que el señor García Garzón consideró con circunstancias

17 Corte Constitucional, Sentencia C-386 de 2014, MP Andrés Mutis Vanegas. - Esta providencia declaró inexequible

otras providencias 22 que el señor García Garzón consideró con circunstancias

17 Corte Constitucional, Sentencia C-386 de 2014, MP Andrés Mutis Vanegas. - Esta providencia declaró inexequible el artículo 15 de la Ley 1640 de 2013 por violar principios constitucionales en su trámite legislativo. La normativa referida otorgaba facultades extraordinarias al presidente de la República para modificar la planta de personal de la Contraloría General y del DAS en liquidación. La Corte encontró trasgredido el principio de consecutividad toda vez que fue introducido en la plenaria del Senado sin haber sido discutido previamente en las comisiones económicas conjuntas, lo que rompió la secuencia legislativa exigida por la Constitución. Asimismo, encontró vulnerado el principio de identidad flexible, pues el contenido del artículo no guardaba relación directa con el objeto del proyecto de ley original, que era exclusivamente presupuestal. Adicionalmente, indicó que no cumplió con el principio de u nidad de materia pues la norma introducía temas administrativos y de organización institucional que no correspondían al ámbito presupuestal de la ley, lo que desbordaba el objeto del proyecto-. 18 El actor expuso con relación a las normas citadas, que estas establecían que la provisionalidad es una figura excepcional para proveer empleos de carrera cuando no hay listas de elegibles disponibles, y que incluso en estos casos deben respetarse garantías mínimas como la motivación del retiro y el cumplimiento de requisitos legales. 19 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones». 20 Decreto 1227 de 2005 derogado por el Decreto 1083 de 2015, «por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de

otras disposiciones». 20 Decreto 1227 de 2005 derogado por el Decreto 1083 de 2015, «por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 1567 de 1998». 21 Al respecto, el actor invocó desconocidas las sentencias SU-360/99, MP Alejandro Martínez Caballero , SUT292/06, MP Manuel José Cepeda Espinosa y SU-053/15, MO Gloria Stella Ortiz Delgado. 22 La parte actora reprochó que existían decisiones favorables de otros compañeros, de los que indicó que desempeñaban el mismo cargo en la misma planta transitoria y fueron desvinculados en fechas simila res, siendo ordenado su reintegro y el pago de salarios y prestaciones, pues las autoridades judiciales en esos casos reconocieron la existencia del cargo y su falta de provisión por concurso, lo que justificó el reintegro , pero más allá de presentar un cuadro comparativo no profundizó al respecto . Adujo que, en contraste, en su caso, con condiciones laborales que consideró idénticas, fue tratado de forma distinta. Sostuvo que, aunque la primera instancia también ordenó su reintegro, el Tribunal negó esta medida y limitó el restablecimiento a 24 meses de salarios y prestaciones bajo el argumento que su cargo pertenecía a una planta transitoria inexistente. Alegó que esta diferencia de trato vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo digno, al no existir una justificación objetiva para el cambio de criterio , por loAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06626-00

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5 análogas a las de su asunto, en las que se ordenó el reintegro de los funcionarios.

14. En ese entendido, adujo que, con la supuesta omisión de los precedentes citados, se trasgredió el principio de igualdad , la seguridad jurídica y su derecho a un trabajo digno y estable . Así las cosas, se colige que, bajo el mismo sustento, ya que no profundizó al respecto y se limitó a nombrarlo, alegó que se incurrió también en un defecto por violación directa de la Constitución pues la negativa al reintegro del demandante implicaba una afectación directa a estos derechos fundamentales, sin una justificación constitucional válida.

2.3. Pretensiones

15. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…) PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales a la igualdad (art. 13 C.P.), al debido proceso en su dimensión de respeto al precedente judicial, (art. 29 C.P.), al trabajo (art. 25 C.P.), y al mínimo vital y trabajo en condiciones dignas, (arts. 25 y 53 C.P.), del señor OSCAR EDUARDO GARCIA GARZON.

SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila - Sala Cuarta de Decisión, en su numeral primero, en lo relativo a la negativa del reintegro.

SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila - Sala Cuarta de Decisión, en su numeral primero, en lo relativo a la negativa del reintegro.

TERCERO: Ordenar que se profiera nueva decisión en la que, atendiendo el precedente judicial y la igualdad de trato, se disponga el reintegro del señor Oscar Eduardo García Garzón al cargo que venía desempeñando el cargo de Auxiliar de Operación grado 3 o a su equivalente en la planta vigente o a otro de igual o superior categoría, con el reconocimiento de salarios y prestaciones dejados de percibir, hasta que se materialice dicho reintegro. (…). ». (SIC en toda la cita. Negrillas y subrayas de la Sala).

2.4. Intervenciones

16. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 23 de octubre de 202523 a través del cual se ordenó notificar como accionado al Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión y como interesados en el resultado del proceso se vinculó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al Departamento Administrativo de la Función Pública, a la Comisión Nacional del Servicio Civil y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia.

2.4.1. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Neiva,24 a través de su titular, indicó que la acción fue presentada contra la providencia del ad quem que modificó su decisión del 22 de agosto de 2019 , por lo que sostuvo que la tutela no

titular, indicó que la acción fue presentada contra la providencia del ad quem que modificó su decisión del 22 de agosto de 2019 , por lo que sostuvo que la tutela no cuestionaba su actuación. Adicionalmente, remitió el vínculo de acceso al expediente.

2.4.2. La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)25 indicó que es la entidad encargada de administrar y vigilar los sistemas de carrera administrativa general y

que consideró la motivación del ad quem insuficiente e injusta. – El actor alegó desconocidos el radicado 47-001-3333007-2015-00139-00/01/02/03 correspondiente al señor Óscar Enrique Alban Matta seguido ante el Tribunal Administrativo del Magdalena y el radicado 110013335013-2015-00216-00/01/02/03/04/05 cuyo demandante fue el señor Néstor Javier Calvo Chaves que cursó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 23 Índice 5 del aplicativo SAMAI 24 Índice 13 del aplicativo SAMAI 25 Índice 14 del aplicativo SAMAIAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06626-00

Accionante: Óscar Eduardo García Garzón

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6 específicos de origen legal, pero no tiene competencia sobre las carreras especiales de origen constitucional, como la de la Contraloría General de la República, toda vez que esta cuenta con un régimen especial de carrera administrativa establecido en el

6 específicos de origen legal, pero no tiene competencia sobre las carreras especiales de origen constitucional, como la de la Contraloría General de la República, toda vez que esta cuenta con un régimen especial de carrera administrativa establecido en el artículo 268 de la Constitución y regulado por el Decreto Ley 268 de 2000, por lo que sus concursos deben ser organizados directamente por dicha entidad, sin intervención de la CNSC.

17. En consideración a lo anterior manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva frente a la s acciones de tutela relacionadas con el concurso CGR 2025-2026, por lo que no tiene responsabilidad ni competencia sobre el proceso que originó la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante.

2.4.3. El Departamento Administrativo de la Función Pública26 se opuso a todas las pretensiones del tutelante, al no evidenciarse vulneración de derechos fundamentales por parte del Tribunal Administrativo del Huila. Señaló que la tutela no p odía utilizarse para reexaminar decisiones judiciales de fondo, pues ello desconocía los principios de autonomía judicial y seguridad jurídica.

18. Indicó que no se configuró una vía de hecho ni se acreditaron los defectos endilgados. Afirmó que la autoridad judicial accionada respetó las garantías procesales, por lo que la acción debía ser negada o declarada improcedente por no cumplir los requisitos de procedencia.

19. Adujo que tampoco se acreditó un perjuicio irremediable que justifique la tutela como mecanismo transitorio, pues no se probó en el caso concreto la existencia de un daño inminente, grave o urgente.

19. Adujo que tampoco se acreditó un perjuicio irremediable que justifique la tutela como mecanismo transitorio, pues no se probó en el caso concreto la existencia de un daño inminente, grave o urgente.

2.4.4. El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión , guardó silencio.

2.4.5. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

20. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

21. En consideración a que el accionante señaló el desconocimiento de precedentes como causa de afectación a sus derechos fundamentales a la igualdad, seguridad jurídica y trabajo digno, y bajo ese mismo fundamento reprochó una violación directa de la Constitución sin mayor desarrollo argumentativo, se abordará solamente el análisis del desconocimiento del precedente, en caso de superarse los

26 Índice 15 del aplicativo SAMAIAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06626-00

Accionante: Óscar Eduardo García Garzón

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

7 requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

7 requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

22. Por otro lado, prima facie podría inferirse que le asiste razón a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) frente a su alegada falta de legitimación en la causa por pasiva , toda vez que esta no organiza los concursos de la Contraloría General de la República y no tiene competencia respecto a la decisión reprochada en consideración a que no la profirió. No obstante, no puede perderse de vista, que fue vinculada a esta acción como tercero en el resultado del proceso al ser una de las entidades demandadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que se mantendrá su vinculación en aras de garantizar su derecho de defensa.

3.3. Problema jurídico

23. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Cuarta de Decisión, al proferir la sentencia del 3 de junio de 202527 que modificó la sentencia del 23 de abril de 2018 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho seguido bajo el radicado 41001 -33-33-004-2015-00231-00/01, vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo digno del accionante, al incurrir en los defectos sustantivo y por desconocimiento de precedente.

derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo digno del accionante, al incurrir en los defectos sustantivo y por desconocimiento de precedente.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

24. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

25. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello , en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder

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