CE - Sentencia 11001031500020250668600

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250668600
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06686-00

Accionante: Euclides Villamil Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y otro

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de reparación directa

Decisión: Niega el amparo de tutela porque no se acreditaron los defectos endilgados

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela1 presentada por el señor Euclides Villamil, quien actúa en nombre propio en contra del Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de l Circuito Bogotá y de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulne ración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ocurrida con ocasión de las providencias expedidas el 31 de enero y 31 de julio ambas de 2025, al interior del proceso de reparación

acceso a la administración de justicia, igualdad, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ocurrida con ocasión de las providencias expedidas el 31 de enero y 31 de julio ambas de 2025, al interior del proceso de reparación directa con radicado 11001-33-36-034-2024-00205-00 [01].

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El 14 de junio de 2002, el señor Euclides Villamil quien desempeñaba como dirigente del partido político de la Unión Patriótica y administrador de la Unidad de Servicios Públicos en el municipio de Miraflore s (Guaviare) le fue informado que debía renunciar irrevocablemente a este último cargo, pues de lo contrario sería declarado objetivo militar por parte de los miembros de las FARC.

3. Con ocasión de lo anterior, ese mismo día puso en conocimiento de esos hechos al alcalde y presentó la renuncia que le fue aceptada mediante Decreto 067 del 31 de julio de 2002.

4. El 18 de junio de 2002, el alcalde del municipio de Miraflores presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, debido a las

1 Acción de tutela presentada el 23 de octubre de 2025.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06686-00

Accionante: Euclides Villamil

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Accionante: Euclides Villamil

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2 amenazas recibidas resolvió desplazarse con su familia al municipio de Calamar (Guaviare).

5. El 10 de mayo de 2004, mientras estaba en la ciudad de Villavicenci o, fue detenido por agentes del DAS por la presunta comisión del delito de rebelión. Con ocasión a dicha circunstancia, el 19 de mayo de 2004 , el periódico El Tiempo publicó una foto del señor Villamil con el titular «detenido ideólogo de las Farc», razón por la que no pudo regresar a su finca junto con su familia en el municipio de Calamar (Guaviare), por ser una zona donde estaban presentes grupos paramilitares.

6. Con fundamento en lo anterior, el señor Euclides Villamil promovió el medio de control de reparación directa contra a la Nación, Ministerio de Defensa , Ejército Nacional para que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados debido al desplazamiento forzado por ser militante de la

Unión Patriótica.

7. El proceso correspondió al Juzgado Treinta y Cuatro del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, mediante auto de 31 de enero de 2025 resolvió rechazar la demanda por caducidad del medio de control de reparación directa, al considerar que trascurrieron más de dos años desde la ocurrencia del daño alegado.

8. En sede de apelación el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

demanda por caducidad del medio de control de reparación directa, al considerar que trascurrieron más de dos años desde la ocurrencia del daño alegado.

8. En sede de apelación el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A por medio de providencia del 31 de julio de 2025 confirmó la anterior decisión.

2.2. Fundamento jurídico

9. La parte actora alegó que la decisión cuestionada adol ece de un defecto sustantivo, toda vez que aplicó la caducidad del medio de control contemplada en el artículo 164 del CPACA, sin atender a una «i nterpretación conforme al bloque de constitucionalidad» previsto en el artículo 93 de la Constitución Política, pues, a su juicio, solo tuvo certeza de la responsabilidad del Estado con la notificación de la sentencia del 30 de enero de 2023 proferida por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos.

10. Asimismo, alegó un desconocimiento de precedente contenido en la providencia del 4 de febrero de 2016 2 proferida por el Consejo de Estado; la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 expedida por la Sección Tercera de la misma corporación; la providencia SU-312 de 13 de agosto de 2020 de la Corte Constitucional; así como en las sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera con radicados « 2024 – 323 – 01, 2025 – 022 – 01 y 2025 – 074 – 01», decisiones en las que se tomó como referencia para el conteo del término de caducidad la notificación de la Corte Interamericana de

01 y 2025 – 074 – 01», decisiones en las que se tomó como referencia para el conteo del término de caducidad la notificación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Militantes de la Unión Patriótica vs Colombia.

11. De otra parte, manifestó que se incurrió en un defecto fáctico al omitir «valorar integralmente el carácter continuado del desplazamiento forzado », en la medida que constituye una violación permanente mientras la víctima no puede retornar de

2 Radicado 11001031500020150316201Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06686-00

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3 manera segura a su lugar de origen ni restablecer su proyecto de vida.

2.3. Pretensiones

12. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…) PRIMERO: Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, en mi calidad de víctima de desplazami ento forzado y persecución política como integrante de la Unión Patriótica.

SEGUNDO: Que se dejen sin efecto el Auto del Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá de fecha 31 de enero de 2025, y el Auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A de fecha 31 de julio de 2025, mediante los cuales se

Administrativo de Bogotá de fecha 31 de enero de 2025, y el Auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A de fecha 31 de julio de 2025, mediante los cuales se rechazó mi demanda de reparación directa por considerar caducado el medio de control.

TERCERO: Que, en consecuencia, se ordene al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá admitir la demanda de reparación directa radicada el 11 de julio de 2024, para que se tramite conforme a derecho y se garantice mi acceso efectivo a la justicia.

CUARTO: Que se ordene a las autoridades judiciales accionadas aplicar en adelante los principios de interpretación conforme al bloque de constitucionalidad, control de convencionalidad y principio pro persona, especialmente en los casos relacionados con ví ctimas de graves violaciones de derechos humanos o del genocidio político de la Unión

Patriótica.» (Sic)

2.4. Intervenciones

13. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 27 de octubre de 2025 a través del cual se ordenó notificar a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativ o del Circuito de Bogotá como accionados y a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional como tercero interesado en el resultado del proceso.

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A pidió que se declare improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relev ancia constitucional, en la medida que parte accionante no

resultado del proceso.

14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A pidió que se declare improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relev ancia constitucional, en la medida que parte accionante no cumplió con la carga argumentativa mínima necesaria para justificar la afectación de sus derechos fundamentales pretendiendo con la interposición del mecanismo constitucional que se analice nuevamente como si se tratara de una tercera instancia.

15. El Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá después de hacer un recuento de las actuaciones surtidas, solicitó denegar el amparo porque no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados en protección, en la medida que la decisión cuestionada fue proferida conforme al material probatorio allegado al proceso; además que se le garantizó el derecho de doble instancia.

16. Agregó, que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicionalAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06686-00

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4 para revivir términos porque transgrediría los principios de independencia judicial y seguridad jurídica.

17. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

18. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

18. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

19. La Sala aclara que, si bien en la demanda de tutela se invocó un defecto fáctico, lo cierto es que la parte accionante no argumentó de qué manera la autoridad judicial accionada incurrió en la referida causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, pues, solo se limitó a señalar de manera genérica que el Tribunal al omitir «valorar integralmente el carácter continuado del desplazamiento forzado », pero no expuso de manera concreta las razones por las cuales considera que la decisión cuestionada adolece de tal defecto.

20. Por lo tanto, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento de fondo en lo atinente a dichos reparos, en caso de superar los presupuestos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales.

3.3. Problema jurídico

21. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, al proferir la sentencia del 31 de julio de 2025 3, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, al incurrir en los defectos sustantivo y desconocimiento de precedente.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

igualdad, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, al incurrir en los defectos sustantivo y desconocimiento de precedente.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

22. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de

2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro

3 Es de advertir que, si bien la parte actora también reprocha la decisión del 31 de enero de 2025, lo cierto es que la Sala se pronunciará solo respecto de la providencia del 31 de julio de 2025, teniendo en cuenta que esa fue la que puso fin al proceso.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06686-00

Accionante: Euclides Villamil

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5 medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

23. De igual fo rma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es

5 medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

23. De igual fo rma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atenci ón a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

24. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimie nto de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

25. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por

autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

25. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:

(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presenta ción de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pr etensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración de sus derechos fundamentales se enc uentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional,

vulneración de sus derechos fundamentales se enc uentran plenamente individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional, teniendo en cuenta que, si bien la Sala tiene el criterio que cu ando se alega el desconocimiento de precedente de una sentencia de unificación del Consejo deAcción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06686-00

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6 Estado la parte actora tiene a su disposición el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contemplado en el artículo 256 del CPACA, lo cierto es que no aplica en el presente asunto, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 4.° del artículo 257 del CPACA, en la medida que las pretensiones de la demanda de reparación directa no superan los 450 S.M.M.L.V.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6 meses desde que se profirió la providencia objeto de cuestionamiento, esto es, el 31 de julio de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 23 de octubre de la presente anualidad.

3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida

es, el 31 de julio de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, el 23 de octubre de la presente anualidad.

3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debid o proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición , al incurrir en los defectos sustantivo y desconocimiento de precedente, los cuales se encuentran fundamentados razonablemente.

26. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

27. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectu ar el estudio de exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 4, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».

28. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C590 de 2005, que el desconocim iento injustificado del precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

29. Respecto del precedente vertical 5, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto

parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

29. Respecto del precedente vertical 5, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.

30. Así, el precedente judicial vinculante está constitui do por aquellas consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso6.

4 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil. 5 Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil. 6 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06686-00

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31. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idént icos, quedan salvadas las exigencias de la

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31. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idént icos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de discriminación7.

32. En ot ros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a la Ley.

3.5. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial

33. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los

siguientes términos:

«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»8.

34. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los

normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»8.

34. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su a plicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.

En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador.

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o despropor cionada), y, finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,

finalmente.

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa

7 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 8 Corte Constitucional, sentencia T -1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo Montealegre Lynett.Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06686-00

Accionante: Euclides Villamil

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8 juzgada respectiva”.

Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, po r los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho».

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse

«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador»9.

35. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con efectos erga omnes.

3.6. Análisis de los presuntos defectos sustantivo y desconocimiento de precedente en el caso concreto

36. La parte actora alega un defecto sustantivo porque se declaró la caducidad del medio de control contemplada en el artículo 164 del CPACA, sin atender a una

precedente en el caso concreto

36. La parte actora alega un defecto sustantivo porque se declaró la caducidad del medio de control contemplada en el artículo 164 del CPACA, sin atender a una «interpretación conforme al bloque de constitucionalidad» previsto en el artículo 93 de la Constitución Política.

37. Asimismo, que la decisión cuestionada adolece de un desconocimiento de precedente contenido en la providencia del 4 de febrero de 201610 proferida por el Consejo de Estado; la s sentencias de unificación del 29 de enero de 2020 expedida por la Sección Tercera de la misma corporación y SU-312 de 13 de agosto de 2020 de la Corte Constitucional; así como en las providencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera con radicado s «2024 – 323 – 01, 2025 – 022 – 01 y 2025 – 074 – 01», decisiones en las que se tomó como referencia para el conteo del término de caducidad la notificación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Militantes de la Unión Patriótica vs Colombia.

38. Sobre el particular, se tiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A en la providencia cuestionada consideró:

«(…)

9 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 10 Radicado 11001031500020150316201Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06686-00

Accionante: Euclides Villamil

Chaljub. 10 Radicado 11001031500020150316201Acción De Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-06686-00

Accionante: Euclides Villamil

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

9 Caducidad del medio de control de reparación directa con ocasión de los delitos de lesa humanidad – desplazamiento forzado

17. Por su parte, el ordinal i del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011,

dispone que: (…)

18. La Sección Tercera del Consejo de Estado unific ó su jurisprudencia en lo concerniente a la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y “ cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilid ad patrimonial al

Estado”, indicando:

“(…) i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y

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