CE - Sentencia 11001333400320180011201

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Título
CE - Sentencia 11001333400320180011201
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E

INTERESES COLECTIVOS Radicación núm.: 11001-3334-003-2018-00112-01

Demandantes: MYRIAM AMAYA Y OTROS

Demandado: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

Vinculado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA

NACIONAL

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por el Distrito Capital de Bogotá, contra la sentencia de 7 de octubre de 2022 , proferida por la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. La señora Myriam Amaya y otros 855 demandantes1, en ejercicio de la acción

popular, presentaron demanda contra el Distrito Capital de Bogotá2, con el propósito de obtener la protección de los derechos colectivos previstos en los literales d) y g) del artículo 4.° de la Ley 472 de 5 de agosto de 19983.

2. Los demandantes formularon las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO. Que la Alcaldía Mayor de Bogotá como principal responsable del manejo de la atención de la problemática de habitantes de la calle y en cumplimiento de las disposiciones de la ley 1641 de 2013, articule las diferentes entidades

“[…] PRIMERO. Que la Alcaldía Mayor de Bogotá como principal responsable del manejo de la atención de la problemática de habitantes de la calle y en cumplimiento de las disposiciones de la ley 1641 de 2013, articule las diferentes entidades correspondientes, Secretaría de Integración Social, Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud y la Policía Nacional, estableciendo metas claras y un cronograma de operación que garantice la seguridad de la comunidad, la atención integral a esta población y la e vacuación de los llamados “cambuches” establecidos en las diferentes zonas de la localidad.

SEGUNDO. Brindar las garantías necesarias para asegurar que no se establezcan en el futuro cercano o lejano aglomeraciones de habitantes de la calle que atente

1 Cfr. índice 2 del expediente digital, documento denominado “ED_CUAD1201800112(.pdf) NroActua 2”, folios 7 y siguientes. 2 Alcaldía local de Puente Aranda y las Secretarías Distritales de Seguridad, Convivencia y Justicia, Integración Social y Gobierno. 3 “[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”. “[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: […] d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; […] g) La seguridad y salubridad públicas […]”.2

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Demandantes: Myriam Amaya y otros

[…] g) La seguridad y salubridad públicas […]”.2

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Demandantes: Myriam Amaya y otros

contra la seguridad y la tranquilidad de la comunidad de la Localidad de Puente Aranda.

TERCERO. Convocar a la administración distrital a que de manera clara y eficiente de (sic) a conocer la política pública que va a aplicar para la solución de esta problemática, a la vez que cree las herramientas necesarias en las diferentes localidades, para que dicha población sea atendida directamente en sus territorios sin necesidad de desplazarlos a la localidad de Puente Aranda […]”4. (Negrilla del texto).

3. Señalaron que el desalojo de “El Bronx” realizado el 22 de mayo de 2016, causó problemas de inseguridad y ocupación del espacio público por la reubicación

improvisada de los habitantes de calle en varias zonas de Bogotá, incluida la localidad 16 de Puente Aranda.

4. Explicaron que el canal de “comuneros” de la localidad, se convirtió en un centro de expendio de estupefacientes, y en un sector donde aumentó el robo a peatones, el hurto de vehículos, la intimidación a la comunidad y la contaminación debido a la mala disposición de los residuos sólidos.

5. Indicaron que esta problemática afectó la zona industrial, residencial y comercial

de Puente Aranda. Además, argumentaron que “[…] estos habitantes de la calle se encuentran en un estado de pleno abandono por parte de las autoridades que no se han hecho responsables del acompañamiento y la oferta de los servicios de reintegración y rehabilitación que luego de los operativos de desalojo de la calle del

encuentran en un estado de pleno abandono por parte de las autoridades que no se han hecho responsables del acompañamiento y la oferta de los servicios de reintegración y rehabilitación que luego de los operativos de desalojo de la calle del "Bronx" eran indispensables para evitar la situación actual […]”. Por lo tanto, solicitaron lo siguiente:

“[…] La comunidad de la localidad de puente Aranda exige a la alcaldía mayor de Bogotá que los hogares de paso que se encuentran en la localidad, deben ser reubicados y a la vez se deben abrir este tipo de centros en cada una de las localidades, y que cada una de ellas atienda de manera eficiente su problemática de habitabilidad en calle y de consumo de sustancias psicoactivas en sus respectivos territorios sin que haya nec esidad de desplazarlos a la localidad de puente Aranda, generando la problemática anteriormente descrita.

Requerimos del mismo modo, la presencia permanente de la Policía Nacional mientras que se toman las medidas necesarias para afianzar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de la localidad. […]”.

6. Finalmente, sostuvieron que la Alcaldía Mayor no ha tomado medidas suficientes para asegurar la atención adecuada de dicha población, conforme a los lineamientos previstos en la sentencia C-043 del 2015 y la Ley 1641 de 12 de julio de 20135.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

7. El Juzgado Tercero del Circuito de Bogotá, mediante auto de 18 de abril de 20186,

admitió la demanda contra “[…] Bogotá D.C. – Secretaría Distrital de Se guridad,

4 Cfr. índice 2 del expediente digital, documento denominado “ED_CUAD1201800112(.pdf) NroActua 2”.

admitió la demanda contra “[…] Bogotá D.C. – Secretaría Distrital de Se guridad,

4 Cfr. índice 2 del expediente digital, documento denominado “ED_CUAD1201800112(.pdf) NroActua 2”. 5 “[…] Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones. […]”. 6 Ibidem, folios 90 y siguientes.3

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Convivencia y Justicia - Secretaría Distrital de integración Social - Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldía Local de Puente Aranda […]”. Además, vinculó al Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, notificó al agente del Ministerio Público y a la ANDJE, y dispuso comunicar la acción de la referencia a los miembros de la comunidad.

8. El 8 de octubre de 20197, se declaró fallida la audiencia especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, porque no se formuló proyecto de pacto de cumplimiento.

9. A través de sentencia de 28 de agosto de 20208, el Juzgado Tercero del Circuito de Bogotá ampar ó los derechos colectivos a la seguridad pública, a la salubridad pública y al espacio público.

10. Mediante auto de 22 de marzo de 20229, la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al estudiar los recursos de apelación presentados contra esa decisión , conservó “[…] la validez de todo lo actuado en

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al estudiar los recursos de apelación presentados contra esa decisión , conservó “[…] la validez de todo lo actuado en primera instancia salvo la sentencia […]”, declar ó la nulidad de lo actuado en segunda instancia y avocó el conocimiento del proceso.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Distrito Capital de Bogotá10

11. El Distrito Capital de Bogotá manifestó en escrito de 7 de junio de 201811 que no vulneró los derechos colectivos invocados por los demandantes. Igualmente, señaló que acceder a las pretensiones de la demanda sería una actuación inconstitucional e ilegal que desconoce el deber del Estado de proteger a la población habitante de

calle. Explicó que no es posible conducir o detener provisionalmente a este grupo poblacional sin que medie una causa legal que así lo determine.

12. Indicó que, mediante Decreto 560 de 21 de diciembre de 2015 12, el distrito

adoptó la política pública para el fenómeno de habitabilidad en calle ; documento que establece la ruta de atención al habitante de calle que permite garantizar la igualdad material y el ejercicio de los derechos fundamentales de esa población, con el liderazgo de la Secretaría de Integración Social.

13. Agregó que “[…] esta política pública genera una necesaria división de la

población habitante de calle, permitiendo así al Distrito Capital tratar de manera más específica y especializada a cada individuo de acuerdo a su estado mental, necesidades básicas y tratamientos individuales […]”.

7 Cfr. índice 2 del expediente digital, documento denominado “ED_CUAD2201800112(.pdf) NroActua 2”, folio 2 y siguientes.

necesidades básicas y tratamientos individuales […]”.

7 Cfr. índice 2 del expediente digital, documento denominado “ED_CUAD2201800112(.pdf) NroActua 2”, folio 2 y siguientes. 8 Ibidem, folio 91 y siguientes. 9 Cfr. índice 2 del expediente digital, documento denominado “ED_CUAD3201800112(.pdf) NroActua 2” , folio 34 y siguientes. 10 Alcaldía local de Puente Aranda y las Secretarías Distritales de Seguridad, Convivencia y Justicia, Integración Social y Gobierno. 11 Cfr. índice 2 del expediente digital, documento denominado “ED_CUAD1201800112(.pdf) NroActua 2”, folio 117 y siguientes. 12 “[…] Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle y se derogan los Decretos Distritales Nos 136 de 2005 y 170 de 2007 […]”.4

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Demandantes: Myriam Amaya y otros

14. Consideró que “[…] la intervención integral del Bronx es producto de un esfuerzo inter-agencial de varios meses de planeación, inteligencia e investigación criminal en la zona del Bronx, que culmina en una intervención integral para restablecer

derechos a poblaciones vulnera bles (menores de edad y habitantes de calle), y restablecer el orden público y la seguridad en esta zona de Bogotá […]”.

15. Planteó que “[…] con meses de anterioridad a la intervención Integral del sector conocido como "El Bronx", la Subsecretaria (sic) de Asuntos para la convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría distrital de Gobierno coordinó en una primera

15. Planteó que “[…] con meses de anterioridad a la intervención Integral del sector conocido como "El Bronx", la Subsecretaria (sic) de Asuntos para la convivencia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría distrital de Gobierno coordinó en una primera etapa con la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía

Metropolitana de Bogotá, D.C., el protocolo de intervención a nivel operacional y de seguridad en la zona, teniendo como principal insumo la información de inteligencia e investigación criminal existente en este sector de la ciudad […]”.

16. Respecto de la garantía de los derechos fundamentales de la población

vulnerable, indicó lo siguiente:

“[…] una segunda etapa se coordinó con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, la Secretaría Integración Social y la Secretaría Distrital de Salud para adelantar lo pertinente en las garantías de intervención humanitaria y oferta social para el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la población vulnerable.

En una tercera fase de la intervención, se involucraron entidades del nivel nacional como el Ministerio de Hacienda (COLJUEGOS) y del nivel distrital la UAESP, CODENSA, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Secretaría Distrital de Planeación e IDIPRON, entre otras, con el fin de asegurar la atención de los habitantes de calle y su acogida a los programas existentes, reparación de luminarias, recolección de basuras, saneamiento […]”.

17. Señaló que “[…] durante el primer semestre del presente año se prioriz ó de manera especial el canal Comuneros por parte de la Administración Distrital y la

recolección de basuras, saneamiento […]”.

17. Señaló que “[…] durante el primer semestre del presente año se prioriz ó de manera especial el canal Comuneros por parte de la Administración Distrital y la Policía Metropolitana de Bogotá - MEBOG, se dispusieron seis (6) uniformados de la MEBOG que de manera exclusiva se dedican al patrullaje y la materialización de acciones de control sobre el canal haciendo énfasis en el barrio Veraguas de la localidad de Puente Aranda […]”.

18. Enumeró l os operativos de control de tráfico de estupefacientes, recorridos interinstitucionales, acciones afirmativas y operativos ambientales desplegados en la materia, durante la vigencia 2018, adelantados por las Secretarías Distritales de

Seguridad, Integración Social y Gobierno y la Policía Nacional.

19. Informó que el distrito ha realizado reuniones comunitarias para escuchar las diversas problemáticas de los barrios cercanos a los cuerpos de agua (Canal Rio Comuneros, Rio Fucha, Rio Seco y Rio Albina), donde se han establecido compromisos para la recuperación institucional de las zonas de manejo y preservación ambiental. Además, destac ó que la Alcaldía Local no formula las

políticas públicas de atención a los habitantes de calle, las cuales podrían resolver de fondo la problemática causada por dicho sector poblacional.5

Radicación núm.: 11001-3334-003-2018-00112-01

Demandantes: Myriam Amaya y otros

20. Puso de presente que el juez popular solo podrá amparar los derechos colectivos cuando la amenaza sea “[…] real y no hipotética, directa, inminente, concreta y

Demandantes: Myriam Amaya y otros

20. Puso de presente que el juez popular solo podrá amparar los derechos colectivos cuando la amenaza sea “[…] real y no hipotética, directa, inminente, concreta y actual, de manera tal que en realidad se perciba la potencialidad de violación del derecho colectivo o la verificación del mismo, aspectos todos que deben ser debidamente demostrados por la actora popular y que en el caso presente no se da ni la demostración y mucho menos la vulneración, ni amenaza, con las actuaciones diligentes de las entidades accionadas […]”.

21. Finalmente, planteó las excepciones de “[…] inexistencia de la omisión […]”, “[…] ausencia de daño contingente […]”, “[…] falta de nexo causal […]” e “[…] innominada […]”.

I.3.2. Policía Nacional

22. La Policía Nacional Metropolitana de Bogotá, en escrito de 7 de junio de 201813, se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que esa entidad cumplió la obligación legal de proteger el espacio público y la seguridad ciudadana , sin

quebrantar los derechos fundamentales de la pobla ción habitante de calle, cuando efectuó la intervención en el “Bronx”.

23. Anotó que los habitantes de calle y delincuentes ubicados en el “Bronx”, salían a

robar partes de carros y asaltar a transeúntes en la carrera 10 y caracas. Sin embargo, después de ese operativo estas actividades disminuyeron beneficiando la seguridad, la salubridad y el entorno del centro de la capital.

24. Puso de presente que “[…] Con ocasión a la intervención del Bronx, se evidenció

embargo, después de ese operativo estas actividades disminuyeron beneficiando la seguridad, la salubridad y el entorno del centro de la capital.

24. Puso de presente que “[…] Con ocasión a la intervención del Bronx, se evidenció

la migración y/o dispersión del habitante de calle que bajo la renuencia de aceptar los ofrecimientos de albergue y tratamientos de rehabilitación ofrecidos, se negaron a ser reubicados y acogerse a dic hos beneficios y de otra parte la renuencia e instalación de estos grupos marginales sobre zonas aledañas al sector recuperado del Bronx, obedece en gran parte por razones de dependencia a la adicción del consumo de sustancias psicoactivas y de otra parte, al control que ejercen sobre estas personas quienes se lucran del negocio del microtráfico al tenerlos bajo su dependencia a las drogas y el dominio y control del territorio en lugares ubicados de forma estratégica para la oferta y demanda de estas sustancias ilícitas […]”.

25. Enfatizó que la Policía Metropolitana de Bogotá actúa para mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas , conforme al principio de prevalencia de l interés general sobre el particular . Por lo tanto, de manera permanente, la policía realiza operativos en los distintos sectores de la ciudad para prevenir los efectos de esa medida en materia de seguridad, incluyendo la localidad de Puente Aranda.

13 Cfr. índice 2 del expediente digital, documento denominado “ED_CUAD1201800112(.pdf) NroActua 2”, folio 195 y siguientes.6

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Demandantes: Myriam Amaya y otros

siguientes.6

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Demandantes: Myriam Amaya y otros

26. Por último, planteó las excepciones de “[…] improcedencia de la acción […]” y “[…] falta de legitimación en la causa por pasiva […]”.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

27. La Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 7 de octubre de 202214, amparó los derechos colectivos al goce del espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la seguridad y a la salubridad pública, transgredidos por el Distrito Capital de Bogotá, la Alcaldía local de Puente Aranda, las Secretarías Distritales de Seguridad, Convivencia y Justicia, Integración Social y Gobierno, y la Policía

Nacional.

28. Explicó que el Distrito Capital, en cumplimiento de la Ley 1641 de 2013, adoptó a través del Decreto 560 de 2015 una política pública para el manejo de la

problemática de habitabilidad en calle.

29. Sin embargo, luego de analizar el contenido de la política en cuestión junto con las pruebas documentales y fotográficas, concluyó que los miembros del extremo pasivo vulneraron los derechos colectivos invocados en la demanda, porque la intervención en el sector conoci do como “Bronx” exacerbó el fenómeno de

habitabilidad en calle, particularmente en la localidad de Puente Aranda y en los sectores aledaños.

30. Reconoció que el distrito y la Policía Nacional adelantaron varias acciones para

habitabilidad en calle, particularmente en la localidad de Puente Aranda y en los sectores aledaños.

30. Reconoció que el distrito y la Policía Nacional adelantaron varias acciones para solventar la problemática de inseguridad y salubridad pública identificadas en el sector de Puente Aranda. S in embargo, estas no fueron suficientes para mitigar la problemática.

31. Advirtió “ […] unas falencias en las políticas públicas en los componente (sic) específicos de Seguridad Humana y Convivencia Ciudadana, ya que no se está ante entornos seguros y permite evidenciar el riesgo en el que se encuentra la comunidad por la no implementación continuada y permanente de las políticas de seguridad

traducidas en acciones de convivencia pacífica entre habitantes de calle y comunidad, y demás acciones de protección que seguramente de haberse adoptado en debida forma hubiesen generado un menor impacto en el sector […]”.

32. En cuanto al espacio público , cuestionó la efectividad de: i) los p rocesos de reasentamiento integral de población; ii) el plan pedagógico sobre espacio público y convivencia; iii) la revisión del plan maestro de equipamientos para la habitabilidad

de calle; iv) el reasentamiento integral de personas en riesgo de habitar calle de las ciudadanas y los ciudadanos Habitantes de Calle; v) el modelo de regulación para garantizar la habitabilidad de hospedajes, inquilinatos y paga diarios, y vi) el modelo de ordenamiento territorial sensible al fenómeno de la habitabilidad de calle.

14 “[…] Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones […]”.7

Radicación núm.: 11001-3334-003-2018-00112-01

14 “[…] Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones […]”.7

Radicación núm.: 11001-3334-003-2018-00112-01

Demandantes: Myriam Amaya y otros

33. En consecuencia, consideró que las entidades accionadas transgredieron los derechos colectivos previstos en los literales d) y g) del artículo 4.° de la Ley 472 a

título de omisión, y resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARANSE (sic) no probadas las excepciones propuestas por las entidades accionadas […].

SEGUNDO: DECLARASE la vulneración de los derechos colectivos […] e intereses colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la seguridad y salubridad pública incoadas en la demanda por parte de los

accionantes Myriam Amaya y Otros.

TERCERO. ORDENASE a las entidades accionadas que para la protección de los derechos colectivos, deberán en un término de treinta (30) días:

  • Realizar mesas de trabajo interinstitucional con las entidades involucradas en la estructuración e implementación de las políticas públicas establecidas en el Decreto 560 de 2015, a fin de realizar la revisión y evaluación de la política pública existente en el Distrito Capital, especialmente en la localidad de Puente Aranda, para

contrarrestar el fenómeno de habitabilidad de calle.

  • Realizar mesas de trabajo con la comunidad de Puente Aranda, en donde se socialicen las políticas públicas y acciones a implementar en el sector.

contrarrestar el fenómeno de habitabilidad de calle.

  • Realizar mesas de trabajo con la comunidad de Puente Aranda, en donde se socialicen las políticas públicas y acciones a implementar en el sector.
  • Estructurar un plan de trabajo en el término de treinta (30) días, que permita realizar las acciones efectivas teniendo en cuenta los componentes de las políticas públicas

de fenómeno de habitabilidad en calle en el Distrito Capital, que permitan en un término perentorio, restablecer los espacios públicos que consideren han sido invadidos, así como también aquellas que permitan establecer entornos seguros para la localidad de Puente Aranda y aquellas zonas en los que se identifique el fenómeno social.

  • Las mesas de trabajo deberán rendir a esta Corporación, un informe mensual de las actividades adelantadas en el marco del cumplimiento de la sentencia.

CUARTO. CONFORMESE el comité de verificación de la sentencia el cual estará integrado por el Despacho sustanciador, los accionantes, las entidades accionadas, el Agente del Ministerio Público delegado ante el Despacho sustanciador, un representante de la Defensoría del Pueb lo el cual deberá rendir informe mensual sobre las acciones desplegadas para el cumplimiento de la sentencia.

QUINTO. Sin condena en costas […]”. (Negrilla del texto).

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

III.1. El Distrito Capital de Bogotá, en el memorial de 15 de noviembre de 202215, se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que se configuró el fenómeno de hecho superado, porque las entidades distritales demandadas

III.1. El Distrito Capital de Bogotá, en el memorial de 15 de noviembre de 202215, se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que se configuró el fenómeno de hecho superado, porque las entidades distritales demandadas cumplieron sus obligaciones legales en el marco del Decreto 560 de 2015.

34. Afirmó que el tribunal no valoró los elementos probatorios que dan cuenta de las acciones adoptadas de “[…] manera articulada […]” para atender la problemática de

los habitantes de la calle en la localidad de Puente Aranda.

15 Cfr. índice 2 del expediente digital, documento denominado “ED_CUAD3201800112(.pdf) NroActua 2”, folio 98 a 106.8

Radicación núm.: 11001-3334-003-2018-00112-01

Demandantes: Myriam Amaya y otros

35. Consideró que “[…] las distintas entidades distritales han estado prestas a dar cumplimiento de acuerdo a su misionalidad, con las actividades tendientes al cese de la invasión del espacio público en la Localidad, señalando que la Alcaldía Local de Puente Aranda, en el marc o de sus obligaciones ha coordinado operativos de recuperación de espacio público en conjunto con la XVI Estación de Policía de Puente Aranda, Secretaría de Integración Social SDIS, Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, IDIPRON, Personería Local de Puente Aranda, Aguas de Bogotá S.A ESP, Aseo Capital S.A. E.S.P, Limpieza Metropolitana LIME S.A.ESP, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Gobierno y Alcaldía Local de Puente Aranda, con los cuales se retiran las v iviendas subnormales

Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Gobierno y Alcaldía Local de Puente Aranda, con los cuales se retiran las v iviendas subnormales (Cambuches) con el objetivo de no permitir su permanencia […]”.

36. Respecto de la orden asociada a construir un plan de trabajo para la ejecución

de la política pública, indicó lo siguiente:

“[…] las distintas entidades distritales en conjunto con la Policía Nacional han tenido presencia constante en la zona, han implementado estrategias de prevención y control del delito y de mejoramiento de la percepción de seguridad en la localidad han (sic) trabajado con la Estación XVI de Policía de Puente Aranda con el fin de llevar a cabo acciones que permitan mitigar la ocurrencia de delitos., (sic) ni tampoco tuvieron en cuenta las mesas de trabajo, en las cuales, de acuerdo a la misionalidad de cada entidad, se han establecido diversos objetivos que se han venido cumpliendo.

Tampoco se tomó en cuenta el hecho que a raíz del operativa (sic) conjunto llevado a cabo en el mes de julio del año 2019 la intervención ha sido sostenida desde esa época con la realización de distintos recorridos diarios para mantener el canal libre de habitantes de calle, microtráfico y delincuentes en general, zona que sigue rehabilitada hasta la fecha.

Además del Canal Comuner os, también se han adelantado controles en distintas partes de la localidad, haciendo presencia constante hasta la fecha la Alcaldía (sic) Local de Puente Aranda lanzo (sic) en el presente año su estrategia "Recorrido de la Confianza" junto a Ejercito Nacional y Policía Nacional con el fin de brindar mayor seguridad a la localidad razón por la cual continúan las intervenciones en puntos

Local de Puente Aranda lanzo (sic) en el presente año su estrategia "Recorrido de la Confianza" junto a Ejercito Nacional y Policía Nacional con el fin de brindar mayor seguridad a la localidad razón por la cual continúan las intervenciones en puntos críticos de la localidad. […]”.

37. Frente a las demás órdenes judiciales, p recisó que tales instrucciones se implementaron en el trámite de la acción popular e incluso las acciones implementadas sobrepasan su alcance. A manera de ejemplo citó los procesos de caracterización, el proyecto de inversión 7757, la oferta institucionad de atención a

población habitante de calle, y los consejos locales de seguridad y política social celebrados en el año 2019.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

38. Mediante auto de 7 de diciembre de 2022 16, el a quo concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación interpuesto por el Distrito Capital de Bogotá.

16 Cfr. índice 2 del expediente digital, documento denominado “ED_CUAD3201800112(.pdf) NroActua 2”, folio 109.9

Radicación núm.: 11001-3334-003-2018-00112-01

Demandantes: Myriam Amaya y otros

39. Esta autoridad judicial, a través de auto de 13 de febrero de 2023 17, admitió los recursos, informó a los sujetos procesales que podían pronunciarse en relación con la alzada hasta la ejecutoria de esa decisión, y advirtió que no había lugar a dar traslado para alegar de conclusión.

40. En escrito de 9 de septiembre de 202418, la Procuradora Segunda Delegada ante

la alzada hasta la ejecutoria de esa decisión, y advirtió que no había lugar a dar traslado para alegar de conclusión.

40. En escrito de 9 de septiembre de 202418, la Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia.

Explicó que, después de analizar el material probatorio obrante en el proceso y de consultar el banco de programas y proyectos d e la Alcaldía Mayor de Bogotá , encontró un proyecto denominado “[…] seguridad y convivencia para Puente Aranda del 2022 […]”, en el que se realizó un diagnóstico de la situación de seguridad en la localidad, donde se evidencia que la problemática persiste desde la época de la intervención del “Bronx”.

41. El 19 de marzo de 202519, la Secretaría General pasó el expediente al consejero ponente, en virtud de lo resuelto en la sesión de la Sala celebrada el 13 de marzo de 2025.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

42. De conformidad con el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 20 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 21, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos , en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento del problema jurídico

43. La parte actora atribuyó al Distrito Capital de Bogotá la transgresión de los

primera instancia por los tribunales administrativos , en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento del problema jurídico

43. La parte actora atribuyó al Distrito Capital de Bogotá la transgresión de los derechos colectivos previstos en los literales d) y g) del artículo 4.° de la Ley 472 ,

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