CE - Sentencia 13001233300020180042301

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 13001233300020180042301
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 13001-23-33-000-2018-00423-01 (72344)

Demandante: Fundación Unidad Solidaria Demandada: Agencia Nacional de Minería Medio de control: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia

Temas: INDEBIDA O FALTA DE NOTIFICACIÓN – No conlleva por sí misma la nulidad de los actos administrativos, sin perjuicio de que puede conllevar a la invalidez si, por sus características concretas, quiebra el derecho de defensa al resultar determinante del sentido de la decisión o porque conlleva a la imposibilidad de contradecirla / CARÁCTER ESPECIAL Y PREFERENTE DE LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE MINAS - No implica una autosuficiencia absoluta del ordenamiento minero, pues el mismo estatuto prevé mecanismos de integración normativa por remisión directa o por aplicación supletoria / NOTIFICACIÓN DEL ACTO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA CONFORME A LAS NORMAS DEL CPACA - No desconoce la especialidad y preferencia de la normatividad minera, sino que corresponde a la aplicación de la ruta que el propio legislador minero diseñó de forma expresa para regular aquellas situaciones no contempladas de manera específica / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA - Es un negocio jurídico reglado, solemne y de adhesión, cuya

diseñó de forma expresa para regular aquellas situaciones no contempladas de manera específica / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA - Es un negocio jurídico reglado, solemne y de adhesión, cuya estructura no es aleatoria ni queda al arbitrio de las partes, sino que obedece a una lógica técnica y jurídica imperativa que se materializa en un desarrollo por etapas sucesivas / ETAPAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA - Su secuencia y duración son elem entos estructurales del negocio jurídico, cuya alteración está sujeta a formalidades y no puede inferirse de actos de mera ejecución de las obligaciones técnicas a cargo del concesionario / APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJOS Y OBRAS - No es u n acto dispositivo con la potestad de alterar los plazos contractuales, sino una decisión de control técnico y un juicio de viabilidad que valida la suficiencia de la exploración realizada y la idoneidad del plan propuesto para las fases subsiguientes / RE NUNCIA TÁCITA AL PLAZO RESTANTE DE LA EXPLORACIÓN – Una modificación tan trascendental como el recorte de una etapa contractual, no se produce de manera implícita por la sola interpretación de la conducta del concesionario o de la simple aprobación del PTO ; requiere una solicitud expresa del concesionario en tal sentido y una modificación formal del negocio jurídico.

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que negó las pretensiones.

La controversia está relacionada con los supuestos motivos de ilegalidad de los actos administrativos por los cuales la Agencia Nacional de Minería declaró la caducidad

demandante contra la sentencia que negó las pretensiones.

La controversia está relacionada con los supuestos motivos de ilegalidad de los actos administrativos por los cuales la Agencia Nacional de Minería declaró la caducidad de un contrato de concesión minera.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00423-01 (72344)

Demandante: Fundación Unidad Solidaria

Demandado: Agencia Nacional de Minería

Referencia: Controversia contractual

2

I LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión adoptada el 29 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones formuladas 1 por la Fundación Unidad Solidaria (en adelante la demandante, la parte actora o la Fundación) en contra de la Agencia Nacional de Minería (en adelante la entidad, la autoridad minera o la ANM), cuyos hechos principales, fundamentos de derecho y pretension es se enuncian a continuación.

Hechos

2. El 6 de abril de 2011, la Fundación y el departamento de Bolívar firmaron el contrato de concesión minera JG8 -15022 cuyo objeto consistió en la exploración y explotación de yacimientos de cobre, plata y otros minerales en los municipios de Santa Rosa del S ur y Montecristo, con una duración de 30 años a partir de su inscripción en el Registro Minero Nacional, lo cual se realizó el 4 de noviembre de

2011.

3. El 10 de julio de 2012 el departamento de Bolívar profirió el Auto 0444, donde aprobó el Plan de Trabajos y Obras (PTO) presentado por el concesionario.

2011.

3. El 10 de julio de 2012 el departamento de Bolívar profirió el Auto 0444, donde aprobó el Plan de Trabajos y Obras (PTO) presentado por el concesionario.

4. Mediante la Resolución VSC -598 del 27 de junio de 2013, la Agencia Nacional de Minería (ANM) asumió el conocimiento y la gestión de los expedientes mineros que le fueron entregados por la gobernación de Bolívar, incluyendo el contrato en cuestión.

5. A través de la Resolución VSC000319 del 26 de junio de 2015, la ANM declaró la caducidad del contrato de concesión JG8 -15022 con fundamento en el incumplimiento de la obligación de pago del canon superficiario correspondiente a la segunda y tercera anual idad de la etapa de exploración, decisión que fue notificada por aviso el 7 de septiembre de 2015.

6. Mediante oficios del 6 y 21 de agosto de 2015, la Fundación solicitó la suspensión temporal de las obligaciones derivadas del contrato con fundamento en el artículo 52 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas).

7. En la Resolución VSC -000873 del 17 de agosto de 2016, la ANM resolvió el recurso de reposición interpuesto por la fundación, confirmando en su totalidad la decisión de declarar la caducidad del contrato.

1 La demanda fue presentada el 11 de enero de 2017, según consta en el acta individual de reparto. Expediente digital, archivo “007ED_03ActuacionTribunalC(.pdf)”, pág. 1.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00423-01 (72344)

digital, archivo “007ED_03ActuacionTribunalC(.pdf)”, pág. 1.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00423-01 (72344)

Demandante: Fundación Unidad Solidaria

Demandado: Agencia Nacional de Minería

Referencia: Controversia contractual

3 Cargos de nulidad

8. Según se expresó en la demanda 2, las resoluciones presentan defectos de ilegalidad por violación al debido proceso y falsa motivación.

9. El desconocimiento del debido proceso se fundamentó en una indebida notificación de los actos acusados y la omisión de resolver la solicitud de suspensión.

Se indicó que la ANM notificó a la Fundación la decisión de declarar la caducidad del contrato utilizando las normas generales de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) pese a que la entidad estaba obligada a aplicar el procedimiento de notificación establecido en el artículo 269 del Código de Minas. Además, la autoridad minera también vulneró el debido proceso al no resolver la solicitud de suspensió n de las obligaciones del contrato. Señaló que, al momento de radicar dicha solicitud, la resolución de caducidad aún no había sido notificada ni se habían resuelto los recursos en su contra, por lo que no producía efectos jurídicos.

10. La falsa motivación se sustentó en que la razón para declarar la caducidad del contrato —el supuesto incumplimiento en el pago del canon superficiario del segundo y tercer año de la etapa de exploración — se basó en una obligación inexistente.

Afirmó que al haber obtenido el concesionario la aprobación del Programa de Trabajos y Obras (PTO) durante el primer año del contrato, la etapa de exploración

y tercer año de la etapa de exploración — se basó en una obligación inexistente. Afirmó que al haber obtenido el concesionario la aprobación del Programa de Trabajos y Obras (PTO) durante el primer año del contrato, la etapa de exploración se dio por terminada de manera anticipada, iniciando automáticamente la fase de construcción y montaje. En consecuencia, la autoridad minera no podía exigir el pago de un canon correspondiente a una etapa contractual que ya no existía; lo correcto, habría sido requerir el pago correspondiente al primer año de la etapa de construcción y montaje, actuación que la entidad demandada nunca realizó.

Pretensiones

11. Soportado en los fundamentos de hecho y de derecho antes referidos, la parte actora solicitó3 declarar la nulidad de los actos administrativos expedidos por la ANM

2 Expediente digital, archivos “005ED_01Demanda201800423pd(.pdf)” y “014ED_10Solicitudadicionde(.pdf)” 3 Textualmente pidió: “ Primero: Que son nulas las resoluciones números VSC -000319 de 26 de junio de 2015 ‘POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. JG8-15022’ y No. VSC 000873 de 17 de agosto de 2016 ‘POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN NO. VSC -000319 de 26 de junio de 2015, DENTRO DEL EXPEDIENTE No. JG8-15022’, expedidas por la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA. Segunda: Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada,

DEL EXPEDIENTE No. JG8-15022’, expedidas por la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA. Segunda: Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada, continuar con el trámite de ejecución del contrato único de concesión No. JG8 -15022, teniendo en cuenta las normas vigentes sobre la materia. Tercera: Que de manera subsidiaria a las peticiones anteriores, que la Nación Colombiana-Agencia Nacional de Minería reconozca y pague a mi poderdante los siguientes perjuicios materiales: a) Por concepto de daño emergente la suma total de trescientos millones de pesos ($300.000.000). b) Por concepto de lucro cesante la suma total de treinta y ocho mil cuatrocientos nueve millones ciento doce mil novecientos cincuenta y siete pesos ($38.409.112.957.00) M/cte. Cuarta: Que se reconozca los intereses moratorios hasta cuando se dé cabal cumplimiento al acuerdo conciliatorio, en los términos de los artículos 192 yRadicación: 13001-23-33-000-2018-00423-01 (72344)

Demandante: Fundación Unidad Solidaria

Demandado: Agencia Nacional de Minería

Referencia: Controversia contractual 4 que declararon y posteriormente confirmaron la caducidad del contrato de concesión minera JG8 -15022 (resoluciones VSC -000319 y VSC -000873), y a título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara a la ANM continuar con la ejecución del contrato. De forma subsidiaria, reclamó el pago de una indemnización por perjuicios materiales, desglosada en daño emergente y lucro cesante.

Adicionalmente, solicitó el reconocimiento de intereses moratorios sobre esas sumas

ejecución del contrato. De forma subsidiaria, reclamó el pago de una indemnización por perjuicios materiales, desglosada en daño emergente y lucro cesante. Adicionalmente, solicitó el reconocimiento de intereses moratorios sobre esas sumas y que se condenara en costas a la entida d demandada.

Contestación de la demanda

12. La entidad demandada se opuso a las pretensiones defendiendo la legalidad de los actos administrativos acusados4. Calificó el caso como una situación inusual en la que un deudor, en este caso el concesionario, utiliza la vía judicial para oponerse al pago de las contraprestaciones económicas que por mandato constitucional y legal le debe al Estado colombiano por la explotación de los recursos naturales no renovables. Sostuvo que el incumplimiento del demandante fue claro, grave y debidamente comprobado, lo que justificó plenamente la declaratoria de caducidad como medida para proteger el interés general.

13. Desvirtuó el cargo de falsa motivación, afirmando que la obligación de pagar el canon superficiario era plenamente existente y exigible, por cuanto la aprobación del PTO no implica una terminación automática de la etapa de exploración , ni una renuncia al término restante , como tampoco un inicio oficioso de la etapa de explotación. Según la normativa minera, para que se formalice una renuncia o el paso anticipado a otra etapa , el titular minero debe solicitarlo por escrito a la autoridad minera y ambiental, por lo que, al no existir prueba de tal actuación, el contrato permanecía legal y fácticamente en la etapa de exploración. En consecuencia, el no pago del canon de la segund a y tercera anualidad de dicha etapa constituyó un

permanecía legal y fácticamente en la etapa de exploración. En consecuencia, el no pago del canon de la segund a y tercera anualidad de dicha etapa constituyó un incumplimiento directo de las obligaciones contractuales (cláusulas 6.15 y 17.4), lo que obligó a la entidad a iniciar el procedimiento sancionatorio que culminó con la declaratoria de caducidad.

14. En cuanto al cargo de violación al debido proceso por indebida notificación, argumentó que su actuación se ajustó a derecho, pues, aunque el Código de Minas es una norma especial, su artículo 297 remite expresamente al CPACA para regular lo no previsto en materia de procedimiento gubernativo, y dado que la declaratoria de caducidad es un acto que pone fin a una actuación administrativa contractual, su notificación debía regirse por las normas del CPACA que establecen el procedimiento de citación y notificac ión por aviso, el cual fue correctamente aplicado. Además, la

195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Quinta: Que se condene en costas a la parte demandada”. 4 Expediente digital, archivos “018ED_14ContestacionDemand(.pdf)” y “019ED_15contestacionreform(.pdf)”Radicación: 13001-23-33-000-2018-00423-01 (72344)

Demandante: Fundación Unidad Solidaria

Demandado: Agencia Nacional de Minería

Referencia: Controversia contractual 5 solicitud de suspensión de las obligaciones del contrato de concesión fue radicada con posterioridad a la declaratoria de caducidad, por lo que la misma resultaba improcedente, tal y como se determinó expresamente por la entidad en la Resolución VSC-000873 del 17 de agosto de 2016.

con posterioridad a la declaratoria de caducidad, por lo que la misma resultaba improcedente, tal y como se determinó expresamente por la entidad en la Resolución VSC-000873 del 17 de agosto de 2016.

Alegatos en primera instancia

15. Agotado el período probatorio 5, la parte actora reafirmó en sus alegatos de conclusión6 lo expuesto en la demanda respecto del cargo de falsa motivación, agregando que el control de la autoridad minera es riguroso y sus facultades se deben ejercer de manera oficiosa. Con este argumento, profundizó su tesis de que, una vez aprobado el PTO, no era necesario que el concesionario solicitara una renuncia del término restante de la etapa de exploración, pues ésta ya se encontraba implícita en el acto administrativo de aprobación, haciendo inexistente la obligación de pago del canon.

16. La entidad demandada reiteró los argumentos de defensa allegados con la contestación7, resaltando que el cambio de la etapa de exploración a la de explotación no es automático ni oficioso. Para ello, puso especial énfasis en que el Código de Minas exige que el concesionario dé un “aviso escrito” a la autoridad minera y ambiental para iniciar formalmente el período de explotación.

17. El Ministerio Público guardó silencio.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

18. El Tribunal Administrativo de Bolívar negó la totalidad de las pretensiones de la demanda.

19. En relación con el cargo de falsa motivación, el Tribunal determinó que la obligación de pagar el canon superficiario correspondiente a la segunda y tercera anualidad de la etapa de exploración era plenamente existente y exigible. El

demanda.

19. En relación con el cargo de falsa motivación, el Tribunal determinó que la obligación de pagar el canon superficiario correspondiente a la segunda y tercera anualidad de la etapa de exploración era plenamente existente y exigible. El argumento del demandan te, según el cual el PTO daba por terminada automáticamente la etapa de exploración, fue rechazado con fundamento en que el

5 Se decretaron como pruebas las documentales aportadas con la demanda, con la reforma de la demanda y con la contestación, incluyendo: los antecedentes administrativos, copia de las resoluciones demandadas, del contrato de concesión, del auto 000102 del 6 de febrero de 2014 mediante el cual se requirió el pago del canon superficiario al demandante, de la solicitud de prórroga para el pago presentada por la demandante el 10 de marzo de 2014, de las solicitudes de suspensión del contrato presentadas por la demandante en agosto de 2015 y de las actas de inspección realizadas al área del contrato los días 17 y 18 de septiembre de 2013, así como de las visitas del 23 de enero y 12 de febrero de 2014. Se negó el decreto del testimonio de Joaquín Alonso Buenaventura. Expediente digital, archivo “031ED_27ActaAudienciaInici(.pdf)”. 6 Expediente digital, archivo “033ED_29AlegatosConclusion(.pdf)”. 7 Expediente digital, archivo “032ED_28AlegatosConclusion(.pdf)”.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00423-01 (72344)

Demandante: Fundación Unidad Solidaria

Demandado: Agencia Nacional de Minería

Referencia: Controversia contractual

6 Código de Minas y las cláusulas del contrato no establecen que la sola aprobación

Demandante: Fundación Unidad Solidaria

Demandado: Agencia Nacional de Minería

Referencia: Controversia contractual

6 Código de Minas y las cláusulas del contrato no establecen que la sola aprobación del PTO constituya un cambio de fase contractual. Por el contrario, el cronograma del contrato era claro en definir las fechas de inicio y fin de cada etapa, y la carga de probar una transición anticipada a la fase de construcción y montaje recaía sobre el demandante, quien no aportó ninguna prueba al respecto.

20. El cargo de violación al debido proceso fue analizado por el Tribunal en sus dos componentes. Primero, sobre la indebida notificación , concluyó que la ANM actuó correctamente al aplicar las normas del CPACA. En cuanto a la omisión de resolver la solicitud de suspensión de las obligaciones derivadas de la concesión, determinó que la ANM no tenía la obligación de pronunciarse sobre dicha petición, pues esta fue radicada en agosto de 2015, cuando la resolución que declaró la caducidad ya había sido expedida (junio de 2015), y por ende, la situación jurídica del contrato ya estaba definida, toda vez que la notificación posterior del acto solo tenía como fin garantizar el derecho de defensa sin que ello restara efectos a la decisión ya tomada. Por ende, las solicitudes de sus pensión de agosto de 2015 no generaban un deber decisorio que afectara la validez de la caducidad ni la competencia para decidir; por lo mismo, la Resolución VSC -000873 de 17 de agosto de 2016 dejó constancia de la extemporaneidad de esas solicitudes pues la caducidad ya se había declarado.

21. En cuanto a la condena en costas, el Tribunal decidió abstenerse de imponerla

extemporaneidad de esas solicitudes pues la caducidad ya se había declarado.

21. En cuanto a la condena en costas, el Tribunal decidió abstenerse de imponerla a la parte demandante, al considerar que la demanda no carecía manifiestamente de fundamento legal ni se demostró mala fe en su interposición.

El recurso de apelación

22. La parte demandante solicitó revocar la sentencia del a quo y que se acceda a las pretensiones de la demanda8, con fundamento en dos (2) cargos concretos.

23. Indicó que el principio de especialidad, conduce a que la notificación de los actos debió regirse por el artículo 269 del Código de Minas y no por las normas generales del CPACA. Para sustentar este punto y contradecir el razonamiento del Tribunal, la parte actora invocó como precedente vinculante la sentencia T -404 de 2014 de la Corte Constitucional, demostrando con ello el error de derecho en el que incurrió el fallador de primera instancia.

24. Reiteró que la obligación de pago del canon superficiario era inexistente, pero que el Tribunal incurrió en una confusión al mezclar los conceptos de terminación del periodo de exploración, con el inicio de la etapa de explotación. Sostuvo que la causa eficiente para que el canon no fuera exigible es la aprobación del PTO mediante un

8 Expediente digital, archivo “038ED_34RecursoApelacionpd(.pdf)”Radicación: 13001-23-33-000-2018-00423-01 (72344)

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Demandado: Agencia Nacional de Minería

Referencia: Controversia contractual

7

Demandante: Fundación Unidad Solidaria

Demandado: Agencia Nacional de Minería

Referencia: Controversia contractual 7 acto administrativo de la propia autoridad minera, por lo que resulta inadmisible afirmar que debía notificarse a la ANM de un acto que ella misma aprobó, especialmente cuando el artículo 263 del Código de Minas ordena el “impulso oficioso”. Con esto, conf rontó la conclusión del Tribunal, aclarando que el debate no debía centrarse en la etapa en que estaba el contrato, o si había iniciado la etapa de explotación, sino en que, al ser aprobado el PTO, se entendía que el titular había renunciado al tiempo rest ante de la etapa de exploración y, por sustracción de materia, ya no se podía cobrar un canon por un periodo que legalmente había culminado.

Concepto del Ministerio Público

25. El procurador delegado solicitó en el trámite de la segunda instancia confirmar en su totalidad la sentencia del Tribunal. Respecto al cargo de violación al debido proceso, desestimó el argumento de la indebida notificación al considerar que la ANM actuó correctamente al realizar el procedimiento de citación y aviso en los términos de la Ley 1437 de 2011, añadiendo que, en todo caso, el derecho de defensa del demandante fue garantizado. En cuanto al cargo de falsa motivación, sostuvo que la obligación de pa gar el canon superficiario de la segunda y tercera anualidad de la etapa de exploración era plenamente existente y exigible, toda vez que el PTO no modifica automáticamente las etapas del contrato ni implica una renuncia tácita a los términos de la etapa de exploración.

II CONSIDERACIONES

Objeto de la apelación

modifica automáticamente las etapas del contrato ni implica una renuncia tácita a los términos de la etapa de exploración.

II CONSIDERACIONES

Objeto de la apelación

26. Atendiendo a lo resuelto por el a quo y los cargos formulados en el recurso de alzada, corresponde a la Sala establecer: (i) si existió violación del derecho al debido proceso de la parte actora a partir de un vicio en la notificación de los actos demandados, imputable a un yerro en la identificación de la normativa que regía ese trámite; y (ii) si erró el Tribunal al desestimar el cargo de falsa motivación, al no reconocer que la aprobación del PTO por parte de la autoridad minera constituye una renuncia tácita al tiempo restante de la etapa de exploración, extinguiendo la obligación de pagar el canon superficiario por dicho periodo.

Sobre la notificación del acto que declaró la caducidad y la presunta vulneración del debido proceso

27. El debido proceso es un principio y derecho fundamental que se entrelaza con el de legalidad. En su alcance, las autoridades administrativas deben adelantar sus actuaciones con arreglo al procedimiento definido previamente en la ley, conRadicación: 13001-23-33-000-2018-00423-01 (72344)

Demandante: Fundación Unidad Solidaria

Demandado: Agencia Nacional de Minería

Referencia: Controversia contractual 8 aplicación del principio de juez natural y con respeto de los derechos de defensa y contradicción, garantizando la posibilidad de aportar y controvertir pruebas, la publicidad de las actuaciones y decisiones proferidas en el curso de tales

8 aplicación del principio de juez natural y con respeto de los derechos de defensa y contradicción, garantizando la posibilidad de aportar y controvertir pruebas, la publicidad de las actuaciones y decisiones proferidas en el curso de tales procedimientos, y concediendo la oportunidad de impugnarlas. Tratándose del ámbito administrativo, este derecho debe desarrollarse bajo los principios orientadores de la función administrativa.

28. El artículo 29 constitucional compendia el contenido de tal derecho y garantía, y del mismo se desprende que el debido proceso se compone de las prerrogativas a:

(i) ser juzgado con base en normas previas a la conducta que se endilga, (ii) solo ser condenado por hechos previstos como delito o infracción al momento de su comisión, (iii) ser juzgado en atención a las formas previstas para cada juicio, previa determinación legal, (iv) ser juzgado por una autoridad competente, independiente e imparcial, (v) no desconocer la presunción de inocencia, (vi) no ser juzgado dos veces por la misma conducta, (vii) aplicar el principio de favorabilidad, (viii) aportar y controvertir las pruebas que se aduzcan en contra del procesado, (ix) el proceso debe sustentarse en pruebas legalmente obtenidas y, (x) se debe lograr la resolución de las controversias jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas y con respeto de los principios procesales. La ausencia de cualquiera de estas garantías, con impacto real al derecho nuclear del debido proceso, se estatu ye como motivo apto para pedir la nulidad del acto según preceptivas contenidas en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011.

al derecho nuclear del debido proceso, se estatu ye como motivo apto para pedir la nulidad del acto según preceptivas contenidas en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011.

29. Los argumentos que plantea el recurrente no están relacionados con la forma en la que se expresan las garantías al debido proceso acabadas de mencionar, pues más que exponer una trasgresión al derecho a ser oído, a presentar y controvertir pruebas o a tene r un juicio precedido de un procedimiento claro y previamente definido, están asociados con la norma aplicable para notificar el acto que declaró la caducidad del contrato, pero sin que se aduzca una afectación real y sustancial a su derecho de defensa. Lo s reproches del apelante por “indebida notificación” no describen, en estricto sentido, una restricción material a sus garantías frente a la actuación administrativa, sino una disputa formal sobre el régimen normativo que debía regir la comunicación de los actos (Código de Minas o CPACA), pese a que lo decisivo para el debido proceso no es la etiqueta normativa, sino si el administrado estuvo efectivamente en posición de defenderse.

30. En el caso concreto, está acreditado y no se discute, que la Fundación demandante: (i) fue previamente requerida por la autoridad minera por el incumplimiento relativo al canon superficiario, con indicación de las consecuencias y el otorgamiento de un término para subsanar no mayor a 30 días 9; (ii) no corrigió la

9 Expediente digital, archivo “Cuaderno 1.2 000-2018-000423-02”, págs. 60 a 63.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00423-01 (72344)

9 Expediente digital, archivo “Cuaderno 1.2 000-2018-000423-02”, págs. 60 a 63.Radicación: 13001-23-33-000-2018-00423-01 (72344)

Demandante: Fundación Unidad Solidaria

Demandado: Agencia Nacional de Minería

Referencia: Controversia contractual 9 mora, tras lo cual se expidió la decisión de caducidad; (iii) dicha decisión le fue efectivamente comunicada, y conoció su contenido; y (iv) ejerció su derecho de contradicción, presentando argumentos en su recurso de reposición que fueron examinados y resueltos de fondo por la administración.

31. En tales condiciones, incluso si se aceptara que existió alguna inconsistencia formal en el modo de notificar el acto, lo cierto es que la autoridad minera dio estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 112 10 y 28811 del Código de Minas que determinan la declaratoria de caducidad del contrato, sin que se produjera algún tipo de indefensión del concesionario, en tanto hubo información previa del incumplimiento, oportunidad real de enmienda, conocimiento de la decisión y un trámite en el que pudo plantear su postura y obtuvo una respuesta de fondo motivada, determinando la ausencia de una vulneración del debido proceso.

32. Esta conclusión resulta plenamente compatible con: (i) el principio de instrumentalidad de las formas, según el cual las formalidades procesales no son un fin en sí mismas, sino un medio para garantizar la justicia material y la prevalencia del derecho sustancial; y (ii) la distinción conceptual entre la validez y la eficacia del acto administrativo, de donde se extrae que la falta de notificación o una irregularidad en

fin en sí mismas, sino un medio para garantizar la justicia material y la prevalencia del derecho sustancial; y (ii) la distinción conceptual entre la validez y la eficacia del acto administrativo, de donde se extrae que la falta de notificación o una irregularidad en esta no vicia de nulidad el acto, sino que afecta su eficacia y oponibilidad, toda vez que las causales de nulidad se predican de la realidad fáctica y jurídica existente al momento del nacimiento del acto, es decir, de vicios intrínsecos a su formación, mientras que la notificación, es un requisito posterior que condiciona la producción de sus efectos jurídicos y su ejecutoriedad frente al administrado 12.

33. Lo anterior no desconoce que la falta o indebida notificación podría conllevar a la invalidez si, por sus características concretas, quiebra el derecho de defensa al resultar determinante del sentido de la decisión o porque conlleva la imposibilidad de contradecirla; sin embargo, en el presente caso ello no ocurrió, pues como se indicó, el interesado conoció el reproche de la autoridad minera, tuvo la posibilidad de subsanar, accedió al contenido del acto sancionatorio y controvirtió sus fundamentos,

10 “El contrato podrá terminarse por la declaración de su caducidad, exclusivamente por las siguientes causas: (…) d) El no pago oportuno y completo de las contraprestaciones económicas”. 11 “La caducidad del contrato, en los casos en que hubiere lugar, será declarada previ

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