CE - Sentencia 18001233300020150017801
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 18001233300020150017801
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 18001-23-33-002-2015-00178-01 (65967)
Actor: MARITZA ARIAS CASTRO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO
NACIONAL Y POLICÍA NACIONAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: DAÑOS DERIVADOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS – DESPLAZAMIENTO FORZADO - no obran pruebas que permitan tener certeza sobre la cesación del desplazamiento forzado / FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN – procede cuando se solicita protección especial con indicación de las especiale s condiciones de riesgo en las cuales se encuentra la persona o cuando, sin que medie solicitud de protección alguna, resulta evidente que se encontraba expue sta a sufrir graves riesgos contra su vida.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de enero de 2020, por el Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Se solicita la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas por el
Administrativo de Caquetá, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Se solicita la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas la señora Maritza Arias Castro y su núcleo familiar, como consecuencia de la falta de protección ante las amenazas de grupos armados al margen de la ley.
II. ANTECEDENTES
1.- La demanda
El 7 de julio de 2015 1, la señora Maritza Arias Castro y otros 2, por conducto de apoderado judicial3, interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de
1 Folios 1 – 20. C. 1. 2 Luis Alfredo Arias, Rodolfo Valencia Ramírez, Leiderth Valencia Arias, Fabián Andrés Valencia, Querly Viviana Ramírez Arias, Hableidy Galvis Ramírez, Derly Andrea Bohórquez Ramírez, Deiby Juliana Bohórquez Ramírez y Benjamín Bohórquez Ramírez. 3 Folios 21 – 25. C.1.Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa
2 reparación directa en contra de la Nación -Ministerio de DefensaEjército y Policía Nacional-, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas desde el año 2007, en hechos ocurridos en la vereda “El Cedro” del corregimiento Alto Orteguaza del municipio de Florencia, Caquetá.
desplazamiento forzado del que fueron víctimas desde el año 2007, en hechos ocurridos en la vereda “El Cedro” del corregimiento Alto Orteguaza del municipio de Florencia, Caquetá.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron que se reconocieran las siguientes indemnizaciones:
Por concepto de daño moral, “perjuicio por alteración a las condiciones de existencia y/o a la vida de relación” , una suma equivalente a 300 s.m.m.l.v, para cada uno. Por concepto de “resarcimiento de los daños a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados” , una suma equivalente a 200 s.m.m.l.v. para cada uno. Por concepto de daño emergente para la señora Maritza Arias Castro, la suma de $55’000.000 y para la señora Querly Viviana Ramírez, la suma de $115’000.000. Por concepto de lucro cesante para la señora Maritza Arias Castro la suma de $98’261.699 y para el señor Rodolfo Valencia la suma de $98’261.699. Por ese mismo rubro para la señora Querly Viviana Ramírez la suma de $1.887’619.026. Como medidas de satisfacción se pidi ó que se ordenara a las entidades demandadas pedir perdón públicamente a los demandantes en medios masivos.
Como fundamentos fácticos de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
La señora Maritza Arias Castro vivía, junto con su padre, esposo e hijos, en una finca ubicada en la vereda “El Cedro” del corregimiento Alto Orteguaza del municipio de Florencia, Caquetá, en la cual se dedicaban a la producción de
La señora Maritza Arias Castro vivía, junto con su padre, esposo e hijos, en una finca ubicada en la vereda “El Cedro” del corregimiento Alto Orteguaza del municipio de Florencia, Caquetá, en la cual se dedicaban a la producción de plátano, café, yuca y pastos forrajeros. Para el año 2005 se desempeñó como líder de la zona y presidenta de la Junta de Acción Comunal, momento en el que empezó a recibir citaciones y amenazas del grupo criminal FARC que operaba en la zona, situación que no pudo poner en conocimiento de las autoridades dado el temor de las posibles represalias de los criminales.
La señora Maritza Arias Castro y su núcleo familiar, finalmente, se desplazaron en el año 2007 al municipio de Caquetá, dejando abandonados sus bienes, relaciones familiares y económicas. Dada esa situación, la señora Maritza Arias presentó denuncia del de splazamiento forzado en la Defensoría del Pueblo – Regional Caquetá y la Personería Municipal de Florencia, el día 24 de julio de 2007, por lo que fueron incluidos en el Registro de la Unidad de Víctimas.Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa
3 La señora Querly Viviana Ramírez Arias, hija mayor de edad de Maritza Arias Castro, continuó viviendo en la vereda hasta el día 18 de octubre de 2010, fecha en la que fue asesinado su esposo, el señor Benjamín Bohórquez Rodríguez, por
Castro, continuó viviendo en la vereda hasta el día 18 de octubre de 2010, fecha en la que fue asesinado su esposo, el señor Benjamín Bohórquez Rodríguez, por miembros de las FARC, circunstancia que produjo su desplazamiento forzado definitivo.
Aseguraron los demandantes que las autoridades conocían previamente de la grave situación de orden público, e inclusive, de la situación de desplazamiento de la señora Maritza Arias Castro y su familia, pero no tomaron medidas para protegerlos. Como consec uencia del desplazamiento forzado, la familia de la señora Maritza Arias Castro y, posteriormente, su hija Querly Viviana Ramírez Arias se tuvieron que dirigir a la ciudad de Florencia “a las invasiones de la ciudad”, y se dedicaron a desarrollar labores varias para sobrevivir, incluyendo actividades como solicitar caridad pública al encontrarse en situación de miseria.
Según la demanda, todos los perjuicios padecidos por los grupos familiares eran consecuencia de la falla del servicio en la que incurrieron las entidades demandadas, porque a pesar de tener conocimiento del alto grado de vulnerabilidad de los habitantes de la vereda “El Cedro” del corregimiento Alto Orteguaza del municipio de Florencia –siendo ello un hecho notorio -, no cumplieron con su obligación de garantes4.
2.- Trámite en primera instancia
2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, mediante auto de 4 de diciembre de 2015, que se notificó en debida forma a las entidades demandadas y al Ministerio Público5.
2.2. Dentro de la oportunidad legal para contestar la demanda, el Ministerio de
auto de 4 de diciembre de 2015, que se notificó en debida forma a las entidades demandadas y al Ministerio Público5.
2.2. Dentro de la oportunidad legal para contestar la demanda, el Ministerio de Defensa -Policía Nacional-6 manifestó que la actividad que desarrollaba la fuerza pública era de medio y no de resultado y que no le eran imputables al Estado los daños ocasionados por terceros al margen de la ley. Añadió que no era un hecho notorio las supuestas amenazas que recibi eron los demandantes quienes nunca solicitaron medidas de protección.
4 En la demanda también se solicitó la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas por la muerte del señor Benjamín Bohórquez Rodríguez. Sin embargo, en el auto admisorio, el a quo señaló que se rechazaba la demanda frente a dicha pretensión al haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad, aspecto que no fue apelado por la parte actora. 5 Folios 158 – 162. C.1. 6 Folios 182 – 212. C. 1.Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa
4 2.3. El Ejército Nacional contestó extemporáneamente la demanda.
3. Audiencia inicial
La audiencia inicial se llevó a cabo el 15 de noviembre de 20177 en la que se fijó el litigio en los siguientes términos: “Establecer si la Nación – Ejército Nacional, Policía Nacional son responsables de los daños y perjuicios irrogados a los demandantes,
litigio en los siguientes términos: “Establecer si la Nación – Ejército Nacional, Policía Nacional son responsables de los daños y perjuicios irrogados a los demandantes, como consecuencia del presunto desplazamiento forzado del que fueron víctimas por parte de las FARC”. La audiencia de pruebas se celebró el día 17 de enero de 20188 y el 26 de junio de 20189, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para emitir su concepto.
3.1. La parte actora 10 reiteró que el desplazamiento forzado al que se vieron obligados los demandantes correspondió a la falla en la prestación del servicio de las entidades demandadas, porque a pesar de conocer la grave situación de orden público en la zona, permitieron la vu lneración de los derechos fundamentales de las víctimas al no haber hecho presencia alguna en la región.
3.2. El Ministerio de Defensa -Ejército Nacional -11 manifestó que no se había acreditado la condición de desplazados de los demandantes. Adicionó que dicha entidad no estaba encargada de prestar servicio de seguridad personalizada o individual y que en el caso se configuró la eximente de responsabilidad correspondiente al hecho de un tercero.
3.3. El Ministerio de Defensa -Policía Nacional -12 adujo que se configuró la caducidad de la acción. También señaló que la parte actora no logró probar la falla en el servicio atribuida en la demanda , porque no se demostró que hubiera interpuesto alguna denuncia por las supuestas amenazas de que era objeto de parte del grupo armado ilegal e insistió en que se encontraba configurada la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero.
interpuesto alguna denuncia por las supuestas amenazas de que era objeto de parte del grupo armado ilegal e insistió en que se encontraba configurada la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero.
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
7 Fls 596 -604 C. 3. 8 Fls 608 – 610 C. 3. 9 Fl 634 C.3. 10 Fls 648 -657 C. 3. 11 Fls 658-670 C. 3. 12 Fls 636-643 C. 3.Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa
5 4.- Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 30 de enero de 2020, el Tribunal Administrativo de Caquetá indicó que los demandantes acreditaron haber sufrido desplazamiento forzado, incluyendo al señor Rodolfo Valencia Ramírez, frente a quien, a pesar de no estar incluido en el Registro Único de Población Desplazada, a partir de otros medios de prueba se podía inferir su calidad de víctima de dicho delito.
Refirió que en el proceso no se probó que el desplazamiento de los demandantes hubiera sido imputable jurídicamente a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional. Puntualizó que los demandantes no acreditaron que hubieran puesto en cono cimiento de las referidas autoridades las amenazas, extorsiones y demás situaciones que se venían presentando para que se adoptaran las medidas
y Policía Nacional. Puntualizó que los demandantes no acreditaron que hubieran puesto en cono cimiento de las referidas autoridades las amenazas, extorsiones y demás situaciones que se venían presentando para que se adoptaran las medidas tendientes a evitar la ocurrencia del hecho dañoso. Respecto del núcleo familiar de la señora Querly Viviana Ram írez Arias, la cual manifestó que el desplazamiento forzado había ocurrido después del asesinato de su compañero permanente, se acreditó que efectivamente ella acudió a las autoridades, pero todo ocurrió con posterioridad al crimen.
Con base en los anteriores argumentos y en el estudio del material probatorio obrante en el proceso, concluyó que no se demostró que los demandantes se hubieran hallado en una situación especial de peligro previa y plenamente conocida por los miembros del Ejército Nacional y de la Policía Nacional y que tornara imperiosa la adopción de medidas de precaución tendientes a resguardar la integridad del grupo familiar.
5El recurso de apelación
Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso de forma oportuna recurso de apelación13.
Manifestó que con las pruebas obrantes en el plenario no quedaba duda de que era un hecho notorio la ola de violencia que vivía el departamento de Caquetá pero el juzgador de primera instancia omitió tener en cuenta dicho contexto de la zona en la cual se produjo el desplazamiento forzado de los demandantes, frente a lo cual las entidades demandadas omitieron sus obligaciones “al no ejercer la posición de garante de la vida honra y bienes de sus ciudadanos”, por no prestar el servicio de
la cual se produjo el desplazamiento forzado de los demandantes, frente a lo cual las entidades demandadas omitieron sus obligaciones “al no ejercer la posición de garante de la vida honra y bienes de sus ciudadanos”, por no prestar el servicio de
13 Fls 702 - 714 C. Ppal.Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa
6 protección y vigilancia a su cargo y no hacer uso de todos los medios para evitar el hecho dañoso.
Adicionó que a pesar de las graves condiciones que se vivían en la vereda “El Cedro” del corregimiento de Alto Orteguaza, no había presencia permanente de las autoridades, lo que pudo evitar el desplazamiento de los demandantes. Señaló que en el proceso se acreditó que no fue posible denunciar las amenazas previas que recibían los demanda ntes antes de su desplazamiento, porque eran constantemente vigilados por los grupos al margen de la ley.
6El trámite en segunda instancia
6.1. En proveído del 30 de septiembre de 2020, esta Corporación admitió 14 el recurso de apelación interpuesto y por auto del 10 de noviembre siguiente corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto15.
6.1.2. En esa oportunidad procesal, las partes reiteraron los argumentos expuestos en la primera instancia16.
III. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la
6.1.2. En esa oportunidad procesal, las partes reiteraron los argumentos expuestos en la primera instancia16.
III. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de enero de 2020, por el Tribunal Administrativo de Caquetá, de conformidad con el artículo 147 del CPACA, por tratarse de u n proceso de doble instancia debido a la cuantía 17, según lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, en razón a que la pretensión mayor excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda (7 de julio de 2015)18.
14 Folio 721 C. ppal. 15 Folio 723 C. ppal. 16 SAMAI 11, 12 Y 13 17 En el acápite de la estimación razonada de la cuantía se solicitó por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de la señora Querly Viviana Ramírez Arias, la suma de $1.887’619.026. 18 A la fecha de presentación de la demanda equivalía a $322’175.000.Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa
7 2.- La caducidad de la acción
Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas
7 2.- La caducidad de la acción
Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.
Esa figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.
En el presente asunto, para la época de ocurrencia de los hechos – 16 de junio de 200719, fecha en que se desplazó la señora Maritza Arias y su círculo familiar; y 10 de agosto de 201020, fecha en la que se desplazó Querly Viviana Ramírez Arias y su círculo familiar -, estaba vigente el artículo 136 del Decreto 01 de 1984 21, que establecía que la acción de reparación directa caducaba al vencimiento del plazo de 2 años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho u omisión al que se atribuye el daño, en este caso, determinado por el desplazamiento forzado de los demandantes, hechos que tuvieron lugar, según la demanda, por la omisión del Estado de velar por la protección de sus asociados.
Es importante resaltar que la Sección Tercera de esta Corporación unificó su
desplazamiento forzado de los demandantes, hechos que tuvieron lugar, según la demanda, por la omisión del Estado de velar por la protección de sus asociados.
Es importante resaltar que la Sección Tercera de esta Corporación unificó su jurisprudencia en lo concerniente a la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y “cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
19 En cuanto al padre de la señora Maritza Arias, no hay claridad de la fecha porque en el certificado emanado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas se estableció que él se había desplazado el 6 de enero de 2009, pero en todo el proceso se indicó que el se desplazó con la señora Maritza Arias. Si se toma la fecha del certificado, para éste demandante, el término de caducidad vencía a más tardar el 7 de enero de 2011. 20 Se tomaron las fechas que se referenciaron en el certificado emanado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas obrante a folios 41 a 47 del cuaderno de pruebas de la parte actora. En la demanda se indicó que el desplazamiento de la señora Querly Viviana Ramírez Arias ocurrió con posterioridad al asesinato del señor Benjamín Bohórquez en el mes de octubre de 2010, pero el referido certificado de la UARIV indicó que tal desplazamiento ocurrió el 10 de agosto de 2010. 21 Decreto 1 de 1984: “Artículo 136. Caducidad de las acciones. <Subrogado por el artículo 44 de la
2010, pero el referido certificado de la UARIV indicó que tal desplazamiento ocurrió el 10 de agosto de 2010. 21 Decreto 1 de 1984: “Artículo 136. Caducidad de las acciones. <Subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> “(…) “8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad aj ena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa
8 declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado” y concluyó que para computar el plazo de dicho fenómeno procesal no basta con la ocurrencia del hecho dañoso, sino que se requiere determinar si el interesado advirtió o tuvo la posibilidad de saber que el Estado, por acción u omisión, tuvo injerencia en tales hechos y que le era imputable el daño, pues es a partir de ese momento que surge el interés para ejercer el derecho de acción, además de que debía tenerse en cuenta la configuración de algún supuesto objetivo que le impidiera el acceso material a la jurisdicción.
Teniendo en cuenta las afirmaciones efectuadas en la demanda respecto a que el desplazamiento ocurrió para la señora Maritza Arias Castro, su esposo, sus hijos menores de edad y su padre el 16 de junio de 2007; y para el grupo familiar de la
Teniendo en cuenta las afirmaciones efectuadas en la demanda respecto a que el desplazamiento ocurrió para la señora Maritza Arias Castro, su esposo, sus hijos menores de edad y su padre el 16 de junio de 2007; y para el grupo familiar de la señora Querly Viviana Rodríguez Arias el 10 de agosto de 2010 , lo que fue corroborado por la Personería Municipal de Florencia y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los términos de la sentencia de unificación de la Sección Tercera, se tiene que esos mismos días los demandantes advirtieron la posibilidad de imputar responsabilidad patrimonial al Estado, en la medida en que desde esa fecha conocieron la omisión de las autoridades en cumplimiento de sus obligaciones de seguridad, pues confor me a la imputación, fue la inactividad del Estado para adoptar medidas de protección a favor de los demandantes ante las amenazas y hostigamientos de las FARC en contra de los demandantes, lo que finalmente llevó al desplazamiento forzado de todos los demandantes.
Según esta perspectiva, para el primer grupo familiar compuesto por Maritza Arias Castro, el término de caducidad vencía a más tardar el 17 de junio de 2009, y para el grupo de Querly Viviana Rodríguez Arias, su esposo y sus hijos, el 11 de agosto de 2012; sin embargo, la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 18 de diciembre de 2014 y la demanda se presentó el 7 de julio de 2015, cuando el referido plazo legal ya se encontraba ampliamente vencido.
Se debe precisar que no se está contabilizando el término de caducidad desde que
diciembre de 2014 y la demanda se presentó el 7 de julio de 2015, cuando el referido plazo legal ya se encontraba ampliamente vencido.
Se debe precisar que no se está contabilizando el término de caducidad desde que inicia el desplazamiento, como si se tratara de un daño instantáneo, pues se trata claramente de un daño continuado frente al cual el término de caducidad de computa desde que verifica su cesación, la referida sentencia de unificación se tiene en cuenta porque la demandada se edificó en la omisión de las autoridades en cumplimiento de sus obligaciones de seguridad, la cual en sus precisos términos sería conocida los mismos día por los afectados, habida cuenta de que, según laRad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa
9 demanda, fue precisamente esa omisión del Estado ante las amenazas de las FARC lo que produjo el desplazamiento forzado del grupo familiar demandante.
Ahora bien, en los casos en que el daño alegado es producto de delitos de carácter continuado, como ocurre con el desplazamiento, desaparición forzada o secuestro, el término de 2 años previsto en la ley solo podrá computarse teniendo en cuenta las particu laridades de cada caso, pues se trata de eventos en que el daño se prolonga en el tiempo22. Al respecto, esta Subsección ha sostenido:
En estos eventos se ha establecido que el término de dos años previsto en la ley no podrá empezar a contabilizarse a partir del ‘acaecimiento del hecho,
prolonga en el tiempo22. Al respecto, esta Subsección ha sostenido:
En estos eventos se ha establecido que el término de dos años previsto en la ley no podrá empezar a contabilizarse a partir del ‘acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa’, sino a partir del momento en que el daño adquiere notoriedad -cuando esta última no coincide con la causación de aquel, es decir, cuando a pesar de haberse producido, la víctima se encuentra en la imposibilidad de conocerlo -, o cuando aquel se entiende consolidado -en los eventos en que el daño se prolonga en el tiempo -, circunstancias que se analizan teniendo en cuenta las particularidades de cada caso.
“Bajo esta misma lógica, la Corporación23 ha estimado que, en los eventos de daños con efectos continuados (vgr. desplazamiento forzado, desaparición forzada o secuestro), el término de caducidad de la demanda de reparación directa debe empezar a contarse a partir de la cesación del daño, esto es , cuando la persona aparezca, sea liberada o cuando están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno al lugar de origen o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal (…)”24.
Concretamente, en materia de desplazamiento forzado, esta Corporación ha considerado que el término de caducidad se cuenta desde el momento en el que el daño cesa 25, evento que puede acontecer desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal seguido por los hechos o desde la fecha del retorno o restablecimiento de las víctimas al lugar de origen o, en su defecto, desde que están dadas las condici ones de seguridad para que se produzca el retorno,
adoptado en el proceso penal seguido por los hechos o desde la fecha del retorno o restablecimiento de las víctimas al lugar de origen o, en su defecto, desde que están dadas las condici ones de seguridad para que se produzca el retorno, independientemente de que los afectados procedan o no a hacerlo 26. De igual manera, también se ha razonado sobre las hipótesis en las que las personas que inicialmente se desplazaron forzadamente pudieron haberse reasentado o
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de diciembre de 2013, expediente 48.152, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. 23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto de 22 de noviembre de 2012, expediente 40.177, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. En esta providencia se cita el auto de 26 de julio de 2011, proferido por la Subsección C, expediente 41.037, M.P. Enrique Gil Botero. 24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de septiembre de 2015, radicado 20040151201 y auto del 10 de febrero de 2016, radicado 201500934 01, ambas con ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón. 25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2014, Exp. nº 00298-01(AG). C.P. Enrique Gil Botero. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de septiembre de 2015, Exp: 200401512 01 y auto del 10 de febrero de 2016, Exp:
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de septiembre de 2015, Exp: 200401512 01 y auto del 10 de febrero de 2016, Exp: 201500934 01(AG), C.P. Hernán Andrade Rincón.Rad No: 18001-23-33-000-2015-00178-01
Actor: Maritza Arias Castro y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa
10 arraigado en otro lugar 27 o que pudieran encontrarse elementos que permitieran considerar que estaban en la posibilidad de acceder a la administración de justicia, circunstancia que tiene incidencia en el cómputo del término de caducidad28.
Lo primero que se debe advertir es que en el proceso no obra un fallo penal definitivo por los hechos del desplazamiento de que fueron víctimas los grupos familiares demandantes. De la misma manera, tampoco se allegaron elementos de convicción para establecer que retornaron al lugar del que fueron desplazados. El anterior aspecto fue ratificado por la señora Luz Mery Cano Cabrera, quien conoció a los demandantes porque vivía en la misma vereda. Al respecto, manifestó que a la señora Maritza Arias Cano la conocía desde hacía 38 años porque eran vecinas, así como también al resto de su familia. Manifestó que los demandantes se vieron obligados a abandonar sus casas en la vereda “El Cedro” en el corregimiento de Alto Orteguaza y que se fueron para la ciudad de Florencia y que no volvieron a la zona después de abandonar sus fincas, dado que estaban amenazados y sentían temor por sus vidas.
Alto Orteguaza y que se fueron para la ciudad de Florencia y que no volvieron a la zona después de abandonar sus fincas, dado que estaban amenazados y sentían temor por sus vidas.
Ahora, con el material probatorio obrante en el proceso tampoco es posible señalar que estaban dadas las condiciones de seguridad para que se produjera el retorno. En efecto, ninguna de las pruebas que conforman el expediente resultan indicativas de que los actores gozaran de las garantías y el acompañamiento necesario por parte de alguna autoridad del Estado para el retorno en condiciones de seguridad. Inclusive, según se señaló, el señor Benjamín Bohórquez, esposo de la señora Querly Viviana Rodríguez Arias volvió a su hogar a recoger unos plátanos, pero a su retorno, resultó asesinado, lo que resulta más que indicativo de que la familia no tenía las condiciones de seguridad idóneas para volver a su lugar de origen.
Cabe señalar que el artículo 28 numeral 11 de la Ley 1448 de 2011 establece que el retorno o reubicación en condiciones de voluntariedad, seguri
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