CE - Sentencia 19001233300020180019901
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 19001233300020180019901
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 28 de abril de 2025
Radicación: 19001-23-33-000-2018-00199 01 (71061) Demandantes: Alicia Ocaña de Velandia y otros Demandados: Consejo Regional Indígena del Cauca y otros Referencia: Acción de reparación directa
Temas: reparación directa – conflicto armado – desplazamiento forzado – caducidad de la acción – condena en costas
Síntesis del caso: se demanda por un desplazamiento forzado ocurrido en 1980 en el municipio de Caldono, Cauca.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia de 1 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo d e Cauca, que declaró la caducidad de la acción.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 5 de julio de 2018 , Porfirio Ocaña Isco , Osiel Ocaña Isco , Berenice
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 5 de julio de 2018 , Porfirio Ocaña Isco , Osiel Ocaña Isco , Berenice Ocaña de Cobos y Alicia Ocaña de Velandia presentaron demanda1, en ejercicio de la acción de reparación directa , en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional , la Policía Nacional , la Rama Judicial, el Ministerio de Agricultura , el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, el Municipio de Caldono, el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Organización Nacional Indígena de Colombia con el fin de que se hiciera la siguiente declaración (se trascribe):
“PRIMERA: Se declare administrativa, patrimonial y solidariamente responsable a [las entidades demandadas] por los daños y perjuicios de orden [material, moral, psicológico, de alteración a las condiciones de
1 Folios 141-156 del cuaderno principal.Radicación: 19001-23-33-000-2018-00199 01(71061) Demandantes: Alicia Ocaña de Velandia y otros Demandados: Consejo Regional Indígena del Cauca y otros Referencia: acción de reparación directa Decisión: confirma la caducidad de la acción
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existencia y de pérdida de chance u oportunidad] 2, actuales y futur os, ocasionados a las personas que integran la parte demandante en el presente proceso, como consecuencia del daño continuado generado el día 16 de agosto de 1980, en jurisdicción del municipio de Caldono , departamento del Cauca, que dieron como resultado el desplazamiento de los accionantes”.
presente proceso, como consecuencia del daño continuado generado el día 16 de agosto de 1980, en jurisdicción del municipio de Caldono , departamento del Cauca, que dieron como resultado el desplazamiento de los accionantes”.
2. Los perjuicios reclamados se resumen así:
Tipo de perjuicio Valor Daño emergente $10.000.000.000 por el predio denominado “ Aguada de los Tigres” $500.000.000 por el predio denominado “El Placer” Morales 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes “Psicológicos” 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes A la vida de relación 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes Pérdida de oportunidad 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes
3. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:
4. El padre de los demandantes, Porfirio Ocaña Nache, adquirió el predio denominado “Aguada de los Tigres ” en 1948, en el municipio de Caldono, Cauca. De este terreno vendió un lote a su hijo Porfirio Ocaña Isco en 1970, finca que denominó “el Placer”.
5. Desde 1974, Porfirio Ocaña Isco tuvo problemas con las autoridades indígenas, quienes talaban bosques e ingresaban semovientes a su propiedad sin autorización. En 1980 denunció el hurto de ganado y la tala de árboles maderables por parte de grupos al margen de la ley.
6. En este contexto, los demandantes se vieron obligados a abandonar los inmuebles en 1980, inicialmente hacia el municipio de San tander de
de árboles maderables por parte de grupos al margen de la ley.
6. En este contexto, los demandantes se vieron obligados a abandonar los inmuebles en 1980, inicialmente hacia el municipio de San tander de Quilichao y posteriormente hacia Bogotá. La situación fue puesta en conocimiento del alcalde y el inspector de policía del municipio de
Caldono.
7. Pese a un ofrecimiento previo para su compra, el Incora declaró la extinción de dominio sobre los pr edios, con fundamento en una visita en la que comprobó que los inmuebles estaban ocupados por varias familias indígenas. El trámite administrativo no fue notificado a Porfirio Ocaña Isco, quien había huido por las “ constantes amenazas e invasiones por part e de los grupos indígenas y guerrilleros que operaban en la zona”.
2 En la demanda se trascribió una pretensión idéntica para cada uno de los perjuicios reclamados.Radicación: 19001-23-33-000-2018-00199 01(71061) Demandantes: Alicia Ocaña de Velandia y otros Demandados: Consejo Regional Indígena del Cauca y otros Referencia: acción de reparación directa Decisión: confirma la caducidad de la acción
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8. Posteriormente, los familiares de los demandantes fueron víctimas de varios hechos violentos . En el año 2000, el hijo Osiel Ocaña Isco fue secuestrado por un grupo al margen de la ley. La familia pagó por su liberación y se agravó su condición, pues tuvieron que trasladarse a
Bogotá.
secuestrado por un grupo al margen de la ley. La familia pagó por su liberación y se agravó su condición, pues tuvieron que trasladarse a Bogotá.
9. Osiel Ocaña Isco “no encontró en Bogotá forma de restablecer su vida,
[por lo que] tomó la decisión de regresar a Santander de Quilichao e instalarse en” el predio denominado “ Centro las Juntas”, de propiedad de su esposa , inmueble que también fue invadido. Al intentar recuperarlo , Porfirio y Osiel Ocaña Isco fueron amenazados por parte de las Farc y abandonaron su domicilio.
10. Desde 1980 hasta la fecha , los demandantes eran “víctimas de desplazamiento forzado ”, que es un “ delito de lesa humanid ad y una violación al Derecho Internacional Humanitario ”, por lo que se trataba “ de un daño continuado y no deb [ía] aplicársele el fenómeno ordinario de la caducidad”. Los actores no habían logrado “ su estabilidad económica en un lugar diferente del que fueran expulsados violentamente ni tampoco regresar a su lugar de origen”.
11. Según la demanda, los actores fueron desplazados por la acción de las Farc “en concupiscencia con el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Organización Nacional Indígena de Colo mbia”. Las entidades demandadas incurrieron en una falla del servicio porque no brindaron protección y seguridad a la familia Ocaña.
1.2. Posición de la parte demandada
12. El municipio de Caldono contestó la demanda 3. Indicó que , según los actos administrativos de extinción de dominio , los demandantes no
protección y seguridad a la familia Ocaña.
1.2. Posición de la parte demandada
12. El municipio de Caldono contestó la demanda 3. Indicó que , según los actos administrativos de extinción de dominio , los demandantes no explotaban económicamente las fincas. Si bien los indígenas ocuparon los terrenos, no se demostró que grupos al margen de la ley hubieran amenazado a los propietarios. En todo caso, las denuncias presentadas en Santander de Quilichao por amenazas fueron realizadas más de treinta años después del desplazamiento alegado y no se evidenciaba relación alguna con ese momento.
13. Propuso la excepción de falta de legitimación pas iva en la causa, porque no se acreditó que los demandantes hubieran solicitado a la entidad territorial o a la inspección de policía protección por amenazas u
3 Folios 200-204 del cuaderno 2.Radicación: 19001-23-33-000-2018-00199 01(71061) Demandantes: Alicia Ocaña de Velandia y otros Demandados: Consejo Regional Indígena del Cauca y otros Referencia: acción de reparación directa Decisión: confirma la caducidad de la acción
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hostigamientos. Propuso la excepción de hecho de la víctima porque fue el abandono de los inmuebles lo que permitió que se asentaran las familias indígenas y posteriormente se declarara la extinción de dominio, según constaba en los actos administrativos del Incora.
14. La Organización Nacional Indígena de Colombia contestó la demanda4. Afirmó que su función era “ser garante y veedora de los
constaba en los actos administrativos del Incora.
14. La Organización Nacional Indígena de Colombia contestó la demanda4. Afirmó que su función era “ser garante y veedora de los derechos humanos de los pueblos indígenas ”, lo que no tenía relación con lo pretendido en la demanda. El control del orden público correspondía al gobierno nacional. Por este motivo propuso la excepci ón de falta de legitimación activa en la causa.
15. Propuso, además, la excepción de caducidad de la acción porque la “última actuación ” tuvo lugar en el año 2000 y pasaron muchos años en que “la parte actora tuvo la posibilidad de demandar y no lo hizo”.
16. La Nación – Rama Judicial contestó la demanda 5. Destacó que lo narrado en la demanda no consistía en un error judicial o una falla del servicio que pudiera serle atribuida, por lo que no le asistía responsabilidad alguna en la controversia . Precisó que , con base en los documentos allegados, era claro que “ los operadores judiciales no tuvieron conocimiento sobre las presuntas amenazas recibidas ni del desplazamiento forzado ”. Por esto, propuso la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa.
17. Propuso la excepción de caducidad de la acción porque, de acuerdo con la demanda, los demandantes supieron de las primeras invasiones en el año 1974. Incluso, si se tomaba como punto de partida el año 1987, cuando se extinguió el dominio de los bienes, la acción también era extemporánea.
18. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional contestó la
cuando se extinguió el dominio de los bienes, la acción también era extemporánea.
18. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional contestó la demanda6. Afirmó que la parte demandante incumplió con su carga de la prueba porque no aportó los elementos de juicio que respaldaran sus afirmaciones. Sostuvo que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, la condición de desplazado era una “ situación fáctica y no una calidad jurídica” por lo que no bastaba la inscripción en un registro estatal.
19. Propuso la excepción de hecho de un tercero, porque el daño alegado era atribuible a un grupo al margen de la ley, sin que a la entidad le hubieran comunicado previamente de las amenazas. Propuso la excepción de hecho de la víctima porque los demandantes no ejercieron
4 Folios 205-216 del cuaderno 2. 5 Folios 244-255 del cuaderno 2. 6 Folios 261-280 del cuaderno 2.Radicación: 19001-23-33-000-2018-00199 01(71061) Demandantes: Alicia Ocaña de Velandia y otros Demandados: Consejo Regional Indígena del Cauca y otros Referencia: acción de reparación directa Decisión: confirma la caducidad de la acción
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actos de señor y dueño sobre sus inmuebles, ni las acciones reivindicatorias de derechos reales, lo que permitió que se declarara la extinción de dominio. Finalmente, propuso la excepción de caducidad de la acción de acuerdo con el término previsto en la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional.
dominio. Finalmente, propuso la excepción de caducidad de la acción de acuerdo con el término previsto en la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional.
20. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional contestó la demanda7. Afirmó que no se demostró que los demandantes hubieran sido víctimas de desplazamiento forzado, lo que constituía el incumplimiento de la carga de la prueba. En el mismo sentido, no había pruebas de acciones u omisiones del Ejército, que configuraran una falla del servicio.
21. Propuso la excepción de caducidad de la acción, porque los hechos alegados ocurrieron en 1980 y, por tanto, la fecha límite para demandar vencía en 198 2. Agregó, que l a demanda resultaba inoportuna incluso en los términos de la Sentencia SU-254 de 2013.
22. La Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contestó la demanda8. Señaló que no estaban acreditados los elementos que pudieran comprometer su responsabilidad, porque la imputación no tenía relación con sus funciones. Precisó que la extinción de dominio fue una decisión del Incora , entidad que fue reemplazada por el Incoder y posteriormente por la Agencia Nacional de Tierras. En este punto , propuso la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa.
23. Propuso la excepción de caducidad de la acción porque la extinción de dominio del predio “El Placer” concluyó mediante la Resolución 5682 de 20 de noviembre de 1987, por lo que trascurrieron más de 2 años desde ese momento hasta la interposición de la demanda.
de dominio del predio “El Placer” concluyó mediante la Resolución 5682 de 20 de noviembre de 1987, por lo que trascurrieron más de 2 años desde ese momento hasta la interposición de la demanda.
24. La Agencia Nacional de Tierras contestó la demanda 9. Indi có que no era cierto que el Incora no hubiera notificado el inicio del trámite administrativo que concluyó con la extinción de dominio de los predios, como podía verificarse en el expediente de la actuación ; incluso, los propietarios fueron representados p or una abogada . Durante el procedimiento los interesados no aportaron ni solicitaron pruebas tendientes a demostrar que sí explotaban económicamente los terrenos.
25. Propuso la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa porque sus funciones no est aban relacionadas con la protección de la vida y bienes de las personas. Propuso la excepción de indebida escogencia de la acción porque mediante la demanda se cuestionaba la
7 Folios 284-296 del cuaderno 2. 8 Folios 301-312 del cuaderno 2. 9 Folios 338-356 del cuaderno 2.Radicación: 19001-23-33-000-2018-00199 01(71061) Demandantes: Alicia Ocaña de Velandia y otros Demandados: Consejo Regional Indígena del Cauca y otros Referencia: acción de reparación directa Decisión: confirma la caducidad de la acción
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legalidad de los actos administrativos de extinción de dominio. Propuso la excepción de falta de legitimación activa en la causa en relación con Osiel Ocaña Isco, Berenice Ocaña Cobos y Alicia Ocaña de Velandia
legalidad de los actos administrativos de extinción de dominio. Propuso la excepción de falta de legitimación activa en la causa en relación con Osiel Ocaña Isco, Berenice Ocaña Cobos y Alicia Ocaña de Velandia porque no tuvieron relación alguna con el Incora.
26. La Nación – Ministerio del Interior contestó la demanda10. Afirmó que la carga de la prueba correspondía a la parte actora y que no podía comprometerse la responsabilidad de las entidades mediante
“suposiciones”.
27. Propuso la excepción de caducidad, de acuerdo con el término fijado en la Sentencia SU -254 de 2013 de la Corte Constitucional. Así, el plazo para demandar venció el 23 de mayo de 2015. Propuso la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa porque no le correspondía salvaguardar el orden público, ni la protección, defensa y seguridad de las personas.
28. El Consejo Regional Indígena del Cauca no contestó la demanda.
1.3. Sentencia de primera instancia
29. Mediante Sentencia de 1 de febrero de 2024 11, e l Tribunal Administrativo de Cauca declaró probada la caducidad de la acción y condenó en costas a la parte demandante.
30. La parte actora pretendía que se declararan responsables a las entidades demandadas por el desplazamiento forzado de los demandantes de los predios denominados “ la Aguada de los Tigres ” y “ el Placer” el 16 de ag osto de 1980. No obstante, no demostró que los hermanos Ocaña Isco hubieran sido víctimas de desplazamiento forzado para la fecha indicada.
Placer” el 16 de ag osto de 1980. No obstante, no demostró que los hermanos Ocaña Isco hubieran sido víctimas de desplazamiento forzado para la fecha indicada.
31. Si bien se aportó un a captura de pantalla del Registro Único de Víctimas, en este se relacionaba solamente a Osiel Ocaña Isco y a Porfirio Ocaña Isco como víctimas de desplazamiento, pero por hechos ocurridos el 1 de enero de 2012, es decir, por eventos ocurridos más de treinta años después de lo narrado en la demanda.
32. Así, si se tomaba como fecha el 16 de agosto de 1980 , según lo pretendido, el plazo para demandar vencía el 17 de agosto de 1982. Al contar el término según lo ordenado por Sentencia SU -254 de 2013 de la Corte Constitucional , la demanda también resultaba e xtemporánea, porque dicha decisión quedó ejecutoriada el 23 de mayo de 2013, la
10 Folios 360-371 del cuaderno 2. 11 Folios 582-594 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 19001-23-33-000-2018-00199 01(71061) Demandantes: Alicia Ocaña de Velandia y otros Demandados: Consejo Regional Indígena del Cauca y otros Referencia: acción de reparación directa Decisión: confirma la caducidad de la acción
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solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el 2 de abril de 2018 y la demanda interpuesta el 5 de julio del mismo año.
33. El tribunal agregó que, con posterioridad al desplazamiento forzado
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solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el 2 de abril de 2018 y la demanda interpuesta el 5 de julio del mismo año.
33. El tribunal agregó que, con posterioridad al desplazamiento forzado alegado, los demandantes realizaron diferentes actuaciones ante las autoridades competentes sobre la afectación de sus derechos, sin que se identificara “ impedimento alguno para el ejercicio de su derecho de acción”.
34. Finalmente, de stacó que los actos administrativos que ordenaron la extinción de dominio no fueron enjuiciados, de acuerdo con la certificación del Consejo de Estado. Asimismo, que no procedía ningún pronunciamiento frente a la afectación de Porfirio Ocaña Nache, pues no hacía parte de los demandantes.
1.4. Recurso de apelación
35. La parte demandante interpuso recurso de apelación12. Sostuvo que el desplazamiento forzado constituía una “ de las condiciones excepcionales previstas en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 ”, pues afectaba “de manera clara” la posibilidad de acceder a la administración de justicia. Por tanto, debía tenerse en cuenta el momento en que cesó la condición de desplazados.
36. Contrario a lo afirmado por el tribunal, sí estaba demostrada la condición de desplazados, de acuerdo con los documentos aportados al proceso. Destacó que p ara la época de los hechos no existía la Ley 1448 de 2011, pero era irrazonable no considerar como víctimas a las personas que hubieran sido afectadas con anterioridad de 1 de enero de 1985.
37. Afirmó que las entidades no “ brindaron la protección y seguridad a los
de 2011, pero era irrazonable no considerar como víctimas a las personas que hubieran sido afectadas con anterioridad de 1 de enero de 1985.
37. Afirmó que las entidades no “ brindaron la protección y seguridad a los accionantes (…) pese al conocimiento que tenían de los sucesos ”. Pese a su condición, el Incora “ decidió aplicar el fenómeno jurídico de la extinción de dominio ”, consecuencia patrimonial que recae sobre las “actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social”.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Síntesis de la controversia – 2.2. Caducidad de la acción en desplazamiento forzado – 2.3. Caso concreto – 2.4. Condena en costas
12 Folios 603-604 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 19001-23-33-000-2018-00199 01(71061) Demandantes: Alicia Ocaña de Velandia y otros Demandados: Consejo Regional Indígena del Cauca y otros Referencia: acción de reparación directa Decisión: confirma la caducidad de la acción
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2.1. Síntesis de la controversia
38. La Sentencia de primera instancia será modificada. En primer lugar, se declarará la falta de legitimación activa en la causa de las demandantes Berenice Ocaña de Cobos y Alicia Ocaña de Velandia. El daño por el que se reclama es un desplazamiento forzado , y ni en los hechos de la demanda ni en las pruebas allegadas al expediente se menciona a estas personas. La única prueba sobre ellas es el registro civil de nacimiento 13
se reclama es un desplazamiento forzado , y ni en los hechos de la demanda ni en las pruebas allegadas al expediente se menciona a estas personas. La única prueba sobre ellas es el registro civil de nacimiento 13 que demuestra que Porfirio Ocaña Nache —quien tampoco fue demandante, ni se pidió a nombre de una eventual sucesión— era su padre. Por tanto, si bien el artículo 140 del CPAC A prevé una legitimación amplia al determinar como sujeto activo de la acción a “ la persona interesada”, lo cierto es que, en ausencia absoluta de elementos que demuestren un interés , y la imposibilidad de evaluar los demás presupuestos procesales y los el ementos propios del juicio de responsabilidad, debe declararse la falta de legitimación activa en la causa de las demandantes en mención.
39. Se mantendrá decisión de declarar la caducidad respecto de Porfirio y Osiel Ocaña Isco , aunque por razones diferentes a las del tribunal.
Contrario a lo sostenido en la decisión de primera instancia, está demostrado que Porfirio Ocaña Nache (quien no fue demandante en el presente asunto) y Porfirio Ocaña Isco fueron desplazados de sus predi os denominados “La Aguada de los Tigres ” y “El Placer”, respectivamente, en el municipio de Caldono, Cauca . Asimismo, que Osiel Ocaña Isco trabajaba en el predio de su hermano y también abandonó el municipio . Sin embargo, según lo probado en el proceso y lo narrado en la demanda, Porfirio Ocaña Isco se reasentó en el 201 2 en el municipio de Santander de
trabajaba en el predio de su hermano y también abandonó el municipio . Sin embargo, según lo probado en el proceso y lo narrado en la demanda, Porfirio Ocaña Isco se reasentó en el 201 2 en el municipio de Santander de Quilichao, en la casa de su hermano O siel Ocaña Isco. Por tanto, a partir de ese momento el desplazamiento cesó y deberá contarse el término de acuerdo con el plazo fijado por la Corte Constitucional en la decisión SU254 de 2013.
2.2. Caducidad de la acción en desplazamiento forzado
40. Mediante Sentencia de 29 de enero de 2020 14, la Sala Plena de la Sección Tercera unificó su jurisprudencia respecto de la caducidad “de las
13 Folios 9-12 del cuaderno principal. 14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia de 29 de enero de 2020, exp. 61033. La Sentencia tuvo los votos disidentes de los siguientes Consejeros de Estado: María Adriana Marín, Ramiro Pazos Guerrero y Alberto Montaña Plata. Por su parte, el Consejero de Estado Guillermo Sánchez Luque aclaró su voto. Los motivos de inconformidad del ponente de esta sentencia, respecto de la decisión unificada, que se pueden consultar en extenso el salvamento de voto re ferido, están relacionados con que, a mi juicio, la decisión fue regresiva respecto del bloque de convencionalidad al desconocer los estándares vigentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, privando a las víctimas de sus
decisión fue regresiva respecto del bloque de convencionalidad al desconocer los estándares vigentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, privando a las víctimas de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. También puede consultarse elRadicación: 19001-23-33-000-2018-00199 01(71061) Demandantes: Alicia Ocaña de Velandia y otros Demandados: Consejo Regional Indígena del Cauca y otros Referencia: acción de reparación directa Decisión: confirma la caducidad de la acción
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pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado ”. Como regla genera l dispuso que el término aplicable sería el legal, salvo que se acreditaran “ situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción”.
41. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 387 de 1997, “ la condición de desplazado forzado por la violencia cesa cuando se logra la consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento ”. La norma en cita establece que el desplazamiento forzado es un daño continuado y, por tanto, un supuesto en el que la caducidad de la acción debe contarse a partir del cumplimiento de las condiciones señaladas, que representan la cesación de la lesión15.
42. El carácter de daño contin uado del desplazamiento forzado ha sido reconocido en reiteradas oportunidades por la Sección Tercera. Al
cumplimiento de las condiciones señaladas, que representan la cesación de la lesión15.
42. El carácter de daño contin uado del desplazamiento forzado ha sido reconocido en reiteradas oportunidades por la Sección Tercera. Al
respecto, la Subsección A16 (se trascribe):
“(…) ha sostenido que ‘en los eventos en los que el daño cuya reparación se pretende es producto del desplazamiento forzado ‘el término de caducidad de la demanda debe empezar a contarse a partir de la cesación del daño, esto es, cuando (…) están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno al lugar de origen (…)’’. Los demandantes fundan sus pretensiones en el desplazamiento forzado de que habrían sido víctimas a partir del 20 de julio de 2002, cuando abandonaron su residencia rural ubicada en la vereda Las Flores del municipio de Villa -nueva, Guajira, sin que se allegar a prueba alguna al proceso de que tal situación cesó, pues no se evidenció que los demandantes retornaran a su lugar de origen o que estuvieran dadas las condiciones para dicho retorno; por el contrario, de acuerdo con las pruebas del proceso, los demandan tes residen en el municipio de Fonseca . (…) Con base en todo lo anterior, no es posible determinar si la demanda de reparación directa se presentó dentro del término de caducidad, razón por la cual la Sala considera que se debe analizar de fondo el asunto bajo
salvamento de voto de la decisión de tutela de 22 de julio de 20 22, con radicado 11001 -03-15-0002022-04007-00. Allí expongo que el estándar internacional vigente, así como elemen tos de relevancia constitucional que conducirían a inaplicar las normas de caducidad en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos. 15 Al respecto puede consultarse el Auto de 26 julio de 2011, exp. 41037, en el que la Subsección C sostuvo (se trascribe): “Hechas estas consideraciones, la Sala estima necesario aplicar una excepción a la norma de caducidad, en los casos en los que las pret ensiones se fundamentan en un daño de carácter continuado, así pues, frente al desplazamiento forzado se impone un tratamiento igual al de la desaparición forzada, pues el criterio conceptual determinante para que ésta no opere en la forma tradicional es equivalente en ambos casos, y por ende, no podría predicarse su existencia en el sub lite, porque la conducta vulnerante no ha cesado, por el contrario, se ha extendido en el tiempo ”.
En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administra tivo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 25 de mayo de 2023, exp. 62866. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia de 13 de agosto de 2021, exp. 64893.Radicación: 19001-23-33-000-2018-00199 01(71061) Demandantes: Alicia Ocaña de Velandia y otros Demandados: Consejo Regional Indígena del Cauca y otros Referencia: acción de reparación directa Decisión: confirma la caducidad de la acción
Demandantes: Alicia Ocaña de Velandia y otros Demandados: Consejo Regional Indígena del Cauca y otros Referencia: acción de reparación directa Decisión: confirma la caducidad de la acción
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estudio, en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia de los demandantes, como lo ha señalado en otros asuntos similares”.
43. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la Corte Constitucional determinó, en la decisión SU -254 de 2013 , “que para efectos de la caducidad de futuros procesos judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los términos para la población desplazada sólo podrán computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta ”. La interpretación coherente del daño continuado y de la decisión constitucional implica que ese término es aplicable únicamente para aquellos eventos en que el desplazamiento cesó. Al respecto, la Subsección C indicó17 (se trascribe):
“Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por esta Corporación, se dirige en general a cualquier asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Est ado, mientras que la Corte Constitucional en la aludida Sentencia de Unificación 254 del 24 de abril de 2013 sí se refiere de forma puntual y concreta al desplazamiento forzado, es por ello que esta última providencia resulta aplicable al sub lite.
Constitucional en la aludida Sentencia de Unificación 254 del 24 de abril de 2013 sí se refiere de forma puntual y concreta al desplazamiento forzado, es por ello que esta última providencia resulta aplicable al sub lite. En todo caso, bajo ninguna de las sentencias en cita, en los eventos en los que no ha cesado el desplazamiento, resulta inviable fijar el inicio del conteo del término de caducidad, puesto que, justamente, el daño continúa generándose”.
2.3.
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