CE - Sentencia 85001233300020200050601
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 85001233300020200050601
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 85001-23-33-000-2020-00506-01 (67664)
Actor: JOSÉ ALEXANDER PARRA DÍAZ
Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD – El término para acudir a la Jurisdicción es de dos años, de conformidad con lo previsto en el literal i, del numeral 2, del artículo 164 del CPACA. – El hito para contar el término de caducidad es el conocimiento del daño.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare el 19 de agosto de 2021, mediante la cual se declaró probada la caducidad del medio de control.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor José Alexander Parra Díaz presentó demanda de reparación directa con el fin de que le fueran resarcidos los perjuicios que se le ocasionaron con la pérdida del vehículo de su propiedad, distinguido con las placas CXC -029, embargado y secuestrado con ocasión de un proceso ejecutivo que le fue iniciado en el Juzgado Promiscuo Municipal de Aguazul.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
secuestrado con ocasión de un proceso ejecutivo que le fue iniciado en el Juzgado Promiscuo Municipal de Aguazul.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 26 de agosto de 2020 (índice 003, Samai del tribunal), el abogado José Alexander Parra Díaz, en nombre propio, presentó demanda de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial, con el fin de que se hiciera la siguiente declaración:
PRIMERA: Que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a 1- ) NACIÓN COLOMBIANA –MINISTERIO DE JUSTICIA –RAMA JUDICIALDIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por los2
Radicación número: 85001-23-33-000-2020-00506-01(67664)
Actor: José Alexander Parra Díaz
Demandado: NaciónRama Judicial
Referencia: Reparación Directa
perjuicios materiales y morales causados a mi persona como consecuencia de la FALLA DEL SERVICIO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIADEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, que he sufrido, derivados de la pérdida de la cosa entregada al AUXILIAR DE JUSTICIA, posterior al secuestro del vehículo de placas CXC029 que se dio con ocasión del proceso ejecutivo singular de menor cuantía No. 2009 -0148
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE DESCONGESTIÓN DE
AGUAZUL.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que le fueran reconocidos como perjuicios morales la suma equivalente a 100 smlmv; por perjuicios materiales
AGUAZUL.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que le fueran reconocidos como perjuicios morales la suma equivalente a 100 smlmv; por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente $110655.375; y, por lucro cesante, $524930.609.
Como sustento fáctico de sus pretensiones, indicó que el 16 de noviembre de 2007, la empresa Sufinanciamiento S.A. hoy Tuya S.A., le desembolsó un préstamo por $28000.000 para la adquisición de vehículo; sin embargo, debido a problemas de solvencia económica, no le fue posible continuar pagando la cuota de dicho crédito y, por esa razón, entregó en arrendamiento el vehículo Renault, Symbol, placa CXC029, motor P743Q086462 , al señor Jhon Miller Domínguez Lievano, por la suma de $3500.000 mensuales, dinero que destinaría para el pago del crédito vehicular.
Debido a la mora en el pago, Sufinanciamiento S.A. inició en su contra proceso ejecutivo singular ante el Juzgado Promiscuo de Aguazul, en el cual se libró mandamiento de pago el 6 de mayo de 2009, por valor de $27415.747, más intereses corrientes y morat orios causados a la fecha de la presentación de la demanda y se decretó el embargo y secuestro del vehículo Renault, Symbol, placa CXC029, motor P743Q086462, para lo cual se libró oficio a la Policía Nacional, seccional automotores.
En cumplimiento de dicha orden, la Policía municipal de Aguazul, el 2 de marzo de 2010, dejó el vehículo a disposición del Juzgado, que se encontraba depositado en
seccional automotores.
En cumplimiento de dicha orden, la Policía municipal de Aguazul, el 2 de marzo de 2010, dejó el vehículo a disposición del Juzgado, que se encontraba depositado en el parqueadero Caño Fisto, ubicado en la calle 12 No. 22 -44 de ese municipio. En el acta de depósito se dejó constancia de que el vehículo se encontraba en óptimas condiciones.
El día 25 de marzo de 2010, fue notificado personalmente el auto admisorio de la demanda. Dentro del término legal, la parte demandada la contestó y propuso excepciones.3
Radicación número: 85001-23-33-000-2020-00506-01(67664)
Actor: José Alexander Parra Díaz
Demandado: NaciónRama Judicial
Referencia: Reparación Directa
En cumplimiento de lo dispuesto en auto del 15 de marzo de 2010, el 30 de julio siguiente, el Juzgado libró despacho comisorio dirigido a la Inspección de Policía de Aguazul para que realizara el secuestro del vehículo enunciado.
El 2 de agosto de 2010, la Inspección de Policía nombró al señor Germán Lemus Rodríguez como secuestre y realizó diligencia de secuestro el 27 de agosto siguiente, fecha en la que le fue entregado el vehículo al auxiliar de la justicia, acta en la que se c onsignó que el bien se encontraba deteriorado y en completo abandono.
El 14 de diciembre de 2011, le fue solicitado al Juzgado requerir al secuestre para que rindiera cuentas de su administración y, en cumplimiento del requerimiento, el
abandono.
El 14 de diciembre de 2011, le fue solicitado al Juzgado requerir al secuestre para que rindiera cuentas de su administración y, en cumplimiento del requerimiento, el Juzgado llamó al auxiliar de la justicia para que cumpliera con su obligación y le advirtió que, en caso de desatender el requerimiento, se le abriría incidente sancionatorio.
Debido a que el Juzgado no tenía conocimiento del estado y la suerte del vehículo, el demandante, mediante oficio del 8 de marzo de 2012 informó sobre la presunta desaparición del bien, la omisión del secuestre y las irregularidades en las diligencias de retención y secuestro.
El 14 de marzo de 2012, el secuestre le informó al Juzgado que el vehículo ya no se encontraba en el parqueadero Caño Fisto, porque sin su consentimiento había sido entregado al señor Gregorio España Rodríguez, propietario del parqueadero Gran Colombia PGC S.A.S., ubicado en Soacha -Cundinamarca, en calidad de cesionario por contrato celebrado entre parqueaderos.
En noviembre de 2012, el ahora demandante radicó “derecho de petición” en el que solicitó información sobre el proceso y el trabajo realizado por el secuestre, el cual fue rechazado por el Juzgado el 13 de marzo de 2013, por no ser la forma idónea para realizar solicitudes.
El 13 de marzo de 2013, el Juzgado requirió por segunda vez al secuestre para que informara la situación y ubicación del vehículo y fijó el 12 de abril de 2013, para llevar a cabo diligencia de inspección del bien secuestrado.4
El 13 de marzo de 2013, el Juzgado requirió por segunda vez al secuestre para que informara la situación y ubicación del vehículo y fijó el 12 de abril de 2013, para llevar a cabo diligencia de inspección del bien secuestrado.4
Radicación número: 85001-23-33-000-2020-00506-01(67664)
Actor: José Alexander Parra Díaz
Demandado: NaciónRama Judicial
Referencia: Reparación Directa
El 21 de marzo de 2013, fue proferida sentencia en la que se ordenó seguir adelante con la ejecución, así como el avalúo y posterior remate de los bienes embargados.
El 12 de abril de 2013 no fue posible llevar a cabo la diligencia de inspección del vehículo porque no se hizo presente el secuestre y se fijó como nueva fecha el 7 de mayo siguiente.
El ahora demandante solicitó nuevamente que se citara al secuestre a rendir cuentas, razón por la cual, se profirió el auto del 16 de octubre de 2013, en el que se requirió por tercera y última vez al secuestre para que rindiera informe detallado de su administración.
El Juzgado Segundo promiscuo Municipal de Aguazul de descongestión avocó conocimiento del proceso, procedió a realizar la actualización del crédito e impartió aprobación de la liquidación.
El 4 de diciembre de 2013 dio inicio al incidente de sanciones y exclusión de la lista de auxiliares de la justicia del perito.
A pesar de que fue requerido en varias oportunidades, el secuestre no se hizo presente, razón por la cual el 21 de junio de 2018 fue relevado y sustituido por una
de auxiliares de la justicia del perito.
A pesar de que fue requerido en varias oportunidades, el secuestre no se hizo presente, razón por la cual el 21 de junio de 2018 fue relevado y sustituido por una nueva secuestre; además, se ofició al Consejo Superior de la Judicatura informando su exclusión de la lista de auxiliares de la justicia.
Consideró el demandante que el proceso ejecutivo fue “llevado por el despacho de manera dilatoria”, porque desde el 21 de marzo de 2013 se profirió sentencia en la que se ordenó el avalúo y remate del vehículo sin que se haya procedido de conformidad.
Que el daño antijurídico fue causado por la desidia y negligencia del secuestre, así como por la omisión en el cumplimiento de las funciones del Juzgado Promiscuo municipal de Aguazul que no requirió en debida forma al secuestre para que rindiera cuentas de su administración y que, de haber “solicitado oportunamente la rendición de cuentas y hubiera tomado las medidas tendientes a relevarlo de ese cargo desde antes, con lo que se hubiera evitado, por casi más de 5 años, el daño por el que aquí se demanda” (índice 3, Samai del Tribunal).5
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Actor: José Alexander Parra Díaz
Demandado: NaciónRama Judicial
Referencia: Reparación Directa
2. Trámite de primera instancia
2.1. La demanda fue admitida el 17 de septiembre de 2020 (índice 8, Samai del Tribunal) y debidamente notificada a la entidad demandada y al Ministerio Público
2. Trámite de primera instancia
2.1. La demanda fue admitida el 17 de septiembre de 2020 (índice 8, Samai del Tribunal) y debidamente notificada a la entidad demandada y al Ministerio Público (índice 10, Samai del Tribunal).
Durante el término para contestar la demanda, la Rama Judicial guardó silencio.
2.2. El 27 de mayo de 2021 se llevó a cabo la audiencia inicial y se fijó el litigio en los siguientes términos:
a.- Establecer si hay lugar o no a declarar responsable a la entidad accionada por los presuntos perjuicios derivados de la pérdida del vehículo de placas CXC029 que fue secuestrado con fundamento en una decisión adoptada dentro del proceso ejecutivo 20090 148 que se tramitó en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Descongestión de Aguazul.
b.- Determinar si es procedente o no reconocer los perjuicios morales y materiales deprecados.
c.- Y si hay lugar o no a condenar al reconocimiento de intereses moratorios y a condenar en costas.
Las partes aceptaron la determinación anterior ; el a quo tuvo como pruebas los documentos allegados con la demanda y corrió traslado a las partes para alegar y al Ministerio Público para que presentara concepto, si lo consideraba pertinente (índice 15, Samai del Tribunal).
En dicho término, la entidad demandada manifestó que el trámite del proceso ejecutivo singular con Radicado 850104089001 -2009-148 se apegó al cumplimiento de todas y cada una de las normas vigentes, que le eran aplicables;
En dicho término, la entidad demandada manifestó que el trámite del proceso ejecutivo singular con Radicado 850104089001 -2009-148 se apegó al cumplimiento de todas y cada una de las normas vigentes, que le eran aplicables; que ordenó la medida cautelar sol icitada por el demandante; la materializó con la orden de retención del vehículo; ordenó el trámite de la diligencia de secuestro del automotor y la designación de secuestre.
Agregó que la custodia y secuestro del vehículo se encontraban a cargo del parqueadero Caño Fisto de Aguazul y del secuestre señor German Lemus Rodríguez quienes son los que deben responder por el incumplimiento de sus obligaciones, lo que a la postre, con dujo a no tener la ubicación del automotor que se encontraba en sus instalaciones, por lo que solicitó que se le absolviera de responsabilidad y se declarara el hecho de un tercero.6
Radicación número: 85001-23-33-000-2020-00506-01(67664)
Actor: José Alexander Parra Díaz
Demandado: NaciónRama Judicial
Referencia: Reparación Directa
La parte demandante reiteró lo manifestado en la demanda (índice 16, Samai del Tribunal).
El Ministerio Público guardó silencio.
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Casanare, en decisión del 19 de agosto de 2021, declaró la caducidad del medio de control (índice 19, Samai del Tribunal).
Como sustento de su decisión, consideró probado que el automotor fue inmovilizado y posteriormente secuestrado por orden de un juez de la República y que fue el
declaró la caducidad del medio de control (índice 19, Samai del Tribunal).
Como sustento de su decisión, consideró probado que el automotor fue inmovilizado y posteriormente secuestrado por orden de un juez de la República y que fue el mismo demandante quien, el 8 de marzo de 2012, informó al Juzgado la pérdida del rodante, situación que fue confirmada por el secuestre el 14 de marzo de 2012 y reiterada por el accionante el 19 de noviembre siguiente.
El 13 de marzo de 2013, el juzgado le pidió al secuestre información sobre el paradero del automotor y su exhibición. El secuestre reiteró que desconocía el paradero del veh ículo, porque según lo informado por el parqueadero había sido trasladado al municipio de Soacha , Cundinamarca, pero esa situación nunca se corroboró. La exhibición, según lo que consta en el proceso, no se llevó a cabo, precisamente por la pérdida del vehículo.
La sentencia del proceso ejecutivo se profirió el 21 de marzo de 2013, en la que se declararon no probadas las excepciones propuestas; se dispuso seguir adelante la ejecución; se ordenó practicar la liquidación del crédito y el avalúo del vehículo. Luego se realizó la liquidación del crédito y la exclusión del secuestre de la lista de auxiliares de la justicia.
Luego de hacer el recuento del trámite del proceso ejecutivo, el a quo tomó como fecha para contabilizar la caducidad el 8 de marzo de 2012, cuando el demandante puso en conocimiento del Juzgado la pérdida del vehículo de su propiedad y agregó que, a pesar de que estaba probado que el automotor no apareció, esto no implicaba
fecha para contabilizar la caducidad el 8 de marzo de 2012, cuando el demandante puso en conocimiento del Juzgado la pérdida del vehículo de su propiedad y agregó que, a pesar de que estaba probado que el automotor no apareció, esto no implicaba que la pérdida o extravío del automotor constituyera un acto continuado, como lo pretende hacer ver el demandante y, por tanto, la demanda se presentó por fuera del término establecido en la ley, porque la demanda de reparación directa debió7
Radicación número: 85001-23-33-000-2020-00506-01(67664)
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impetrarse a más tardar el 9 de marzo de 2014 y solo se radicó el 26 de agosto de 2020.
4. Recurso de apelación
Inconforme con lo decidido, la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia, oportunidad en la que solicitó que fuera revocada y, en su lugar, se accediera a sus pretensiones (índice 19, Samai del Tribunal).
El impugnante insistió en que hasta la fecha en que se presentó la demanda y aún el recurso no se tenía certeza de la pérdida del vehículo y que así lo entendía el Juzgado Primero Promiscuo de Aguazul, que, en providencia del 3 de septiembre de 2020, había negado el levantamiento de las medidas cautelares y la entrega del vehículo, hasta tanto se pudiera conocer el estado y el paradero del mismo.
Agregó que “pretende el honorable tribunal culparme por indagar sobre el paradero del vehículo de mi propiedad despojado por parte de la administración de justicia” ;
vehículo, hasta tanto se pudiera conocer el estado y el paradero del mismo.
Agregó que “pretende el honorable tribunal culparme por indagar sobre el paradero del vehículo de mi propiedad despojado por parte de la administración de justicia” ; que era absurdo computar términos de caducidad sobre un hecho dañoso continuado y de tracto sucesivo y que “solo hasta que se determine por autoridad judicial en sentencia definitiva que de terminación al proceso ejecutivo 2009 -0148 adelantado ante el Juzgado segundo promiscuo municipal de descongestión de aguazul, en la cual se decreta la pérd ida y desaparición del vehículo en cuestión, podremos afirmar que cesó el daño y proceder a computar términos si así lo requiere el honorable tribunal, lo cual aún no sucede”.
El recurso de apelación fue concedido el 27 de septiembre de 2021 (índice 24, Samai del Tribunal).
5. Trámite de segunda instancia
Mediante providencia del 1 de julio de 2022 se admitió el recurso de apelación (índice 4, Samai). Debido a que no se solicitaron pruebas en segunda instancia, el proceso ingresó al despacho el 8 de agosto siguiente para elaborar proyecto de sentencia que desatara el recurso de apelación interpuesto.8
Radicación número: 85001-23-33-000-2020-00506-01(67664)
Actor: José Alexander Parra Díaz
Demandado: NaciónRama Judicial
Referencia: Reparación Directa
CONSIDERACIONES
1. Competencia de la Sala
En atención a lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda
CONSIDERACIONES
1. Competencia de la Sala
En atención a lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación”.
Por su parte, el numeral 6 del artículo 152 del CPACA dispone que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, « de los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes».
En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa 1, razón por la cual se concluye que esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Casanare el 19 de agosto de 2021.
2. La naturaleza del instituto jurídico de la caducidad y la contabilización del término que la configura
Comoquiera que la sentencia apelada consideró que la demanda había sido presentada por fuera del término de caducidad, forzosamente el examen que en esta instancia se adelante de la providencia recurrida habrá de iniciar por tal aspecto.
Se encuentra establecido que la demanda fue presentada el 26 de agosto de 2020 y en los antecedentes de esta providencia se expus ieron los fundamentos que llevaron al Tribunal a declarar la caducidad de la demanda de reparación directa .
aspecto.
Se encuentra establecido que la demanda fue presentada el 26 de agosto de 2020 y en los antecedentes de esta providencia se expus ieron los fundamentos que llevaron al Tribunal a declarar la caducidad de la demanda de reparación directa . Concretamente, a juicio del a quo, la demanda debió ser presentada a más tardar el 9 de marzo de 2014, teniendo en cuenta que el mismo demandante había puesto
1 La pretensión mayor corresponde a lo solicitado por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, el cual ascendió a la suma de $524930.609 y para la fecha de presentación de la demanda -26 de agosto de 2020500 SMLMV equivalían a $438901.500.9
Radicación número: 85001-23-33-000-2020-00506-01(67664)
Actor: José Alexander Parra Díaz
Demandado: NaciónRama Judicial
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en evidencia la pérdida del vehículo, en memorial radicado ante el Juzgado Promiscuo de Aguazul el 8 de marzo de 2012.
Como en reiteradas oportunidades lo ha sostenido la Sección Tercera del Consejo de Estado2, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo, el legislador estableció unos plazos razonables, con el propósito de que las personas acudan ante la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones, término que, en caso de vencerse, tiene como consecuencia que opere el fenómeno jurídico procesal de la caducidad, lo cual implica la pérdida de la facultad de accionar y así hacer efectivos sus derechos.
como consecuencia que opere el fenómeno jurídico procesal de la caducidad, lo cual implica la pérdida de la facultad de accionar y así hacer efectivos sus derechos.
La caducidad no admite suspensión, salvo que se presente solicitud de conciliación extrajudicial en derecho 3, se dé inició al trámite de extensión de jurisprudencia dispuesto en el artículo 102 del CPACA, o se haya solicitado a la Sala de Consulta y Servicio Civil concepto para precaver controversias interadministrativas -artículo 1127 del CPACA -. Este fenómeno procesal tampoco admite renuncia y, de encontrarse probado, debe ser declarada de oficio por el juez.
De conformidad con lo previsto en el literal i, del numeral 2°, del artículo 164 del CPACA, la demanda de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos (2) años “contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
Si bien es cierto que, como se acaba de señalar, la regla general para la contabilización del término de caducidad es la que se dejó indicada, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que pueden darse eventos en los cuales la manifestación o conocimie nto del daño no coincida con el acaecimiento mismo del hecho que le dio origen, resultando, en consecuencia, ajeno a un principio de justicia que, por circunstancia s que no depend an del afectado , este se viera imposibilitado para obtener la protección judicial correspondiente. Por ello, en
del hecho que le dio origen, resultando, en consecuencia, ajeno a un principio de justicia que, por circunstancia s que no depend an del afectado , este se viera imposibilitado para obtener la protección judicial correspondiente. Por ello, en aplicación del principio pro damnato y, en consideración a que el fundamento de la
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 6 de agosto de 2009, expediente No. 36.834, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; reiterado por esta Subsección, entre otras, en: sentencia del 26 de febrero de 2014, expediente No. 27.588, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; auto del 12 de mayo de 2016, expediente No. 56.601 y sentencia del 30 de agosto de 2017, expediente No. 39.435. 3 En concordancia con lo previsto por las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001.10
Radicación número: 85001-23-33-000-2020-00506-01(67664)
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acción de reparación es el daño, se ha aceptado que en tales casos el término para contar la caducidad de la demanda indemnizatoria empiece a correr a partir del momento en que se conozca o se manifieste el daño. Así lo ha señalado esta
Corporación:
La determinación del momento a partir del cual se produce la caducidad de la acción no presenta problemas cuando la realización del hecho, operación, ocupación u omisión coinciden con la producción del daño. No obstante, cuando el perjuicio se produce o se manifiesta en un momento posterior o se trata de
acción no presenta problemas cuando la realización del hecho, operación, ocupación u omisión coinciden con la producción del daño. No obstante, cuando el perjuicio se produce o se manifiesta en un momento posterior o se trata de daños permanentes, de tracto sucesivo o que se agravan con el tiempo, surgen dificultades para su determinación. …
En síntesis, en un tema tan complejo como el de la caducidad, que involucra de una parte razones de justicia y de otra el interés de la seguridad jurídica, no es posible establecer criterios absolutos, pues todo depende de las circunstancias que rodean el caso concreto. No obstante, no debe perderse de vista que de conformidad con la ley, para establecer el término de caducidad se debe tener en cuenta el momento de la producción del hecho, omisión, operación u ocupación generadores del perjuicio.
Ahora bien, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios sólo surge a partir del momento en que éstos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daño que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria.
Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquéllos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de ca ducidad de la acción, de tal manera que si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad
el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de ca ducidad de la acción, de tal manera que si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no se niegue la reparación cuando el conocimiento o manifestación de tales daños no concurra con su origen4.
Como se observa, las reflexiones que han llevado a esta Corporación a reconocer la posibilidad de acudir a la solución planteada nacen de la aplicación de los principios de equidad y de justicia, bajo una visión de la lógica de lo razonable y siempre que s e pruebe que la parte afectada desconozca el daño, desconocimiento, se reitera, no nacido del desinterés o descuido de éste, sino de las particularidades específicas en que surgió5.
La jurisprudencia también ha reconocido que hay eventos en los cuales los daños pueden provenir de un acontecimiento instantáneo, pero que también pueden, ocasionalmente, provenir de un hecho que se va produciendo de manera paulatina
4 Sentencia del 16 de agosto de 2001, Expediente 13.772 (1048), mencionado en la Sentencia del 13 de febrero de 2003, Expediente 13237 (Rad. 2555), M.P. Dr. Ricardo Hoyos Duque. 5 Sentencia de 16 de agosto de 2001, exp: 13.772, Sección Tercera.11
Radicación número: 85001-23-33-000-2020-00506-01(67664)
Actor: José Alexander Parra Díaz
Demandado: NaciónRama Judicial
Referencia: Reparación Directa
o progresiva y que esas distintas circunstancias se proyectan, también, en el ámbito
Actor: José Alexander Parra Díaz
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Referencia: Reparación Directa
o progresiva y que esas distintas circunstancias se proyectan, también, en el ámbito de la contabilización del término de caducidad del medio de control. En el primer caso no cabe duda en cuanto a que el término para interponer la demanda resarcitoria ha de empezar a contabilizarse a partir del día siguiente a aquel en que se produjo el acontecimiento dañoso, esta constituye la regla general, pero también puede ocurrir que los efectos del daño se agraven con el tiempo, o que fenómenos sucesivos y homogéneos puedan producir daños continuos.
En eventos como estos últimos, se ha señalado por la jurisprudencia que ha de tenerse cuidado de no confundir la producción de daños sucesivos con el agravamiento de los efectos de un mismo daño 6, pues en este último, el término para ejercitar la acción debe empezar a contarse desde el acaecimiento del hecho que le dio origen, y no así cuando los daños se producen de manera paulatina como efecto de sucesivos hechos u omisiones, o causas dañosas diversas, en cuyo caso el término para reclamar la indemnización de perjuicios corre de manera independiente para cada uno de los daños derivados de esos sucesivos eventos.
3. La contabilización del término de caducidad en el presente caso
Según la demanda el daño por el que ahora se reclama consistió en la pérdida del vehículo de propiedad del ahora demandante, el cual fue embargado y secuestrado por el Juzgado Promiscuo municipal de Aguazul en un proceso ejecutivo que se
Según la demanda el daño por el que ahora se reclama consistió en la pérdida del vehículo de propiedad del ahora demandante, el cual fue embargado y secuestrado por el Juzgado Promiscuo municipal de Aguazul en un proceso ejecutivo que se
6 En sentencia de 2 de junio de 2005, exp: AG -25000-23-26-000-2000-00008-02, dijo la Sala: “...en la demanda se afirma que los apartamentos del edificio han venido presentando problemas de deterioro progresivo es decir de tracto sucesivo sin que hasta la fecha haya cesado la acción vulnerante causante del daño’. En dicha afirmación, que se hizo a todo lo largo del proceso, se confunde la acción vulnerante con la agravación del daño, cuando se trata de dos situaciones diferentes. De acuerdo con los hechos de la demanda, la acción vulnerante se presentó al expedirse la licencia de construcción o d urante la ejecución de la obra, lapso en cual no se cumplió con el control administrativo debido. Suponiendo que no podía establecer el momento en que ocurrieron eso eventos, nada impide que la fecha cierta, de inicio del término de caducidad, s
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