CE - Sentencia conflicto armado 11001031500020250108500

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, trece (13) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-01085-00

Demandante: JOSÉ LUIS ARIZA RODRÍGUEZ

Demandado: SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.

SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.

DENEGACIÓN DE JUSTICIA. SE AMPARAN LOS

DERECHOS FUNDAMENTALES.

Síntesis del caso: el demandante consideró que la autoridad judicial demandada vulner ó sus derechos constitucionales fundamentales con ocasión de las decisiones que rechazaron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso. La Sala accederá al amparo toda vez que se trata de un sujeto de especial protección constituciona l y se demostró que el actor desplegó actuaciones para subsanar la demanda , justificó que debido a su condición de desplazado no podía obtener un avalúo catastral del predio y, en todo caso, estimó provisionalmente la cuantía, pese a lo cual la autoridad j udicial accionada rechazó su demanda porque supuestamente no la subsanó con base en el referido avalúo.

La Sala procede a decidir nuevamente el proceso de acción de tutela1 presentado por el

porque supuestamente no la subsanó con base en el referido avalúo.

La Sala procede a decidir nuevamente el proceso de acción de tutela1 presentado por el señor José Luis Ariza Rodríguez en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado para la protección de sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos 29 y 229 de la Carta Política , presuntamente vulnerados con ocasión de las providencias de 19 de mayo de 2023, 25 de julio de 2024 y 5 de septiembre de 2024 proferidas por dicha autoridad judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1 Con ocasión de la determinación de declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso de la referencia hasta el paso al despacho del 12 de marzo de 2025, adoptada mediante proveído de 22 de abril de 2025.2

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01085-00

Demandante: José Luis Ariza Rodríguez Acción de tutela

1. El señor José Luis Ariza Rodríguez es víctima del conflicto armado interno, debido a la desaparición y posterior muerte de su padre (Teodoro Ariza Ibarra) por parte del ELN en el año 1994, motivo por el cual los bienes de los que era poseedor y propietario su progenitor les fueron despojados forzosamente.

1. En virtud de lo anterior, solicit ó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (en adelante

progenitor les fueron despojados forzosamente.

1. En virtud de lo anterior, solicit ó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (en adelante UAEGRTD), la inclusión en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente por diferentes predios, entre ellos , los denominados Las Montañas con Folios de Matrícula inmobiliaria nos. 045 - 31601 y 045 – 157, respectivamente; pese a lo anterior , la UAEGRTD negó las solicitudes de inclusión en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.

1. El actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones RM 00304 del 20 de agosto de 2020, que confirmó la Resolución RM 00853 del 11 de diciembre de 2019 y la Resolución RM 00305 del 20 de agosto de 2020 , a través de la cual se confirmó la Resolución RM 00997 del 26 de diciembre de 2019 , las cuales negaron sus solicitudes de inclusión en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.

1. En auto de 6 de julio de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado inadmitió el medio de control de la referencia y le ordenó que estimara la cuantía del asunto por considerar que, de acuerdo con la posición de esa Sala de Decisión, más allá de ser una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la cual se cuestionan unos actos administrativos, el asunto ventilado sí tenía implícita una pretensión económica , en la medida en que, al prosperar la s súplicas el accionante podría reclamar ante los jueces

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la cual se cuestionan unos actos administrativos, el asunto ventilado sí tenía implícita una pretensión económica , en la medida en que, al prosperar la s súplicas el accionante podría reclamar ante los jueces de restitución una compensación económica, por tanto, indicó que debía cuantificarse el proceso a partir del avalúo catastral del inmueble pretendido en restitución , so pena de rechazo2.

1. Dentro del término legal, la parte demandante presentó escrito a través del cual precisó que no perseguía una pretensión económica en el proceso, pues, simplemente pretendía la inclusión en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, pero que, en todo caso, por la situación de desplazamiento no le había sido posible obtener el avalúo catastral del inmueble, pues to que si bien presentó una petición ante la Alcaldía de Ponedera (Atlántico) esta no le había sido contestada; aunado a ello, aunque intentó

2 Proceso con radicación no. 11001-03-24-000-2021-00473-00.3

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01085-00

Demandante: José Luis Ariza Rodríguez Acción de tutela

acceder a la página del ente territorial para obtener la factura del impuesto predial donde consta el avalúo catastral, no fue posible acceder a dichos documentos, razón por la cual solicitó un tiempo prudencial para aportar dicha información.

1. Ante el silencio de la Alcaldía de Ponedera (Atlántico), interpuso acción de tutela para obtener la información solicitada, acción constitucional que correspondió por reparto al

solicitó un tiempo prudencial para aportar dicha información.

1. Ante el silencio de la Alcaldía de Ponedera (Atlántico), interpuso acción de tutela para obtener la información solicitada, acción constitucional que correspondió por reparto al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ponedera , el cual , en sentencia de 18 de octubre de 2022, amparó los derechos fundamentales del actor y ordenó a la Alcaldía de Ponedera entregar la información solicitada 3, no obstante, en cumplimiento de la orden judicial la autoridad municipal indicó que el inm ueble objeto de restitución no reposaba en su base de datos, y que, por ende, no tenía información sobre el avalúo catastral.

1. Mediante auto de 19 de mayo de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado rechazó de la demanda por la falta de subsanación e n los términos indicados en el auto del 6 de junio de 2022, por considerar que ”acorde con la jurisprudencia de esta Sección, las controversias sobre los actos administrativos que niegan la inscripción de solicitudes en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, tienen naturaleza patrimonial, con contenido económico cuantificable, que está determinado por el avalúo catastral del bien objeto de la solicitud de restitución”

(negrillas fuera de texto).

1. Inconforme con la decisió n, el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio súplica, en el que puso de presente la imposibilidad en la que se encontraba de obtener la información solicitada, puesto que la Alcaldía Municipal de Ponedera no le entregó la información , aunado a que es una víctima del conflicto armado ; en consecuencia, no

la información solicitada, puesto que la Alcaldía Municipal de Ponedera no le entregó la información , aunado a que es una víctima del conflicto armado ; en consecuencia, no puede dirigirse al predio del que resultó despojada su familia p ara contratar un avalúo particular y, en todo caso, luego de averiguaciones encontró que la hectárea de tierra en la zona tiene un valor aproximado de 16.000.000, guarismo que multiplicado por las 80 hectáreas del predio asciende a un a suma aproximada de $1.280.000.000, en los que estimó provisionalmente la cuantía del asunto.

1. Además, junto con el recurso aport ó la respuesta del derecho de petición que elevó ante el municipio de Ponedera, en la cual le informaron que el predio con esa identificación y folio de matrícula no se encontraba en su base de datos catastral, lo cual le impedía aportar un avalúo en la forma requerida. Asimismo, con posterioridad aportó otro oficio emitido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el cual le informaron que

3 Proceso con radicación no. 08560-40-89-001-2022-00185-00.4

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01085-00

Demandante: José Luis Ariza Rodríguez Acción de tutela

para poder expedir el avalúo catastral del predio Las Montañas era necesario que aportara la providencia donde un juez se lo solicitara a la entidad.

1. Sin embargo, e n auto de 25 de julio de 2024, el consejero ponente c onfirmó la decisión que rechazó la demanda por la falta de subsanación, pues, consideró que no se

1. Sin embargo, e n auto de 25 de julio de 2024, el consejero ponente c onfirmó la decisión que rechazó la demanda por la falta de subsanación, pues, consideró que no se corrigió oportunamente ya que no se estimó de manera razonada la cuantía y “la carga impuesta debía cumplirse en el término perentorio concedido, máxime cuand o lo solicitado fue una estimación razonada de la cuantía, no un avaluó catastral ”, por consiguiente, concedió el recurso de súplica.

1. Mediante auto de 5 de septiembre de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó el auto de 19 de mayo de 2023 que rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, para lo cual, en esta oportunidad, le indicó que en atención a lo di spuesto en el artículo 157 del CPACA no se requería un avalúo catastral para estimar la cuantía, sino parámetros para fijarla, a pesar de lo cual el demandante solo lo hizo con la presentación de los recursos, no así en el término requerido.

2. El fundamento de la vulneración

El demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulner ó sus derechos fundamentales del debido y acceso a la administración de justicia, por cuanto, a su juicio, las providencias cuestionadas incurrieron en una violación directa de la Constitución y un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.

Frente al defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto sostuvo que la Sección Primera del Consejo de Estado rechazó la demanda a partir de una lectura equívoca de lo reglamentado en la Ley 1448 de 2011, pues, el libelo se presentó dentro

Sección Primera del Consejo de Estado rechazó la demanda a partir de una lectura equívoca de lo reglamentado en la Ley 1448 de 2011, pues, el libelo se presentó dentro del régimen de transición establecido en la Ley 2080 de 2021 y , por lo tanto, la competencia al carecer de cuantía correspondía en única instancia al Consejo de Estado.

De igual forma, precisó que la demanda no debía ser rechazada , por cuanto manifestó en el término oportuno que no p erseguía una pretensión económica , sino , única y exclusivamente, la inclusión en el registro.

Finalmente, alegó una violación directa de la Constitución toda vez que la imposición estricta de la aplicación de la norma y la exigencia de la presentación del avalúo catastral vulneró los principios constitucionales y su derecho de acceso a la administración de justicia, sin que en los autos se haya analizado su situación particular y sus5

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Demandante: José Luis Ariza Rodríguez Acción de tutela

manifestaciones referentes a la imposibilidad de aportar el documento por su condición de desplazado y víctima del conflicto armado.

3. Pretensiones Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes

súplicas:

“De manera atenta y respetuosa le solicito a la H. Corte Suprema de JusticiaSala Laboral cómo Juez Constitucional.

PRIMERO. AMPARAR los derechos Constitucionales Fundamentales al debido proceso y al acceso material a la Administración de Justicia del A ccionante JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ y que son violentados por la Autoridad Judicial

PRIMERO. AMPARAR los derechos Constitucionales Fundamentales al debido proceso y al acceso material a la Administración de Justicia del A ccionante JOSE LUIS ARIZA RODRIGUEZ y que son violentados por la Autoridad Judicial accionada.

SEGUNDO. Cómo consecuencia de ello DEJE SIN EFECTO el Auto proferido el 1 9 de mayo de 2023, a través del cual rechazó la demanda por no subsanación, así como los que resolvieron los recursos de reposición y súplica respectivamente.

TERCERO. Si lo considera necesario, ORDENE a la SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO, requerir al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para que aporte un certificado catastral del inmueble solicitado en restitución, de cara a establecer el avalúo del mismo y cuantificar el proceso.

CUARTO. Definido ello, ORDENE a la SECCIÓN PRIMERA DEL H. CONSEJO DE ESTADO, Admitir la demanda de la referencia, o en su defecto, si considera que es incompetente Funcional para conocer del asunto, lo remita al funcionario que estime conveniente para que estudie de fondo las pretensiones de la demanda.”. ( archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI , índice 2).

4. Actuación procesal

Mediante auto de 28 de febrero de 2025 (índice 4, SAMAI) se admitió el proceso de acción de tutela y se ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Sección Primera del Consejo de Estado, en el mismo sentido se ordenó la vinculación a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y

de tutela y se ordenó la notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Sección Primera del Consejo de Estado, en el mismo sentido se ordenó la vinculación a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente como tercero con interés , con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas

El consejero Oswaldo Giraldo López de la Sección Primera del Consejo de Estado 4 solicitó declarar improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de

4 Índice 8 SAMAI.6

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relevancia constitucional toda vez que no se evidenci ó una vulneración a los derechos fundamentales del actor , quien pretende utilizar la acción de tutela como una instancia adicional para reabrir el debate procesal resuelto en la providencia censurada.

La Unidad Administrativ a Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 5 solicitó ser desvinculada del asunto por falta de legitimación en la causa por pasiva , puesto que no vulnero de ninguna forma los derechos fundamentales del actor y la acción de tutela se dirig ió exclusivamente contra las actuaciones de la Sección Primera del Consejo de Estado.

6. La solicitud de nulidad y su trámite

En sentencia de 14 de marzo de 2025 6, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado amparó l os derechos fundamentales del señor José Luis Ariza

6. La solicitud de nulidad y su trámite

En sentencia de 14 de marzo de 2025 6, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado amparó l os derechos fundamentales del señor José Luis Ariza Rodríguez, no obstante, el 1 de abril de 2025, el señor Consejero German Eduardo Osorio Cifuentes presentó escrito en el que solicitó que se declarara la nulidad de lo actuado con fundamento en que no fue notificado en debida forma del auto admisorio de 28 de febrero de 2025 , pues, pese a que en el auto admisorio se ordenó de manera expresa, la Secretaría General de la Corporación omitió la notificación de ese despacho, motivo por el cual se configuró la causal de nulidad del numeral 8 del artículo 133 de la Ley 1564 de 20127.

En auto de 22 de abril de 20258, el despacho del suscrito magistrado ponente accedió a la solicitud, previa constatación de que, efectivamente, la Secretaría General notificó a los diferentes despachos de la Sección Primera del Consejo de Estado, sin embargo, no hizo lo propio en relación con el despacho de quien fungió como magistrado ponente de una de las decisiones cuestionadas, razón por la cual s e declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso de tutela de la referencia iniciado por el señor José Luis Ariza Rodríguez en contra de la Sección Primera del Consejo de Estado, desde el paso al despacho de 12 de marzo de 2025.

Una vez corregida esa omisión, el consejero German Eduardo Osorio Cifuentes de la Sección Primera del Consejo de Estado 9 presentó escrito de contestación e indicó, en

despacho de 12 de marzo de 2025.

Una vez corregida esa omisión, el consejero German Eduardo Osorio Cifuentes de la Sección Primera del Consejo de Estado 9 presentó escrito de contestación e indicó, en síntesis, que la demanda se inadmitió y rechazó en debida forma por la falta de los

5 Índice 10 SAMAI. 6 Índice 12 SAMAI. 7 Índice 16 SAMAI. 8 Índice 25 SAMAI. 9 Índice 30 SAMAI.7

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Demandante: José Luis Ariza Rodríguez Acción de tutela

requisitos señalados en el artículo 170 de la Ley 1437, de modo que la estimación razonada de la cuantía es un requisito de ley que debe contener toda demanda y dicha regla no amerita excepción alguna.

Arguyó que, si bien el señor José Luis Ariza Rodríguez alegó ser un sujeto de especial protección constitucional, ello no implica que se encuent re eximido del cumplimiento de los requisitos de la demanda exigidos por el artículo 162 de la Ley 1437.

Anudado a lo anterior , precisó que el auto inadmisorio fue claro en exigir la estimación razonada de la cuantía, situación que no se cumplió en t érmino y que, aunque se alegó que el apoderado judicial del demandante intentó cumplir con el referido requerimiento, lo cierto es que esa no era la oportunidad procesal, motivo por el cual solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

lo cierto es que esa no era la oportunidad procesal, motivo por el cual solicitó negar las pretensiones de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del demandante.8

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2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a

Demandante: José Luis Ariza Rodríguez Acción de tutela

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a la Sección Primera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos fundamentales invocados por el actor , presuntamente vulnerados con oca sión de los autos de 19 de mayo de 2023, 25 de julio de 2024 y 5 de septiembre de 2024.

La Unidad Administrativ a Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas solicitó que se le desvincule de la acción de tutela ; sin embargo, la Sala no accederá a dicha solicitud porque esa autoridad fue vinculada en condición de tercera con interés dado que actuó como demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de modo que su comparecencia al proceso era necesaria.

2.1 Cuestión previa

En este punto, la Sala considera del caso destacar que, como se explicó en el acápite correspondiente, a través del auto de 22 de abril de 2025 se declaró la nulidad de todo lo actuado en este proceso hasta el paso al despacho del 12 de marzo de 202 5; por consiguiente, como es apenas lógico automáticamente quedó sin efectos la decisión de reemplazo que se expidió en cumplimiento del fallo anulado, por cuanto dicho proveído se profirió en estricto cumplimiento de la orden de tutela, de modo que una ve z fue nulitada dicha orden, de contera, asimismo quedó sin efecto alguno dicha decisión.

En consecuencia, una vez corregida la irregularidad referida en esa providencia y cumplidos los trámites previos de rigor , la Sala procederá a realizar nuevamente el

En consecuencia, una vez corregida la irregularidad referida en esa providencia y cumplidos los trámites previos de rigor , la Sala procederá a realizar nuevamente el estudio del asunto a fin de verificar si la providencia inicial y cuestionada en esta acción de tutela, que cobró vigencia con la referida declaratoria de nulidad, incurrió en los defectos invocados por la parte actora, considerando en esta oportunidad los argumentos expuestos en el informe rendido por la autoridad judicial accionada.

2.2 Análisis de los requisitos generales de procedencia

Al respecto, para la Sala el presente asunto cumple los requisitos genéricos de procedibilidad, por c uanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judiciales disponibles al alcance de la persona afectada, sin que sea procedente algún otro; ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez 10; iii) no se atacó una sentencia de tutela y, iv)

10 El auto que resolvió el recurso de súplica de 5 de septiembre de 2024 fue notificado el 25 de septiembre de 2024, mientras que la acción de tutela se presentó el 25 de febrero de 2025.9

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01085-00

Demandante: José Luis Ariza Rodríguez Acción de tutela

la parte acto ra identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que estimó transgredidos.

Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute es constitucionalmente relevante, en tanto lo que se reprocha es que la Sección Primera del Consejo de Estado presuntamente vulneró los derechos fundamentales del actor y le negó la posibilidad de acceder a la

Asimismo, para la Sala v) la cuestión que se discute es constitucionalmente relevante, en tanto lo que se reprocha es que la Sección Primera del Consejo de Estado presuntamente vulneró los derechos fundamentales del actor y le negó la posibilidad de acceder a la administración de justicia imponiéndole barreras meramente formales que desconocen el derecho sustancial, con lo cual pasó por alto abiertamente su condición de víctima del conflicto armado y desplazado, lo cual le impedía cumplir con el requerimiento. Además, en los términos de la jurisprudencia constitucional, en materia de desplazamiento forzado y graves violaciones a los derechos humanos los asuntos son constitucionalmente relevantes por la trascendencia y particular importancia de las garantías fundamentales que se ven envueltas en tales discusiones11.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala accederá a las pretensiones de la acción de tutela por las siguientes razones:

2.3 Los desplazados como sujetos de especial protección en la jurisprudencia constitucional

En primer lugar, la Sala estima conveniente recordar que, en diferentes oportunidades, la Corte Constitucional ha resaltado la existencia de ciert as personas y grupos poblacionales que merecen una especial protección constitucional, entre los cuales se encuentran las víctimas de desplazamiento forzado, debido a la masiva , sistemática y continua vulneración de sus derechos fundamentales12.

En esa medida, es necesario destacar que el Estado es quien tiene el deber de asegurar a su población las condiciones mínimas de orden público tendientes a dar seguridad y evitar el desplazamiento forzado , no obstante, con ocasión del conflicto armado interno

En esa medida, es necesario destacar que el Estado es quien tiene el deber de asegurar a su población las condiciones mínimas de orden público tendientes a dar seguridad y evitar el desplazamiento forzado , no obstante, con ocasión del conflicto armado interno algunas personas se han visto en la necesidad de abandonar sus hogares, condición que los pone en una clara y evidente situación de vulnerabilidad y desventaja ante las barreras a las que se ven sometido s, la imposibilidad de retorna r a sus hogares, recuperar sus tierras, sus costumbres, reasentarse y lograr un proyecto productivo.

11 Como se indicó, entre otras, en la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional. 12 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencias T-598 de 22 de agosto de 2014, T-305 de 15 de junio de 2016 y la T-089 de 12 de abril de 2021.10

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01085-00

Demandante: José Luis Ariza Rodríguez Acción de tutela

En esos términos, l a Corte Constitucional ha enfatizado en que en un Estado Social de Derecho la materialización y la garantía real d el derecho a la igualdad implica un compromiso activo del Estado para corregir desigualdades estructurales, especialmente en grupos vulnerables como las víctimas del desplazamiento forzado, por cuanto se trata de víctimas que se vieron obligadas a dejar sus lugares de origen o de residencia como consecuencia del conflicto armado interno y que enfrentan riesgos particulares, tales como la exclusión y la marginalidad.

Por consiguiente, dicha garantía, que es inmanente al principio de igualdad, demanda de

consecuencia del conflicto armado interno y que enfrentan riesgos particulares, tales como la exclusión y la marginalidad.

Por consiguiente, dicha garantía, que es inmanente al principio de igualdad, demanda de las autoridades administrativas y judiciales no solo el respeto formal de la ley o, lo que es lo mismo, igualdad en un sentido meramente formal , sino, también, una igualdad real, esto es, la materialización y adopción de medidas de discriminación positivas qu e permitan eliminar barreras estructurales y alcanzar una igualdad efectiva.

Para el efecto, en el marco del Estado Social de Derecho, principalmente son las autoridades quienes tienen la obligación de garantizar a este grupo poblacional el efectivo acceso a la administración de justicia, mediante la emisión de decisiones judiciales en términos razonables que garanticen la protección real de sus derechos 13, incluso si ello implica darles prelación y levantar barreras estructurales con el fin de evitar que, debido a los peligros que sobre esta población se cierne, el Estado cumpla un rol revictimizante.

2.4 Análisis de las personas desplazadas como sujetos de especial protección en el caso concreto

1. En el caso sub examine, la parte actora alegó que la Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto por exigirle la presentación de un avalúo catastral, a pesar de haberle explicado, justificado y reiterado en múltiples ocasiones la imposibilidad material para cumplir con dicho requerimiento, precisamente por su condición de desplazado que le impedía dirigirse al municipio en el que se encuentra el inmueble para obtener un avalúo privado.

y reiterado en múltiples ocasiones la imposibilidad material para cumplir con dicho requerimiento, precisamente por su condición de desplazado que le impedía dirigirse al municipio en el que se encuentra el inmueble para obtener un avalúo privado.

1. De igual forma, precisó que se configuró una violación directa de la Constitución toda vez que la imposición estricta de la aplicación de la norma y la exigencia de la presentación del aval úo catastral en los términos allí anotad os vulnera los principios constitucionales y su derecho de acceso a la administración de justicia , pues, le impidió acceder a la administración de justicia para obtener un pronunciamiento sobre sus súplicas.

13 Corte Constitucional, sentencia C-395/21.11

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01085-00

Demandante: José Luis Ariza Rodríguez Acción de tutela

1. A la par, agregó que la autoridad judicial accionada t ampoco analizó sus distintos memoriales en los cuales explicó la imposibilidad material en la que se encontraba para aportar el avalúo catastral solicitado en el auto de 6 de julio de 2022, no obstante haber demostrado por todos los medios que intentó obtenerlo ante las autoridades municipales, a tal punto que se vio obligado a presentar una acción de tutela previa con el objetivo de que dichas autoridades le respondiera su petición y poder cumplir ese requerimiento.

1. Sobre el particu lar, la Sala observa que la Sección Primera del Consejo de Estado únicamente analizó si la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho cumplía los requisitos formales y lo requirió porque, de acuerdo a la jurisprudencia de esa Sección,

únicamente analizó si la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho cumplía los requisitos formales y lo requirió porque, de acuerdo a la jurisprudencia de esa Sección, la demanda sí perseguía una pretensión económica -así esta no fuera solicitada -, pretensión que, en sus propio