CE - Sentencia conflicto armado 18001233300020150017901

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697) Actor: Mélida Ramírez Medina y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

Temas: LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - Supone que la entidad sea la llamada a responder a partir de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés que es objeto de controversia - La obligación funcional de adelantar las investigaciones de los hechos que revistan las características de un delito en el Estado colombiano corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de manera que se encuentra legitimada en la causa en cuanto concierne a las pretensiones por omisión de investigación / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – Daños derivados de graves violaciones a los derechos humanos – Delitos de lesa humanidad y crímenes de guerraAplicación de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del 29 de enero de 2020 Exp ediente 61.033 – las normas que regulan la regla de la caducidad son aplicables a todos los asuntos de reparación directa, al margen de que se trate de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra, pues ni el CCA ni el CPACA establecen una regla especial frente a estas conductas, salvo lo refe rente al delito de desaparición forzada / CADUCIDAD EN

humanidad o de crímenes de guerra, pues ni el CCA ni el CPACA establecen una regla especial frente a estas conductas, salvo lo refe rente al delito de desaparición forzada / CADUCIDAD EN CASOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO – esta Corporación ha considerado mayoritariamente se trata de un daño de naturaleza continuada y que el término de caducidad se cuenta, en principio, desde el momento en el que el daño cesa / SENTENCIA SU-254/13 - regla excepcional en materia de caducidad por hechos relacionados con el desplazamiento forzado, según la cual el término de 2 años para demandar en reparación directa se cuenta a partir de la ejecutoria de la referida decisión judicial / SENTENCIA SU -254/13 - sus disposiciones resultan aplicables, bajo las siguientes condiciones: i) tener la calidad de víctimas de desplazamiento forzado por la violencia y, ii) encontrarse inscritos en el registro de víctimas desde antes de entrar en vigencia la Ley 1448 de 2011/ RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR OMISIÓN DE INVESTIGACIÓN – No se acreditó en el caso concreto que el ente investigador hubiere incumplido sus funciones en tanto no obran en el plenario los expedientes de los procesos penales seguidos por los delitos de homicidio y amenazas / RESPONSABILIDAD DEL EJÉRC ITO Y LA POLICÍA NACIONAL POR DESPLAZAMIENTO FORZADO - no es posible endilgar responsabilidad a título de falla en el servicio por el solo hecho de entender que ocurrió el incumplimiento del deber general de protección de vida, honra y bienes de los resid entes en Colombia y que ello conlleva una

de falla en el servicio por el solo hecho de entender que ocurrió el incumplimiento del deber general de protección de vida, honra y bienes de los resid entes en Colombia y que ello conlleva una responsabilidad automática a partir de una posición de garante universal de los daños sufridos por las personas - cuando la Administración tiene conocimiento acerca de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre determinada persona el deber genérico de protección y seguridad se concreta y exige una conducta activa de su parte que, de omitirse, permite que se declare su responsabilidad por el daño derivado de la materialización del peligro.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación y la caducidad del medio de control.

Se pretende la declaración de responsabilidad de las demandadas por el homicidio de un familiar , la omisión en la investigación de los hechos y el consecuencial desplazamiento forzado de los actores.Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697) Actor: Mélida Ramírez Medina y otros Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

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I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la proferida por el Tribunal Administrativo de l Caquetá el 31 de enero de 2019 que, con el alcance antes referido, decidió las pretensiones de la demanda presentada el 7 de julio de 20151 por la señora Mélida Ramírez Medina y otros2 contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa –

demanda presentada el 7 de julio de 20151 por la señora Mélida Ramírez Medina y otros2 contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional.

2. La síntesis de las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho sobre las que el Tribunal adoptó la sentencia que ahora se cuestiona, es la siguiente:

Pretensiones

3. Reclamaron los demandantes la declaración de responsabilidad patrimonial por la muerte del señor Tomás Díaz Arias , ocurrida el 1 de enero de 1999 , la subsecuente omisión en la investigación de los hechos y el consecuencial desplazamiento forzado de los actores, por lo que solicitaron una indemnización de perjuicios materiales e inmateriales3.

Hechos

4. El 1 de enero de 1999, el núcleo familiar conformado por los señores Tomás Díaz Arias y Mélida Ramírez Medina y sus hijos -residentes en la vereda Villa Lozada del municipio de Piamonte, Cauca “Región de la Baja Bota Caucana” limítrofe con el departamento de l Caquetá-, se encontraban de viaje en el corregimiento de Zabaleta, municipio de San José del Fragua, Caquetá, con el fin de compartir con sus familiares las festividades de año nuevo, cuando fueron víctimas d el accionar violento de miembros de las FARC que irrumpieron en una caseta y dieron muerte al señor Díaz Arias y le causaron graves lesiones a su hija, Yismeldy Díaz Ramírez.

5. La Fiscalía 14 de Belén de los Andaquíes, Caquetá, inició investigación por estos

al señor Díaz Arias y le causaron graves lesiones a su hija, Yismeldy Díaz Ramírez.

5. La Fiscalía 14 de Belén de los Andaquíes, Caquetá, inició investigación por estos hechos, y el 13 de enero de 2000 la Fiscalía 1º delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bolívar, Cauca, avocó conocimiento de la misma. El 7 de noviembre de 2001 se profirió resolución inhibitoria.

1 Demanda obrante de folios 1 a 28 del cuaderno No. 1 y constancia de reparto del 7 de julio de 2015 a folio 259 del cuaderno No. 2. 2 Los demandantes integran dos grupos familiares, así: (i) Familia Díaz Ramírez , conformada por Mélida Ramírez Medina (madre), Yulieth Díaz Ramírez (hija), Yoniria Díaz Ramírez (hija) quien actúa en nombre propio y de sus menores hijos Indira Vanessa y Katerine Gaviria Díaz (nietas), Anderson Gaviria Díaz (nieto), Yismeldy Díaz Ramír ez (hija), Yasbleidy Díaz Ramírez (hija), Yeiner Díaz Ramírez (hijo), Yamid Díaz Ramírez (hijo), Yesenia Bustos (nuera) quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hijo Julián Andrés Díaz Bustos (nieto), Yira Mercedes Díaz Ramírez (hija) q uien actúa en nombre propio y en el de sus hijos Angie Loreidy y Kevin Ledezma Díaz (nietos). (ii) Familia Ramírez Silva , conformada por Isnel Ramírez Medina

Bustos (nieto), Yira Mercedes Díaz Ramírez (hija) q uien actúa en nombre propio y en el de sus hijos Angie Loreidy y Kevin Ledezma Díaz (nietos). (ii) Familia Ramírez Silva , conformada por Isnel Ramírez Medina (padre), Liliana Silva Artunduaga (madre), Isnel y Andrea Liliana Ramírez Silva (hijos) y Jhon Édg ar Ramírez Sánchez (sobrino). 3 Pretensiones por desplazamiento forzado para el grupo familiar Díaz Ramírez: perjuicios morales: 4.500 smlmv; alteración a las condiciones de existencia: 4.500 smlmv; Bienes constitucionalmente protegidos: 4.500 smlmv; perjuicios materiales para Mélida Ramírez Medina: $86’500.000 por daño emergente y $267’293.282 por lucro cesante. Pretensiones por desplazamiento forzado para el grupo familiar Ramírez Silva : perjuicios morales: 1.500 smlmv; alteración a las condiciones de ex istencia: 1.500 smlmv; bienes constitucionalmente protegidos: 1.500 smlmv; perjuicios materiales para Isnel Ramírez Medina: $40’000.000 por daño emergente y $93’188.866 por lucro cesante. Pretensiones por muerte de Tomás Díaz Arias para los dos grupos familiares: perjuicios morales: 3.800 smlmv; alteración a las condiciones de existencia: 3.800 smlmv; bienes constitucionalmente protegidos: 4.500 smlmv. Igualmente pidieron la adopción de medidas simbólicas.Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697)

Actor: Mélida Ramírez Medina y otros

simbólicas.Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697) Actor: Mélida Ramírez Medina y otros Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

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6. A raíz de estos hechos, la señora Mélida Ramírez Medina, junto a sus hijos y sus nietos debieron desplazarse en varias oportunidades. Así, se radicaron inicialmente en el municipio de San José del Fragua , del cual debieron desplazarse posteriormente al corregimiento “Guisitó”, Cauca, de donde salieron con ocasión de las presiones y violencia ejercida por el ELN. Después se instalaron nuevamente en la vereda Las Perlas d el municipio de Piamonte , de donde también huyeron por amenazas de las FARC y se trasladaron al corre gimiento El Plateado . Luego estuvieron un período corto en Popayán y en 2008 se mudaron a Paimadó, Chocó, de donde debieron salir por amenazas en febrero de 2010.

7. La señora Ramírez Medina y su núcleo familiar solicitaron ser reconocidos como refugiados en Venezuela –donde han residido hasta la fecha de presentación de la demanda-, estatus que les fue otorgado el 19 de octubre de 2012.

8. Los hechos de desplazamiento forzado fueron denunciados por la señora Mélida Ramírez desde 2005 ante la Personería Municipal de San José del Fragua, y ella y sus familiares fueron registrados como víctimas desde el 9 de marzo de 2005. El 20 de enero de 201 0 también presentó denuncia ante el Comité de Reparación

Administrativa de la Personería Municipal.

sus familiares fueron registrados como víctimas desde el 9 de marzo de 2005. El 20 de enero de 201 0 también presentó denuncia ante el Comité de Reparación Administrativa de la Personería Municipal.

9. En cuanto concierne al grupo familiar del señor Isnel Ramírez Medina –hermano de la señora Mélida Ramírez Medina - se narró que para el mes de enero de 1999 residían y trabajaban en el corregimiento de Zabaleta, municipio de San José del Fragua, pero que, a raíz del homicidio de su cuñado Tomás Díaz Arias , debieron desplazarse forzadamente. En 2002, luego de haber vivido en varios sitios, se radicaron en el municipio de Salento, Quindío , hasta noviembre de 2007, cuando fueron extorsionados y amenazados por miembros de grupos armados ilegales.

10. Por estos hechos, el señor Isnel Ramírez Medina solicitó protección y medidas al alcalde del municipio y al personero, quienes le dijeron que ante la falta de recursos era mejor que abandonaran la zona. Una vez instalados en la ciudad de Armenia, otra vez fueron perseguidos y extorsionados por el mismo grupo armado, lo que motivó finalmente el desplazami ento del grupo familiar a la ciudad de Bogotá, en donde denunciaron su situación de desplazamiento ante la Personería de Bosa y el 5 de agosto de 2008 se les notificó la inclusión en el registro de desplazados.

11. En 2011, uno de los hijos del señor Ramírez Medina fue objeto de intimidación y hostigamiento y la familia recibió una llamada de amenaza, hechos que fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional, la cual logró la identificación de dos

11. En 2011, uno de los hijos del señor Ramírez Medina fue objeto de intimidación y hostigamiento y la familia recibió una llamada de amenaza, hechos que fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional, la cual logró la identificación de dos personas responsables de las amenazas el 2 de septiembre de ese año.

12. El 12 de septiembre de 2011 el señor Isnel Ramírez Medina presentó denuncia ante la Fiscalía 246 Seccional Bogotá por estos hechos, pero las diligencias fueron archivadas el 26 de marzo de 2012 por atipicidad de la conducta.

13. Ante la ausencia de medidas de protección, el 5 de noviembre de 2011 viajaron a Venezuela con el fin de pedir asilo. A finales de noviembre de 2011 el señor Ramírez Medina fue detenido por las autoridades venezolanas y regresado a Colombia, y en abril de 2012 su compañera permanente también regresó a Bogotá.Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697) Actor: Mélida Ramírez Medina y otros Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

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Fundamentos jurídicos

14. La parte actora adujo que a pesar de que las autoridades del departamento del Caquetá conocían de la grave situación de orden público de la región -por el control territorial ejercido por varios grupos armados al margen de la ley debido al establecimiento de la zona de distensión para los diálogos entre las FARC y el gobierno nacional , a finales de los noventa -, no se adoptaron medidas para garantizar la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, por lo que las

establecimiento de la zona de distensión para los diálogos entre las FARC y el gobierno nacional , a finales de los noventa -, no se adoptaron medidas para garantizar la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, por lo que las demandadas incumplieron con la posición de garante que tenían respecto de los demandantes. Particularmente, la situación de las familias Díaz Ramírez y Ramírez Silva e ra conocida por las demandadas, ante las cuales se interpusieron las correspondientes denuncias.

15. Asimismo, la Fiscalía no realizó ningún esfuerzo investigativo para dar con los responsables de la muerte violenta del señor Tomás Díaz Arias , las lesiones de Yismeldy Díaz Ramírez ni de las amenazas contra la familia Ramírez Silva, lo que generó la impunidad en la que se encuentran los “delitos de lesa humanidad ” por los que se demanda, aunado a que no se otorgó ninguna medida de protección en favor de las víctimas, a pesar de que denunciaron hechos que los ponían en una situación de riesgo y vulnerabilidad.

16. Se adujo que no acudieron inmediatamente ante las autoridades legítimamente constituidas para denunciar los hechos porque eran constantemente vigilados por miembros de la insurgencia armada.

17. Mediante auto del 8 de febrero de 2016, el Tribunal rechazó la demanda frente a las pretensiones por la muerte del señor Tomás Díaz Arias por considerar que había operado el fenómeno de la caducidad en tanto los hechos ocurrieron el 1 de enero de 1999 y sólo se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial hasta diciembre de 20144. Esta providencia quedó en firme.

La defensa

operado el fenómeno de la caducidad en tanto los hechos ocurrieron el 1 de enero de 1999 y sólo se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial hasta diciembre de 20144. Esta providencia quedó en firme.

La defensa

18. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional se opuso a la s pretensiones de la demanda y propuso las siguientes excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto no se acreditó la acción u omisión imputada a esa institución; (ii) falta de legitimación en la causa por activa de Liliana Silva Artunduaga, de quien no se acreditó mediante sentencia judicial que fuera la compañera permanente del señor Isnel Ramírez Medina, ni se demostró que Isnel Ramírez Silva fuera el hijo de ambos, y (iii) caducidad del medio de control, debido a que la muerte violenta del señor Tomás Díaz Ramírez acaeció el 1 de enero de 1999, de manera que la solicitud de conciliación y la demanda excedieron el término legal. Argumentó que se configuró la causal ex imente de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero, pues los daños por los que se demanda son imputables a las FARC y no es función de las fuerzas militares prestar seguridad y protección individualizada a toda la ciudadanía5.

4 Folios 261-266 c. 2. 5 Folios 295-314 c. 2.Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697) Actor: Mélida Ramírez Medina y otros Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

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Actor: Mélida Ramírez Medina y otros Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

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19. La Fiscalía Ge neral de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones, en tanto no se acreditó que alguna omisión o acción suya hubiera sido causante del daño por el que se demanda. Propuso los siguientes “ argumentos de defensa y excepciones ”: (i) “cumplimiento de un deber legal ”, pues se siguió el procedimiento de conformidad con las funciones asignadas constitucional y legalmente a la Fiscalía; (ii) “inexistencia de la obligación o del derecho reclamado”;

(iii) “falta de nexo causal entre el daño alegado y las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación”; (iv) “inexistencia de la obligación o del derecho reclamado”; (v) falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que la Fiscalía no tiene ninguna obligación respecto de los daños imputados; (vi) “falta de causa para pedir”, y (vii) caducidad, debido a que los demandantes se reasentaron y se estabilizaron socioeconómicamente, de manera que cesó su condición de desplazamiento6.

20. La Policía Nacional adujo que se configuró la eximente de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero y que los accionantes no pusieron en conocimiento de la Policía Nacional la situación de amenazas ni requirieron la adopción de medidas de protección. Propuso las siguientes excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por activa por el desplazamiento forzado, pues varios de los accionantes no se encontraban inscritos en el Registro Único de Víctimas por

adopción de medidas de protección. Propuso las siguientes excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por activa por el desplazamiento forzado, pues varios de los accionantes no se encontraban inscritos en el Registro Único de Víctimas por ese hecho victimizante; (ii) falta de legitimación en la causa por pasiva; (iii) “no comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios o cuasinecesarios ”, en tanto en el proceso se debió vincular a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas7.

21. Surtida la etapa probatoria 8, la Policía Nacional alegó que los demandantes decidieron voluntariamente buscar nuevas oportunidades en otros territorios e

6 Folios 330-345 c. 2. 7 Folios 353-396 c. 2. 8 Al proceso se incorporaron, entre otras, las siguientes pruebas relevantes para el objeto de discusión:

1. Declaración extrajuicio de la señora Mélida Ramírez Medina rendida el 18 de enero de 2007 ante la Inspección Central de Policía del municipio de San José del Fragua en Caquetá.

2. Derecho de petición firmado por la señora Mélida Ramírez Medina con fecha del 22 de enero de 2009 y dirigido a la Fiscalía 01 Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bolívar, Cauca.

3. Documento de solicitud de reparación administrativa - Comité de Reparaciones Administrativas ante la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, con fecha de radicado del 20 de enero de 2010.

4. Certificación expedida por el Fiscal Seccional Delegado ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bolívar,

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, con fecha de radicado del 20 de enero de 2010.

4. Certificación expedida por el Fiscal Seccional Delegado ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bolívar, Cauca, en la que se dejó constancia de que esa unidad adelantó la investigación penal por los hechos ocurridos el 1 de enero de 1999, la cual fue archivada el 7 de noviembre de 2001.

5. Oficio del 21 de enero de 2014 por medio del cual la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas informó que la señora Mélida Ramírez Medina rindió declaración de los hechos victimizantes el 16 de febrero de 2005 y quedó incluida en el Registro Único de Víctimas desde el 9 de marzo de 2005.

6. Documentos relacionados con las propiedades que los demandantes habrían tenido que abandonar con ocasión del desplazamiento forzado al que se vieron avocados.

7. Documento de promesa de venta de una mejora rural ubicada en la vereda Las Perlas de la Baja Bota Caucana, jurisdicción del municipio de Piamonte, Cauca, a la señora Mélida Ramírez Medina, firmada el 20 de marzo de 2006 en el municipio de San José del Fragua, Caquetá.

8. Oficio de notificación de decisión de solicitud de refugio con fecha del 19 de octubre de 2012, de la Comisión Nacional para los Refugiados de Venezuela.

9. Certificados de calificaciones de los nietos de la señora Mélida Ramírez Medina en los que con sta que acudían a centros educativos en Venezuela entre 2010 y 2012.

Nacional para los Refugiados de Venezuela.

9. Certificados de calificaciones de los nietos de la señora Mélida Ramírez Medina en los que con sta que acudían a centros educativos en Venezuela entre 2010 y 2012.

10. Certificación expedida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en la que consta que el señor Yamid Díaz Ramírez junto con su núcleo familiar, se encontraba ins crito en el Registro Único de

Víctimas.

11. Derechos de petición -fechados de diciembre de 2013 - suscritos por el apoderado de los demandantes y dirigidos a cada autoridad del municipio (Policía, Ejército, Fiscalía, Personería, autoridades municipales, entre otras) para verificar las actuaciones que habrían adelantado con ocasión de los hechos. Igualmente constan los correspondientes oficios de respuesta de las citadas entidades.Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697) Actor: Mélida Ramírez Medina y otros Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

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insistió en los argumentos propuestos en la contestación 9; el Ejército Nacional alegó, entre otras cosas, que no se acreditó que la razón del desplazamiento de las familias hubiera sido la situación de amenazas con ocasión del conflicto armado , sino que se trató de un asunto personal con terceros10, y la Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos propuestos en la contestación11.

22. La parte demandante reiteró lo dicho en la demanda y en el traslado de las excepciones12.

La decisión del tribunal13

Nación reiteró los argumentos propuestos en la contestación11.

22. La parte demandante reiteró lo dicho en la demanda y en el traslado de las excepciones12.

La decisión del tribunal13

23. El Tribunal a quo declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa de la Fiscalía General de la Nación, por considerar que no tuvo injerencia en la producción del daño atribuido, en tanto la decisión que adoptó sobre el archivo de la investigación penal seguida por la muerte del señor Tomás Díaz A rias no guardó relación alguna con el hecho del desplazamiento forzado de sus familiares.

24. Declaró probada la excepción de caducidad del medio de control. Para estos efectos, partió de considerar que el desplazamiento de los grupos familiares Díaz Ramírez y Ramírez Silva obedeció a inconvenientes de carácter personal, por los vínculos familiares que tenían con un militante de las FARC, además de su ideología política de izquierda. De manera que no se acreditó que el desplazamiento se hubiera visto determina do por (i) el conflicto armado interno ; (ii) la violencia generalizada; (iii) la vulneración masiva de los derechos humanos e infracción del derecho internacional humanitario ; o (iv) la alteración gr ave del orden público, de

12. Certificación expedida por la Presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vered a la Nubia de Salento,

Quindío.

13. Certificación expedida el 24 de julio de 2008 por la Personería de Bogotá.

14. Certificación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en la que consta que el

Quindío.

13. Certificación expedida el 24 de julio de 2008 por la Personería de Bogotá.

14. Certificación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en la que consta que el señor Isnel Ramírez Medina y su núcleo familiar se encontraban incluidos en el Registro Único de Víctimas desde el 5 de agosto de 2008.

15. Certificación expedida por la Fundación Juan Bosco Obrero en noviembre de 2009.

16. Denuncia presentada el 12 de septiembre de 2011 por el señor Isnel Ramírez Medi na en la URI de Paloquemao por el delito de amenazas.

17. Derechos de petición de septiembre de 2011 dirigidos a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría Distrital, a las Fuerzas Militares y a la Fiscalía General de la Nación para poner en conocimiento la s ituación del señor

Isnel Ramírez Medina.

18. Oficio fechado del 19 de septiembre de 2011 dirigido a la Embajada de la República Bolivariana de

Venezuela en Colombia.

19. Certificación expedida por la señora Luz Delia Vera Rico con fecha del 29 de julio de 2013.

20. Constancia expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá y oficios de abril de 2012 suscritos por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

21. Oficio No. 0188 del Comandante del GAULA Militar Caquetá.

22. Oficio del 25 de junio de 2013 de la Unidad de Delitos contra la Libertad Individual, otras garantías y otros.

23. Oficio de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del 22 de septiembre de 2016.

22. Oficio del 25 de junio de 2013 de la Unidad de Delitos contra la Libertad Individual, otras garantías y otros.

23. Oficio de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del 22 de septiembre de 2016.

9Folios 509-517 c. 3. 10 Folios 518-529 c. 3. 11 Folios 561-566 c. 3. 12 Folios 530-630 c. 3. 13 La decisión fue del siguiente tenor: “ PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA alegada por la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la CADUCIDAD del medio de control por los argumentos señalado s en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda por los motivos expuestos en la presente decisión.

TERCERO: CONDÉNASE en costas a la parte demandante. Fíjense las agencias en derecho en la suma equivalente al 2% de las pretensiones reconocidas. Liquídense por Secretaría del juzgado de primera instancia.

CUARTO: DEVUÉLVANSE a los actores los remanentes del depósito efectuado para gastos ordinarios del proceso, si los hubiere.

QUINTO: En caso de no ser apelada la presente providencia, ARCHÍVESE inmediatamente el expediente, previa anotación correspondiente en el software de gestión”.Radicación: 18001-23-33-000-2015-00179-01 (63.697) Actor: Mélida Ramírez Medina y otros Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

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Actor: Mélida Ramírez Medina y otros Demandado: Nación – Mindefensa – Ejército Nacional y otros Referencia: Medio de control de reparación directa

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modo que ni los hechos de despl azamiento ni la muerte violenta del señor Díaz Arias eran constitutivos de delitos de lesa humanidad, razón por la cual no había lugar a inaplicar el término de caducidad dispuesto en la ley.

25. A pesar de que fue materia de rechazo de plano al momento de admisión de la demanda, concluyó que en lo relacionado con la muerte del señor Tomás Díaz Arias, los hechos ocurrieron el 1 de enero de 199 9, por lo que el término para demandar transcurrió hasta el 2 de enero de 2001. Sobre los hechos de desplazamiento del núcleo familiar Ramírez Medina, señaló que la solicitud de asilo se presentó ante el gobierno de Venezuela el 19 de septiembre de 2011 y que en la narración realizada en dicho documento se plan teó que habían sido desplazados por la violencia desde hacía aproximadamente 3 años, lo que indica que el desplazamiento inició desde el año 2008, pese a lo cual sólo se acudió ante esta jurisdicción en el año 2014. Resaltó que incluso si se tuviera en cuenta la fecha en que el señor Isnel Ramírez Medina presentó denuncia por el delito de desplazamiento forzado -esto es, el 12 de septiembre de 2011-, el medio de control se encontraba caducado.

26. El Tribunal condenó en costas a la parte demandante y fijó como agencias en derecho a favor de las demandadas, el equivalente al 2% del valor de las pretensiones de la demanda14.

se encontraba caducado.

26. El Tribunal condenó en costas a la parte demandante y fijó como agencias en derecho a favor de las demandadas, el equivalente al 2% del valor de las pretensiones de la demanda14.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

23. La parte actora cuestionó (i) la declaración de falta de legitimación en la causa de la Fiscalía General de la Nación; (ii) la decisión en materia de caducidad del medio de control y (iii) la condena en costas.

24. El desarrollo de la argumentación expuesta por l a recurrente será detallado al resolver de fondo los cargos formulados.

25. Durante el término para alegar de conclusión, la Policía Nacional15 y la Fiscalía General de la Nación 16 solicitaron que se confirmara la decisión de primera instancia, mientras que la parte demandante reiteró los argumentos de inconformidad propuestos en el recurso17.

26. El Ejército Nacional y el Ministerio Público guardaron silencio18.

27. Estando el proceso para fallo, el 4 de diciembre de 2023, se profirió auto para mejor proveer mediante el cual se dio traslado a la parte demandante para que expusiera los motivos que le impidieron acudir a esta jurisdicción antes de la fecha en que presentó la demanda, teniendo en cuenta que