CE - 010306000202300615001AUTOQUERESUELDEFINECON20231211121458

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Óscar Darío Amaya Navas

Bogotá D.C., 15 de noviembre de dos mil tres (2023)

Número único: 11001-03-06-000-2023-00615-00.

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso y la

Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare.

Asunto: Autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de un auxiliar de la justicia.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 20 80 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Auto de l 25 de octubre de 2018 , el juez tercero civil municipal de oralidad de Sogamoso ofició2 al Juzgado Promiscuo Municipal de Maní, Casanare, para que iniciara el tramite pertinente para excluir de la lista de auxiliares de la justicia al señor Henry Riaño Cristancho por, presuntamente, faltar a las funciones encomendadas en condición de secuestre dentro del proceso ejecutivo con radicado núm. 2015-00284-00.

2. Por auto del 13 de diciembre de 2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de Maní,

a las funciones encomendadas en condición de secuestre dentro del proceso ejecutivo con radicado núm. 2015-00284-00.

2. Por auto del 13 de diciembre de 2018, el Juzgado Promiscuo Municipal de Maní, Casanare, informó que, mediante auto del 6 de julio 2018, resolvió dar apertura al incidente de exclusión de auxiliar de justicia.

3. Mediante Auto de envió de diligencias DC -831, el Juzgado Promiscuo Municipal de Maní remitió las diligencias de referencia al Consejo Superior de la Judicatura para que adelantase el trámite correspondiente

1 Ley 2080 de 2021 (enero 25), «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 En ninguno de los documentos que obran en e l expediente se especifican las razones por las cuales el juez tercero civil municipal de oralidad de Sogamoso remitió las diligencias al Juzgado Promiscuo Municipal de Maní.Radicación 11001030600020230061500 Página 2 de 24

4. Mediante auto del 30 de junio de 202 2, l a Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare3 declaró su falta de competencia para tramitar el proceso disciplinario y remitió el expediente a la Procuraduría Provincial de

Instrucción de Sogamoso.

5. Por Auto del 8 de noviembre de 2022, la Procuraduría Provincial de Instrucción

proceso disciplinario y remitió el expediente a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso.

5. Por Auto del 8 de noviembre de 2022, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso declaró no ser competente para asumir el conocimiento de la actuación disciplinaria en mención, por lo que propuso conflicto de jurisdicciones negativo ante la Corte Constitucional.

6. Mediante Auto del 19 de julio de 2023, la Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse sobre el conflicto y , en consecuencia, el de 4 de agosto de 2023, remitió a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado por competencia4.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto.

Consta que se libraron comunicaciones a la Corte Constitucional, a la Procuraduría Provincial de Sogamoso, a la Procuraduría General de la Nación, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare , al Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Sogamoso y al señor Henry Riaño Cristancho.

En informe secretarial del 6 de octubre de 202 3, consta que las autoridades e interesados guardaron silencio.

Municipal de Oralidad de Sogamoso y al señor Henry Riaño Cristancho.

En informe secretarial del 6 de octubre de 202 3, consta que las autoridades e interesados guardaron silencio.

3Mediante el Acuerdo PCSJA22 -11970 del 30 de junio de 2022 , articulo 3 , el Consejo Superior de la Judicatura creó la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Casanare, así: […] ARTICULO 3°. Creación de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Casanare. A partir del cinco (5) de julio de 2022, crear la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Casanare. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Casanare, estará integrada por dos (2) despachos de magistrado y una secretaría […] Por lo que de ahora en adelante se hablará de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá. 4 Consideró la Corte que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la competente para conocer los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades del orden nacional, incluidas las entidades territoriales, que no estén sometidas a la jurisdicción de un mismo tribunal administrativo; y de aquellos asuntos de naturaleza administrativa y que versen sobre un caso particular y concreto.Radicación 11001030600020230061500 Página 3 de 24

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

a. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá.

Si bien esta autoridad no presentó alegatos, los argumentos en los cuales se apoyó para declarar su falta de competencia se encuentran expuestos en el Auto del 30 de junio de 2022.

Si bien esta autoridad no presentó alegatos, los argumentos en los cuales se apoyó para declarar su falta de competencia se encuentran expuestos en el Auto del 30 de junio de 2022.

Manifestó que, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, que atribuía competencia a las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura para examinar las conductas y sancionar las faltas de los auxiliares de justicia, a partir de la vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, resulta inaplicable, por excepción de inconstitucionalidad, en la medida que su contenido se contrapone al artículo 257A.

Así, según lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 734 de 2002, la competencia para adelantar las investigaciones contra los particulares que ejerzan funciones públicas, de manera transitoria o permanente , le corresponde a la Procuraduría General de la Nación. Por ello, y en el entendido de que los auxiliares de justicia son particulares que cumplen funciones públicas de manera transitoria, la autoridad competente para asumir las investigaciones disciplinarias en su contra es la Procuraduría General de la Nación.

b. Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso.

Si bien no presentó alegatos, los argumentos para declarar su falta de competencia se encuentran en el Auto del 8 de noviembre de 2022 , mediante el cual, remitió por competencia el presente caso a la Corte Constitucional.

Indicó que, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1º de la Ley 2094 de 2021, corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina y

Indicó que, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1º de la Ley 2094 de 2021, corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ejercer la acción disciplinaria contra funcionarios y empleado s judiciales, y también de los particulares disciplinables conforme a esa ley.

Refirió que, el Código General Disciplinario, al desarrollar el régimen aplicable a los particulares en el artículo 70, determinó que su aplicabilidad abarca a los particulare s que ejercen funciones públicas de manera permanente o transitoria, que administren recursos públicos, que cumplan labores de interventoría y supervisión en los contratos estatales y a los auxiliares de justicia.

Por otro lado, consideró que, en atención a las funciones jurisdiccionales atribuidas a la Procuraduría General de la Nación, el asunto debía ser remitido a la Corte Constitucional para dirimir el conflicto, en concordancia con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.Radicación 11001030600020230061500 Página 4 de 24

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios.

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone: Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente

de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone: Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la compet encia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente. No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare no tienen un superior común. Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que estable cen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil

procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»5 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

5 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyesRadicación 11001030600020230061500 Página 5 de 24

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriale s, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren

conflicto involucre autoridades nacionales y territoriale s, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta) En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente i ngrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta).

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: i) Que, simultáneamente, las autoridades concernida s nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

Las dos autoridades involucradas en el presente trámite, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare, han negado su competencia para adelantar el proceso disciplinario en contra del señor Henry Riaño Cristancho, como auxiliar de la justicia , por las presuntas irregularidades ocurridas dentro del proceso ejecutivo con radicado núm. 2015 -00284Casanare, han negado su competencia para adelantar el proceso disciplinario en contra del señor Henry Riaño Cristancho, como auxiliar de la justicia , por las presuntas irregularidades ocurridas dentro del proceso ejecutivo con radicado núm. 2015 -0028400.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposic iones de esta Parte Primera del Código».Radicación 11001030600020230061500 Página 6 de 24

Como se evidencia en los antecedentes, este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso y, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en la investigación disciplinaria en contra del señor Henry Riaño Cristancho, quien actuando como secuestre, presuntamente desatendió sin justificación alguna, los requerimientos realizados por el Juzgado Promiscuo de Maní, Casanare, dentro del proceso ejecutivo con radicado núm. 2015-00284-00

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflict o, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con

con radicado núm. 2015-00284-00

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflict o, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sente ncia C -030 de 2023 6, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa. En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare , esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución.

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre una autoridad que cumplen función administrativa (la PGN) y otra que cumple función jurisdiccional (la CNDJ) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridad que ejerza función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constituciona l y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

6 La Ley 2094 de 2021 en su artículo 1° otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la

y 93 de la Ley 1952 de 2019.

6 La Ley 2094 de 2021 en su artículo 1° otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, lo cual fue replicado en sus artículos 54, 73 y 74 que modificaron los artículos 2°, 238A, 265 de la Ley 1952 de 2019. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C -30 de 2023 declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación atribuidas por las referidas normas. Esta decisión que fue dada a c onocer por la Corte Constitucional, mediante comunicado número 04 del 16 de febrero de 2023.Radicación 11001030600020230061500 Página 7 de 24

Así las cosas, de acuerdo con la posición de la Sala de Consulta y Servicio Civil, se concluye que el presente conflicto de competencias debe ser resuelto y decidido por la Sala.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»7.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los té rminos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los té rminos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejerci cio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisió n que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración Previa

El artículo 39 de l CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre e l fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, si así corresponde, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del

caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, si así corresponde, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del

7 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación 11001030600020230061500 Página 8 de 24

asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para conocer y asumir la investigación disciplinaria en contra del señor Henry Riaño Cristancho, como auxiliar de la justicia, por presuntamente, faltar a las funciones encomendadas en condición de secuestre, dentro del proceso ejecutivo con radicado núm. 2015-00284-00

El 30 de junio de 2022 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare declaró su falta de competencia para tramitar el proceso disciplinario, y remitió el expediente a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso, por considerar que la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conllevó la pérdida de la competencia que estaba asignada a las salas disciplinarias del Consejo

el expediente a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso, por considerar que la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conllevó la pérdida de la competencia que estaba asignada a las salas disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales, para investigar disciplinariamente a los auxiliares de la justicia.

En contraste, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sogamoso, el 8 de noviembre de 2022, declaró su falta de competencia, por considerar que la Ley 2094 de 2021 le otorgó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las respectivas seccionales la función de investigar a los particulares disciplinables conforme a esa ley, dentro de los cuales se encuentran los auxiliares de la justicia.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración ii) Competencia del extinto Consejo Superior d e la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración iii) Funciones de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia. Reiteración iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Reiteración v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración vi) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable. Reiteración. vii) Caso concreto.

1. El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración vi) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable. Reiteración. vii) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteadoRadicación 11001030600020230061500 Página 9 de 24

5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración8 El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia está regulada en el artículo 47 de la Ley 1564 del 12 de julio de 20129, que señala: Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experi encia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.

Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio y no podrán gravar en exceso a quienes acceden a la administración de justicia. (Resaltado fuera de texto original).

Ahora bien, la Corte Constitucional 10 ha señalado expresamente que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera ocasional o transitoria:

fuera de texto original).

Ahora bien, la Corte Constitucional 10 ha señalado expresamente que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera ocasional o transitoria:

[…] los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un vínculo laboral con el Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas, sujetos a un régimen de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. (Resaltado fuera de texto original)

De igual manera, la Sala ha precisado 11 que los auxiliares de la justicia prestan los servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia.

Cuando se trata de procesos disciplinarios contra personas jurídicas que han prestado funciones como auxiliares de la justicia, deben responder y/o concurrir al mismo el representante legal y los miembros de junta directiva.

8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Exp. 11001-0306-000-2021-00025-00(C) 9 Ley 1564 del 12 de julio de 2012, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. 10 Corte Constitucional Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003.

9 Ley 1564 del 12 de julio de 2012, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. 10 Corte Constitucional Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003. 11 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019 (Radicado núm. 11001-03-06-0002019-00063-00(C)), y Decisión del 16 de mayo de 2018 (Radicado núm. 11001-03-06-000-2017-0020000(C).Radicación 11001030600020230061500 Página 10 de 24

5.2. Competencia del extinto Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración12 El artículo 256 de la Constitución Política, en su versión originaria, consagró como atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura las siguientes:

Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: […]

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profes ión, en la instancia que señale la ley.

7. Las demás que señale la ley. (Resaltado fuera de texto original)

En armonía con el numeral 7 de la norma citada, el artículo 41 de l a Ley 1474 de 2011 adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria d el Consejo Superior de la Judicatura para que examinara y sancionara las faltas de los auxiliares de la justicia13, así:

adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria d el Consejo Superior de la Judicatura para que examinara y sancionara las faltas de los auxiliares de la justicia13, así:

Artículo 41. Funciones disciplinarias de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según el caso, examinará la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de la Justicia. En vigencia de las anteriores normas, la Sala de Consulta y Servicio Civil sostuvo que los procesos disciplinarios en contra de los auxiliares de justicia, según lo indicado por el citado artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, en armonía con el numeral 7 del artículo 256 de la Constitución Política, correspondían al Consejo Superior de la Judicatura o sus seccionales14.

12 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Exp. 11001-0306-000-2021-00025-00(C). 13 La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en Decisión del 18 de septiembre de 2014 (Radicación 11001 -03-06-000-2014-00168-00(C)) al evaluar si la asignación de competencias a la jurisdicción disciplinaria debía realizarse únicamente en la Constitución Política y en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, o si era posible a través de un a ley ordinaria, como la Ley 1474 de 2011, precisó que «[…] la asignación hecha por el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 a la Sala Jurisdiccional

Administración de Justicia, o si era posible a través de un a ley ordinaria, como la Ley 1474 de 2011, precisó que «[…] la asignación hecha por el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 a la Sala Juris