CE - 010315000202301102001SENTENCIASENTENCIA20230511170618

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01102-00

Demandante: Ana Sofía Revelo Rodríguez

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-01102-00 Demandante ANA SOFÍA REVELO RODRÍGUEZ Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos fáctico , sustantivo y por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Disciplinario Oficial Fuerzas Militares, Ejército Nacional. Destitución e inhabilidad. Requisitos de procedencia de tutela contra providencia judicial: la relevancia constitucional. SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela instaurada por Ana Sofía Revelo Rodríguez, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 1º de marzo de 20231, Ana Sofía Revelo Rodríguez , interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , por considerar

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 1º de marzo de 20231, Ana Sofía Revelo Rodríguez , interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al buen nombre y al trabajo. Las pretensiones son las siguientes: “CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales del DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.N.) a la IGUALDAD (Art. 13 C.N.), ACCESO A LA JUSTICIA, AL BUEN NOMBRE, que me asisten, los cuales han sido vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN BSALA DE LO CONTENCIOSO ADMIN ISTRATIVO - CONSEJO DE ESTADO, quien en la sentencia proferida el 3 de noviembre de 2022, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación presentado dentro del trámite del Medio de Control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, promovido por ANA SOFÍA REVELO RODRÍGUEZ, contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, distinguido con el radicado No. 25000-23-43-000-2015-03028-01, No. Interno 1773-2021.

Como consecuencia de lo anterior, REVOCAR la sentencia proferida el 3 de noviembre de 2022, por la Sección Segunda - Subsección B - Sala de lo Contencioso AdministrativoConsejo de Estado, proferida dentro del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por ANA SOFÍA REVELO RODRÍGUEZ en contra

Consejo de Estado, proferida dentro del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por ANA SOFÍA REVELO RODRÍGUEZ en contra de Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, distinguido con el radicado No. 2500023-43-000-2015-03028-01, No. Interno 1773-2021. Por medio de la cual se confirmó la decisión en primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinama rca, Sección Segunda, Subsección “D”, que negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar decretar la nulidad de los actos administrativos disciplinarios sancionatorios demandados, y ordenar el restablecimiento de los derechos que me asisten”.

1 Escrito de tutela radicado en el correo de la Secretaría General de la Corporación.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01102-00

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2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. La señora Ana Sofía Revelo Rodríguez hizo parte del Ejército Nacional como Oficial, por un lapso de 21 años y llegó al grado de Teniente Coronel. Su profesión es abogada.

Durante su permanencia en la institución ejerció diversos cargos, entre ellos, juez penal militar y asesora jurídica. 2.2. El 12 de septiembre de 2011 el Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional abrió acción disciplinaria en contra de la accionante por la comisión de la falta

juez penal militar y asesora jurídica. 2.2. El 12 de septiembre de 2011 el Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional abrió acción disciplinaria en contra de la accionante por la comisión de la falta disciplinaria gravísima de inasistencia al servicio. Agotadas las respectivas etapas, el Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor del Ejército profirió fallo de primera instancia el 31 de octubre de 2012, imponiendo la sanción de suspensión por och enta días e inhabilidad por el mismo período. 2.3. Luego de decretadas nulidades en el proceso disciplinario adelantado en contra de la actora, finalmente se rehicieron las actuaciones, se formuló nuevamente pliego de cargos y, se emitió finalmente fallo de primera instancia el 26 de mayo de 2014, en el que se declaró responsable a la investigada y se le impuso la sanción disciplinaria de separación absoluta de las fuerzas militares, inhabilidad general de 15 años y pérdida del derecho a concurrir a las sedes sociales de las Fuerzas Militares. La decisión se apeló por la investigada y en fallo del 14 de julio de 2014, el Comandante General de las Fuerzas Militares, confirmó en su totalidad el fallo de primera instancia. Las sanciones impuestas fueron ejecutadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto Nro. 2016 de14 de octubre de 2014. 2.4. Por lo anterior, la accionante Ana Sofía Revelo Rodríguez en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, pretendiendo la nulidad de las decisiones disciplinarias emitidas en primera y segunda instancia por las

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, pretendiendo la nulidad de las decisiones disciplinarias emitidas en primera y segunda instancia por las que se le sancionó con separación absoluta de las fuerzas militares e inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos e igualmente del acto administrativo por el que se dio cumplimiento a la sanción. En consecuencia, pidió su reintegro a la institución al grado que correspondiera por antigüedad, así como el pago de todos los haberes dejados de percibir. 2.5. Del asunto conoció en primera instancia e l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D (radicación Nro. 25000-23-42000-2015-03028-00) que, en providencia del 23 de julio de 2020, negó las pretensiones de la demanda. Indicó que la accionante fue trasladada de la Inspección General del Comando General de las Fuerzas Militares, Dirección de Asuntos Disciplinarios y Administrativos, con destino al Ministerio de Defensa Nacional - Dirección deRadicado: 11001-03-15-000-2023-01102-00

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Derechos Humanos, que nunca s e posesionó en el cargo asignado y que no ejerció ninguna función desde septiembre de 2009 hasta el 2011. En relación con la inasistencia al servicio dijo que, si en gracia de discusión existió un presunto “desorden administrativo” que le permitía entender a la

ejerció ninguna función desde septiembre de 2009 hasta el 2011. En relación con la inasistencia al servicio dijo que, si en gracia de discusión existió un presunto “desorden administrativo” que le permitía entender a la actora una situación de “disponibilidad”, lo cierto era que concurrían unos actos administrativos que, en efecto, la asignaban a un cargo en un área específica, las cuales consistían en que como militar en servicio activo de las Fuerzas Militares, es taba en la obligación de hacer presencia en la Institución, laborando como asesora jurídica en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y que, aunque no se le hubiera permitido ejercer su labor, ésta debió advertir la situación a sus superiores. Que, durante ese tiempo devengó el salario sin desempeñar funciones, por lo que estaba demostrada claramente la causal disciplinaria de “indebido incremento patrimonial” y que, existían unos actos administrativos que le asignaban un cargo en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, la cual había optado inasistir a prestar sus servicios y sin informar del supuesto “estado de disponibilidad” a las autoridades competentes. 2.6. La decisión se apeló por la parte demandante ante el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que, en sentencia del 3 de noviembre de 2022 <<notificada por correo electrónico el 7 de diciembre de 2022>>, confirmó la decisión de primera instancia. Encontró que, en síntesis, en la acción disciplinaria adelantada contra la accionante se analizaron y apreciaron las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica y que, la autoridad disciplinaria fundamentó la

decisión de primera instancia. Encontró que, en síntesis, en la acción disciplinaria adelantada contra la accionante se analizaron y apreciaron las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica y que, la autoridad disciplinaria fundamentó la responsabilidad de la señora Ana Sofía Revelo Rodríguez en las pruebas allegadas y que fueron valoradas en debida forma. Destacó que era de conocimiento de la actora la obligación de prestar servicio a órdenes de la institución, así como actos inherentes al mismo, al tener título de abogada, por la jerarquía de su grado como teniente coronel y la antigüedad como oficial en servicio activo.

3. Fundamentos de la acción La accionante consideró que, al proferir la sentencia del 3 de noviembre de 2022 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con la radicación Nro. 25000-23-42-000-2015-03028-00/01 la Subsección B de la Sección Segunda d el Consejo de Estado incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Sin embargo, solo sustentó los cargos relativos a los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente jurisprudencial , de la

siguiente manera: 3.1. Defecto fáctico: En relación con el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en primera instancia . Manifestó que el tribunal centró todo su esfuerzo en resaltar que no cumplió una función, que no se presentó y que no estuvo disponible todo el tiempo, que cobró sueldosRadicado: 11001-03-15-000-2023-01102-00

Demandante: Ana Sofía Revelo Rodríguez

no se presentó y que no estuvo disponible todo el tiempo, que cobró sueldosRadicado: 11001-03-15-000-2023-01102-00

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sin ejercer funciones, pero que no valoró las pruebas que obraban dentro de la investigación y que demostraban su inocencia. Aseguró que no se trataba de un soldado de servicio militar obligatorio, quien sí debía estar permanentemente y disponible en un alojamiento las 24 horas, que ella era una profesional del derecho que ingresó a la institución por su profesión y luego de haber concursado y ganado las pruebas de selección para el escalafón como oficial del Ejército Nacional, inicialmente en el cuerpo administrativo y posteriormente para el ingreso a la justicia penal militar. Así, señaló: “luego de revocado mi nombramiento injustamente, figuré como oficial administrativo, pero nunca como soldado regular de servicio militar obligatorio, que son los jóvenes que reclutan con escasos estudios de primaria, no se compadece que se me asemeje a uno de estos jóvenes, ya que por mi profesión ingresé al ejército, no soy oficial combatiente, que son los bachilleres que ingresan al ejército para hacerse oficiales de combate, sino que la suscrita al momento de los hechos era oficial del cuerpo administrativo, ,para lo cual se me pagaba un porcentaje del 40% del sueldo básico, como se demuestra con la nómina que obra dentro de la presente investigación, y con un sitio y horario de función específicos”. En concreto, dijo que no valoró la prueba relativa al oficio Nro.

porcentaje del 40% del sueldo básico, como se demuestra con la nómina que obra dentro de la presente investigación, y con un sitio y horario de función específicos”. En concreto, dijo que no valoró la prueba relativa al oficio Nro. 20125621214531 del 14 de noviembre de 2012, emitido como respuesta de la dirección de personal a una petición que elevó para aclarar el trámite dado al mencionado oficio, en la que se indica con claridad, que al oficio con el que se le dejó a disposición del comando del ejército por parte del viceministro para que apoyara la implementación de la defensoría técnica militar, ingresó el 3 de septiembre de 2009, asignado a la sección jurídica, la cual lo devolvió a registro el 4 de septiembre del mismo año a la sección de traslados y que no se le dio trámite alguno porque al parecer el caso se trató verbalmente. Que no se tuvo en cuenta la constancia emitida por la dependencia de seguridad del Ejército, en la que se indica que no es posible aportar los videos del pasillo del comando ejérc ito porque esa información se borra en corto tiempo. Advirtió que valoró de manera sesgada la declaración de Eduth Claudia Hernández, Directora de Derechos Humanos, y quien era su jefe para la fecha, así como también la declaración del Coronel Ávila que se gún su dicho, se valoró igualmente de manera sesgada. Dijo que tampoco tuvo en cuenta las declaraciones de Aurora Ramírez de Araos, el coronel Bedoya, Elvia Rengifo, el general Oscar Enrique González Peña y que no valoró los folios de vida en los que se resaltaba su desempeño como asesora y como funcionaria judicial , además del reconocimiento al

Araos, el coronel Bedoya, Elvia Rengifo, el general Oscar Enrique González Peña y que no valoró los folios de vida en los que se resaltaba su desempeño como asesora y como funcionaria judicial , además del reconocimiento al mérito logístico y administrativo “General Francisco de Paula Santander” otorgada en el grado de mayor cuando se desempeñaba como juez 14 de brigada en Puerto Berrío, Antioquia. En relación con el fallo del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , en segunda instancia . Indicó que igualmente, valoró de manera sesgada y no en su totalidad las pruebas obrantes en la investigación de manera conjunta y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en el mismo sentido que lo hizo el tribunal en primera instancia. Sostuvo que le tocó asumir la carga de la prueba demostrando que el citado oficio firmado por el viceministro, fue recibido el 3 de septiembre de 2009 sinRadicado: 11001-03-15-000-2023-01102-00

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que se hubiera dado trámite al mismo y que, igualmente la Directora de Justicia Penal Militar, Aurora Ramírez de Araoz, tenía conocimiento de que el 7 de septiembre de 2009 la Directora de Derechos Humanos Eduth Claudia Hernández Aguilar respondió una solicitud relativa a su situación laboral. 3.2. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial . Mencionó únicamente este defecto en relación con la decisión de segunda instancia de

Hernández Aguilar respondió una solicitud relativa a su situación laboral. 3.2. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial . Mencionó únicamente este defecto en relación con la decisión de segunda instancia de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado y en concreto, dijo que se desconocieron sentencias en las que se abordaron casos en los que se discutieron casos similares al suyo. Las decisiones a las que hizo mención, fueron las siguientes: • Sentencia de la Corte Constitucional T-418 de 2018, en la que dijo, se discutió la inasistencia al servicio de un soldado profesional del Ejército Nacional. • Sentencia que identificó con el número 2016-03623 de 2020 relativo a un capitán de la policía nacional que fue sancionado disciplinariamente por presuntamente haberse apropiado de unos dineros de terceros, y con respecto al que no se desvirtuó su responsabilidad disciplinaria. Aseguró que, en estos casos, no se valoraron las pruebas de manera conjunta y de acuerdo a las reglas de la sana crítica y que, por tanto, llevaron a que se declarara la nulidad de los actos sancionatorios y restablecimiento de los derechos de los demandantes, en el primer caso, Soldado Profesional del Ejército Nacional, y en el segundo caso, Capitán de la Policía Nacional. Casos que dice, son similares al suyo.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Por auto del 7 de marzo de 2023, el despacho admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a las partes accionante y accionada y, dispuso la vinculación como terceros con interés a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército

ordenó notificar a las partes accionante y accionada y, dispuso la vinculación como terceros con interés a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, quien fue demandado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, autoridad que dictó la sentenci a de primera instancia. 4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , rindió informe en el que manifestó que la sentencia cuestionada esta ba fundamentada en las pruebas allegadas al expediente y que los cargos presentados habían sido resueltos en la decisión. Consideró que no se cumplían los requisitos de procedencia de la tutela contra providencia judicial, específicamente el de la subsidia riedad, ya que la actora contaba con el recurso extraordinario de revisión. 4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, igualmente rindió informe en el que hizo una síntesis de lo resuelto en sede ordinaria en primera instancia y a continuación se refirió en concreto a la acción de tutela e indicó que en el caso, se habían agotado todos los recursos y mecanismos que tenía a su disposición, que el debate había concluido y que lo que buscaba era una instancia adicional al no estar conforme con la decisión.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01102-00

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.4. El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, no se pronunció en esta oportunidad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.4. El Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, no se pronunció en esta oportunidad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 2, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3 y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia co nstitucional5 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,

cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuy e a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso. Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe e n su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);

todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión pro ferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii ) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01102-00

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones. Por ende , los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la

unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones. Por ende , los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional. Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento de: i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) la existencia de una o varias causales especiales de procedibi lidad; y iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico 3.1. Sea lo primer indicar que la Sala limitará el estudio del caso en relación con los argumentos presentados contra la decisión de cierre, esto es, la proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, ya que los cargos planteados bajo un presunto defecto fáctico contra la decisión de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, pudieron plantearse a través del recurso de apelación, etapa procesal que se surtió y que era la idónea para proponer cualquier inconformidad frente a la decisión de primera instancia. 3.2. Hecha la anterior precisión, teniendo en cuenta que se trata de una acción de

del recurso de apelación, etapa procesal que se surtió y que era la idónea para proponer cualquier inconformidad frente a la decisión de primera instancia. 3.2. Hecha la anterior precisión, teniendo en cuenta que se trata de una acción de tutela contra providencias judiciales, corresponde a la Sa la determinar si se cumplen los requisitos de procedencia, concretamente el de relevancia constitucional. En caso de superar el anterior análisis, corresponderá establecer si al proferir la sentencia del 3 de noviembre de 2022 en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tramitado bajo el radicado 25000-2342-000-2015-03028-00/01 emitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , se incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente, propuestos.

4. Requisito de relevancia constitucional y análisis en el caso concreto 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, uno de los requisitos generales para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no,

de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 5 deRadicado: 11001-03-15-000-2023-01102-00

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co agosto de 2014 y la Corte Constitucional en la sentencia T–248 de 2018 han señalado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesad o argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisit o de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las

interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judi ciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes ar gumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adi cional del proceso ordin