CE - 010315000202301197001SENTENCIA20230502154156

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01197-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO

TESIS: SE AMPARAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACTOR.

LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA INCURRIÓ EN

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL SOBRE LA

FINALIDAD DEL INCIDENTE DE DESACATO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, BUEN

NOMBRE, HONRA, MÍNIMO VITAL Y ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor contra la SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1 En adelante el Tribunal.2

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Actor: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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El señor GERMÁN LÓPEZ GUERRERO, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Polític a, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al buen nombre, a la honra, al mínimo vital y al acceso a la administración de justicia , los cuales estimó vulnerados por el TRIBUNAL, al proferir la providencia de 13 de febrero de 2023, dentro del incidente de desacato identificado con el número único de radicación 2017-00964-00.

I.2. Hechos

Indicó que fue nombrado para desempeñar el cargo de director de la DIRECCIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL 2, para el período comprendido entre el 29 de diciembre de 2015 y el 16 de enero de 2019.

Señaló que el señor UVER MUSSE CHILO promovió acción de tutela contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD, con el fin de que esta entidad ordenara una serie de valoraciones por las especialidades denominadas eva, oftalmología, ortopedia, dermatología y leishmaniasis - pantallazo sigivila y la remisión a la Junta Médico Laboral y al Tribunal Médico Laboral de Revisión.

2 En adelante la Dirección de Sanidad.3

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Actor: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO

2 En adelante la Dirección de Sanidad.3

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Sostuvo que la demanda le correspondió al TRIBUNAL que, en sentencia de 30 de junio de 2017, denegó el amparo de los derechos fundamentales.

Manifestó que el interesado, interpuso recurso de apelación ante la SECCIÓN SEGUNDA -SEBSECCIÓN “A” - DEL CONSEJO DE ESTADO3 que, mediante sentencia de 4 de septiembre de 2017 , revocó la decisión del a quo y, en su lugar, amparó los derecho s fundamentales del señor UVER MUSSE CHILO y le ordenó a la DIRECCIÓN DE SANIDAD lo siguiente:

“[…] Tercero: Ordenar a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Dirección de Sanidad que el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia proceda a: i) fijar fecha y hora para realizarle al señor Messe Chilo las valoraciones por las especialidades de EVA, OFTALMOLOGÍA, ORTOPEDÍA (sic), DERMATOLOGÍA y LEISHMANIASISPANTALLAZO SIGIVILA y ii) adelantar las gestiones necesarias para convocar la Junta Médico Laboral, así como el Tribunal Médico Laboral de Revisión, si hubiera lugar a ello […]”.

PANTALLAZO SIGIVILA y ii) adelantar las gestiones necesarias para convocar la Junta Médico Laboral, así como el Tribunal Médico Laboral de Revisión, si hubiera lugar a ello […]”.

Afirmó que el señor UVER MUSSE CHILO con el fin de buscar el cumplimiento de la anterior orden, el 16 de marzo de 2018 promovió un primer incidente de desacato contra la DIRECCIÓN DE SANIDAD ante el TRIBUNAL que, mediante providencia de 16 de mayo de 201 8, declaró que en su calidad de director de dicho organismo incurrió en desacato de las órdenes impartidas en el fallo

3 En adelante Sección Segunda4

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de 4 de septiembre de 201 7 y, en consecuencia, lo sancionó con multa equivalente a 2 SMLMV.

Sostuvo que el grado jurisdiccional de consulta correspondió a la SECCIÓN SEGUNDA que, en providencia de 21 de junio de 201 8, confirmó la sanción impuesta en su contra.

Reveló que el 17 de julio de 2018 el señor UVER MUSSE CHILO , promovió por segunda ve z incidente de desacato en contra de la DIRECCIÓN DE SANIDAD ante el TRIBUNAL que, mediante providencia de 31 de julio de 2018 , nuevamente declaró que en su

promovió por segunda ve z incidente de desacato en contra de la DIRECCIÓN DE SANIDAD ante el TRIBUNAL que, mediante providencia de 31 de julio de 2018 , nuevamente declaró que en su calidad de director de dicho organismo incurrió en desacato de las órdenes impartidas en el fallo d e 4 de septiembre de 2017 y lo sancionó nuevamente con multa equivalente a 2 SMLMV.

Sustentó que el grado jurisdiccional de consulta correspondió a la SECCIÓN SEGUNDA que, en providencia de 2 0 de septiembre de 2018, revocó la decisión proferida en primera instancia y, en su lugar, declaró que en su calidad de director de la DIRECCIÓN DE SANIDAD no había incurrido en desacato del fallo de tutela.

Refirió que la DIRECCIÓN DE SANIDAD presentó seis solicitudes de inapli cación de la sanción ante el TRIBUNAL autoridad que ,5

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resolvió cada una de estas peticiones y, ordenó estarse a lo resuelto en la providencia que resolvió el trámite incidental, al considerar que ya existía un pronunciamiento sobre el particular y no era posible ordenar la suspensión , por cuanto la providencia que confirmó en consulta la primera sanción, goza de firmeza y ejecutoria.

I.3 Fundamentos de la solicitud

ya existía un pronunciamiento sobre el particular y no era posible ordenar la suspensión , por cuanto la providencia que confirmó en consulta la primera sanción, goza de firmeza y ejecutoria.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Manifestó que el TRIBUNAL incurrió en desconocimiento del precedente judicial , en materia de inaplicación de sanciones judiciales impuestas dentro del trámite incidental aun cuando se encuentren confirmadas en el grado jurisdicción de consulta.

Señaló que el criterio preponderante de las providencias 4 proferidas por la Corte Const itucional, est á dirigido a levantar las sanciones judiciales una vez se evidencia el cumplimiento del fallo de tutela , a pesar de que se encuentren confirmadas y ejecutoriadas en sede de consulta.

4 Providencias mencionadas por el actor en el escrito de tutela : T-00213-2012, Auto 22/11/18, T171/09, T-695/14, Auto 10/03/21 , Auto 7/04/2021 , T-2616/15, T-01763/12, Auto9/11/20, Auto 29/01/19, T-389/17, Auto8/04/20, Auto 202/13 , T-00292/14, Auto 27/06/18 , T00096/15, Auto 16/07/18, T-00407/15, Auto 13/11/18, T -01621/15, Auto 06/05/19, T-00106/16, Auto 9/08/18, SU424 /16, T3301/16, Auto 22/04/2021, T-00095/17, Auto 13/11/18, T-157/17, Auto 14/02/2020, T2199/17, Auto 26/04/2021.6

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Aseguró que su petición no es un caso aislado, sino una problemática constante que viven los servidores públicos que tienen la responsabilidad de dar cumplimiento a los fallos de tutela, sin que las autoridades judiciales adviertan las limitaciones estructurales y financieras de las entidades que generan un sinnúmero de sanciones por el hecho de no cumplir las órdenes impartidas en los términos establecidos en las decisiones judiciales.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERA: Tutelar los DERECHOS a la IGUALDAD, BUEN NOMBRE, HONRA, MÍNIMO VITAL, DEBIDO PROCESO , los cuales han sido vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN “B” , por negación de inaplicación de sanciones judiciales, en el marco de la acción de tutela bajo radicado No. 25000234100020170096400, con orden de tutela cumplida.

por negación de inaplicación de sanciones judiciales, en el marco de la acción de tutela bajo radicado No. 25000234100020170096400, con orden de tutela cumplida.

SEGUNDA: En consecuencia, solicito que el CONSEJO DE ESTADO ordené al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN “B”, dejar sin efecto el auto del trece (13) de febrero de 2023 mediante el cual se ordenó estarse a lo resuelto en la providencia de veintinueve (29) de septiembre de 2022, donde se negó la solicitud de levanta miento de sanciones por desacato y se ordene proferir decisión de reemplazo, en la que se resuelva nuevamente sobre la solicitud de levantamiento de las sanciones de acuerdo al precedente judicial vinculante y vigente en la sentencia SU-034 de 2018 asimismo, que ese despacho informe y oficie sobre la decisión judicial impartida a las autoridades encargadas de la ejecución de cobro, para que estas den por terminado el proceso de cobro coactivo que actualmente se adelanta en mi contra […]”

(Negrilla pertenece al texto).7

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I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL aseguró que no se ev idencia vulneración de los derechos fundamentales deprecados por el actor, toda vez que

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I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL aseguró que no se ev idencia vulneración de los derechos fundamentales deprecados por el actor, toda vez que desde el inicio de la actuación se logró determinar la responsabilidad del peticionario en su calidad de Director de Sanidad del Ejército Nacional para el cumplimiento de la orden de tutela.

Indicó que su decisión fue confirmada en el grado jurisdicci onal de consulta por el Superior y, por lo tanto, las decisiones judiciales debidamente ejecutoriadas son de obligatorio cumplimiento y el responsable de la sanción debe a sumir el acatamiento de la providencia de conformidad con los términos en los que fue dictada.

Recalcó que la decisión adoptada se encuentra ajustada al ordenamiento legal y da cuenta de la normatividad que regula la materia, lo anterior considerando las reiteradas solicitudes presentadas por la entidad con el fin de obtener la inaplicación de la sanción impuesta en el trámite incidental.

I.6.- Intervinientes8

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I.6.1.- El señor UVER MUSSE CHILO , la DIRECCIÓN DE SANIDAD y la SECCIÓN SEGUNDA, vinculados como terceros con interés directo en las resultas de la presente acción, pese a ser

I.6.1.- El señor UVER MUSSE CHILO , la DIRECCIÓN DE SANIDAD y la SECCIÓN SEGUNDA, vinculados como terceros con interés directo en las resultas de la presente acción, pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,9

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Consejera ponente doctora María Elizabe th García González), en un

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Consejera ponente doctora María Elizabe th García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos consti tucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no10

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no10

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puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cu estión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar to dos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas

tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos

la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza11

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y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cu al las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial

del cu al las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acredit ar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que af ecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente

fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.12

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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se deje sin efecto la providencia de 13 de febrero de 2023, proferida por el TRIBUNAL, dentro del incidente de desacato identificado con el número único de radicación 2017-00964-00.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales deprecados, por estimar que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial relacionado con la inaplicación de sanciones judiciales impuestas dentro del trámite incidental, aun cuando se encuentren confirmadas en el grado

fundamentales deprecados, por estimar que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial relacionado con la inaplicación de sanciones judiciales impuestas dentro del trámite incidental, aun cuando se encuentren confirmadas en el grado jurisdicción de consulta.

Asimismo, el actor señaló que el criterio preponderante de las providencias proferidas por la Corte Constitucional, está dirigido a levantar las sanciones judiciales una v ez se evidencia el cumplimiento del fallo de tutela, a pesar de que se encuentren confirmadas y ejecutoriadas en sede de consulta.13

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Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial dictada dentro del trámite incidental y, de ser así, ii) determinar si el TRIBUNAL incurrió en desconocimiento del precedente judicial, al proferir el auto de 13 de febrero de 2023, dentro del incidente de desacato identificado con el número único de radicación 2017-00964-00.

La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto el actor plantea con suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto

La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto el actor plantea con suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto endilgado y vulneró sus derechos fundamentales; contra la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (ar tículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo razonable5 y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos que se estiman lesionados.

5 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).14

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Verificado lo anterior , la Sala hará mención del marco jurídico del defecto alegado y la procedencia de la acción de tutela contra decisiones dictadas dentro del trámite incidental , para posteriormente analizar los reproches del actor en el estudio del caso concreto.

Del desconocimiento del precedente judicial

En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo

decisiones dictadas dentro del trámite incidental , para posteriormente analizar los reproches del actor en el estudio del caso concreto.

Del desconocimiento del precedente judicial

En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que encuentra sus límites en la realización de otros valores constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia constitucional.

En efecto, en la sentencia T -267 de 2013, la Corte Constitucional puntualizó:

“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la15

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que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de

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que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el precedente6”.

De la misma forma, en la sentencia C -590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial7.

No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y cuando se sustenten debidamente las razones de su posición (principio de razón suficiente)8.

6 Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.

7 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. 8 Ver sentencia T-292 de 2006.16

7 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. 8 Ver sentencia T-292 de 2006.16

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Actor: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO

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De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones dictadas dentro del trámite incidental

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela contra providencias que resuelven incidentes de desacato o solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedenci a de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se constate una vulneración o una amenaza a los derechos fundamentales del sancionado”9.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos requisitos formales y materia les que se deben tener presentes al momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia SU034 de 201810, esa Corporación señaló:

«[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es preciso q ue se reúnan los siguientes requisitos:

1. La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado

reúnan los siguientes requisitos:

1. La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–.

1. Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales específicas

(defectos).

9 Cfr. Sentencia T-325 de 2015. 10 M.P. Alberto Rojas Ríos.17

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01197-00

Actor: GERMÁN LÓPEZ GUERRERO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1. Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con