CE - 010315000202301204001SENTENCIA20230419113658

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2023-01204-00

Demandante: KEIDYS DAYINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

PROFERIDA EN EL MARCO DE UN PROCESO DE

REPARACIÓN DIRECTA EN EL QUE SE DEBATIÓ SI SE

ENCONTRABAN PROBADAS LAS EXCEPCIONES DE

PLEITO PENDIENTE Y CULPA EXCLUSIVA DE LA

VÍCTIMA. ANÁLISIS DE LOS DEFECTOS FÁCTICO Y

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL. SE

NIEGA EL AMPARO INVOCADO.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró que la autoridad judicial demandad a en el marco del medio de control de reparación directa vulneró sus derechos constitucionales fundamentales con ocasión del fallo proferido el 8 de septiembre de 2022, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentad o por los señores Keidys Dayina Rodríguez Rodríguez1 y Jaider José Peñalosa Rodríguez en contra del

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentad o por los señores Keidys Dayina Rodríguez Rodríguez1 y Jaider José Peñalosa Rodríguez en contra del Tribunal Administrativo del Cesar para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29,13 y 229 de la Carta Política.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Mediante escrito radicado el 7 de marzo de 2023 los señores Keidys Dayina Rodríguez Rodríguez y Jaider José Peñalosa Rodríguez , por intermedio de apoderado judicial,

1 En nombre propio y en representación de sus hijos Danna Michel Hernández Rodríguez.2

Expediente: 11001-03-15-0002023-01204-00

Demandante: Keidys Dayina Rodríguez Rodríguez y otros Acción de tutela

promovieron proceso de acción de tutela en contra de la providencia proferida el 8 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Cesar , con el fin de que se protegieran los derechos constitucionales fundamentales antes referidos por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. De acuerdo con una denuncia por extorsión instaurada ante el Gaula por la señora Tilcia Uribe Triana, agentes de inteligencia de dicha unidad organizaron un operativo cuyo fin era capturar en flagrancia a los extorsionistas, motivo por el cual el 23 de mayo

Tilcia Uribe Triana, agentes de inteligencia de dicha unidad organizaron un operativo cuyo fin era capturar en flagrancia a los extorsionistas, motivo por el cual el 23 de mayo de 2014, en las instalaciones de la droguería “El Éxito del Saber” en la ciudad de Valledupar, los agentes encubiertos esperaron a que los delincuentes llegaran a reclamar el dinero.

1. El mismo día, alrededor de las 6:40 de la noche, el señor Jonatan Misael Hernández Flórez se acercó a la droguería de la denunciante a reclamar la suma acordada, por lo que un agente del Gaula, una vez verificó que recibía el producto de la extorsión, le hizo un llamado para que se detuviera; sin embargo , este emprendió la huida, lo que motivó a que se iniciara la persecución en la cual fue ultimado por proyectiles de armas de fuego.

1. Los familiares de la víctima instauraron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se le s declarara patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la muerte de la referida víctima.

1. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar2 profirió sentencia el 16 de agosto de 2019 en la que declaró probadas las excepciones de pleito pendiente, respecto de Keidys Dayina Rodríguez y Danna Michel Hernández Rodríguez, y de culpa exclusiva de la víctima y, además, negó las pretensiones de la demanda.

pleito pendiente, respecto de Keidys Dayina Rodríguez y Danna Michel Hernández Rodríguez, y de culpa exclusiva de la víctima y, además, negó las pretensiones de la demanda.

2 Medio de control de reparación directa con radicación no. 20001-33-31-005-2016-00333-01.3

Expediente: 11001-03-15-0002023-01204-00

Demandante: Keidys Dayina Rodríguez Rodríguez y otros Acción de tutela

1. La parte demandante apeló la decisión3, recurso que fue desatado por el Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia de 8 de septiembre de 20224, en la que confirmó la decisión de primera instancia, pues consideró que se encontraba probada la excepción de pleito pendiente, por cuanto de la lectura de la sentencia de segunda instancia proferida dentro del proceso 20001-33-33-001-2016-00244-00, adelantado en el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, era posible establecer que no solo las señoras Keidys Dayina Rodríguez y Danna Michel Hernández fueron relacionadas dentro de la parte activa del litigio, sino que, además, se les reconocieron perjuicios morales y materiales.

1. En cuanto a la culpa exclusiva de la víctima, manifestó que de los elementos probatorios allegados al proceso era posible establecer que, si bien la muerte del señor Jonatan Misael He rnández Flórez fue causada por agentes del Ejército Nacional, el uso de las armas de dotación oficial obedeció a una respuesta a la agresión perpetrada por la víctima en la persecución, lo que en efecto permitió que actuaran en legítima defensa.

uso de las armas de dotación oficial obedeció a una respuesta a la agresión perpetrada por la víctima en la persecución, lo que en efecto permitió que actuaran en legítima defensa.

2. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulner ó sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia con ocasión del fallo proferido el 8 de septiembre de 2022, por cuanto , a su juicio , incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

3 Afirmó que no era cierto que la señora Keidys Dayina Rodríguez y su menor hija figuraran como demandantes dentro del expediente de reparación directa con radicación 20001 -33-31-001-201600244-00, pues, a pesar de haber sido mencionadas en la demanda, nunca otorgaron poder para tal propósito, para lo cual solicitó que se oficiara al Juzgado Primero Administrativo de Valledupar con el fin de que certificara si en realidad habían actuado como parte en el proceso.

Frente a la culpa exclusiva de la víctima, manifestó que el juzgador basó su argumentación en las declaraciones rendidas en el proceso penal, los cuales se alejaron de la certeza de que efectivamente la víctima disparó un arma de f uego, además, que todos los testimonios coincidieron en afirmar que nunca vieron que la víctima portara arma alguna, por lo que el juez no podía fundar su decisión solamente en la declaración del señor Jhon Frey Cárdenas Barretos, pues era un testigo de oídas.

Aunado a lo anterior, sostuvo que no estaba acreditado con la prueba idónea, es decir, la absorción

solamente en la declaración del señor Jhon Frey Cárdenas Barretos, pues era un testigo de oídas.

Aunado a lo anterior, sostuvo que no estaba acreditado con la prueba idónea, es decir, la absorción atómica, que efectivamente el occiso disparó un arma de fuego, pues dicha prueba fue solicitada y decretada pero no pudo ser practicada por medicina legal.

4 Decisión que fue notificada el 9 de septiembre de 2022.4

Expediente: 11001-03-15-0002023-01204-00

Demandante: Keidys Dayina Rodríguez Rodríguez y otros Acción de tutela

En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que para declarar probada la excepción de pleito pendiente entre la señora Keidys Dayina Rodríguez y su menor hija y la demandada, el tribunal no tuvo en cuenta la prueba que solicitó en el recurso de apelación con el fin de que se oficiara al Juzgado Primero Administrativo de Valledupar para que certificara si en efect o habían actuado como parte demandante en el proceso de reparación directa con radicación 20001-33-33-001-2016-00244-00, por el contrario, ratificó la decisión de primera instancia solo con base en la información de la página web y la sentencia de segunda instancia.

Ante dicha omisión y tan pronto le fue notificada la sentencia de segunda instancia en aquel proceso , presentó solicitud al Juzgado Primero Administrativo de Valledupar, despacho que certificó que “en audiencia de pruebas de fecha 27 de septiem bre de 2017, la señora KEIDYS DAYINA RODRÍGUEZ y su menor hija DANNA MICHEL

despacho que certificó que “en audiencia de pruebas de fecha 27 de septiem bre de 2017, la señora KEIDYS DAYINA RODRÍGUEZ y su menor hija DANNA MICHEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, fueron excluidas como demandantes en el radicado referenciado5”.

Sin embargo, la autoridad judicial accionada desconoció esa prueba e impidió que se tenga por probada la excepción propuesta por la demandada.

Por otra parte, en cuanto a la excepción de culpa exclusiva de la víctima, afirmó que el tribunal valoró de manera indebida los siguientes medios de prueba, los cuales eran determinantes para establecer que el occiso no portaba armas de fuego al momento de los hechos:

a) Las diligencias de indagatoria de los señores Jhon Frey Cárdenas Barretos y Jhonfrei Hernando Acevedo Medina, quienes manifestaron que no observaron ningún tipo de arma al lado del cuerpo del señor Hernández Flórez.

b) El acta de inspección técnica a cadáver en la cual se consignó que solo se encontraron dos vainillas correspondientes a las halladas en el cadáver de la víctima.

c) El informe pericial de necropsia no. 20140101200 01000143 que constata que el cuerpo del occiso recibió en su espalda dos heridas por proyectil de arma de fuego de

5 Es preciso mencionar que si bien se aportó la certificación aludida no se arrimó la sentencia de segunda instancia del proceso 20001-33-33-001-2016-00244-00.5

Expediente: 11001-03-15-0002023-01204-00

Demandante: Keidys Dayina Rodríguez Rodríguez y otros

segunda instancia del proceso 20001-33-33-001-2016-00244-00.5

Expediente: 11001-03-15-0002023-01204-00

Demandante: Keidys Dayina Rodríguez Rodríguez y otros Acción de tutela

carga única en tórax y abdomen, disparos provenientes de los uniformados del Gaula del Ejercito Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI.

d) La diligencia de trayectoria de disparos, en la cual se indicó que la víctima se encontraba de espalda, en el suelo y boca abajo. e) La orden de operaciones que da cuenta que el 23 de mayo de 2014 el señor Jhon Frey Cárdenas no hizo la advertencia a la víctima de su intención de emplear armas de fuego.

Si las pruebas hubieran sido valoradas en conjunto, la conclusión del operador jurídico debía ser que la víctima nunca agredió a los agentes que participaron del operativo y no accionó armas de fuego en contra de ellos, por el contrario, existió un uso excesivo de la fuerza por parte del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Por último , afirmó que se desconoció la sentencia SU -035 de 2018 de la Corte Constitucional, a través de la cual se sostuvo que en materia de violaciones graves de los derechos humanos , el fallador debe flexibilizar los estándares probatorios, por lo que no era posible exigir a la parte demandante demostrar con una prueba específica que el señor Jonatan Misael Hernández Flórez no usó armas ni las disparó en contra de los miembros de las fuerzas armadas, pues era a la autoridad demandada a quien

que no era posible exigir a la parte demandante demostrar con una prueba específica que el señor Jonatan Misael Hernández Flórez no usó armas ni las disparó en contra de los miembros de las fuerzas armadas, pues era a la autoridad demandada a quien le correspondía probar que este disparó y que tal ataque generó un riesgo real irresistible que puso en riesgo la vida de los integrantes del operativo.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes súplicas:

“PRIMERO: Ampárese los derechos fundamentales de mis representados al debido proceso, el acceso a la administración de justicia, la igualdad y la seguridad jurídica.

SEGUNDO: En consecuencia, déjese sin efectos la sentencia proferida por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DEL CESAR adiada ocho (8) de septiembre de 2022, MP. JOSE ANTONIO APONTE OLIVELLA, mediante la cual resolvió CONFIRMAR la providencia judicial de fecha 16 de agosto de 2019, proferida por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE VALLEDUPAR dentro del MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA adelantado por KEIDYS DAYINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y OTROS contra LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSAEJERCITO NACIONAL Y FISCALIA GENERAL DE LA NACION, bajo el6

Expediente: 11001-03-15-0002023-01204-00

Demandante: Keidys Dayina Rodríguez Rodríguez y otros Acción de tutela

radicado 20-001-33-31-0052016-00333-01, mediante la cual se denegó las

Demandante: Keidys Dayina Rodríguez Rodríguez y otros Acción de tutela

radicado 20-001-33-31-0052016-00333-01, mediante la cual se denegó las pretensiones de la demanda reclamadas a mis poderdantes.

TERCERO: Por consiguiente, ordénese al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ORAL DEL CESAR, despacho 02, MP. JOSE ANTONIO APONTE OLIVELLA dictar sentencia de remplazo en la que acceda a las pretensiones deprecadas por mis poderdantes dentro del medio de control citado ex antes.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAInegrillas del original).

4. Actuación procesal

Mediante auto del 13 de marzo de 2023 se admitió el proceso de acción de tutela y se ordenó la notificación del presidente y magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Cesar, del titular del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, del comandante del Ejército Nacional y del fiscal General de la Nación con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas

El magistrado ponente de l Tribunal Administrativo del Cesar reiteró que se configuraron los elementos para declarar probada la excepción de pleito pendiente, pues, de la búsqueda realizada en la página web de la Rama Judicial y de la revisión de la sentencia de segunda instancia, constató la existencia de dos procesos adelantados por los mismos hechos, las mismas pretensiones, identidad de partes y de causa petendi, por lo que no era necesario acceder a pedir la prueba solicitada por la parte demandante.

de la sentencia de segunda instancia, constató la existencia de dos procesos adelantados por los mismos hechos, las mismas pretensiones, identidad de partes y de causa petendi, por lo que no era necesario acceder a pedir la prueba solicitada por la parte demandante.

Por otra parte, indicó que la Sala realizó una valoración integral de los el ementos probatorios recaudados, lo que permitió establecer que, si bien la muerte del señor Hernández Flórez fue causada por agentes del Ejército Nacional, en esa actuación legítima no existió una desproporción o un uso indebido en la utilización de las ar mas de dotación, pues fue el actuar del occiso el que permitió que el daño se produjera.

El Ministerio de Defensa Nacional sostuvo que el tribunal no ha trasgredido ningún derecho fundamental, debido a que decidió con base en la Constitución, la ley y la jurisprudencia aplicable al caso en concreto, así como las pruebas allegadas al proceso, de lo cual pudo constatar que se configuraban los elementos para declarar probadas las excepciones de pleito pendiente y culpa exclusiva de la víctima7

Expediente: 11001-03-15-0002023-01204-00

Demandante: Keidys Dayina Rodríguez Rodríguez y otros Acción de tutela

La Fiscalía General de la Nación afirmó que la tutela es improcedente por cuanto el demandante cuenta con otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia, no sustentó las causales específicas de procedibilidad y pretende recuperar oportunidades procesales perdidas. El titular del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Valledupar guardó silencio en esta oportunidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

oportunidades procesales perdidas. El titular del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Valledupar guardó silencio en esta oportunidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artíc ulo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al Tribunal Administrativo del Cesar con el fin de que se proteja n sus derechos8

fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al Tribunal Administrativo del Cesar con el fin de que se proteja n sus derechos8

Expediente: 11001-03-15-0002023-01204-00

Demandante: Keidys Dayina Rodríguez Rodríguez y otros Acción de tutela

constitucionales fundamentales del debido proceso , igualdad y acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados con ocasión del fallo proferido el 8 de septiembre de 2022, por cuanto, a su juicio , incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala i) negará la acción de tutela frente al defecto fáctico relacionado con la presunta falta de valoración de unas pruebas, así como respecto del desconocimiento del precedente judicial y ii) declarará su improcedencia por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad en lo referente a la configuración de la excepción de pleito pendiente, por las razones que procederán a exponerse:

Por razones metodológicas y en orden a tener mayor claridad sobre el asunto se dividirá el estudio. Así, en primer lugar, se estudiará el desconocimiento del precedente judicial invocado y, en segundo lugar, se analizará la procedibilidad de la acción de tutela de cara a las inconformidades presentadas en contra de la sent encia del 8 de septiembre de 2022, relacionadas con la presunta indebida valoración de unas pruebas y con la decisión de declarar probada la excepción de pleito pendiente

En cuanto al defecto fáctico y el desconocimiento del precedente judicial, e l presente

septiembre de 2022, relacionadas con la presunta indebida valoración de unas pruebas y con la decisión de declarar probada la excepción de pleito pendiente

En cuanto al defecto fáctico y el desconocimiento del precedente judicial, e l presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia atacada 6; (iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (iv) la parte demandante identificó de manera razonable tant o los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron, (v) no se ataca una sentencia de tutela y, finalmente, ( vi) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional, por cuanto se alegó la supuesta vulneración de d erechos constitucionales fundamentales con ocasión de la providencia que dispuso que se encontraban probadas las excepciones de culpa exclusiva de la víctima y pleito

6 La sentencia de segunda instancia fue notificada el 9 de septiembre de 2022 y la demanda fue presentada el 7 de marzo de 2023.9

Expediente: 11001-03-15-0002023-01204-00

Demandante: Keidys Dayina Rodríguez Rodríguez y otros Acción de tutela

presentada el 7 de marzo de 2023.9

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Demandante: Keidys Dayina Rodríguez Rodríguez y otros Acción de tutela

pendiente. Además, los argumentos que trae a colación el tutelante se refieren a la presunta indebida y falta de valoración de las pruebas en la sentencia de segunda instancia, así como al desconocimiento de una sentencia de unificación del Consejo de Estado, es decir, tampoco constituyen una reiteración de lo discutido en el proceso ordinario.

Superado dicho análisis pasa la Sala a resolver los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial invocados por la parte demandante.

1. Análisis del desconocimiento del precedente judicial

1.1 El demandante consideró que se desconoció la sentencia SU -035 de 2018 de la Corte Constitucional en la cual se indicó que en materia de violaciones graves de los derechos humanos el fallador debe flexibilizar los estándares probatorios, por lo que no era posible exigir a la parte demandante demostrar con una prueba específica que el señor Jonatan Misael Hernández Flórez no usó armas ni las disparó en contra de los miembros de las fuerzas armadas, pues ello le correspondía acreditarlo a la autoridad demandada.

1.2 No obstante, la Sala considera que el defecto alegado no tiene vocación de prosperidad, por cuanto el pronunciamiento que se citó como desconocido hace referencia a asuntos en los que se demuestra la existencia de graves violaciones a los derechos humanos, lo cual no se demos tró en el presente asunto , de modo que el tribunal no estaba en la obligación de aplicarlo porque no correspondía a un asunto

referencia a asuntos en los que se demuestra la existencia de graves violaciones a los derechos humanos, lo cual no se demos tró en el presente asunto , de modo que el tribunal no estaba en la obligación de aplicarlo porque no correspondía a un asunto con contornos fácticos y jurídicos similares.

1.3 Así las cosas, para la Sala el defecto alegado no tiene vocación de prosperidad.

2. Análisis del defecto fáctico

2.1 En cuanto a este defecto se refiere, e l demandante dirigió dos argumentos en contra de la providencia del 8 de septiembre de 2022, el primero de ellos, relacionado con la presunta indebida valoración de unas pruebas que daban cuenta de que la víctima nunca agredió a los agentes que participaron del operativo ni accionó armas de fuego en contra de ellos; y, el segundo, referente a la omisión en el decreto y10

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práctica de la prueba que permitía establecer que no se encontraba configurada la excepción de pleito pendiente.

2.2 Por consiguiente, la Sala entrará a analizar por separado cada uno de los cargos expuestos, con el fin de establecer si hay lugar a amparar los derechos invocados.

2.3 Sobre la presunta indebida valoración de unas pruebas:

2.3.1 La parte demandante sostuvo que no se valoraron en conjunto y de manera integral las pruebas que permitían concluir que el occiso no portaba armas de fuego al momento de los hechos, entre ellas, las diligencias de indagatoria de los señores Jhon

2.3.1 La parte demandante sostuvo que no se valoraron en conjunto y de manera integral las pruebas que permitían concluir que el occiso no portaba armas de fuego al momento de los hechos, entre ellas, las diligencias de indagatoria de los señores Jhon Frey Cárdenas Barretos y Jhonfrei Hernando Acevedo Medina , el acta de inspección técnica a cadáver, el informe pericial de necropsia no. 2014010120001000143, l a diligencia de trayectoria de disparos y la orden de operaciones.

2.3.2 Así las cosas, la Sala procederá a realizar un estudio de la providencia atacada con el fin de verificar si la autoridad judicial demandada omitió valorar o lo hizo, pero defectuosamente, el material probatorio a que hace referencia la parte demandante con el cual presuntamente e ra posible determinar que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte del Ejército Nacional.

2.3.3 En esos términos, se tiene que el Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia de 8 de septiembre de 2022 , con el fin de determinar si existía responsabilidad administrativa y patrimonial del Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación en los hechos ocurridos el 23 de mayo de 2014 o, por el contrario, se configuraba alguna de las causales eximentes de responsabilidad del Estado, valoró los siguientes medios de prueba:

“• Informe pericial de necropsia No. 2014010120001000143 emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, practicado al señor JONATAN MISAEL HERNÁNDEZ FLÓREZ en donde se describió las heridas por proyectil de arma de fuego de carga única así:

“A. TRAUMA DE TÓRAX

al señor JONATAN MISAEL HERNÁNDEZ FLÓREZ en donde se describió las heridas por proyectil de arma de fuego de carga única así:

“A. TRAUMA DE TÓRAX - Laceración de tejidos blandos de tórax - Hemitórax masivo bilateral - Laceración pulmonar bilateral severa - Fractura de sexto arco costal posterior derecho - Fractura de sexta vertebra torácica - Laceración de grandes vasos en tórax derecho B TRAUMA DE ABDOMEN - Laceración de tejidos blandos de abdomen

• Hemoperitoneo11

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Demandante: Keidys Dayina Rodríguez Rodríguez y otros Acción de tutela

• Laceración severa de intestino y vejiga

(…)

CAUSA BÁSICA DE MUERTE: Heridas por proy ectil de arma de fuego de carga única DIAGNOSTICO MEDICO LEGAL DE MANERA DE MUERTE: Violenta Homicidio” (Folios 22 a 28)

(…).

• Oficio No. UBVLL-DSCSR-03248-2018 de fecha 14 de agosto de 2018, emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Unidad Básica Valledupar, en donde en respuesta a un oficio remitido por

el juzgado de instancia, esa entidad manifestó:

“2. No se pudo establecer si el fallecido disparó un arma de fuego, pues la muestra de residuos de disparo en manos, que se tomó durante el procedimiento de necropsia, no fue procesada , en su momento. Esta muestra fue enviada a la central de evidencias e la Fiscalía General de La

la muestra de residuos de disparo en manos, que se tomó durante el procedimiento de necropsia, no fue procesada , en su momento. Esta muestra fue enviada a la central de evidencias e la Fiscalía General de La Nación.” (Sic, folio 187).

• Oficio No. 727/MD -DEJPMDGDJ-J211PM-41.12 de fecha 9 de agosto de 201 8, remitido por el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar en donde remiten con destino al proceso, 4 Cds que contiene cada uno de los cuadernos escaneados de la investigación penal No. 716, por el delito de homicidio, sindicados CP CÁRDENAS BARRETO JHON FREDY, YONFREY ACEVEDO MEDINA y PEDRO PABLO RAMOS GÓMEZ, de donde se puede extraer las siguientes piezas procesales pertinentes: (Folios 188 a 190)

• Informe de los hechos rendido por el Jefe de la Unidad Inteligencia del Gaula Cesar, donde se consignó lo siguiente: “El día 23-05-2014 a las 8:00 horas más o menos se reúne la unidad de inteligencia donde se coordina un procedimiento anti extorsión entre efectivos del Gaula Militar y funcionarios del CTI, debido a un caso recibido por parte de la señora TILSIA URIBE TRIANA…propietaria de la Droguería “El Éxi to del Saber” la cual manifestó que estaba recibiendo unas llamadas telefónicas por parte de un sujeto que se identificó como miembros de los Urabeños y le exigieron la suma de $2.000.000 de pesos a cambio de no atentar contra su integridad.

(…).

que estaba recibiendo unas llamadas telefónicas por parte de un sujeto que se identificó como miembros de los Urabeños y le exigieron la suma de $2.000.000 de pesos a cambio de no atentar contra su integridad.

(…).

• Denuncia rendida el día 23 de mayo de 2014, ante la URI, por la señora TILCIA URIBE TRIANA, quien narró la forma como sucedieron los hechos, así: (…).

• Radiogramas en donde se documentó la neutralización del señor JONATAN MISAEL HERNÁNDEZ FLÓREZ, así como las municiones gastadas por parte de los funcionarios del Gaula , JHON FREY CÁRDENAS BARRETO, JHON ACEVEDO MEDINA y PEDRO PABLO RAMOS GÓMEZ, en respuesta a los disparos recibidos por el occiso mientras huía del lugar de los hechos, luego de recibido el dinero de la extorsión. (Cd 1)

• Certificado de consumo de material de guerra, en desarrollo de la operación Marsial el día 23 de mayo de 2014.

• Declaraciones rendidas por los orgánicos del Gaula – Unidad

Operativa, señores LUÍS ALEJANDRO MUÑOZ ROZO, NORBERTO

MARULANDA LOZANO, JORGE ANDRÉS RAMÍREZ GARCÍA, JAIME12

Expediente: 11001-03-15-0002023-01204-00

Demandante: Keid