CE - 010315000202301362001SENTENCIA20230420165855

Demandante: William Solano Aguilar Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro Rad:11001-03-15-000-2023-01362-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01362-00

Demandante: WILLIAM SOLANO AGUILAR

Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION

EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL Y OTRO

Temas: Tutela de fondo – declara carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por el señor William Solano Aguilar contra el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y la Oficina de Archivo Central de la rama judicial.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 15 de marzo de 2023 y remitido al despacho ponente el 16 del mismo mes y año, el señor William Solano Aguilar, actuando en nombre propio,

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 15 de marzo de 2023 y remitido al despacho ponente el 16 del mismo mes y año, el señor William Solano Aguilar, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y la Oficina de Archivo Central de la rama judicial, con el fin de qu e le sean amparados sus “derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y celeridad en las actuaciones procesales”.

2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la omisión en la que incurrie ron las autoridades accionadas en darle respuesta a la solicitud de desarchivo del proceso número 2013 -00264, radicada el 8 de abril de 2022 por el señor William Solano Aguilar en el Centro de Servicios Administrativos para Juzgados Civil, Laboral y Famili a identificada con el número 2251402.Demandante: William Solano Aguilar Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro Rad:11001-03-15-000-2023-01362-00

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1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“1. Se realicen las gestiones correspondientes al desarchive del proceso ejecutivo con

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“1. Se realicen las gestiones correspondientes al desarchive del proceso ejecutivo con título hipotecario No. -00264 de FLORESMIRA CUESTA ROMERO contra la señora ANGELINA RAMIREZ DE ARIAS, el cual fue de conocimiento del Juzgado 67 Civil Municipal de Bogotá y el cual se encuentra en el paquete 589-2013; dentro del término en que usted justa, legalmente lo disponga y con el fin de que prevalezca el derecho de acceso a la administración de justicia.”

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 8 de abril de 2022 el señor William Solano Aguilar radicó una solicitud ante la Oficina de Archivo Central del Centro de Servicios Administrativos para Juzgados Civil, Laboral y Familia, adscrita a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, de desarchivo del proceso identificado con el radicado 11001-40-03-067-2013-000-264-00 en el que obran como parte deman dada la señora Angelina Ramírez de Arias y dema ndante la señora Floresmira Cuesta Romero, el cual se encontraba a cargo del Juzgado 67 Civil Municipal de Bogotá.

5. La mencionada dependencia, en correo del 8 de abril de 2022 le respondió que dicho proceso se en contraba en paquete y año de archivo 589 -2013 y le indicó lo

siguiente:

5. La mencionada dependencia, en correo del 8 de abril de 2022 le respondió que dicho proceso se en contraba en paquete y año de archivo 589 -2013 y le indicó lo

siguiente:

“Con base en lo anterior, la Oficina de Archivo Central de Bogotá, procederá a realizar la respectiva búsqueda de acuerdo a los datos que usted nos ha suministrado, en un término aproximado de 90 días hábiles, esto teniendo en cuenta que actualmente la oficina de Archivo Central cuenta con varias solicitudes en trámite, que fueron represadas debido a las restricciones que ocasionó la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional en marzo del año 2020, cabe indicar que a partir de los 90 días hábiles posterior a la radicación usted podrá iniciar la consultar (sic) el estado de su petición al correo electrónico consultaacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co indicando en el asunto “Consulta radicado No. 22-51402.”

Una vez se realice el desarchive del proceso solicitado, será notificado al correo laurapalacios0323@gmail.com el cual usted indicó en el formulario de solicitud.

Estamos trabajando para acortar los tiempos de desarchive, agradecemos su comprensión.

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Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas.” 1.4. Fundamentos de la solicitud

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Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas.” 1.4. Fundamentos de la solicitud

6. El señor William Solano Aguilar aseguró que radicó la petición de desarchivo del proceso identificado con el radicado 11001 -40-03-067-2013-000-264-00 con el fin de obtener una copia completa del expediente que requiere para iniciar un proceso verbal sumario de cancelación y levantamiento de una hipoteca.

7. Puso de presente que los 90 días hábiles, término indicado por la entidad para darle una respuesta, antes de la interposición de la acción de tutela habían vencido sin que se le notificara del desarchivo solicitado, lo que le genera un perjuicio grave.

8. Finalmente citó las sentencias de la Corte Constitucional T-052 de 2018 y T-283 de 2013, en relación con la garantía de los derechos fundamentales cuya protección alega, para lo cual, realizó algunas transcripciones.

1.5. Trámite de la acción de tutela

9. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del 22 de marzo de 202 3, admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la parte actora, así como al Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y la Oficina de Archivo Central del Centro de Servicios Administrativos para Juzgados Civil, Laboral y Familia como autoridades accionadas.

10. Igualmente, vinculó en cal idad de terceros con interés jurídico legítimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, al

como autoridades accionadas.

10. Igualmente, vinculó en cal idad de terceros con interés jurídico legítimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, al Juzgado 67 Civil Municipal de Bogotá, autoridad judicial que conoció del proceso cuyo desarchivo se pide y a las señoras Floresmira Cuesta Romero y Angelina Ramírez de Arias, quienes constituyeron la parte demandante y demanda respectivamente.

1.6. Intervenciones

11. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones.

1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Bogotá, Cundinamarca

12. El coordinador del Grupo de Archivo Central manifestó que, en relación con la petición No. 51402 mediante la cual, el tutelante solicitó el desarchi vo del procesoDemandante: William Solano Aguilar Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro Rad:11001-03-15-000-2023-01362-00

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2013-00264 del Juzgado 67 Civil Municipal, en el que figuran como partes demandante la señora Floresmira Cuesta Romero y demandado Angelina Ramírez de Arias , la misma fue tramitada, motivo por el cual el expediente mencionado fue desarchivado y se encuentra a disposición del despacho judicial para su retiro en bodega, de

la señora Floresmira Cuesta Romero y demandado Angelina Ramírez de Arias , la misma fue tramitada, motivo por el cual el expediente mencionado fue desarchivado y se encuentra a disposición del despacho judicial para su retiro en bodega, de conformidad con la circular DESAJBOC22 -57 que comunica “(…) Si requiere el expediente en físico se procederá con la búsqueda y alistamiento, de tal forma que si reposa en el Archivo central quedará a su disposición para que sea retirado en la bodega en donde reposa el mismo. (…)”

13. Manifestó que, adicional a lo anterior, el expediente se encuentra digitalizado y cargado en el visor documental del Consejo Superior de la Judicatura.

14. Por otro lado, afirmó que le dio respuesta a la petición elevada por el tutelante, la cual le fue noti ficada mediante correo electrónico enviado el 30 de marzo 2023 y adjuntó las respectivas constancias.

15. Finalmente, allegó copia digital del expediente 2013 -000264-00, es decir, aquel cuyo desarchivo se había solicitado.

1.6.2. Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia – Oficina de Reparto – Impugnaciones – Despachos Comisorios – Depósitos Judiciales – Auxiliares de la Justicia

16. Adujo que es un área adscrita a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca, de carácter técnico y administrativo que tiene a su cargo, entre otros asuntos, la radicación y entrega de demandas y comisiones a los juzgados.

17. Expuso que el expediente cuyo archivo se solicitó, se encuentra a disposic ión de

su cargo, entre otros asuntos, la radicación y entrega de demandas y comisiones a los juzgados.

17. Expuso que el expediente cuyo archivo se solicitó, se encuentra a disposic ión de la Ofician de Archivo Central, quien es competente para resolver la petición del tutelante.

18. Teniendo en cuenta lo anterior, solicitó se le desvinculara del presente trámite, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.3. Consejo Superior de la Judicatura – Presidencia

19. Solicitó que se le desvinculara del presente trámite constitucional, al considerar que no tiene legitimación en la causa por pasiva. Lo anterior por cuanto “no es viable endilgar alguna responsabilidad al Consejo Superior de la Judicatura dentro del trámite de la presente acción, toda vez que las acciones u omisiones que manifiesta el accionante como vulneradoras, recaen exclusivamente sobre la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, toda vez que de dicha Corporación depende la Oficina de Archivo en la que reposaDemandante: William Solano Aguilar Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro Rad:11001-03-15-000-2023-01362-00

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el expediente de radicado No. 2013-00264, según la naturaleza del asunto y la autoridad que adelantó su conocimiento, es decir, el Juzgado 67 Civil Municipal de Bogotá.”

20. Los demás terceros vinculados, pese haber sido notificados de la presente acción

adelantó su conocimiento, es decir, el Juzgado 67 Civil Municipal de Bogotá.”

20. Los demás terceros vinculados, pese haber sido notificados de la presente acción de tutela, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

21. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor William Solano Aguilar contra el Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y la Oficina de Archivo Central de la rama judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

22. El Centro de Servicios Administrativos pa ra los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia – Oficina de Reparto – Impugnaciones – Despachos Comisorios – Depósitos Judiciales – Auxiliares de la Justicia solicitó que se le desvinculara del presente trámite constitucional, al considerar que no tiene legitimación en la causa por pasiva.

23. Al respecto, la Sala manifiesta que, accederá a la solicitud elevada, en atención a que de conformidad con la Circular DESAJBOG22 -57 del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca del 26 de agosto de 2022 , allegada por la entidad que solicita su desvinculación, le corresponde al Archivo Central resolver las solicitudes de desarchivo de los procesos.

Cundinamarca del 26 de agosto de 2022 , allegada por la entidad que solicita su desvinculación, le corresponde al Archivo Central resolver las solicitudes de desarchivo de los procesos.

24. Por otro lado, la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se le desvinculara de la acción de tutela de la referencia.

25. Al respecto, esta Sala indica que la orden de notificación se realizó en relación con el Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, es decir, que el extremo pasivo lo conformó la referida Seccional y no la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, la cual no fue llamada al proceso como parte pasiva y tampoco como tercero con interés, motivo por el cual se negará su solicitud.Demandante: William Solano Aguilar Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro Rad:11001-03-15-000-2023-01362-00

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2.3. Problema jurídico

26. De cara al examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora, de los argumentos del libelo introductorio y del material probatorio recaudado, el problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en determinar si procede en el sub judice decretar la carencia actual de objeto por hecho superado, ante la acreditación efectiva de la respuesta enviada al tutelante.

27. Este problema impone analizar las generalidades de la acción de tutela y reiterar

judice decretar la carencia actual de objeto por hecho superado, ante la acreditación efectiva de la respuesta enviada al tutelante.

27. Este problema impone analizar las generalidades de la acción de tutela y reiterar el marco conceptual y jurisprudencial relacionado con la carencia actual de objeto.

2.4. Razones jurídicas de la decisión

2.4.1. Panorama general de la acción de tutela

28. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

29. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evita r la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.4.1. Carencia actual de objeto

30. La Sala ha explicado en varias o casiones1 que la acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e inminente.

31. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez constitucional

desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

1 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 20172365-00.Demandante: William Solano Aguilar Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro Rad:11001-03-15-000-2023-01362-00

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32. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos:

(i) hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una situación sobreviniente.

33. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 20162, señaló que:

«La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunst ancias que dieron origen a la vulneración de los

los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las circunst ancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, a l desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.3

“A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub examineque se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)

“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita

“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializ arse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente4».

34. Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la

2 Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido 3 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se tra nscribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”». 4 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».Demandante: William Solano Aguilar

Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de

literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».Demandante: William Solano Aguilar Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro Rad:11001-03-15-000-2023-01362-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.5

35. En palabras de la Corte Constitucional, la «…primera de estas figuras [hecho superado], regulada en el artícu lo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos d erechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer…»6.

36. En sentido de lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos

fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos fundamentales.

37. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de revisión ante ese Tribunal.7

38. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:

«En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte en sede de Revisión, 8 incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su

5 Corte Constitucional. Sentencia T-038 del 01.02.19. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 6 Sentencia T-481 del 1.09.16 M.P. Carlos Bernal Pulido

5 Corte Constitucional. Sentencia T-038 del 01.02.19. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 6 Sentencia T-481 del 1.09.16 M.P. Carlos Bernal Pulido 7 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 del 29.11.16. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado 8 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se solicita».Demandante: William Solano Aguilar Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y otro Rad:11001-03-15-000-2023-01362-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera” .9 Según la jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado10”.11» (Destacado fuera de texto).

39. Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para formular un juicio de reproche, si ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta Corporación

en cita ha dicho lo siguiente:

«Se está frente a un hecho superado c uando durante el trámite de amparo las

formular un juicio de reproche, si ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta Corporación en cita ha dicho lo siguiente:

«Se está frente a un hecho superado c uando durante el trámite de amparo las acciones u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a impartir por parte del juez constitucional pierde su ra zón de ser, pues que el derecho ya no se encuentra en riesgo12.

No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar el estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en sede de revisión, determinar el alcance de lo s derechos fundamentales cuya protección se solicita13, pronunciarse sobre la vulneración invocada en la demanda conforme al artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 14 y determinar si, con atención de las particularidades del caso, procede el amparo de la dimensión objetiva de los derechos conculcados 15. Dicho análisis puede comprender: i) observaciones sobre los hechos del caso estudiado; ii) llamados de atención sobre la situación que originó la tutela; iii) el reproche sobre su ocurrencia y la advertencia sobre la garantía de no repetición 16; y iv) la posibilidad de adoptar las medidas de protección objetiva17».18

40. El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la interposición de la acción de tutela . Al respecto, ha sostenido el Tribunal Constitucional: «[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius -fundamental que venía ejecutándose, se ha

interposición de la acción de tutela . Al respecto, ha sostenido el Tribunal Constitucional: «[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius -fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectaci ón que con la acción de tutela se pretendía evitar, de

9 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009». 10 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09». 11 «Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo». 12 «Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva». 13 «Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto». 14 «ARTICULO 24. PREVENCIÓN A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión». 15 «Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto». 16 «Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada».

que lo considere adecuado para evitar la repetición de la misma acción u omisión». 15 «Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto». 16 «Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio