CE - 010315000202301415001SENTENCIA20230502155515

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-01415-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: GUSTAVO CADAVID ROMÁN

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR

PRETENDE DEBATIR UNA DIVERGENCIA QUE RECAE SOBRE UN

ASUNTO QUE YA FUE OBJETO DE ANÁLISIS DE FORMA RAZONABLE

EN SEDE ORDINARIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1.

1 En adelante el TRIBUNAL.2

Número único de radicación: 110010315000 2023 01415 00

Actor: GUSTAVO CADAVID ROMÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor GUSTAVO CADAVID ROMÁN, a través de apoderado , en

www.consejodeestado.gov.co

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor GUSTAVO CADAVID ROMÁN, a través de apoderado , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social , los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido en segunda instancia la sentencia de 26 de octubre de 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 761113333002-2018-00065-01.

I.2.- Hechos

Comentó que prestó el servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional entre el 16 de agosto de 1979 y el 30 de enero de 1981, es decir, por espacio de 1 año, 5 meses y 14 días.

Indicó que además estuvo vinculado como guardián en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, entre el 24 de mayo de3

Número único de radicación: 110010315000 2023 01415 00

Actor: GUSTAVO CADAVID ROMÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1982 y el 29 de abril de 2002, esto es, por un lapso de 19 años , 11 meses y 5 días.

Explicó que en total prestó sus servicios al Estado, a través d el

www.consejodeestado.gov.co

1982 y el 29 de abril de 2002, esto es, por un lapso de 19 años , 11 meses y 5 días.

Explicó que en total prestó sus servicios al Estado, a través d el Ministerio de Defensa y el INPEC , durante 20 años, 8 meses y 19 días, por lo que en el año 2003 solicitó a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL -CAJANAL el reconocimiento de la pensión especial de que trata el artículo 96 de la Ley 32 de 3 de febrero de 19862, prestación que fue denegada a través de las resoluciones núms. 23754 de 23 de mayo de esa anualidad y 27925 de 20 de junio de 2008.

Agregó que promovió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho respectiva, con la finalidad de discutir la legalidad de los actos administrativos aludidos y obtener el reconocimiento de la pensión especial prevista en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.

Anotó que el proceso aludido fue identificado con el número único de radicación 760012331000 -2009-00460-00 y atribuid o para su trámite en primera instancia al TRIBUNAL que, mediante sentencia

2 “Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia”.4

Número único de radicación: 110010315000 2023 01415 00

Actor: GUSTAVO CADAVID ROMÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actor: GUSTAVO CADAVID ROMÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de 30 de junio de 2010, denegó las pretensiones de la demanda.

Expuso que interpuso el recurso de apelación respectivo, que fue asignado a la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO que, mediante sentencia de 22 de septiembre de 2011 , confirmó la decisión recurrida , al estimar que no le era aplicable la Ley 32 de 1986 , dado que no cumplía con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 19933.

Adujo que la Corte Constitucional profirió la sentencia C 651 de 2015, en la que fij ó el alcance de l parágrafo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, conforme con el cual , en su sentir, tendría derecho a que se le reconociera su pensión conforme con la Ley 32 de 1986, sin necesidad de cumplir con los requisitos del régimen de transición.

Manifestó que el 5 de junio de 2015 solicit ó a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP4 “[…] el reconocimiento de la

3 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones". 4 En adelante la UGPP.5

Número único de radicación: 110010315000 2023 01415 00

3 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones". 4 En adelante la UGPP.5

Número único de radicación: 110010315000 2023 01415 00

Actor: GUSTAVO CADAVID ROMÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

pensión prevista en el artículo 96 de la ley 32 de 1986, pero esta vez; con base en la subregla interpretativa fijada en la sentencia C 651 de 2015, respecto a la interpretación constitucional que corresponde al parágrafo 5 transitorio del acto legislativo 01 de 2005 […]”, no obstante, la solicitud fue denegada mediante las resoluciones núm. RDP 036750 de 25 de septiembre y RDP 046642 de 12 de diciembre de 2017.

Explicó que en el año 2018 promovió una nueva demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con la finalidad de que se le reconociera la prestación en los términos aludidos, pero poniendo de presente que no se configuraba cosa juzgada porque ahora sus pretensiones tenían fundamento en la posición fijada en la sentenc ia C-651 de 2015, lo que constituía un nuevo hecho.

Indicó que el proceso aludido fue identificado con el número único de radicación 761113333002-2018-00065-00 y atribuido para su trámite en primera instancia al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE GUADALAJARA DE BUGA que, a través de

radicación 761113333002-2018-00065-00 y atribuido para su trámite en primera instancia al JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE GUADALAJARA DE BUGA que, a través de sentencia de 24 de junio de 2020, declaró no probada la excepción de cosa juzgada por cuanto se trataba de nuevos actos6

Número único de radicación: 110010315000 2023 01415 00

Actor: GUSTAVO CADAVID ROMÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

administrativos y accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda.

Argumentó que como consecuencia del recurso de apelación que interpuso la UGPP, mediante sentencia de 26 de octubre de 2022, el TRIBUNAL revocó la decisión recurrida y, en su lugar, declaró probada la excepción de cosa juzgada.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Puso de presente que debía determinarse si “[…]a partir de los hechos y planteamientos de la nueva demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, hay lugar a declarar la cosa juzgada como lo hizo el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle […]”.

Argumentó que, al proferir la sentencia cuestionada, el TRIBUNAL incurrió en los defectos sustantivo y violación directa a la Constitución por inaplicación del parágrafo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005 , el Decreto 1950 de 13 de junio 20055, así como la sentencia C 651 de 2015.

Constitución por inaplicación del parágrafo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005 , el Decreto 1950 de 13 de junio 20055, así como la sentencia C 651 de 2015.

5 “Por el cual se reglamenta el artículo 140 de la Ley 100 de 1993”7

Número único de radicación: 110010315000 2023 01415 00

Actor: GUSTAVO CADAVID ROMÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Adujo que no se configura cosa juzgada porque su demanda inicial no tuvo como fundamento las normas ni la sentencia aludidas, por lo que no existió la identidad de causa petendi.

Precisó que, en su sentir, con fundamento en las fuentes jurídicas referidas tiene derecho a que se le reconozca la pensión especial de que trata la Ley 32 de 1986, sin que le sea exigible el cumplimiento de los requisitos del régimen de transición, además porque dicha tesis tiene fundamento en la sentencia T 012 de 2022, proferida por la Corte Constitucional.

Arguyó que incluso las sentencias C 651 de 2015 y T 012 de 2022 ponen en evidencia la errada postura de la SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE ESTADO que ha venido sosteniendo que para que el personal del INPEC, que ingresó a la entidad con anterioridad al 28 de julio de 2003, sea merecedor de la pensión especial de que trata el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, debe cumplir con el régimen de

personal del INPEC, que ingresó a la entidad con anterioridad al 28 de julio de 2003, sea merecedor de la pensión especial de que trata el artículo 96 de la Ley 32 de 1986, debe cumplir con el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:8

Número único de radicación: 110010315000 2023 01415 00

Actor: GUSTAVO CADAVID ROMÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“[…] PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia de la accionante, a la seguridad social del señor

GUSTAVO CADAVID ROMÁN.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos la sentencia del 28 de octubre de 2022, proferida dentro del expediente No 76111 -33-33-002-2018-00065-01 por el

Tribunal Contencioso Administrativo del Valle.

TERCERA: Que se ordene al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, que expida una nueva sentencia, acorde con el parágrafo 5 transitorio del acto legislativo No 01 de 2005, el decreto 1950 de 2005, la sentencia C 651 de 2015 y la regla interpretativa estable cida en la sentencia T 012 de 2022, reconociéndose al señor GUSTAVO CADAVID ROMÁN, su derecho a la pensión especial de vejez en los términos del

y la regla interpretativa estable cida en la sentencia T 012 de 2022, reconociéndose al señor GUSTAVO CADAVID ROMÁN, su derecho a la pensión especial de vejez en los términos del artículo 96 de la ley 32 de 1986 […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que los hechos y fundamentos que tuvo en cuenta para proferir la sentencia cuestionada se encontraban consignados en esta, por lo que se remitía a la misma.

I.5.2.- La UGPP, vinculada en calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso, indicó que la presente acción de tutela es improcedente porque lo pretendido por el actor es sustituir una decisión proferida en derecho por el juez natural de la causa.

Adujo que al actor no le es aplicable la Ley 32 de 1986, dado que no9

Número único de radicación: 110010315000 2023 01415 00

Actor: GUSTAVO CADAVID ROMÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

logró acreditar los 20 años de servicio “[…] en cargos de guardián, dragoneante, cabo, distinguido, inspector, oficial y suboficial, y/o en cargos de fuerza pública en la Policía Nacional, Ej ército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea […]” , sin que pud iese tenerse en cuenta el servicio militar obligatorio, por cuanto “[…] la normatividad que permitía el c ómputo de tales tiempos era el artículo 168 del

Armada Nacional y Fuerza Aérea […]” , sin que pud iese tenerse en cuenta el servicio militar obligatorio, por cuanto “[…] la normatividad que permitía el c ómputo de tales tiempos era el artículo 168 del Decreto 407 de 1994, el cual fue derogado por el Decreto 2090 de 2003 […]”.

Agregó que, el actor no lo gró probar ninguna de las causales especiales de procedencia de la acción de tutela, comoquiera que la decisión cuestionada fue proferida con base en la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso, así como a partir de los hechos que fueron probados en el proceso.

I.5.3.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, puso de presente que la acción de tutela está dirigida de forma exclusiva contra el TRIBUNAL.

Comentó que, en su sentir, no había lugar a que se declarara la existencia de la cosa juzgada, comoquiera que los actos administrativos demandados en los dos procesos relacionados eran10

Número único de radicación: 110010315000 2023 01415 00

Actor: GUSTAVO CADAVID ROMÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

diferentes.

Expuso que la decisión cuestionada, en efecto, desconoció el parágrafo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, así como la sentencia C 651 de 2015 proferida por la Corte Constitucional.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

parágrafo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, así como la sentencia C 651 de 2015 proferida por la Corte Constitucional.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo11

Número único de radicación: 110010315000 2023 01415 00

Actor: GUSTAVO CADAVID ROMÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el moment o jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:12

Número único de radicación: 110010315000 2023 01415 00

Actor: GUSTAVO CADAVID ROMÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que orig inó la

institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que orig inó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sac rificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo13

Número único de radicación: 110010315000 2023 01415 00

Actor: GUSTAVO CADAVID ROMÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los

la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto a l fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sen tido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

demostradas. En este sen tido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que pro firió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.14

Número único de radicación: 110010315000 2023 01415 00

Actor: GUSTAVO CADAVID ROMÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente

fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución . […]” (Destacado fuera del texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la sentencia de 26 de octubre de 2022 , proferida en segunda15

Número único de radicación: 110010315000 2023 01415 00

Actor: GUSTAVO CADAVID ROMÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

instancia por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el número único de radicación 761113333002-2018-00065-01, mediante la cual dicha autoridad declaró probada la excepción de cosa juzgada.

El actor, en su condición de ex funcionario del INPEC, en el año 2009 promovió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

autoridad declaró probada la excepción de cosa juzgada.

El actor, en su condición de ex funcionario del INPEC, en el año 2009 promovió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número único de radicación 760012331000-200900460-01, con la finalidad de que se le reconociera una pensión especial, con fundamento en el artículo 96 de la Ley 32 de 1986.

Dicho proceso fue decidido , en primera y segunda instancia respectivamente, por el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación mediante sentencias de 30 de junio de 2010 y 22 de septiembre de 2011, respectivamente, en las que se denegaron las pretensiones, comoquiera que el actor no cumplía con los requisitos del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Agotada la reclamación respectiva, en el año 2018 el actor volvió a promover una demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho origen de la controversia , con la16

Número único de radicación: 110010315000 2023 01415 00

Actor: GUSTAVO CADAVID ROMÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

finalidad de obtener el reconocimiento de la pensión con fundamento en el artículo 96 de la Ley 32 de 1996, no obstante, en esa nueva oportunidad invocó como fundamentos adicionales, en particular el parágrafo 5 transitor io del acto legislativo 01 de 2005, el Decreto

en el artículo 96 de la Ley 32 de 1996, no obstante, en esa nueva oportunidad invocó como fundamentos adicionales, en particular el parágrafo 5 transitor io del acto legislativo 01 de 2005, el Decreto 1950 de la misma anualidad y la sentencia C 651 de 2015.

En el curso de la segunda instancia del proceso referido, a través de la sentencia de 26 de octubre de 2022, el TRIBUNAL declaró probada la excepción de cosa juzgada, al estimar que la controversia sobre la aplicación del artículo 96 de la Ley 32 de 1986 ya había sido dirimido en el proceso que el actor promovió en el año 2009.

A la providencia cuestionada el actor atribuye la configuración de los defectos sustantivo y violación directa de la Constitución, dado que, en su sentir, no se constituyó la cosa juzgada que fue declarada, porque la nueva demanda estuvo fundamentada en diferentes fuentes jurídicas, en particular, en el parágrafo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, el Decreto 1950 de 2005 y la sentencia C 651 de 2015, esta última que además constituía un hecho nuevo.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de17

Número único de radicación: 110010315000 2023 01415 00

Actor: GUSTAVO CADAVID ROMÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos sustantivo y violación di recta de la Constitución, al haber declarado como probada la excepción de cosa juzgada en la sentencia de 26 de octubre de 2022 aludida.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias jud iciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de pr esente el desconocimiento de garantías18

Número único de radicación: 110010315000 2023 01415 00

Actor: GUSTAVO CADAVID ROMÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actor: GUSTAVO CADAVID ROMÁN

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela c ontra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los

6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 7 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

principio constitucional de la autonomía funcional de los

6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 7 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.19

Número único de radicación: 110010315000 2023 0141