CE - 010315000202301428001SENTENCIASENTENCIA20230518152708

Demandante: Luz Marina Botero Villa Demandado: Consejo de EstadoSala de Consulta y Servicio Civil Rad: 11001-03-15-000-2023-01428-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01428-00

Demandante: LUZ MARINA BOTERO VILLA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SALA DE CONSULTA Y SERVICIO

CIVIL

Tema: Tutela contra decisión que resuelve conflicto negativo de competencias administrativas

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala en pri mera instancia la acción de tutela promovida por la señora Luz Marina Botero Villa, en nombre propio, contra la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 .º del numeral 2 .º del artículo 2.2.3.1.2 .1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

La señora Luz Marina Botero Villa, quien actúa en nombre propio y en

Decreto 333 del 6 de abril de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

La señora Luz Marina Botero Villa, quien actúa en nombre propio y en calidad de juez Trece de Familia de Oralidad del Circuito de Medellín , instauró acción de tutela en contra de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con el fin de que se proteja su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado con la decisión de 7 de febrero de 2023, a tr avés de la cual dicha Corporación resolvió el conflicto negativo de competencias entre la Defensoría de Familia del Centro Zonal Noroccidental de la Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y el Juzgado Trece de Familia de O ralidad del Circuito de Medellín, en el cual se asignó a este último la competencia para conocer del restablecimiento de derechos del menor.Demandante: Luz Marina Botero Villa Demandado: Consejo de EstadoSala de Consulta y Servicio Civil Rad: 11001-03-15-000-2023-01428-00

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Pide que se deje sin efectos dicho auto y se ordene a la sala accionada proferir una nueva decisión en la cual no s e dé aplicación al parágrafo 5º del artículo 100 a 103 de la Ley 1098 de 2006 y, en su lugar, se apliquen los artículos 123 de dicha norma y 139 del CGP, por remisión del parágrafo 6º

artículo 100 a 103 de la Ley 1098 de 2006 y, en su lugar, se apliquen los artículos 123 de dicha norma y 139 del CGP, por remisión del parágrafo 6º del artículo 100 de la Ley 1098 de 2006 ; así como que omita la orden de investigarla disciplinariamente en calidad de juez Trece de Familia de Oralidad del Circuito de Medellín.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Manifestó que la Defensoría de Familia del Centro Zonal Noroccidental de la Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF , emitió fallo de declaratoria de situación de vulneración de derechos de un menor e inició etapa de seguimiento.

Informó que a través de la Resolución 0044 de 17 de febrero de 2022, la defensoría en mención declaró en adoptabilidad al menor y, ante la oposición de su madre, resolvió no reponer dicho acto en Resolución 0045 de la misma fecha, en la cual ordenó la remisión del expediente en homologación a los juzgados de familia.

Indicó que dicha acción fue asignada al Juzgado Trece de Familia de Oralidad del Circuito de Medellín el día 23 de marzo de 2022, bajo el radicado 2022 -00200, despacho judicial que mediante auto No. 0285 de 24 del mismo mes y año ordenó la devolución del expedient e a la Defensoría de Familia de origen, de conformidad con el artículo 123, inciso 2º, de la Ley 1098 de 2006, con sustento en que no reposaba la constancia de notificación por estado del fallo de declaratoria de

la devolución del expedient e a la Defensoría de Familia de origen, de conformidad con el artículo 123, inciso 2º, de la Ley 1098 de 2006, con sustento en que no reposaba la constancia de notificación por estado del fallo de declaratoria de adaptabilidad proferido en audiencia a los no asistentes, en cumplimiento del inciso 6º, artículo 100 ibídem, por lo que ordenó la debida notificación de la providencia y, una vez realizada esta, se dispusiera el retorno al juzgado para dar trámite a la homologación.

Señaló que mediante auto de 7 de octubre de 2022, la Defensoría de Familia declaró la pérdida de competencia para el conocimiento del proceso y lo remitió a los juzgados de Familia, por lo que fue allegado nuevamente al Juzgado Trece de Familia por reparto el 10 de octubre de 2022, baj o el radicado 2022 -00706, despacho que mediante auto de 20 de octubre de 2022 declaró la nulidad de todo lo actuado por la Defensoría con posterioridad al desacato de la orden del juzgado y, en su lugar, le ordenó cumplir lo resuelto en el auto 0285 de 24 de marzo de 2022.

Adujo que la Defensoría de Familia, en vez de acatar la orden del juzgado,Demandante: Luz Marina Botero Villa Demandado: Consejo de EstadoSala de Consulta y Servicio Civil Rad: 11001-03-15-000-2023-01428-00

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mediante escrito de 31 de octubre de 2022 propuso un conflicto negativo de competencia ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, pese a que el Juzgado Trece de Familia de Oralidad de Medellín no declaró su falta de competencia para conocer de la homologación, sino que le exigió a la Defensoría de Familia cumplir con un requisito legal previo a darle trámite al expediente.

Sostuvo que el 7 de febrero de 2023, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió el conflicto negativo de competencias en el sentido de asignar el conocimiento del expediente al Juzgado Trece de Familia de Oralidad de Medellín; de igual forma, ordenó que se investigara la conducta de la tutelante en calidad de titular de dicho despacho por presuntamente negarse a conocer de la homologación.

3. Sustento de la vulneración

La tutelante manifestó que con la decisión objeto de tutela se incurrió en una vía de hecho, toda vez que se resolvió un conflicto de competencia cuando el Juzgado Trece de Familia de Oralidad del Circuito de Medellín en ningún momento se opuso a conocer del proceso de homologación repartida previamente; simplemente exigió a la Defenso ría de Familia efectuar la notificación por estado del fallo de declaratoria de adoptabilidad de un menor de edad a quienes no asistieron a la

opuso a conocer del proceso de homologación repartida previamente; simplemente exigió a la Defenso ría de Familia efectuar la notificación por estado del fallo de declaratoria de adoptabilidad de un menor de edad a quienes no asistieron a la respectiva audiencia, en cumplimiento del artículo 100, inciso 6º, de la Ley 1098 de 2006.

Consideró que la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación aplicó normas procedimentales que no son aplicables al presente caso, puesto que se desconoció la situación fáctica del proceso en tanto no se percató que ya se resolvió de fondo la situación jurídica del m enor mediante la declaratoria de adoptabilidad, lo que quiere decir que no puede haber pérdida de competencia de la autoridad administrativa por vencimiento de la prórroga de que trata el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, la cual solo opera si no se ha proferido la declaratoria de adoptabilidad.

Aseveró que tampoco puede aplicarse el parágrafo 5º del artículo 100 ibídem, dado que ya se resolvió de fondo la situación jurídica del menor a través de la declaratoria de adoptabilidad que en este caso está pe ndiente de la acción de homologación, de manera que el trámite administrativo de restablecimiento de derechos de que trata la norma en cita ya está culminado, y lo que está en curso es un control judicial denominado “acción de homologación” , que se regula por el artículo 123 de la ley 1098 de 2006 , norma que faculta al juez de Familia para devolver el expediente a la autoridad administrativa cuando advierta que se encuentra una irregularidad, con el fin de que la subsane , evento en el cual la administración, por expresa disposición del artículo en mención, conserva

devolver el expediente a la autoridad administrativa cuando advierta que se encuentra una irregularidad, con el fin de que la subsane , evento en el cual la administración, por expresa disposición del artículo en mención, conserva competencia únicamente para sanear las irregularidades que determine el juez.Demandante: Luz Marina Botero Villa Demandado: Consejo de EstadoSala de Consulta y Servicio Civil Rad: 11001-03-15-000-2023-01428-00

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Sostuvo que se desconoció el inciso 4º del artículo 139 del Código General del Proceso, puesto que se obvió que al ac tuar el juzgado en sede de homologación, sus decisiones son vinculantes para la Defensoría de Familia de origen, la cual no puede declarar su falta de competencia para cumplirlas puesto que el juez está actuando como superior funcional de esta.

Agregó que la decisión objeto de tutela abre las puertas a todas las autoridades administrativas, para que en los trámites de restablecimiento de derechos desacaten las decisiones de los jueces de Familia que conocen los controles judiciales de homologación, y ello generaría colapso en la Rama Judicial pues todos los procesos que están a cargo de los Comités de Adopción deberían ser enviados a los juzgados de Familia cuando hayan transcurrido dieciocho meses desde el conocimiento por parte de la administración.

4. Trámite de la solicitud de amparo

Por auto de 23 de marzo de 2023 se admitió la demanda y se ordenó su notificación a los magistrados que integran la Sala de Consulta y Servicios Civil del

4. Trámite de la solicitud de amparo

Por auto de 23 de marzo de 2023 se admitió la demanda y se ordenó su notificación a los magistrados que integran la Sala de Consulta y Servicios Civil del Consejo de Estado. De igual forma, se dispuso la vinculación de las señoras Dina Luz Mendis Ricardo, en calidad de progenitora del menor que fue objeto de las medidas de protección y puesto en condición de adoptabilidad a través del expediente que originó el conflicto de competencias administrativas objeto de tutela, a la defensora de Familia del Centro Zonal Noroccidental de la Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , al director de la entidad mencionada, y a la defensora de familia y al procurador judicial adscrito s al Juzgado Trece de Familia de Oralidad del Circuito de Medellín.

5. Argumentos de defensa e intervenciones

Durante el trámite de esta acción solo intervino la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la cual se opuso a las pretensiones de la demanda con sustento en lo siguiente:

Tras realizar un recuento de los antecedentes del caso, así como del régimen legal que regula los conflictos de competencias administrativas a cargo de la Corporación y el trámite administrativo de restablecimientos del derecho de menores de edad, aclaró que el asunto sobre el cual versó el conflicto fue el proceso de restablecimiento de derechosa en favor de un menor y no el trámite de homologación de la declaratoria de adoptabilidad , por lo que conforme a la normativa y jurisprudencia aplic ables, dicho proceso no concluyó dentro del plazo de dieciocho meses que confiere la ley, en tanto la resolución que declaró en

homologación de la declaratoria de adoptabilidad , por lo que conforme a la normativa y jurisprudencia aplic ables, dicho proceso no concluyó dentro del plazo de dieciocho meses que confiere la ley, en tanto la resolución que declaró en situación de adoptabilidad al menor de edad no fue notificada, por lo cual no adquirió firmeza ni surtió efectos legales.Demandante: Luz Marina Botero Villa Demandado: Consejo de EstadoSala de Consulta y Servicio Civil Rad: 11001-03-15-000-2023-01428-00

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Precisó que el inciso 4º del artículo 139 del Código General del Proceso no aplica al presente caso, pues el juez de familia si bien puede apoyarse en el equipo interdisciplinario de la respectiva defensoría de familia, no es su superior funcional.

Aseguró que el proceso administrativo de restablecimiento de derechos debe culminar con la firmeza del acto administrativo de declaratoria de adoptabilidad tras practicarse las notificaciones pendientes, trámite que debe adelantarse por el juez de familia que está ll amado a reemplazar a la autoridad de familia que no lo hizo dentro del término que tuvo para tal efecto.

Concluyó que la decisión adoptada frente al conflicto de competencias atendió la normativa aplicable, en especial la Ley 1098 de 2006.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991 1 y el numeral 2 .° del

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991 1 y el numeral 2 .° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 2, modificado por el Decreto 333 del 6 de abril de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado lesionó e l derecho fundamental al debido proceso de la tutelante, con la expedición de la decisión de 7 de febrero de 2023, a través de la cual dicha Corporación resolvió el conflicto negativo de competencias entre la Defensoría de Familia del Centro Zonal Noroccid ental de la Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y el Juzgado Trece de Familia de Oralidad del Circuito de Medellín, en el cual se asignó a este último la competencia para conocer del restablecimiento de derechos del menor.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.” 2 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.”Demandante: Luz Marina Botero Villa

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.” 2 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.”Demandante: Luz Marina Botero Villa Demandado: Consejo de EstadoSala de Consulta y Servicio Civil Rad: 11001-03-15-000-2023-01428-00

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite pref erente, ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en el artículo 6.º ibíd., entre otros motivos, la relativa a la existencia de ot ros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado.

4. Conflicto negativo de competencias administrativas

El artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 regula los conflictos de competencias administrativas que se presenten entre dos entidades que declaran su falta de competencia de ese orden, bajo los siguientes términos:

“ARTÍCULO 39. CONFLICTOS DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la

“ARTÍCULO 39. CONFLICTOS DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales , o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En los dos eventos descritos se observará el siguiente procedimiento: recibida la actuación en Secretaría se comunicará por el medio más eficaz a las autoridades involucradas y a los particulares interesados y se fijará un edicto por el términ o de cinco (5) días, plazo en el que estas podrán presentar alegatos o consideraciones. Vencido el anterior término, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado o el tribunal, según el caso, decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguient es: Contra esta decisión no procederá recurso alguno.”.

Según las reglas de competencia consagradas en la norma en mención y en el artículo 112, numeral 10 ibídem3, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo

3 10. “(…) Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden

Según las reglas de competencia consagradas en la norma en mención y en el artículo 112, numeral 10 ibídem3, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo

3 10. “(…) Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o desc entralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala loDemandante: Luz Marina Botero Villa Demandado: Consejo de EstadoSala de Consulta y Servicio Civil Rad: 11001-03-15-000-2023-01428-00

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de Estado tiene como función dirimir los conflictos de competencia administrativas planteados entre las autoridades de orden nacional y cuando el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos.

En relación con la naturaleza de l os pronunciamientos efectuados por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, se precisa que estos no son providencias judiciales en tanto no se ejerce una actividad de carácter jurisdiccional; siendo así, las decisiones que se adopten en ejercicio de esa función tienen como objeto determinar la autoridad competente según la normativa que regula las funciones asignadas a las entidades de cara al caso en particular, y son de obligatorio cumplimiento, tal y como ha sido precisado por esta Cor poración en anteriores pronunciamientos4:

“(…) En atención a lo transcrito, si bien las decisiones emitidas por la Sala de

de obligatorio cumplimiento, tal y como ha sido precisado por esta Cor poración en anteriores pronunciamientos4:

“(…) En atención a lo transcrito, si bien las decisiones emitidas por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la función de resolver conflicto de competencias administrativas, s on de acatamiento obligatorio, y su fuerza es vinculante, la realidad es que tales pronunciamientos no pueden catalogarse como providencias judiciales, sino que deben ser catalogadas como pronunciamientos que contienen un “control previo de legalidad” sobre el elemento competencia de la decisión administrativa (…)”.

5. Caso concreto

De acuerdo con lo señalado en la primera parte de esta providencia, la parte actora cuestiona la decisión emitida el 7 de febrero de 2023 por la Sala de Consulta y Servicio Civil, a través de la cual se resolvió el conflicto negativo de competencias entre la Defensoría de Familia del Centro Zonal Noroccidental de la Regional Antioquia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y el Juzgado Trece de Familia de Oralid ad del Circuito de Medellín, en el sentido de asignarle a dicho despacho judicial el conocimiento del proceso restablecimiento de derechos del menor, por pérdida de competencia del ICBF.

Lo anterior, por cuanto en sentir de la tutelante, el cuerpo colegia do accionado no aplicó en debida forma la normativa que regula las funciones y competencias de la autoridad administrativa y del despacho judicial en mención, toda vez que de forma general interpretó que el trámite sobre el cual versó el conflicto correspo ndía al restablecimiento de derechos del menor, cuando ya se había superado dicha fase y ya se había resuelto la situación jurídica del menor mediante la declaratoria de adoptabilidad.

general interpretó que el trámite sobre el cual versó el conflicto correspo ndía al restablecimiento de derechos del menor, cuando ya se había superado dicha fase y ya se había resuelto la situación jurídica del menor mediante la declaratoria de adoptabilidad.

decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto (…)”.

4 Consejo de Estado, Sección Primera. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicado 11001-0315-000-2017-00241-00.Demandante: Luz Marina Botero Villa Demandado: Consejo de EstadoSala de Consulta y Servicio Civil Rad: 11001-03-15-000-2023-01428-00

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De forma concreta, adujo que se aplicaron indebidamente los artículos 1 00, 103 y 123 de la Ley 1098 de 2006 puesto que se desconoció la realidad fáctica del proceso pues se obvió que el trámite de restablecimiento de derechos del menor ya había culminado y solo estaba pendiente la acción de homologación de la declaratoria de adoptabilidad del menor, por lo cual no era procedente aplicar la pérdida de competencia del ICBF para tramitar el proceso administrativo en mención por haber transcurrido los dieciocho meses de que trata el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006.

Adicional a ello, la actora alegó que no se tuvo en cuenta lo previsto por el inciso 4º del artículo 139 del Código General del Proceso, dado que el ICBF no podía

la Ley 1098 de 2006.

Adicional a ello, la actora alegó que no se tuvo en cuenta lo previsto por el inciso 4º del artículo 139 del Código General del Proceso, dado que el ICBF no podía desconocer lo ordenado por el juzgado de Familia en relación con la indebida notificación de la decisión adoptada por la autoridad administrativa en el sentido de declarar la adoptabilidad del menor de edad, en tanto el mencionado despacho judicial fungía como superior jerárquico de la entidad.

En la decisión objeto de tutela, la Sala de Consulta y Servici o Civil señaló que cuando el Juzgado Trece de Familia de Oralidad de Medellín inadmitió la homologación del fallo de adoptabilidad y devolvió el expediente a la Defensoría de Familia para subsanar la indebida notificación de este, la autoridad administrati va ya había perdido competencia para actuar dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos del menor, caso en el cual conforme a la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, correspondía a la juez de Familia asumir la continuidad del respectivo trámite.

Lo anterior, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 100 de dicha norma, una vez vencido el plazo de seis meses para definir la situación jurídica del menor, la autoridad administrativa no podrá subsanar las irregularidades y deberá remitir el expediente al juez de familia para su revisión, quien determinará si debe decretar o no la nulidad, caso último en el cual le corresponderá a la judicatura señalada resolver de fondo la situación jurídica del menor.

Luego de ello, la accionada concluyó:

decretar o no la nulidad, caso último en el cual le corresponderá a la judicatura señalada resolver de fondo la situación jurídica del menor.

Luego de ello, la accionada concluyó:

“(…) Efectivamente, como los hechos que generaron la vulneración de derechos del niño S.M.R. se conocieron el 10 de septiembre de 2020, el término que tenía la autoridad administrativa para tomar una decisión en los tér minos del artículo 103 del Código de la Infancia y la Adolescencia, venció el 10 de marzo de 2021 sin que en esa fecha estuviese ejecutoriada la decisión de la autoridad administrativa. A partir de entonces, al no haberse definido la situación jurídica, la autoridad administrativa debió remitir el proceso al juez para que procediera de conformidad, pero contrario a ello, continuó conociendo del mismo.

Así las cosas, corresponde al juez de familia, en este caso al Juzgado Trece de Familia de Oralidad de Med ellín (Antioquia), subsanar los yerros detectados yDemandante: Luz Marina Botero Villa Demandado: Consejo de EstadoSala de Consulta y Servicio Civil Rad: 11001-03-15-000-2023-01428-00

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culminar el proceso administrativo de restablecimiento de derechos adelantado en favor del niño S.M.R. (…)”.

Revisados los argumentos de las partes y el contenido de la decisión cuestionada a través de e sta acción de tutela, la Sala anticipa que negará el amparo de los derechos fundamentales invocados, por las siguientes razones.

Revisados los argumentos de las partes y el contenido de la decisión cuestionada a través de e sta acción de tutela, la Sala anticipa que negará el amparo de los derechos fundamentales invocados, por las siguientes razones.

De conformidad la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, los defensores de familia son competentes para pr omover la realización y restablecimiento de derechos del menor, y corresponde al coordinador del centro zonal del ICBF hacer seguimiento a las respectivas medidas adoptadas para tal efecto (artículo 96).

El Código de la Infancia y la Adolescencia consagró el siguiente trámite para la protección de derechos del menor cuando estos se encuentren vulnerados o amenazados:

• Inicio de la actuación administrativa, por solicitud del menor, de la persona que lo tenga bajo su cuidado o de cualquier otra persona, ante el defensor o comisario de familia, autoridad que dará apertura a la investigación y, por ende, al proceso administrativo de restablecimiento de derechos. - Notificación y traslado del auto de apertura de investigación a quienes deban ser citados. - Decreto de pruebas de oficio o a solicitud de partes, traslado de su práctica. - Fijación de fecha para audiencia de pruebas y expedición de fallo que resuelva la situación jurídica del menor, declarándolo en vulneración de derechos o en adoptabilidad. - Trámite de recurso de reposición. - Remisión del expediente al juez de familia para homologar el fallo, quien contará con veinte (20) días para resolver.

Con todo, el artículo 100 de la mencionada norma estableció que “(…) la definición de la situación jurídica deberá re solverse declarando en vulneración de derechos o

contará con veinte (20) días para resolver.

Con todo, el artículo 100 de la mencionada norma estableció que “(…) la definición de la situación jurídica deberá re solverse declarando en vulneración de derechos o adoptabilidad al niño, niña y adolescente, dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir del conocimiento de la presunta amenaza o vulneración de los derechos del menor de edad, término que será improrrogable y no podrá extenderse ni por actuación de autoridad administrativa o judicial.

Vencido el término para fallar o para resolver el recurso de reposición sin haberse emitido la decisión correspondiente, la autoridad administrativa perderá competencia para seguir conociendo del asunto y remitirá dentro de los tres (3) días siguientes el expediente al juez de familia para que resuelva el recurso o defina la situación jurídica del niño, niña o adolescente en un término máximo de dos (2) meses (…)”.Demandante: Luz Marina Botero Villa Demandado: Consejo de EstadoSala de Consulta y Servicio Civil Rad: 11001-03-15-000-2023-01428-00

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De conformidad con el parágrafo 2 de esta misma norma, “(…) La subsanación de los yerros que se produzcan en el trámite administrativo, podrán hacerse mediante auto que decrete la nulidad de la actuación específica, siempre y cuando se evidencien antes d el vencimiento del término para definir la situación jurídica; en caso de haberse superado este término, la autoridad administrativa competente no

auto que decrete la nulidad de la actuación específica, siempre y cuando se evidencien antes d el vencimiento del término para definir la situación jurídica; en caso de haberse superado este término, la autoridad administrativa competente no podrá subsanar la actuación y deberá remitir el expediente al Juez de Familia para su revisión, quien determinará si hay lugar a decretar