CE - 010315000202301516001SENTENCIA20230602143559

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01516-00

Demandante: MARIO IGNACIO DE LA HOZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., primero (1º) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01516-00

Demandante: MARIO IGNACIO DE LA HOZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declar e la existencia de una relació n laboral. Auto que admite el recurso de apelación. Requisito general de la subsidiariedad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor Mario Ignacio de la Hoz , por cond ucto de apoderad o judicial, contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, vulnerados, supuestamente, por l a sentencia de 10 de

judicial, contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, vulnerados, supuestamente, por l a sentencia de 10 de febrero de 202 3, mediante la cual la referida autoridad judicial confirmó el fallo parcialmente favorable de primera instancia en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra el Hospital Departamental J uan Domínguez Romero de Soledad ESE, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato laboral y el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas del mismo, sin pronunciarse en relación con el recurso de apelación que él también formuló.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante manifestó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Hospital Departamental Juan Domínguez Romero de Soledad ESE, con el fin de que se declarara la existencia de un contrato realidad encubierto y el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas del mismo, la cual correspondió en primera instancia al Juzgado Catorce Administrativo de l Circuito de Barranquilla, que mediante sentencia de 18 de agosto de 2022 accedió pa rcialmente a las pretensiones. Agregó que ambas partes interpusieron recurso de apelación contra esa decisión, en su caso, el 30 del mismo mes y año.

Sostuvo que por auto de 9 de septiembre de 2022, el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla concedió los recursos interpuestos de la siguiente manera: “ CONCÉDESE, en el efecto suspensivo, para ante el Tribunal2

Administrativo del Circuito de Barranquilla concedió los recursos interpuestos de la siguiente manera: “ CONCÉDESE, en el efecto suspensivo, para ante el Tribunal2

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2 Administrativo del Atlántico, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y por la demandada, contra la senten cia del 18 de agosto de 2022, por medio de la cual se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Refirió que, no obstante, mediante auto de 15 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Atlántico, a quien correspondió conocer de los recursos de apelación resolvió únicamente “1.- ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada, contra la sentencia calenda 18 de agosto de 2022 por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, por medio de la cual se accede parcialmente a las pretensiones de la demanda”.

Indicó que el 19 de septiembre de 2022 prese ntó escrito ante el magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante el cual solicitó que se accediera a las pretensiones del recurso de apelación interpuesto por la parte

Indicó que el 19 de septiembre de 2022 prese ntó escrito ante el magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante el cual solicitó que se accediera a las pretensiones del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, “especialmente considerando el error en que incurr ió la sentencia apelada con respecto a la forma en que aplicó la prescripción en este caso, desconociendo los precedentes jurisprudenciales verticales citados en mi recurso”.

Agregó que, posteriormente, mediante escrito enviado el día 1º de noviembre de 2022 al correo electrónico de la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico y con copia directa al despacho del magistrado ponente , ventanillad09tadmatl@cendoj.rama judicial.gov.co , solicitó que al momento de elaborar la sentencia de segunda insta ncia se resolviera también el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante “el cual debe constar en el expediente”, por cuanto, manifestó, “en el auto de fecha 15 de septiembre de este año, el Despacho tuvo a bien admitir el recurso de apelación de la parte demandada, omitiendo pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por el suscrito en calidad de apoderado del demandante”.

Por último, indicó que el 21 de febrero de 2023 se notificó a las partes la sentencia de segunda instancia p roferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Catorce Administrativo de l Circuito de Barranquilla, “ pero al leer la providencia se constata que el Tribunal acc ionado no se pronunció, mencionó y mucho menos decidió, acerca del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante”.

providencia se constata que el Tribunal acc ionado no se pronunció, mencionó y mucho menos decidió, acerca del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante”.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , supuestamente vulnerados con la sentencia de 10 de febrero de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico confirmó el fallo parcialmente favorable de primera instancia , sin te ner en cuenta el recurso de apelación que promovió frente a aquel, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que inició contra el Hospital Departamental Juan Domínguez Romero de Soledad ESE, con el fin de que se declarara l a existencia de un contrato laboral y el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas del mismo.

A su juicio, la sentencia objetada incurre en defecto procedimental absoluto, por cuanto, indicó, la autoridad judicial accionada “ omitió el d eber de referirse al recurso de apelación de la parte actora, pese a que se le había solicitado expresamente y se le había hecho saber la irregularidad procesal que había cometido al no considerar que la parte demandante también había apelado”.3

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3 Sostuvo que en el caso se cumple con la totalidad de los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, de los que resaltó que cumple el requisito de subsidiariedad, en tanto frente a la sentencia de segunda instancia no procede recurso alguno “por lo que la única acción judicial que se tiene para que se corrija la actuación judicial viciada es la acción de tutela, máxime si como se demostrará a continuación, se violan los derechos fundamentales del accionante al debido proceso y a la administración de justicia”.

Por último, adujo que el artículo 55 de la Ley Estatutaria 270 de 1996 dispone que “las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales ”, y agregó que “ el acceso a la administración de justicia no se limita a que una persona pueda demandar y tramitar un proceso judicial. No. El acceso a la administración de justicia también comprende el hecho de que ese proceso se ciña celosamente al debido proceso y al imperio de la ley”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“Solicito que se tutelen los derechos constitucionales fundamentales violados y se anule o deje sin efecto la sentencia de segunda instancia de fecha 1 0 de febrero de 2023, not ificada el día 22 de febrero del presente año, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico Sección C dentro del proceso de nulidad y restablecimiento

anule o deje sin efecto la sentencia de segunda instancia de fecha 1 0 de febrero de 2023, not ificada el día 22 de febrero del presente año, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico Sección C dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por MARIO IGNACIO DE LA HOZ contra el HOSPITAL DEPARTAMENTAL JUAN DOMINGU EZ ROMERO DE SOLEDAD ESE (Hoy en liquidación), de radicado 08001333301420180014601; consecuentemente, solicito se le ordene a la corporación judicial accionada a proferir nueva sentencia de segunda instancia mediante la cual se pronuncie también sobre el r ecurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia ”.

4. Pruebas relevantes

Se allegaron copias digitales de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el Nº 2018-00146-01, actor : Mario Ignacio de la Hoz.

5. Trámite procesal

Por auto de 30 de marzo 2023, el despacho admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar al accionante, a la autoridad judicial accionada, así como al Juzgado Ca torce Administrativo del Circuito de Barranquilla, a la E.S.E. Hospital Departamental Juan Domínguez Romero de Soledad y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como tercer os con interés en el resultado del trámite constitucional.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº 30983 a 30987, todas de 11 de abril de 2023 , con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión 1 .

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La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº 30983 a 30987, todas de 11 de abril de 2023 , con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión 1 .

1 La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: polo-abogados@hotmail.com; mariodlahoz@hotmail.comventanillad01 tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co; gerencia@hospitalsoledad.gov.co; juridica@hospitalsoledad.gov.co; adm14bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin14baq@notificacionesrj.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co.4

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6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla

El titular del despacho rindió informe en el que realizó un recuento del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que originó la controversia, del que resaltó que mediante auto de 9 de septiembre de 2022 ese despacho r esolvió conceder en el efecto suspensivo, para ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, el recurso de apelación interpuesto por la s partes contra la sentencia de 18 de agosto de 2022.

conceder en el efecto suspensivo, para ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, el recurso de apelación interpuesto por la s partes contra la sentencia de 18 de agosto de 2022.

En ese sentido, afirmó, “en la providencia se dejó establecido qu e ambas partes presentaron recurso de apelación contra la referida sentencia de primera instancia, proferida por este despacho, que los recursos fueron recibidos el 30 de agosto y el 2 de septiembre de 2022, y que fueron concedidos para que el Honorable Tribunal Administrativo del Atlántico le diera el trámite correspondiente”.

6.2. Los demás vinculados aun cuando fueron debidamente notificados del auto admisorio de la acción de tutela, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Previo al análisis de fondo corresponde a la Sala verificar si la presente solicitud cumple con el requisito general de proced encia de la subsidiariedad , necesario para efectuar el estudio de fondo.

En caso de que la respuesta a este interrogante sea afirmativa y se verifique el cumplimiento de los restantes requisitos de proced encia de la acción de tutela contra providencias judiciales, corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 10 de febrero de 2023, mediant e la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico confirmó el fallo parcialmente favorable de primera instancia sin tener en cuenta el

contra providencias judiciales, corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 10 de febrero de 2023, mediant e la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico confirmó el fallo parcialmente favorable de primera instancia sin tener en cuenta el recurso de apelación que el accionante promovió frente a aqu él, en el marco del medio de control de nulidad y restableci miento del derecho que promovió contra Hospital Departamental Juan Domínguez Romero de Soledad ESE, incurre en defecto procedimental absoluto , por cuanto “ omitió el deber de referirse al recurso de apelación de la parte actora, pese a que se le había solic itado expresamente y se le había hecho saber la irregularidad procesal que había cometido al no considerar que la parte demandante también había apelado”.

3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Polít ica señala que toda persona tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por5

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5 la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción s olo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en e l cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transit orio para evitar un perjuicio irremediable, en los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjui cio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.

Siguiendo estos pa rámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el s olo hecho de que

jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.

Siguiendo estos pa rámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el s olo hecho de que existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU-263 de 20152:

“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa ju dicial no son lo suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;

(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.

(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, et c.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela”3. (Negrilla por fuera del texto).

De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser eficaces para la defensa de sus derechos 4, ya que si bien, la regla de la subsidiariedad debe aplicarse de forma general para de terminar la procedencia de

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personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser eficaces para la defensa de sus derechos 4, ya que si bien, la regla de la subsidiariedad debe aplicarse de forma general para de terminar la procedencia de

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Véase al respecto: Corte Constitucional, senten cia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle Correa, sentencia T -435 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T -768 de 2005 , M.P. Jaime Araújo Rentería, sentencia T -651 de 2004 , M.P.

Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 3 Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 4 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.6

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6 la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evita r un perjuicio irremediable o el accionante sea un sujeto de especial protección constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de amparo es la protección de los derechos fundamentales.

irremediable o el accionante sea un sujeto de especial protección constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de amparo es la protección de los derechos fundamentales.

En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable, circunstancias que son determinantes a fin de valora r la procedencia formal del amparo constitucional.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. En el presente caso, está demostrado en el expediente allegado como prueba que el señor Mario Ignacio de la Hoz, a través de apoderado judicial, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que solicitó la nulidad de los actos administrativos fictos mediante los cuales el Hospital Departamental Juan Domínguez Romero de Soledad ESE negó el reconocimiento de una relación laboral entre las part es, y el pago de las prestaciones sociales derivadas del mismo, en el periodo comprendido entre los años 2002 al 2014.

En primera instancia, el Juzgado Catorce Administrativo de l Circuito de Barranquilla por sentencia de 18 de agosto de 2022, accedió parc ialmente a las pretensiones de la demanda , luego de considerar que la prestación del servicio por parte del demandante a favor de la entidad demandada se desarrolló con características propias de una relación laboral, aun cuando, señaló, los derechos laborales derivados de los servicios prestados con anterioridad al 8 de noviembre de 2014, se encontraban prescritos.

Frente a dicha decisión, ambas partes interpusieron recurso s de apelación dentro

laborales derivados de los servicios prestados con anterioridad al 8 de noviembre de 2014, se encontraban prescritos.

Frente a dicha decisión, ambas partes interpusieron recurso s de apelación dentro del término legal , los cuales fueron concedidos por el juzgad o de conocimiento mediante auto de 9 de septiembre de 2022. No obstante, una vez enviado el expediente al superior funcional para su admisión, el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante auto de 15 de septiembre de 2022, únicamente admitió el recurso interpuesto por la parte demandada el 18 de agosto de 2022, y no se pronunció sobre el recurso elevado por el demandante.

4.2. De manera inicial, la Sala aclara que si bien el accionante solicita que se deje sin efectos la sentencia de 10 de febrero de 2 023, los fundamentos de la acción realmente se encuentran dirigidos contra lo decidido en el auto de 15 de septiembre de 2022 del Tribunal Administrativo del Atlántico, al punto que alega un defecto procedimental, providencia en la que la autoridad judicia l accionada no admitió el recurso de apelación que presentó, por lo que , en principio, será contra esta que se analicen los requisitos de proced encia de la tutela contra providencias judiciales.

Ahora bien, conforme con lo verificado en el expediente ordi nario, la Sala observa que respecto del auto de 15 de septiembre de 202 2 el accionante habría podido interponer el recurso de reposición con el fin de que se admitiera el recurso de apelación que presentó contra el fallo de primera instancia , empero, guard ó silencio, por lo que no hizo uso de los medios de defensa judicial con los que7

interponer el recurso de reposición con el fin de que se admitiera el recurso de apelación que presentó contra el fallo de primera instancia , empero, guard ó silencio, por lo que no hizo uso de los medios de defensa judicial con los que7

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7 contaba, lo que incumple el requisito de proced encia de la subsidiariedad de la tutela contra providencias judiciales.

En efecto, el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011 -CPACAprevé lo siguiente:

“ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso”.

Por su parte, el artículo 318 del Código General del Proceso indica:

“Artículo 318. Procedencia y oportunidades

Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súpli ca y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

El recurso deberá interpon erse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.

Los autos que dicten las sa las de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria.

PARÁGRAFO. Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugna ción por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente ”.

En este sentido, en tanto conforme con el artículo 242 de la Ley 1437 de 2011CPACA-, el recurso de reposición era procedente contra el auto que a dmitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda da, el debate que el actor plantea en esta sede constitucional ha podido ser presentado ante el juez ordinario mediante el uso de dicho recurso y, al no hacerlo, incumplió con el requisito de haber agotado el medio de defensa judicial ordinario previo a acudir a la acción constitucional contra providencias judiciales, lo que, de pasarse por alto,

mediante el uso de dicho recurso y, al no hacerlo, incumplió con el requisito de haber agotado el medio de defensa judicial ordinario previo a acudir a la acción constitucional contra providencias judiciales, lo que, de pasarse por alto, desconocería el artículo 86 de la Constitución Política.

4.3. De conformidad con lo anterior, la Sa la observa que el asunto bajo examen , frente al auto que admitió únicamente el recurso de apelación presentado por la parte demandada , la solicitud de amparo no cumpl e con el requisito de subsidiariedad, en tanto contra dicha decisión el demandante no inte rpuso el recurso de reposición con el que contaba, por lo que dejó de usar el recurso ordinario que tenía a su disposición para cuestionar la falta de admisión de la apelación que presentó.

La Corte Constitucional ha señalado respecto del carácter subsidi ario de la acción de tutela contra providencias judiciales, que no es el medio llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a8

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8 la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes5.

Se debe tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad entraña tres supuestos

8 la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes5.

Se debe tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad entraña tres supuestos que llevan a la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, los cuales son: a) cuando el asunto está en t rámite; b) cuando no se hayan agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios y c) cuando se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.

Si bien el accionante r efiere que mediante memorial enviado al correo del tribunal accionado el 19 de septiembre de 2022 presentó escrito ante el magistrado ponente mediante el cual solicitó “que se accediera a las pretensiones del recurso de apelación que interpuso ”, lo cierto es que dicho escrito se trata realmente de un pronunciamiento sobre la apelación presentada por la parte demandada, en el que solo tangencialmente se nombró la existencia de la apelación interpuesta por el demandante, lo que no resulta equivalente a la in terposición del recurso de reposición, lo que denota la falta de uso de los recursos ordinarios a disposición del actor.

En el mencionado memorial el actor expuso:

“ESCRITO DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE APELACION DEMANDADA PROCESO

146-2018 (…)

SAMUEL POLO AG OSTA, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado del demandante, dentro de los términos establecidos en el numeral 4º del art. 247 del CPACA, procedo a pronunciarme acerca del recurso de apelación

SAMUEL POLO AG OSTA, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado del demandante, dentro de los términos establecidos en el numeral 4º del art. 247 del CPACA, procedo a pronunciarme acerca del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada.

PRIMERO: Dice el recurso de apelación presentado por la demandada:

En primera medida, es importante precisar que la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado no ha sido pacífica al determinar cuáles son los actos administrativos susc eptibles de ser enjuiciados a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Aunado a ello tenemos que el Consejo de Estado, ha sostenido que el oficio de comunicación y/o Derecho de Petición que da respuesta a una situación, no crea una nueva situación jurídica, y que no es un acto demandable porque