CE - 010315000202301524001SENTENCIA20230531171224

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01524-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: LUÍS ALFONSO FALCÓN MURILLO

TESIS: LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE MERA LEGALIDAD Y ASPECTOS QUE YA

FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA AUTORIDAD

JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO

DE ESTADO.2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01524-00

Actor: LUÍS ALFONSO FALCÓN MURILLO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor LUÍS ALFONSO FALCÓN MURILLO, actuando a través de

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I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor LUÍS ALFONSO FALCÓN MURILLO, actuando a través de apoderado especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de presunción de inocencia , los cuales, a su juicio, l es fueron vulnerados por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “B” - DEL CONSEJO DE ESTADO 1, dentro de la acción de reparación directa identificada con el número único de radicación 73001-23-31-000-2011-00782-01.

I.2. Hechos

Indicó que el 29 de octubre de 2008, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Melgar dictó orden de captura en su contra por el presunto delito de homicidio agravado , la cual se materializó el 24 de noviembre de 2008 , día en el que se le realizó la imputación de cargos e impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

1 En adelante Sección Tercera.3

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Sostuvo que la medida de aseguramiento fue objeto de recurso , el

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Sostuvo que la medida de aseguramiento fue objeto de recurso , el cual fue confirmado por el Juzgado Penal del Circuito de Melgar el 12 de diciembre de 2008.

Agregó que una vez se adelantó la respectiva investigación penal y se practicaron las pruebas pertinentes, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Espinal , mediante providencia de 26 de noviembre de 2009, lo absolvió por considerar que la F iscalía no desv irtuó su presunción de inocencia.

Indicó que, junto a miembros de su grupo familiar, presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa con el fin de que se declarará la responsabilidad patrimonial de la RAMA JUDICIAL y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , por la presunta privación injusta de la libertad de la que fue objeto, la cual fue decid ida en primera instancia por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA que, mediante sentencia de 22 de septiembre de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Señaló que contra la anterior decisión la RAMA JUDICIAL interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la SECCIÓN TERCERA4

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que, mediante sentencia de 9 de septiembre de 2022 , revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada invadió la órbita de competencia de la jurisdicción penal al considerar que era culpable del presunto delito de encubrimiento y, con fundamento en lo anterior, justificar la privación injusta de su libertad.

Sostuvo que no fue autor, coautor o determina dor del delito por el que se le investigó , esto es, el de homicidio agravado, por lo que “[…] menos podría serlo del delito que en sentencia de segunda instancia – resolviendo recurso de apelación – le restregó, sin prueba alguna, solo por sospecha o prueba s de referencia o de oídas, que fue en lo que se basó y uso la Sala del Consejo de Estado, para justificar el actuar, y por ende la privación de la libertad, de la cual fue objeto […]”.

Destacó que la sentencia proferida por la SECCIÓN TERCERA5

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vulneró su derecho fundamental al debido proceso, pues revocó la decisión del a quo sin tener las pruebas documentales requeridas para ello.

Finalmente, precisó que la autoridad judicial accionada reconoció en la sentencia de segunda instancia que no contaba con la decisión mediante la cual se impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, por lo que no era posible constatar si se profirió de manera legal o no.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] revocar en su totalidad la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado de fecha 9 de septiembre de 2022, y en tal virtud mantener incólume la sentencia proferida el día 22 de septiembre de 2014 por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del proceso de acción de reparación directa No. 73001-23-00-000-2011-00782-00, impetrada por el señor

LUIS ALFONSO FALCON MURILLO y OTROS contra LA NACIÓN –

RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN […]”.

I.5. Defensa6

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I.5. Defensa6

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I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA señaló que la providencia y el expediente de la respectiva acción de reparación directa cont enían los argumentos y elementos necesarios para que en sede de tutela se tomara la decisión que en derecho corresponda.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La RAMA JUDICIAL 2 solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo de la referencia , pues no se advertía el cumplimiento de los requisitos previstos por la Corte Constitucional para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Señaló que lo pretendido con la presente solicitud de tutela era reabrir un debate que se realizó en el proceso ordinario, al igual que retrotraer actuaciones y etapas procesales que ya se adelantaron dentro del proceso contencioso administrativo, lo cual adquiría especial relevancia si se tenía en cuenta que se no se advertía la vulneración de algún derecho fundamental dentro de ese proceso.

2 Intervención visible en el índice núm. 12 del expediente digital.7

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2 Intervención visible en el índice núm. 12 del expediente digital.7

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I.6.2.- La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN solicitó declarar improcedente la solicitud de tutela, pues el accionante no explicó por qué a pesar de existir otro mecanismo de defensa judicial idóneo para ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de este.

De igual forma, indicó que el actor no sustentó las causales específicas para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales.

Adujo que el actor no acreditó la configuración de un defecto sustantivo, esto es, que el juez hubiere efectuado una interpretación irregular de las normas aplicables, la Constitución Política y la jurisprudencia, pues las mismas fueron razonadas y proporcionales.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de8

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377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de8

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Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María E lizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos c onstitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la se ntencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin9

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la se ntencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin9

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma

no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constituci onal que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le oto rga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdi cción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde10

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institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la

institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institu cionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte act ora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza

vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección c onstitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundame ntales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.11

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere

es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley

en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)12

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En el caso bajo examen, el actor pretende se deje sin efectos la sentencia de 9 de septiembre de 2022 , proferida por la SECCIÓN TERCERA dentro de la acción de reparación directa identificada con el número único de radicación 73001-23-31-0002011-00782-01.

A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio de presunción de in ocencia, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada invadió la órbita de competencia de los jueces penales y realizó una indebida valoración probatoria.

La controversia tiene origen en una demanda de reparación directa presentada por el actor y otros contra la FISCALÍA y la RAMA

la órbita de competencia de los jueces penales y realizó una indebida valoración probatoria.

La controversia tiene origen en una demanda de reparación directa presentada por el actor y otros contra la FISCALÍA y la RAMA JUDICIAL, al estimar que hubo una privación injusta de su libertad durante 10 meses y 15 días , por la presunta comisión de l delito de homicidio agravado.

El actor estima que la sentencia absol utoria a su favor demuestra que estuvo privado de su libertad injustamente, por lo que la13

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providencia cuestionada incurrió en un defecto fáctico, dado que, en su sentir, de las pruebas obrantes en el plenario podía concluirse que no realizó la conducta por la que se le investigó, razón por la que no era procedente considerar que incurrió en el delito de encubrimiento para justificar la privación de su libertad.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si en el presente caso se cumplen con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así, establecer si la SECCIÓN TERCERA vulneró los derechos deprecados e incurrió e n un defecto fáctico, al haber proferido la sentencia cuestionada.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

vulneró los derechos deprecados e incurrió e n un defecto fáctico, al haber proferido la sentencia cuestionada.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta14

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expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de es te derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».4

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de es te derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».4

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación5, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una

3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 4 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.15

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tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra

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tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funciona l de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [6]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [7].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [8].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que e l Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [9].

de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que e l Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [9].

[6] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [7] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [8] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [9] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del16

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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de

declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humber to Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [10]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aqu ellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional

artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y

Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la proced encia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.” [10] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”17

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Constituyente de 1991, h a reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional , y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [11].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [12]; el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio de