CE - 010315000202301528001SENTENCIA20230509143324

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01528-00

Accionantes: HERIBERTO ARANGUREN GONZÁLEZ Y OTROS

Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN

A Y OTRO Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - SE NIEGA EL AMPARO – caducidad del medio de control de reparación directa por actos de lesa humanidad - No se configuran los defectos invocados

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada a través de apoderada judicial por los señores Heriberto Aranguren González y María Alejandra Lozano Araque, quienes actúan en nombre propio y en representación de sus hijos menores de 18 años D.S.A.L. y D.A.A.L.1, Edilberto Aranguren, María Gilma Aranguren González, Wilson Aranguren González y Derlis Amparo González.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los ciudadanos arriba referenciados, actuando a través de apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración atribuyeron a

1. Los ciudadanos arriba referenciados, actuando a través de apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración atribuyeron a las providencias de 22 de septiembre de 2021 y de 30 de agosto de 2022, proferidas, respectivamente, por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del medio de control de reparación directa número 5000-23-36-000-2021-00177-00/01.

II. HECHOS

2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relataron que el señor Heriberto Aranguren González se desempeñaba como Sargento Mayor del Ejército Nacional y que el día 22 de junio de 1999 fue secuestrado por miembros del frente 34 de la guerrilla de las FARC – EP.

1 La Sala se abstiene de develar los nombres completos de los menores de 18 años.2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01528-00

Accionante: Heriberto Aranguren González

2.2. Indicaron que el 5 de mayo de 2003 el Ejército Nacional llevó a cabo una operación militar para el rescate de los secuestrados, pero los guerrilleros a cargo de la seguridad de los secuestrados decidieron fusilarlos.

2.3. Manifestaron que el Sargento Mayor Heriberto Aranguren González resultó

operación militar para el rescate de los secuestrados, pero los guerrilleros a cargo de la seguridad de los secuestrados decidieron fusilarlos.

2.3. Manifestaron que el Sargento Mayor Heriberto Aranguren González resultó herido en su cabeza y extremidades.

2.4. Comentaron que, en el marco de la Justicia Especial para la Paz, el señor Aranguren González fue declarado, mediante auto de 10 de octubre de 2018, víctima del grupo armado FARC - EP.

2.5. Narraron que el pasado 2 de octubre de 2019 se expidió el acta de Junta Médico – Laboral N° 114958, adicionada a través del Acta N° 4272 de 17 de abril de 2020, mediante las cuales se determinó la pérdida de la capacidad laboral del militar en un 46,99% con ocasión de la «[…] disminución de su capacidad psicofísica acumulada, por los conceptos de PSIQUIATRÍA, FISIATRÍA,

NEUROCIRUGÍA, ORTOPEDIA, OFTAMOLOGÍA, POTENCIALES EVOCADOS

AUDITIVOS, AUDIOMETRIA TONAL SERIADA […]».

2.6. Sostuvieron que, junto con los integrantes de su grupo familiar, presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con miras a que fueran reparados los daños padecidos con ocasión de las lesiones y afecciones sufridas por el señor Heriberto Aranguren González.

2.7. Señalaron que en su demanda solicitaron efectuar un «[…] control oficioso de convencionalidad […]» de la figura de la caducidad. Sin embargo, mediante auto

Heriberto Aranguren González.

2.7. Señalaron que en su demanda solicitaron efectuar un «[…] control oficioso de convencionalidad […]» de la figura de la caducidad. Sin embargo, mediante auto de 26 de julio de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera – Subsección C «[…] inadmitió la demanda y solicitó a la parte actora determinar cuándo tuvo conocimiento de la participación de agentes del Estado en el secuestro y cuándo se estructuró el daño derivado del operativo de rescate; además, la requirió para que aportara los documentos que acreditan el agotamiento del requisito de la conciliación prejudicial […]».

2.8. Posteriormente, mediante auto de 22 de septiembre de 2021 , el a quo ordenó rechazar la demanda , luego de considerar que había operado la caducidad del medio de control.

2.9. Sostuvieron que la decisión de primera instancia fue apelada y que, mediante auto de 30 de agosto de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó la providencia de primera instancia y, para tal efecto, puso de relieve el precedente contenido en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020.

2.10. Afirmaron que en la anterior decisión se incurrió en defecto sustantivo y violación directa de Constitución, porque se desconoció «[…] el carácter de delito de lesa humanidad de los hechos que dieron lugar al medio de control de3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01528-00

Accionante: Heriberto Aranguren González

delito de lesa humanidad de los hechos que dieron lugar al medio de control de3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01528-00

Accionante: Heriberto Aranguren González

reparación directa bajo estudio, y aplicar de forma material los lineamientos del literal 1 del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, y la jurisprudencia interna como es la emanada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de 29 de enero de 2020, la cual se aparta de los lineamientos convencionales, quebrantando los postulados comprendidos en el Bloque de Constitucionalidad y los artículos 9,53,93,94,102, y 214 de la C.P., lo cual recae en una violación directa de la Constitución […]».

2.11. También argumentaron que las autoridades accionadas desconocieron el ius cogens en tanto que: «[…] la jurisprudencia establecida en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Órdenes Guerra y otros vs Chile de 29 de noviembre de 2018, la cual sostuvo que ante los hechos calificados como crímenes contra la humanidad, las acciones de responsabilidad civil que garantizan la responsabilidad de las víctimas, no sean objeto de prescripción […]».

2.12. Respecto del desconocimiento del precedente y del defecto fáctico indicaron que la providencia dictada en primera instancia concluyó que la parte demandante tenía plena conciencia del daño desde el 17 de abril de 2007, fecha en la que radicó una solicitud ante la entidad demandada; desconociendo que dicha solicitud corresponde a un simple formato.

tenía plena conciencia del daño desde el 17 de abril de 2007, fecha en la que radicó una solicitud ante la entidad demandada; desconociendo que dicha solicitud corresponde a un simple formato.

2.13. También adujeron que no se tuvo en cuenta el «[…] empeoramiento y exacerbación progresiva […]» de las patologías, tal como se observaba de las actas de medicina laboral N°14958 de 2 de octubre de 2019 y N° 4272 de 17 de abril de 2020.

2.14. Igualmente, sostuvieron que no es cierta la afirmación del juez de primera instancia, asociada a que el señor Aranguren González gozó de todas sus facultades mentales con posterioridad a su liberación y tenía plena certeza del daño. Por el contrario, los accionantes sostuvieron que tal afirmación desconocía «[…] la realidad fáctica de las heridas recibidas por mi poderdante y su gravedad, ya que no es cualquier “enfermedad” recibir dos impactos de fusil en el cráneo de una persona y pensar que estos no dejan ninguna clase de consecuencia psicofísica en la humanidad de este […]».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales al: i) Libre acceso a la administración de justicia y debido proceso, en cuanto a la supremacía del principio de justicia material y prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procedimental, que tiene por fundamento el derecho a una tutela judicial efectiva y la no denegación de justicia (Artículos 29-228 y 229 de la Constitución, en concordancia con los artículos 8 y 25 de la Convención

derecho procedimental, que tiene por fundamento el derecho a una tutela judicial efectiva y la no denegación de justicia (Artículos 29-228 y 229 de la Constitución, en concordancia con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-Garantías judiciales ); ii) Supremacía constitucional, ya que al surgimiento de cualquier incompatibilidad entre la ley y la Constitución determina la aplicación preferente de los Supraprincipios que surgen como consecuencia de la materialidad del artículo 4° Superior4; iii)4

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Accionante: Heriberto Aranguren González

Prevalencia del precedente Convencional, Constitucional y el constante desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado, vertical y horizontal de la inaplicabilidad por inconvencionabilidad del término estipulado por ley de la caducidad del medio de control de reparación directa en casos de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Este control constituconvencional (art.93C.P.) debe realizarse a través de un juicio de valor Supra Constitucional con debido acatamiento a los postulados internacionales en los cuales se “ha inaplicado los términos de caducidad en casos de crímenes atroces para garantizar a las víctimas el acceso a la administración de justicia y una reparación adecuada […] a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Órdenes Guerra y otros vs Chile de 29 de noviembre de 2018, la cual sostuvo que ante los hechos calificados como crímenes contra la humanidad, las acciones de responsabilidad civil que garantizan la responsabilidad de las víctimas, no

Chile de 29 de noviembre de 2018, la cual sostuvo que ante los hechos calificados como crímenes contra la humanidad, las acciones de responsabilidad civil que garantizan la responsabilidad de las víctimas, no sean objeto de prescripción.”5, juicio que debe realizarse entre los postulados legales y los parámetros del Bloque de Constitucionalidad, en virtud de los principios y valores, que la asamblea constituyente de 1991, tomó como base principal para desarrollar el articulado constitucional, y lograr la estructura y función, como un Bloque normativo. Armonizando de esta forma la legislación interna con la convencional, en aras de que prevalezca los derechos humanos de las víctimas aquí accionantes, sobre los lineamientos legales internos (literal 1 del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011), en total armonía a los artículos 1,2,4,9,29,53,93,94,102,214,228,229,230, y sentencia T-409 DE 1992, mediante la cual la Corte Constitucional estableció que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos, aprobados y ratificados por Colombia, prevalecen en el orden interno. Es así que nace la obligación internacional de los operadores judiciales de actuar ejerciendo un estricto control de convencionalidad (Artículo 1 y 2 de la Convención Americana); iv) Derecho a la igualdad de las víctimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos, en especial: Derechos a la vida (Artículo 4 de la Convención Americana y 11 de la Constitución), e integridad personal (Artículo 5 de la Convención Americana y12 y 44 de la Constitución), todo ello en conexidad con la obligación del Estado Colombiano establecida en el

4 de la Convención Americana y 11 de la Constitución), e integridad personal (Artículo 5 de la Convención Americana y12 y 44 de la Constitución), todo ello en conexidad con la obligación del Estado Colombiano establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; amparando los derechos constituconvencionales de los accionantes vulnerados mediante las providencias judiciales emanadas por i) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “C”, EL CUAL mediante providencia del día 22 de septiembre de 2021, procedió a rechazar la demanda y ii) H. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A, dentro del EXP: 25000-23-36-000-2021-00177-01(67915), en los términos que se ha de explicar en el presente libelo.

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS las providencias proferidas por i) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “C”, el cual mediante providencia del día 22 de septiembre de 2021, procedió a rechazar la demanda instaurada en el medio de control de reparación directa, por caducidad de la acción, y ii) H. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A, dentro del EXP: 25000-23-36-000-2021-0017701(67915), el cual mediante providencia de segunda instancia el 30 de agosto de 2022, con notificación por estado del 03 de octubre de 2022, resolvió entre otros, CONFIRMAR la providencia recurrida, por las razones expuestas en la

01(67915), el cual mediante providencia de segunda instancia el 30 de agosto de 2022, con notificación por estado del 03 de octubre de 2022, resolvió entre otros, CONFIRMAR la providencia recurrida, por las razones expuestas en la parte motiva de la misma.

TERCERO: QUE SE ORDÉNE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que en un término no mayor a (10) diez días contados a partir de la ejecutoria de la sentencia constitucional, revoque lo resuelto en el auto del 22 de septiembre de 2021, y proceda a dictar una providencia de reemplazo, teniendo en cuenta los lineamientos de la sentencia constitucional […].5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01528-00

Accionante: Heriberto Aranguren González

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El consejero de Estado a cargo de la sustanciación del proceso , mediante auto de 28 de marzo de 202 3, admitió la presente acción de tutela . En la misma providencia se ordenó vincular, como terceros con interés directo en los resultados del proceso, «[…] a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, a los señores Yudy Girley Aranguren Carrillo, Omar Fernando Aranguren

González, William Darío Aranguren Ospina y Angélica Patricia Aranguren Ospina […]».

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a la s vinculadas, se

advierte que se allegó el siguiente informe:

5.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante

5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a la s vinculadas, se

advierte que se allegó el siguiente informe:

5.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante escrito de 30 de marzo de 2023 y por conducto de la magistrada ponente de la decisión objeto de censura, rindió informe en el que señaló lo siguiente:

[…] [C]onsidero que la presente acción de tutela no está llamada a prosperar, por cuanto la supuesta vulneración que se predica en la demanda tiene su génesis en el criterio de unificación acogido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia de 29 de enero de 2020, cuya validez no puede ser discutida en esta instancia. Con todo, se logró constatar que el análisis efectuado en la providencia tildada de ser violatoria consultó el material probatorio aportado al proceso, así como la legislación y la jurisprudencia aplicables al asunto; luego, no se vulneraron los derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso de la parte accionante […].

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20214.

VI.2. Problemas jurídicos

Decreto 1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20214.

VI.2. Problemas jurídicos

7. Previamente a la definición de los problemas jurídicos que deberá resolver la Sala de Decisión, se debe precisar, aunque el extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a las providencias de 22 de septiembre de 2021 y de 30 de agosto de 2022, a través de las cuales se rechazó la demanda de reparación directa número 5000-23-36-000-2021-00177-00/01; que

2 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 3 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 4 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01528-00

Accionante: Heriberto Aranguren González

el presente análisis se centrará en determinar si la decisión dictada en segunda instancia incurrió en los defectos denunciados, dado que es la decisión que tiene los efectos de cosa juzgada y finiquitó la litis5.

8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de

los efectos de cosa juzgada y finiquitó la litis5.

8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y si ello es así determinar:

b) Si la providencia de 30 de agosto de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de control de reparación directa número 5000-23-36-000-2021-00177-01, vulneró los derechos fundamentales invocados por los accionantes, por haberse incurrido, presuntamente, en defecto sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y de violación directa de la Constitución.

9. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a (ii) resolver el c aso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

10. En sentencia de 31 de julio de 2012 6, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

11. Ahora bien, la sentencia C -590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)

5 Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01119-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 6 Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01528-00

Accionante: Heriberto Aranguren González

que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al

que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial 7, la sentenc ia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la

Constitución8.

14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados , permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efect o o modular la decisión 9” que se encaje en dichos parámetros.

15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una ma nera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

16. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la

valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

16. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

17. Los ciudadanos arriba referenciados, actuando a través de apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración atribuyeron a

7 Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 8 «Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico , que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.

o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente , que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política» 9 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01528-00

Accionante: Heriberto Aranguren González

las providencias de 22 de septiembre de 2021 y de 30 de agosto de 2022, proferidas, respectivamente, por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del medio de control de reparación directa número 5000-23-36-000-2021-00177-00/01.

VI.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

18. La Sala observa, en relación con los requisitos generales, que estos se

VI.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

18. La Sala observa, en relación con los requisitos generales, que estos se cumplen, en razón a que: (i) se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental como lo son el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la igualdad, y se encuentra satisfecha la carga argumentativa mínima ; (ii) la parte accionante no tiene otro medio de defensa judicial para la salvaguarda de los derechos fundamentales que aduce vulnerados con ocasión de la providencia aquí enjuiciada ; (iii) la acción de amparo fue promovida dentro un término razonable10; (iv) la situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela ; (v) n o se alega la existencia de una irregularidad procesal, por lo que no es necesario efectuar un análisis al respecto , y (vi) l a acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de idéntica naturaleza o índole.

VI.4.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela

19. La Sala, luego de encontrar satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, ab ordará los requisitos especiales frente a la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por el accionante. En tal sentido, se pone de presente que en el caso sub examine, se alega la configuración de un defecto fáctico , de una violación directa de la constitución, de un defecto material y de l desconocimiento del precedente .

Sin embargo, en criterio de la Sala los argumentos que sustentan citados defectos

alega la configuración de un defecto fáctico , de una violación directa de la constitución, de un defecto material y de l desconocimiento del precedente . Sin embargo, en criterio de la Sala los argumentos que sustentan citados defectos encajan dentro de la órbita del desconocimiento del precedente y de la violación directa de la Constitución , con ocasión del desconocimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos.

VI.4.2.3. Solución a los defectos en el caso concreto

20. En el sub judice, la parte accionante, en síntesis, indicó que, en el auto de 30 de agosto 2022, dictado por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, se incurrió en una violación directa de la Constitución y en un desconocimiento del precedente, de conformidad con las siguientes razones:

20.1. En primer lugar, señalaron que conforme a la sentencia de 29 de noviembre de 201811 [Caso Órdenes Guerra y otros vs Chile], a través de la cual se interpretaron

10 Se precisa que la providencia objeto de esta acción constitucional fue notificada el 3 de octubre de 2022, mientras que la presente acción tutela fue radicada el 24 de marzo de 2023. 11 Proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01528-00

Accionante: Heriberto Aranguren González

los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, las acciones resarcitorias derivadas de los daños irrogados por la comisión de delitos de lesa humanidad eran de naturaleza imprescriptible; lo que significa que las

los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, las acciones resarcitorias derivadas de los daños irrogados por la comisión de delitos de lesa humanidad eran de naturaleza imprescriptible; lo que significa que las secuelas padecidas por el Sargento Mayor Heriberto Aranguren González, con ocasión de su secuestro e intento de fusilamiento, no podía n ser objeto de caducidad.

20.2. En segundo lugar, sostuvieron que se desconoció una de las reglas previstas en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 , proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, asociados con la inaplicación de la exigencia del requisito de caducidad, en tanto que el señor Heriberto Aranguren González se encontraba en una circunstancia especial que le impidió promover la demanda de reparación directa. D ichas circunstancias consistieron en: (i) el «[…] empeoramiento y exacerbación progresiva […]» de las patologías padecidas por la víctima, y (ii) las características del daño padecido por el de